28 febrero 2012

Treinta y seis años nos contemplan: 1976-2012


Hoy toca poesía contemporánea. He visto bicicletas de una rueda junto a revistas porno, espadas de todas clases, alguna pistola de juguete que de juguete tenía las ganas; martillos, ganzúas, cizallas más grandes que el guardia civil que las arrastraba, escudos del águila de todos los tamaños; cintas de casete, discos duros y blandos; tocadiscos; gorras china de la NBA que metían miedo; bolsos y bolsas y televisiones de museo. 

He llegado a ver botes de acido – o lo que fuera aquello- que vertían líquido sobre aparatos de música estratégicamente situados por algún fenómeno en la vertical de la caída del flujo, con lo que el acido sonaba y la música olía. Ejércitos de teléfonos móviles, baterías de toda suerte y condición, aperos de labranza; cientos de libros, computadoras (el antecesor del ordenador), radios grandes y pequeñas y montañas de ropajes falsificados. 

Escasos de cultura de escaparate y de calle Serrano en Madrid, más de uno ha colocado Joyas en archivadores de cartón y bisutería en la caja fuerte y hasta creo que algún perito metió la pata identificando pulseras, anillos, relojes y colgantes. Calculando indemnizaciones a ojo que nunca se pagan, porque aquí, mientras no se demuestre lo contrario, todo el mundo es insolvente y con derecho a la justicia gratuita. 

Es un depósito judicial, regulado en el Real Decreto 2783/1976, de 15 de octubre, sobre conservación y destino de piezas de convicción y en la Orden de 14 de julio de 1983, sobre depósitos judiciales para la conservación de piezas de convicción. Treinta y seis años nos contemplan, y no nos agobiemos que ya no tenemos edad para determinadas cosas y se antoja esencial la reforma de la justicia, que va camino de debate filosófico de altísimo nivel, con mesa, mantel y poco más.

23 febrero 2012

¡Me encanta este trabajo!: una de EXHORTOS y a ver si desaparecemos pronto.


Esta es parte de la carta que se ha remitido desde el CGPJ a Jueces y Magistrados, en la que tratan el asunto de la remisión de exhortos, que como bien sabemos integra una de las miles de (in)competencias del Cuerpo Jurídico Superior de Secretarios Judiciales. Evidentemente he tenido noticia de plazos, formas y modos de envíos gracias a la intervención judicial, que sigue siendo la jerarquía en MI Cuerpo Jurídico Superior de Secretarios Judiciales pese a las reformas procesales, el pancarterismo militante de la NOJ, demás fanfarria y mucha posturita de perfil con mando en plaza. Y, por cierto, que dure muchos años.
Cita

A mediados de diciembre enviamos una carta al Tribunal Superior de Justicia, anunciando la futura puesta en marcha de varios nuevos servicios en el Punto Neutro Judicial. De ellos, destacábamos el servicio de Embargos Telemáticos, el de Comunicaciones Seguras y el de Itineración de Exhortos. Pues bien, después de realizar un proyecto piloto y haber realizado un primer despliegue en Galicia, vamos a realizar el despliegue total del servicio de Itineración de Exhortos, comenzando en las siguientes Comunidades Autónomas: Galicia, Andalucía, Cataluña, Comunidad Valenciana y País Vasco. 
Por tanto, a partir del 1 de marzo de 2012, cualquier exhorto que tenga como origen y destino alguna de las Comunidades Autónomas en activo, tendrá que ser enviado y devuelto, siempre que las condiciones técnicas lo permitan, a través del sistema de gestión procesal para el envío de los exhortos dirigidos a los órganos judiciales de la propia Comunidad, o de otras Comunidades si dicho sistema está preparado para ello. En caso contrario, se deberá utilizar el servicio global de envío de exhortos del Punto Neutro Judicial. Conforme vayamos realizando el despliegue en más Comunidades Autónomas, enviaremos los avisos oportunos, con el fin de que se amplíe el volumen de destinatarios. 
Su utilización es muy sencilla (rellenar un simple formulario, adjuntar la resolución procesal en la que se acuerda librar el exhorto y, en su caso, otros documentos). Todos los exhortos enviados se recibirán de forma telemática en los Decanatos o en los Servicios Comunes con funciones de Registro y Reparto para que procedan a su reparto en función de las Normas que cada uno tenga aprobadas y posteriormente se remitirán al órgano judicial oportuno utilizando de nuevo el sistema de gestión procesal o el servicio de exhortos del Punto Neutro Judicial, salvo que, motivadamente, se considere que el volumen de escaneo de documentos pudiera ocasionar un perjuicio en la prestación del servicio. 
Considerando que el sistema de transmisión de exhortos del Punto Neutro Judicial ofrece medidas de identificación, integridad y seguridad suficientes, atendiendo al artículo 24 de la ley 18/2011 y de conformidad con el Secretario General de Modernización y Relaciones con la Administración de Justicia del Ministerio de Justicia, no será necesaria la utilización de firma alguna en las comunicaciones telemáticas de exhortos entre órganos judiciales. 
La aplicación es muy intuitiva y fácil de utilizar, lo que permitirá minimizar el proceso formativo. Hemos redactado unas guías de utilización del servicio que hemos llegar al Tribunal Superior de Justicia para su distribución. 
Todos los usuarios que tienen acceso al Punto Neutro Judicial están autorizados para emplear la aplicación, pero, para implementar medidas de seguridad más adecuadas y agilizar el acceso de los usuarios, es necesario que, a la mayor brevedad posible y utilizando el método habitual (petición desde el Punto Neutro Judicial), los/as Secretarios/as Judiciales soliciten las altas y bajas de usuario que consideren oportunas.

22 febrero 2012

El órgano competente para ejecutar las resoluciones aprobatorias de las tasaciones de costas.


Dispone el artículo 61 LEC, que salvo disposición legal en otro sentido, el tribunal que tenga competencia para conocer de un pleito, la tendrá también para resolver sobre sus incidencias, para llevar a efecto las providencias y autos que dictare, y para la ejecución de la sentencia o convenios y transacciones que aprobare. Pero la interpretación del citado artículo 61 LEC no es pacífica y como ahora veremos, entiendo muy acertada la doctrina que afirma que solo la ejecución de la sentencia compete al órgano de la primera instancia, mientras que la de las demás resoluciones (entre otros, autos o decretos aprobatorios de las tasaciones de costas y las juras de cuentas) corresponderá al órgano que las haya dictado. 

Paradigma de esta postura lo encontramos en el AAP GUADALAJARA, 22/2003, Sección 1ª, 1 de octubre de 2003 (ROJ: AAP GU 174/2003) que considera que conforme a lo dispuesto en el ya citado artículo 61 LEC, tanto los Juzgados como las Audiencias Provinciales y demás Tribunales conocerán de las ejecuciones de las providencias y autos que dictaren. Y siendo obvio que la ejecución de las sentencias se llevará a cabo en los Juzgados que las hayan dictado, las demás decisiones dictadas por otros Tribunales, como las dimanadas del pleito o recursos, tales como juras de cuentas, tasaciones de costas, etc., deberán ser ejecutadas por cada uno de los que dicta la resolución.

Nos encontramos, por tanto, con una de las vertientes de la competencia funcional, cuya finalidad es acumular ante el mismo órgano judicial que dicta una resolución el proceso de ejecución de dicha resolución; por lo que, si es la Audiencia Provincial el tribunal que dicta la resolución que se pretende ejecutar, es dicho órgano judicial el competente para seguir el proceso de ejecución. Así pues, no será posible que otro Tribunal ejecute lo que la Audiencia acordó ya que el nexo lo es con la decisión de la Audiencia Provincial y no con la del Juzgado y, por lo mismo, llevará a cabo las ejecuciones de las juras de cuentas y de las tasaciones de costas causadas en la segunda instancia, pues derivan y guardan relación con la sentencia dictada en su momento en la segunda instancia. 

Por último y en tercer lugar, es concorde esta postura con el artículo 545 LEC, pues se refiere este precepto al tribunal en general, pudiéndose considerar que es la Audiencia Provincial el tribunal que conoció en primera instancia de la resolución judicial que aprueba la tasación de costas y, en consecuencia, quien tiene la competencia para la ejecución de dicha resolución judicial. 

Razones en sentido contrario también las hay, pero de menor peso. Dicen los artículos 545.1 y 61 LEC que la competencia para conocer de la ejecución de las resoluciones judiciales viene atribuida al juez que conoció del asunto en primera instancia y en la Ley de Enjuiciamiento Civil la ejecución ha quedado configurada como un procedimiento totalmente autónomo, que comienza mediante demanda y que con arreglo a lo dispuesto en el artículo 45 LEC compete al Juez de Primera Instancia, salvo que por disposición expresa se hallen atribuidos a otros Tribunales. Y digo de menor peso, porque el artículo 85.5 LOPJ no atribuye expresamente la competencia a los Juzgados de Primera Instancia para la ejecución de los autos o decretos aprobatorios de las tasaciones de costas. 

Tampoco es obstáculo el hecho que no podría plantearse recurso de apelación, por ejemplo, frente al auto denegando el despacho de ejecución o resolviendo la oposición a la ejecución. En tal sentido dice la Audiencia de Guadalajara que partimos del hecho que la ejecución de la resolución judicial que aprueba la tasación de costas practicada en la segunda instancia se ha de sustanciar en única instancia y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 549.2 LEC;


“siendo necesario destacar las diferencias tan notables que existen entre la ejecución de títulos jurisdiccionales, y el resto de ejecuciones basadas en títulos extrajurisdiccionales, en donde la oposición a la ejecución es lógicamente más amplia, pudiéndose presentar un verdadero incidente declarativo, que revisa la bondad del título, lo cual no es susceptible de suceder en la ejecución de títulos judiciales; por otro lado, no todas las resoluciones que pueden dictarse en ejecución son susceptibles de recurso, en concreto el auto que ordena el despacho de la ejecución es irrecurrible, de conformidad con el artículo 551 LEC”.

En la misma línea que atribuye competencia al órgano que dicta el decreto y no al Juzgado que ejecuta, se encuentra también el AAP BARCELONA, Sección 1ª, 20 de diciembre de 2006 (ROJ: AAP B 6884/2006) del que se reproduce, parcialmente, uno de sus fundamentos de derecho:


El examen de las actuaciones pone de manifiesto que la demanda de ejecución instada por la representación de Hostomisa SA tenía como objeto la ejecución del auto dictado por el Tribunal Supremo en fecha 28 de junio de 2004, en el que aprobaba la tasación de costas devengada en el recurso de casación número 3416/1997, y la fijaba en la cantidad de 6.911,99 euros. 
Por consiguiente, la referida demanda de ejecución no podía plantearse ante el juzgado de primera instancia e instrucción número 4 de Arenys de Mar sino que debía serlo ante el Tribunal Supremo porque así lo dispone el artículo 545 LEC al señalar que será competente para la ejecución de resoluciones judiciales el tribunal que conoció del asunto en primera instancia, reiterando lo asimismo preceptuado en el artículo 61 del mismo texto legal conforme al cual, el tribunal que tenga competencia para conocer de un pleito, la tendrá también para llevar a efecto las providencias y autos que dictare, y para la ejecución de las sentencias. 
Prueba de lo indicado es que el artículo 550-1 de la LEC que exige la presentación del título que se pretenda ejecutar, junto con la demanda de ejecución, excluye tal requisito cuando se trata de la ejecución de una resolución judicial definitiva, lo que se explica por el hecho de que el juzgado ante el que se interpone la demanda de ejecución, es el mismo que ha dictado la resolución de que se trata y que dispone por tanto de la misma. 
Ante esta situación de clara incompetencia funcional, la demanda de ejecución resulta ser un acto inútil y no autorizado por la ley, por lo que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 243 de la LEC , no puede devengar costas, ya que si bien el indicado precepto está inicialmente concebido para excluir determinadas partidas, no se observa obstáculo legal alguno para que pueda aplicarse en aquellos casos en que el devengo de costas sea improcedente y se deniegue en su totalidad la práctica de la tasación, como ocurre en el caso de autos, por resultar contrarias a la ley las actuaciones que supuestamente habrían devengado las costas.

En suma, en estos casos se impone la apreciación de oficio de la falta de competencia funcional del Juzgado (artículos 61 y 545 LEC), lo que implica que deba denegarse en la Primera Instancia la ejecución de los decretos aprobatorios de las tasaciones de costas dictados por otros órganos (Audiencia Provincial y Tribunal Supremo).

20 febrero 2012

La Alianza de la ignorancia en la destrucción de drogas (STSJ ASTURIAS 29.11.2011).


Alejado años de la jurisdicción penal y con ninguna apetencia de reencuentro, choco, de cuando en cuando, con pronunciamientos sobre ella que no entiendo en una primera lectura y que terminan confundiéndome cuando llevo varias. Eso por no hablar de la norma en vigor y de su mezcla con la jerga de lo contencioso-administrativo, que se me escapa con más facilidad que el latín, desterrado de las escuelas a mayor gloria de la alianza de la ignorancia (¿ o era ignorancia?). 

Sin más preámbulos. 

Objeto de la impugnación:


Se impugna la resolución desestimatoria del recurso de alzada interpuesto contra el acuerdo de la Secretaría de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Asturias de fecha 27 de julio de 2009 que supuso que, la destrucción de drogas y/o estupefacientes es un acto con transcendencia procesal, que precisa del aval garantizador que otorga la presencia del Secretario como detentador de la fe pública judicial que recae en un Secretario/a del Partido Judicial del lugar en el que debe llevarse a cabo la destrucción de la droga y/o estupefacientes. Interesan los recurrentes que se declare no conforme a derecho el acuerdo recurrido, y en su consecuencia se anule y se acuerde comunicar a la Jefa de Sección de Inspección Farmacéutica y Control de Drogas que en lo sucesivo se abstenga de requerir la actuación de los Secretarios Judiciales en el proceso de destrucción de drogas, estupefacientes y sustancias psicotrópicos, ya que se trata de un acto administrativo en el que no interviene el secretario judicial

Lo que dijo el Secretario de Gobierno


No obstante lo anterior, el acuerdo de la Secretaría de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia del Principado de Asturias después de afirmar que esta Secretaria de Gobierno, en ningún caso puede impartir instrucciones particulares relativas a asuntos concretos en los que un Secretario Judicial intervenga en calidad de fedatario en el ejercicio de sus competencias de ordenación y dirección del proceso, haciendo un examen de la normativa procesal penal, de la Ley Orgánica del Poder Judicial y del Reglamento Orgánico del Cuerpo de Secretarios , sin referencia alguna a la Ley 17/1967 de 8 de abril, por la que se actualizan las normas vigentes sobre estupefacientes adaptándolas a lo establecido en el convenio de 1961 de las Naciones Unidad, se pronuncia en el sentido de entender que la destrucción de drogas y/o estupefacientes es un acto de transcendencia procesal que precisa del aval garantizador que otorga la presencia del Secretario como detentador de la fe pública procesal y cuya intervención deberá recaer en un Secretario del Partido Judicial del lugar en el que deba llevarse a cabo la destrucción de la droga y/o estupefacientes.



Si bien como se dice en la resolución inicial es competencia de los Secretarios de Gobierno cursar con carácter general circulares e instrucciones de servicio a los Secretarios Judiciales , así como velar por su cumplimiento y de las que pueda a su vez dirigir el Ministerio de Justicia, sin que puedan suponer una intromisión en el desarrollo de la actividad procesal de Jueces y Magistrados, según se recoge en el artículo 465.8 de la Ley Orgánica 19/2003 del Poder Judicial y 16.h) del Reglamento Orgánico del Cuerpo de Secretarios aprobado por Real Decreto 1608/2005 de 30 de diciembre, entre las competencias que los referidos preceptos atribuyen a los Secretarios de Gobierno, no se halla la petición que se formula en el suplico de la demanda de comunicar a la Jefa de la Sección de Inspección Farmacéutica y Control de Drogas , dependiente de la Delegación del Gobierno de Asturias, que en lo sucesivo se abstenga de requerir la actuación de los Secretarios Judiciales en el proceso de destrucción de drogas, estupefacientes y sustancias psicotrópicas.

Lo que dice el redactor del Blog.

Sigue sin entender qué pidieron las recurrentes, que denegó el Secretario de Gobierno y que resolvió la Sala.

15 febrero 2012

La SL contrató una SWAP sin el MIFID y el PI plantea una CP sobre la cuestión.


Ya hemos tratado en otras ocasiones esos productos financieros en boga en otras épocas (cuatro años, no se crean) que los Bancos y las Cajas de Ahorros ofrecían a sus clientes y que venían a consistir en un duro a cuatro pesetas: el cliente recibió ingresos y no se quejó y cuando le tocó pagar, leyó lo firmado (manos a la cabeza) y al Juzgado. 

El caso es que el aseguramiento de los tipos de interés (SWAP) le hizo creer a más de uno que los Bancos se habían convertido en hermanitas de la caridad y que el dinero prestado no devengaba interés, pero que eso lo crea mi difunta abuela – cuidado con las abuelas inversoras, que ríanse de la suegra de Blancanieves- me parece bien; ahora, que una mercantil acuda al PI (Juzgado de Primera Instancia) llorando como una Magdalena, porque se la han metido doblada en el balance tiene su aquel y hasta su más allá. 

Que los Bancos no decían toda la verdad era evidente – y hasta creo que había mucha ignorancia- y que los clientes SL (Sociedad Limitada) tenían la buena fe próxima al Polo Sur, también: se trató de ver quién perdía menos dinero y en ese punto no hubo inocentes, ni vírgenes. 

Y aquí estamos, en las Salas de los Juzgados de la Primera Instancia (PI) para ver cómo se arregla un desaguisado, que ha consistido en que uno no explico bien nada, otro entendió poco de la nada y unos terceros (quien redacta y la Juez que tiene sentada al lado) tenemos que tragarnos horas de barrilas letradas – alegación que formulo, faltaría, en el ejercicio del derecho de defensa- que solo buscan darle a la vuelta al Código Civil; sabía ley que dice más o menos, que hay que estar a lo firmado. 

De todas formas el Juzgado de Primera Instancia nº 12 de MADRID ha formulado varias cuestiones prejudiciales (CP) de cuyo último resultado dudo, pero que ciertamente son interesantes. Se han publicado en el Diario Oficial n° C 032 de 4 de febrero de 2012 p. 0015 – 0016 y son las siguientes


1) Si ofrecer a un cliente, un SWAP de intereses para cubrir el riesgo de variación del tipo de interés de otros productos financieros ¿ha de considerarse como un servicio de asesoramiento de inversión conforme la definición del art. 4.1.1), de la Directiva Mifid (Directiva 2004/39/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de abril de 2004, relativa a los mercados de instrumentos financieros)?. 

2) Si la omisión del test de idoneidad previsto en el art. 19.4 de la mencionada Directiva para un inversor minorista, ¿debe determinar la nulidad radical del contrato suscrito entre el inversor y la entidad de inversión? 

3) En caso que el servicio prestado en los términos descritos no se considere de asesoramiento de inversión, si el mero hecho de proceder a la adquisición de un instrumento financiero complejo como es un SWAP de intereses sin realizar el test de conveniencia previsto en el art. 19.5 de la Directiva Mifid, por causa imputable a la entidad de inversión, ¿determina la nulidad radical del contrato? 

4) El hecho que una entidad de crédito ofrezca un instrumento financiero complejo vinculado a otros productos de financiación, ¿es causa suficiente para excluir la aplicación de las obligaciones de formular los test de idoneidad y conveniencia que prevé el art. 19 de la Directiva Mifid y que la entidad de inversión debe de hacer a un inversor minorista? 

5) Para poder excluir la aplicación de las obligaciones establecidas el art. 19.9 de la Directiva Mifid Directiva 2004/39/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de abril de 2004, relativa a los mercados de instrumentos financieros, ¿es preciso que el producto financiero al que esté vinculado el instrumento financiero ofrecido esté sometido a estándares de protección del inversor similares a los exigidos en la citada Directiva?

10 febrero 2012

La insoportable levedad del Secretario Judicial en el asunto Urdangarin.



Perdón por el tuteo, pero estás vendido colega. Me refiero, claro está, al Secretario Judicial del Juzgado de Instrucción que lleva el asunto “Urdangarin” y al que le están diciendo desde el despacho de al lado qué es lo que tiene que hacer y como. Y digo que estas vendido porque ni el Secretario Coordinador, ni el de Gobierno, ni el Secretario General van a abrir la boca para, por su orden, indicarte que te sujetes a la ley y grabes la declaración de todos los imputados, si es que en tú juzgado se graban las declaraciones de todos los imputados. Ojala me equivoque. 

Por si algún lector anda perdido sobre la materia copio una parte del fundamento de derecho que otro compañero – Emilio López Durán, Secretario Judicial en Juzgado de Instrucción- dedica a la documentación de las actuaciones penales y a su grabación:


Efectivamente, y partiendo del art 4 LEC, este precepto establece el carácter supletorio de la Ley de Enjuiciamiento Civil ,en defecto de disposiciones en las leyes que regulan los procesos penales, contencioso-administrativos, laborales y militares, fijando que serán de aplicación, a todos ellos, los preceptos de la presente Ley. Pues bien, dicha norma procesal civil (y sus concordantes en la LECrm, arts. 743, 815 y 972 que repiten aquella) nos dice que corresponde al Secretario judicial, con exclusividad y plenitud, el ejercicio de la fe pública judicial en las actuaciones procesales y dejará constancia fehaciente de la realización de actos procesales en el Tribunal o ante éste y de la producción de hechos con trascendencia procesal, mediante las oportunas actas y diligencias cualquiera que sea el soporte que se utilice. Las actuaciones procesales que no consistan en escritos y documentos se documentarán por medio de actas y diligencias. Cuando se utilicen medios técnicos de grabación o reproducción, el Secretario judicial garantizará la autenticidad de lo grabado o reproducido. La documentación de las actuaciones mediante sistemas de grabación y reproducción de la imagen y el sonido es una exigencia legal, y así, las actuaciones orales en vistas, audiencias y comparecencias celebradas ante el Tribunal, se registrarán en soporte apto para la grabación y reproducción del sonido y la imagen. 
Siempre que se cuente con los medios tecnológicos necesarios, el Secretario judicial garantizará la autenticidad e integridad de lo grabado o reproducido, pudiendo las partes podrán pedir, a su costa, copia de las grabaciones originales. 
Es más, cuando existiere firma digital, prevé la Ley la no necesaria presencia en sala del secretario judicial. Y toda esta regulación se encuentra contenida, como norma de ius cogens para todos los operadores jurídicos, en los arts. 145 y ss. de la LECivil.

No conozco en que artículo de la Ley de Enjuiciamiento Criminal están las “excepciones mediáticas”, ni se bien a qué cuento opinan otros funcionarios sobre lo que es exclusivísima competencia de un secretario judicial. 

Si se, faltaría, que esto a un Notario-Casamentero no se lo harían y, menos aún a un Registrador-Mediador concursal y no hablemos ya de un Ministerio Fiscal o de un Abogado del Estado, pero claro, llevamos años afirmando que somos Jefes de la nada; un pilar imprescindible, aunque invisible, del Estado de Derecho y que nos encanta dejarnos la toga y las puñetas en casa, porque estamos para servir a los ciudadanos.  Evidentemente, seguimos recogiendo los frutos de tan habilísima construcción dogmática – ni Kelsen, oiga- y premian la invisibilidad que queremos con la inexistencia. Dos más igual a cuatro. 

Buen momento para echarle una mano al colega del instrucción del asunto Urdangarin con un papelito ajeno al politiqueo firmado por todas las Asociaciones de la casa. Esperaremos tumbados (perdonen el mayestático)  o en postura pilates.

07 febrero 2012

La caducidad de las juras de cuentas.


El reciente Auto Sala 1ª TS de 24 de enero de 2012 (ROJ ATS 331/2012) confirma el decreto dictado por el secretario de la Sala, que archivó la solicitud de jura de cuenta formulada por una procuradora al amparo del artículo 34 LEC, por haberse producido la caducidad de la instancia. 

La Procuradora alegó en el recurso de revisión que: (a) el artículo 237 LEC no es aplicable, ya que, al no haber sido admitida la jura de cuenta, no se ha iniciado la pendencia del procedimiento que, en caso de inactividad de la parte, permite aplicar los plazos de caducidad; y (b) la jura de cuenta no es un incidente del proceso por lo que no puede ser considerada parte del mismo.

Partimos de los siguientes hechos: en el recurso de casación se dictó sentencia de 3 de noviembre de 2009, en la que declaró no haber lugar al recurso de casación, que fue notificada a las partes el 10 de noviembre de 2009. La procuradora presentó escrito el 20 de julio de 2011, en el que reclamó frente a su poderdante, la cuenta de derechos y suplidos por la representación de dicho litigante el recurso de casación, como parte recurrida, al amparo del artículo 34 LEC. Formada pieza en el rollo de casación, el secretario de la Sala dictó decreto de 7 de septiembre de 2011 en el que acordó la caducidad de la solicitud y el archivo de la pieza. 

Recordemos además que el artículo 237 LEC fija en un año el plazo de la caducidad para el recurso de casación.

El Tribunal Supremo desestima el recurso de revisión porque


Es criterio de esta Sala que el artículo 237 LEC es aplicable a las solicitudes de jura de cuenta, pues aunque los artículos 34 y 35 LEC, como antes el artículo 411 LEC 1881, no fijan un límite temporal para su presentación, la naturaleza incidental de la jura de cuenta respecto del procedimiento principal del que trae causa exige que la cuestión de la caducidad se examine con referencia a dicho procedimiento, además de que "pensar que el silencio de la LEC al respecto supone que no existe ese límite temporal puede resultar absurdo al intérprete, en cuanto se contradice con la propia justificación de su existencia, si el legislador establece un trámite privilegiado, afectado por el principio de sumariedad, en atención, precisamente, a posibilitar el cobro inmediato, resulta una conclusión ilógica pensar que pueda ser promovido en cualquier momento posterior al litigio, sine die"(AATS de 22 de junio de 2010, RC n.º 1438/1997,8 de noviembre de 2011, RC n.º 118/2007,13 de julio de 2010,RIPC n.º 2343/2005)

ADVERTENCIA: Recuerde, citar la fuente de conocimiento no perjudica la salud.

05 febrero 2012

El Sindicato de Secretarios quiere que Jennifer se case gratis.


El apasionante asunto de las bodas y separaciones notariales, que tiene nula relevancia en el atasco de papel de Juzgados y Tribunales, ha provocado una carrera de comunicados en las organizaciones de Secretarios Judiciales sobre la jurisdicción voluntaria, en el que llama la atención el del Sindicato y su manía – cuasi persecutoria- sobre la competencia, la función y la gratuidad. 

Dice la nota – que no han publicado en su página- que los Secretarios Judiciales estamos preparados para casar gratis a Jennifer (un verbigracia, entiéndase) y, que eso mejora la igualdad en el acceso de los ciudadanos al servicio público. Y uno no desmayó sobre el sillón, gracias a la socorrida ayuda de una silla que tengo colocada estratégicamente para tales sorpresas. 

Sería conveniente ilustrarse sobre las bodas en los Registros Civiles antes de comunicar nada, porque la ceremonia consiste en la lectura de algunos artículos del Código Civil y la firma en un libro y para dicho menester está capacitado cualquiera, hasta algún Ministro/a del último Gobierno del Señor Presidente que dice ahora que toda la culpa fue del cha,cha,cha. 

No, estimado portavoz del Sindicato, quien suscribe, ni está preparado para leer nada a Jennifer, ni quiere, ni le importa. Y a Jennifer (un verbigracia, entiéndase), tampoco, porque lo único que quiere es casarse de blanco, con su ramo de flores, su maromo trajeado y los invitados, muchos invitados, pero sin sacerdote y sin iglesia y, ahí tenemos un problema, porque con esa idea, todo el mundo quiere emparentar civilmente jueves y viernes y, haciendo el paripé ceremonial católico. 

Evidentemente, eso no tiene nada que ver con la igualdad, el acceso a los Servicios Públicos, y la gratuidad de la justicia y menos aún, con la capacidad jurídica y profesional de nadie. Así que, como dije días antes, si Jennifer quiere un bodorrio y convenio de separación personalizados, como el laicismo manda, que pague, pero que lo haga en los Juzgados.

03 febrero 2012

La subsanación en ejecución de la falta de traslado de copias de escritos.


Sobre la posible subsanación de la falta de traslado de copias existen dos corrientes doctrinales. Para la primera la Ley de Enjuiciamiento Civil introdujo un nuevo sistema de traslado de las copias de los escritos y documentos entre las partes procesales a través de sus respectivos Procuradores. Dicho sistema persigue un doble objetivo; de un lado, descargar a la oficina judicial de la tarea de intermediación en la entrega recíproca de las copias de los escritos y documentos entre las partes procesales; y de otro lado, agilizar en el tiempo dicha entrega de copias. Para velar por la estricta observancia del nuevo sistema, el legislador ha dispuesto una grave sanción procesal ya que tal y como establece el artículo 277 LEC: «no se admitirá la presentación de escritos y documentos si no consta que se ha realizado el traslado de las copias correspondientes a las demás partes personadas». Por ello, la infracción del deber de comunicación impuesto en el artículo 276 LEC es un claro exponente de defecto insubsanable. Súmese a lo dicho que cuando no hay postulación mediante el Procurador (artículo 274 LEC), la falta de presentación de las copias del escrito procesal constituye un defecto subsanable (artículo 275 LEC), mientras que para los casos en que se actúa con ese representante (artículo 276 LEC) nada se nos dice de manera expresa; silencio que debe interpretarse negando en tales supuestos la posibilidad de subsanación, porque si el legislador hubiese querido que dicho defecto fuese subsanable, como ocurre en el supuesto anterior, así lo habría declarado expresamente. 

En otro sentido se afirma que la LEC dispone que el traslado de copias de escritos se haga a través de los procuradores –por medio del servicio previsto en el artículo 28.3 LEC- y, además, con carácter previo a la presentación del original ante el tribunal (artículo 276.1 LEC). Tan es así, que la fecha relevante para la producción de efectos del escrito presentado será “la que se haya hecho constar en las copias entregadas” a las demás partes según el sistema del artículo 276.2 LEC, es decir, la fecha del traslado previo (artículo 278 LEC). Por tanto, ninguna duda ofrece el artículo 277 LEC, cuando determina que el tribunal no admitirá ningún escrito “si no consta que se ha realizado el traslado de las copias correspondientes a las demás partes personadas”. Otra cosa es que la parte que quiera presentar un escrito, tenga todavía plazo suficiente para efectuar ese traslado -por la vía del artículo 276.2 LEC- y así lo haga, y de ese modo “subsane” la omisión. 

Y es aquí donde aparece el conflicto, porque esa posible subsanación (cuando la parte no aprecia el error) atribuye una responsabilidad al órgano judicial que la ley no establece. Así, la STC 107/2005 de 9 de mayo declara el carácter subsanable de la infracción del artículo 276 LEC en los siguientes términos:


“En efecto, basta examinar las actuaciones para comprobar que el escrito de preparación del recurso de apelación se presentó, como afirman las demandantes de amparo, el segundo día hábil de los cinco que a tal efecto concede el artículo 457.1 LEC, restando, por lo tanto, tres días del plazo legalmente previsto, dentro de los cuales podían haber ejercitado en debida forma su derecho al recurso de habérseles puesto de relieve a su debido tiempo la omisión sufrida. Lo que ocurre es que el Juzgado de Primera Instancia núm. 15, habiendo admitido inicialmente la presentación del escrito, tardó casi dos meses en proveerlo, momento en el que, efectivamente, se había consumido sobradamente el plazo establecido en aquel precepto. Esto es, el órgano judicial, en el caso concreto enjuiciado, hizo recaer sobre las justiciables las consecuencias de su indebida actuación y de su propio retraso en resolver respecto de la admisión del escrito, acudiendo al argumento ya reseñado de considerar precluido el plazo por la presentación defectuosa del escrito de preparación del recurso, cuando lo lógico, y lo exigible desde la perspectiva del artículo 24.1 CE, según se ha expuesto, habría sido que se pusiera en conocimiento de aquéllas de forma inmediata la omisión padecida, lo que les hubiera permitido disponer del plazo restante para el ejercicio de su derecho, según lo previsto en el artículo 11.3 de la Ley Orgánica del Poder Judicial”.

Expuesta la doctrina y el criterio del Tribunal Constitucional – que no se comparte- en el proceso de ejecución deben ceder las estrictas reglas del proceso declarativo, entendiéndose que la falta del traslado es subsanable siquiera sea por la obligación del órgano ejecutor de satisfacer el título ejecutivo en sus propios términos. Aquí no suelen presentarse documentos y el número de ejecuciones en las que interviene el procurador de la parte ejecutada es limitado, por lo que la falta de subsanación del traslado de copias no solo chocaría con el impulso de oficio del proceso de ejecución (artículo 636.3 LEC por todos), sino con el propio objeto del proceso. De hecho, la aplicación literal del artículo 277 LEC podría llevarnos a situaciones absurdas; piénsese, por ejemplo, en la inadmisión del escrito por el que se pide la subasta de un bien por la ausencia del citado traslado.

01 febrero 2012

Tercera de calamares: bodas, separaciones y notarios.


¿Saben lo que hace falta para mediar en la jurisdicción civil?. Un buen yudoka. Y ¿saben por qué?. Porque lo que está llegando ahora a Sala es inmediable e inabitrable y más cuando el señor demandante tiene la justicia gratuita, que le salva de las consecuencias de su legítimo ejercicio a la tutela judicial efectiva. Para eso ya pagamos impuestos los demás.

La nueva idea del Ministerio de Justicia parece que va porque los Notarios casen y separen (si lo pueden hacer los alcaldes, que lo hagan los Notarios) y ya puestos, también puede hacerlo quien suscribe y el resto del funcionariado de la Casa fuera de su jornada laboral, pero cobrando, como los demás. Y digo cobrando porque aquí se arbitra y se media a quien tiene dinero y supongo que, por lo mismo, se casará, separará y divorciará. ¿No se habrán creido el rollito ese hippie-buenista que la solución se encuentra en las “técnicas alternativas de resolución de conflictos”?. Se nota que no han visto las minutas de los árbitros, ni saben lo que cuesta un arbitraje, sino no hablarían con esa alegría financiera de sacar los asuntos de los Juzgados. 

El error de partida es que la justicia sea gratuita – insisto, la Administración y todos los que estamos detrás del mostrador- y que cualquiera pueda presentar cualquier cosa en cualquier Juzgado y así estamos, gracias a otro rollito hippie-buenista de hace muchos años. Así que propongo una alternativa para lo que nos ocupa: un turno rápido en Justicia para quien pague bodas, separaciones y divorcios y, por el mismo precio, con entrega en las primeras, de un modelo personalizado de convenio de separación y divorcio

¡Ah! y, con Juzgados sujetos al Consejo de la Competencia, porque imaginemos que algún listo ofrece flores y un aperitivo para atraer más clientela casadera. Que todos los ciudadanos son iguales ante la ley. Faltaría.