07 febrero 2012

La caducidad de las juras de cuentas.


El reciente Auto Sala 1ª TS de 24 de enero de 2012 (ROJ ATS 331/2012) confirma el decreto dictado por el secretario de la Sala, que archivó la solicitud de jura de cuenta formulada por una procuradora al amparo del artículo 34 LEC, por haberse producido la caducidad de la instancia. 

La Procuradora alegó en el recurso de revisión que: (a) el artículo 237 LEC no es aplicable, ya que, al no haber sido admitida la jura de cuenta, no se ha iniciado la pendencia del procedimiento que, en caso de inactividad de la parte, permite aplicar los plazos de caducidad; y (b) la jura de cuenta no es un incidente del proceso por lo que no puede ser considerada parte del mismo.

Partimos de los siguientes hechos: en el recurso de casación se dictó sentencia de 3 de noviembre de 2009, en la que declaró no haber lugar al recurso de casación, que fue notificada a las partes el 10 de noviembre de 2009. La procuradora presentó escrito el 20 de julio de 2011, en el que reclamó frente a su poderdante, la cuenta de derechos y suplidos por la representación de dicho litigante el recurso de casación, como parte recurrida, al amparo del artículo 34 LEC. Formada pieza en el rollo de casación, el secretario de la Sala dictó decreto de 7 de septiembre de 2011 en el que acordó la caducidad de la solicitud y el archivo de la pieza. 

Recordemos además que el artículo 237 LEC fija en un año el plazo de la caducidad para el recurso de casación.

El Tribunal Supremo desestima el recurso de revisión porque


Es criterio de esta Sala que el artículo 237 LEC es aplicable a las solicitudes de jura de cuenta, pues aunque los artículos 34 y 35 LEC, como antes el artículo 411 LEC 1881, no fijan un límite temporal para su presentación, la naturaleza incidental de la jura de cuenta respecto del procedimiento principal del que trae causa exige que la cuestión de la caducidad se examine con referencia a dicho procedimiento, además de que "pensar que el silencio de la LEC al respecto supone que no existe ese límite temporal puede resultar absurdo al intérprete, en cuanto se contradice con la propia justificación de su existencia, si el legislador establece un trámite privilegiado, afectado por el principio de sumariedad, en atención, precisamente, a posibilitar el cobro inmediato, resulta una conclusión ilógica pensar que pueda ser promovido en cualquier momento posterior al litigio, sine die"(AATS de 22 de junio de 2010, RC n.º 1438/1997,8 de noviembre de 2011, RC n.º 118/2007,13 de julio de 2010,RIPC n.º 2343/2005)

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