Hace falta un Decreto para cancelar: así lo dicen los Registradores de la Propiedad y asi lo transcribo


Resolución de 22 de octubre de 2011, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto por la secretaria judicial del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 2 de Ciudad Rodrigo contra la nota de calificación extendida por el registrador de la propiedad de la misma localidad, por la que se suspende el despacho de dos mandamientos judiciales extendidos en un procedimiento de ejecución de títulos no judiciales.

2. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 206.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, cuando la Ley no exprese la clase de resolución que haya de emplearse por el secretario judicial, éste dictará diligencia de ordenación cuando la resolución tenga por objeto dar a los autos el curso que la ley establezca, mientras que deberá dictar decreto cuando se admita a trámite la demanda, cuando se ponga término al procedimiento en el que tuviera el secretario atribuida competencia exclusiva o, en general, cuando fuere preciso o conveniente razonar lo resuelto.
Analizado desde esta perspectiva el artículo 674 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, puede apreciarse que el precepto, así como establece explícitamente la necesidad de decreto para resolver el remate o adjudicación del bien, tan sólo alude al mandamiento como acto de comunicación para la cancelación de cargas posteriores, sin explicitar la forma que ha de tomar la resolución que la acuerde, circunstancia que, por tanto, exige calificar si la cancelación de cargas posteriores consecuencia de la ejecución forzosa de un bien constituye un acto legal y necesariamente impuesto, o si, por el contrario, se trata de un acto que debió ser motivado.
3. Desde la perspectiva estrictamente registral, de acuerdo con los principios generales de tracto sucesivo y prioridad en combinación con el de tutela judicial efectiva, la ejecución de una carga preferente debe llevar consigo la cancelación del embargo o inscripción que la motivó así como de las cargas e inscripciones que constaron más tarde en el Registro.
Ahora bien, la operatividad de esta norma no es automática, porque exige previamente un acto de valoración por la autoridad judicial y, en su caso, consignación del sobrante que pudiera resultar de la venta o adjudicación a favor de los interesados, entre los que se encuentran los titulares de cargas de inferior rango. Piénsese que, aún con carácter excepcional, pueden existir cargas que, siendo posteriores y habiéndose en su caso ejercitado la correspondiente tercería de mejor derecho, no deban ser canceladas por la ejecución de una anotación precedente (v. gr. la anotación de una anotación de demanda en la que se inste la declaración de un crédito preferente de la comunidad de propietarios a que refiere el artículo 9.1 e) de la Ley de Propiedad Horizontal en procedimiento en que han sido parte los titulares de cargas anteriores).
Por ello, cabe concluir que la resolución que acuerde la cancelación de cargas e inscripciones posteriores no sólo trata de dar a los autos el curso que la ley establece sino que, yendo más allá, ha de contener una motivación, por lo que debe en consecuencia revestir la forma de decreto.

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