28 enero 2012

Conclusiones de la Sala de Gobierno de MURCIA sobre la implantación de la NOJ


La lectura del documento de la Sala de Gobierno de MURCIA sobre la implantación de la NOJ llama la atención por la objetividad con la que se ha redactado, alejándose de las habituales tendencias hispánicas a la loa casi tóxica o, a la crítica barriobajera. 

Cuelgo el documento y copio en el comentario los defectos que se han advertido en la implantación y que a mi entender son de difícil solución, porque no se trata de la organización sino del diseño de la oficina en la LOPJ.


4. Junto a los problemas operativos que acaban de enumerarse, el modelo de NOJ implantado adolece de algunos problemas de diseño que lastran gravemente su adecuado desenvolvimiento y desarrollo. Problemas que se concretan y giran alrededor de la muy inadecuada conformación de las Unidades Procesales de Apoyo Directo y de la forma en que éstas interactúan con los servicios comunes procesales (especialmente con el SCOP). Un diseño carente de toda lógica desde el punto de vista organizacional y muy perturbador para garantizar el carácter instrumental que toda la organización ha de tener respecto del ejercicio de la función jurisdiccional. 
Esta inadecuación está en el origen de muchas de las disfunciones observadas, concretamente: 
1. la confusión de los respectivos espacios funcionales y de responsabilidad de las distintas dependencias que conforman la NOJ, generadora de inagotables tensiones y conflictos competenciales; 
2. un exasperante exceso de burocratización por la continua itineración de los procedimientos entre las distintas dependencias de la NOJ, especialmente entre los servicios procesales y las UPAD; 
3. la alarmante difuminación del control de unos expedientes de vocación nómada sin un repertorio o base digital de seguimiento y contraste como el que representaría la implantación del denominado Expediente Judicial Electrónico; 
4. la pérdida de información en la dación de cuenta que se viene realizando, pues quien despacha con el juez es un funcionario distinto de los que en el correspondiente servicio común tramitan y conocen los detalles del procedimiento; 
5. asimetría en la dotación de recursos humanos -funcionarios y secretarios judiciales- en las UPADs con manifiesta sobredotación en algunos casos frente al SCOP; y 
6. la inaceptable desasistencia en que han quedado jueces y magistrados, tanto dentro como fuera de las salas de vistas, debido tanto a la salida de los secretarios judiciales de éstas (tan razonable como carente de alternativa), como a consecuencia de la indeseada carga de las UPADs con tareas de tramitación y gestión que dificultan, especialmente en determinadas jurisdicciones como la penal, un real apoyo al juez en el ejercicio de funciones jurisdiccionales.

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