30 enero 2012

Juzgados 1, Agencia de Protección de Datos, 0.


Creo que el partido ya ha acabado en el Tribunal Supremo y la AEPD cuando no tenga algo mejor de lo que ocuparse, puede entrar en TUENTI, TWITTER y FACEBOOK y quizá, solo escribo quizá, controlar que tanto menor despendolado, con papá cuarentón con venda en los ojos, deje de colgar en la red comentarios y fotos estupendas que no llevan a nada bueno. 

A lo que voy. Ya le ganó la Fiscalía un recurso a la Agencia de Protección de Datos y ahora le ha tocado a un Juez, que ha ganado un recurso en el Tribunal Supremo. No entro en el fondo del asunto que motivó la sanción y dejo a cada cual que saque sus conclusiones, porque al redactor de este BLOG lo que le interesa son los límites legales que el Tribunal Supremo fija para la Agencia en su intervención en los órganos judiciales. 

Resumo la STS Sala de lo Contencioso, Sección 6ª, de 2 de diciembre de 2011 (ROJ: STS 8497/2011)                                               
 Y dice:

La Ley Orgánica del Poder Judicial dedica fundamentalmente un precepto a la protección de datos de carácter personal. Se trata del art. 230, ubicado en el Título III ("De las actuaciones judiciales") del Libro III, que habilita en su apartado primero a Juzgados y Tribunales a utilizar cualesquiera medios técnicos, electrónicos, informáticos y telemáticos, para el desarrollo de su actividad y ejercicio de sus funciones, con sujeción a la normativa de protección de datos. En dicho precepto se establece además el deber de salvaguardar en todo momento la confidencialidad, privacidad y seguridad de los datos de carácter personal contenidos en los ficheros judiciales. Estos deberes jurídicos, cuyos principales destinatarios son los propios Jueces y Magistrados, resultan obligados desde el reconocimiento de la protección de datos personales como derecho fundamental de la persona en la STC 292/2000e inciden en la actuación de los Tribunales de muy diversas maneras, máxime si se tiene en cuenta que la legislación española y europea en general contiene una amplísima definición de lo que se entiende por dato personal (cualquier información concerniente a personas físicas identificadas o identificables). 
Pero este precepto orgánico no se limita a ser simple recordatorio de los principios que deben regir la actividad de Jueces y Magistrados en virtud del derecho fundamental a la protección de datos. Hace algo más, apodera al Consejo General del Poder Judicial para dictar un Reglamento en el que se determinarán los requisitos y demás condiciones que afectan al establecimiento y gestión de los ficheros automatizados que se encuentren bajo responsabilidad de los órganos judiciales de forma que se asegure el cumplimiento de las garantías y derechos establecidos en la legislación de protección de datos de carácter personal. Este apoderamiento aparece además reiterado en el art. 107.10, inciso segundo, de la LOPJ, con la finalidad de asegurar también el cumplimiento de la legislación en materia de protección de datos personales en la elaboración de libros electrónicos de sentencias, recopilación de las mismas, su tratamiento, difusión y certificación, para velar por su integridad, autenticidad y acceso. Serán estas normas jurídicas reglamentarias dictadas por el CGPJ en virtud de los apoderamientos contenidos en el art. 230 y 107.10 de la LOPJ las que modularán y adaptarán el sistema de protección al ámbito judicial, introduciendo mecanismos de garantía específicos y fijando la extensión y límites de los derechos propios de este sistema jurídico -acceso, rectificación, cancelación, etc...- que la legislación general (LOPD) reconoce a los afectados, es decir a todas aquellas persona físicas que sean titulares de los datos que sean objeto de tratamiento en el ámbito de la Administración de Justicia. Es pues el Consejo General del Poder Judicial al que la LOPJ encarga de la función tuitiva en esta materia no solo por razón del apoderamiento reglamentario al que el art. 230 hace referencia, sino también por tener atribuidas con carácter exclusivo las potestades precisas para el necesario control de la observancia de derechos y garantías, pues solo al órgano de gobierno judicial corresponde la inspección de Juzgados y Tribunales (art. 107.3 LOPJ). 
Además, en línea con lo que estamos exponiendo, el contenido del art. 230 cobra pleno sentido si tenemos en cuenta que cuando fue incorporado el precepto en su redacción actual a la LOPJ por la Ley Orgánica 16/1994, de 8 de noviembre, la norma que estaba vigente en materia de protección de datos era la Ley Orgánica 5/1992, de 29 de octubre, de Regulación del Tratamiento Automatizado de los Datos de Carácter Personal. (vigente hasta el 14 de enero de 2000), norma que excluía directamente en su Disposición Adicional Primera la aplicación de los Títulos dedicados a la Agencia de Protección de Datos y a las Infracciones y Sanciones respecto de los ficheros automatizados de los que eran titulares las Cortes Generales, el Defensor del Pueblo, el Tribunal de Cuentas, el Consejo General del Poder Judicial y el Tribunal Constitucional, exclusión que se justificaba no solo en el hecho de que se trate de órganos constitucionales diferenciados del Gobierno y de la Administración sino también porque, como poderes del Estado, gozan de una garantía constitucional de independencia respecto del poder ejecutivo, poder público en el que, como ya dijimos, se enmarca orgánica y funcionalmente la Agencia Española de Protección de Datos, aunque lo sea con un estatuto de independencia de su Director respecto del Gobierno. Además, por lo que se refiere en concreto al Consejo General del Poder Judicial y a su ámbito de gobierno, la exclusión del poder de decisión de la Agencia se justificaba entonces -y ahora- por una razón añadida a la ya expuesta, aunque nada se diga en la vigente LOPD, y es que tiene singularmente reconocida la función tutelar en materia de protección de datos de carácter personal en relación con los ficheros judiciales por formar parte de su ámbito de gobierno interno, función que se justifica en la necesidad de preservar los principios de unidad e independencia de la organización judicial a que se refiere el art. 104 de la LOPJ y que impide cualquier tipo de intromisión o injerencia por parte de una autoridad administrativa. 
El propio Consejo General del Poder Judicial, con posterioridad a la LOPD, ha ratificado su competencia en esta materia en virtud del apoderamiento del art. 230 LOPJ al aprobar el Reglamento 1/2005, de 15 de septiembre, de los Aspectos Accesorios de las Actuaciones Judiciales. Este Reglamento dedica su Título V, en desarrollo del art. 230 de la LOPJ, a regular el establecimiento y gestión de los ficheros automatizados bajo responsabilidad de los órganos judiciales, comprendiendo tanto los ficheros de datos automatizados de carácter personal dependientes de los Juzgados y Tribunales como los del Consejo General del Poder Judicial, e incluyendo también en su ámbito tanto los ficheros jurisdiccionales (aquellos que incorporan datos de carácter personal que deriven de actuaciones jurisdiccionales), como los ficheros no jurisdiccionales o gubernativos (aquellos que incorporan datos de carácter personal que deriven de los procedimientos gubernativos así como los que, con arreglo a las normas administrativas aplicables, sean definitorios de la relación funcionarial o laboral de las personas destinadas en tales órganos y de las situaciones e incidencias que en ella acontezcan) y a todos ellos sitúa bajo el control del Consejo General del Poder Judicial con sujeción a un régimen específico de tutela ante los órganos de gobierno interno, mediante la articulación del correspondiente sistema de reclamaciones y recursos, en cuanto al ejercicio de los derechos de acceso, rectificación y cancelación. Régimen de protección del que es ajeno la Agencia Española de Protección de Datos, a la que no se reconoce facultades de intervención, correspondiendo éstas a los órganos de gobierno judicial. 
Como quiera que en el caso que juzgamos las funciones desarrolladas por la Agencia en relación con el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 1 de los de La Coruña han sobrepasado los límites establecidos en la Ley Orgánica del Poder Judicial para garantizar la inmunidad judicial y asegurar su independencia, la conclusión de nuestro razonamiento no puede ser otra que la Agencia Española de Protección de Datos carecía de competencia para hacer la declaración de infracción.

Queda un último aviso, la Sala recordando que no obstante, pese a esta singularidad de su función y de su estatuto de independencia, no podemos obviar también, a los efectos que luego se dirá, que la Agencia Española de Protección de Datos no deja de ser una Administración Pública que se inserta dentro del poder ejecutivo. Basta examinar el sistema de nombramiento y separación de su Director en la LOPD (por el Gobierno, a propuesta del Ministro de Justicia) y el régimen jurídico de sus actos (sujeta su actuación a la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común) para que esta afirmación no ofrezca ninguna duda.

28 enero 2012

Conclusiones de la Sala de Gobierno de MURCIA sobre la implantación de la NOJ


La lectura del documento de la Sala de Gobierno de MURCIA sobre la implantación de la NOJ llama la atención por la objetividad con la que se ha redactado, alejándose de las habituales tendencias hispánicas a la loa casi tóxica o, a la crítica barriobajera. 

Cuelgo el documento y copio en el comentario los defectos que se han advertido en la implantación y que a mi entender son de difícil solución, porque no se trata de la organización sino del diseño de la oficina en la LOPJ.


4. Junto a los problemas operativos que acaban de enumerarse, el modelo de NOJ implantado adolece de algunos problemas de diseño que lastran gravemente su adecuado desenvolvimiento y desarrollo. Problemas que se concretan y giran alrededor de la muy inadecuada conformación de las Unidades Procesales de Apoyo Directo y de la forma en que éstas interactúan con los servicios comunes procesales (especialmente con el SCOP). Un diseño carente de toda lógica desde el punto de vista organizacional y muy perturbador para garantizar el carácter instrumental que toda la organización ha de tener respecto del ejercicio de la función jurisdiccional. 
Esta inadecuación está en el origen de muchas de las disfunciones observadas, concretamente: 
1. la confusión de los respectivos espacios funcionales y de responsabilidad de las distintas dependencias que conforman la NOJ, generadora de inagotables tensiones y conflictos competenciales; 
2. un exasperante exceso de burocratización por la continua itineración de los procedimientos entre las distintas dependencias de la NOJ, especialmente entre los servicios procesales y las UPAD; 
3. la alarmante difuminación del control de unos expedientes de vocación nómada sin un repertorio o base digital de seguimiento y contraste como el que representaría la implantación del denominado Expediente Judicial Electrónico; 
4. la pérdida de información en la dación de cuenta que se viene realizando, pues quien despacha con el juez es un funcionario distinto de los que en el correspondiente servicio común tramitan y conocen los detalles del procedimiento; 
5. asimetría en la dotación de recursos humanos -funcionarios y secretarios judiciales- en las UPADs con manifiesta sobredotación en algunos casos frente al SCOP; y 
6. la inaceptable desasistencia en que han quedado jueces y magistrados, tanto dentro como fuera de las salas de vistas, debido tanto a la salida de los secretarios judiciales de éstas (tan razonable como carente de alternativa), como a consecuencia de la indeseada carga de las UPADs con tareas de tramitación y gestión que dificultan, especialmente en determinadas jurisdicciones como la penal, un real apoyo al juez en el ejercicio de funciones jurisdiccionales.

25 enero 2012

La originalidad sindical: ¡Manifiéstate contra los recortes en justicia!


Hay que reconocer que los gestores de la cosa pública judicial lo tienen hecho con las organizaciones que dicen representar a los funcionarios. En realidad, son las dos caras de la misma moneda (gestores y gestionados), pero como quiera que la negociación colectiva o, lo que sea que se firma, necesita alguien sentado en el otro lado de la mesa, dejemos a los sindicatos en ese lugar o sillón y a los gestores metiendo tijera en una caja que está vacía. 

 Y como supongo que ahora nos enteramos que la caja está vacía, se sale a la calle detrás de una pancarta a pedir exactamente el qué: ¿el no a los recortes? ¿así de simple?. No peor, así de infantil, por no utilizar otros calificativos. Veamos, si dos más dos es igual a cuatro y este año no tenemos dos, el resultado será dos y si tenemos la mitad, alguien deberá explicar cómo pagamos con dos lo que antes malpagábamos con cuatro. Y en Justicia, que es lo que nos ocupa, se ha tirado el dinero como una estupenda forma de gestionar con pólvora del Rey Felipe V, que en algún pueblo de Valencia le tienen mucho cariño y colocado boca abajo. 

Manifestarse un jueves por la tarde en horario comercial en el centro de una capital es una bonita forma de tocarle las narices a mucha gente (no a los gestores de la cosa pública judicial, evidentemente) y solo gracias a que ya no va casi nadie a estas interesantes citas, el estropicio para el ciudadano y el comerciante que aún queda no suele ser mayúsculo, pero se causa. ¿Qué pasa con los domingos? ¿hay alguna prohibición en la ley orgánica de manifestaciones y festejos varios, que impida el pancarterismo ese día?. 

Y, dejando al margen el día ¿qué se consigue interrumpiendo en hora punta el tráfico de personas, vehículos y semovientes?. No pensar nada más, así de infantil.

23 enero 2012

¿Desde cuándo se generan en el proceso monitorio los intereses del artículo 576 LEC?


Para no confundir al lector, aclararé, que no se tratarán las reclamaciones de intereses accesorias a la principal, ni los intereses de futuro, entendiendo por tales los que se devengan tras la interposición del monitorio. Nos centraremos, exclusivamente, en los despachos ejecutivos que se postulan con inclusión de intereses, sin más precisión y haciendo el cómputo desde la fecha de interposición de la demanda de proceso monitorio. 

Sobre tales particulares nada dice el artículo 815 LEC, lo que es lógico por cuanto si la deuda generó o no intereses no debe resolverse conforme a las normas procesales, sino conforme a las normas sustantivas. Y en cuanto a los intereses del artículo 576 LEC, solo proceden en el caso de que no atendido el requerimiento de pago, se dicte auto despachando ejecución contra el deudor, conforme dispone el artículo 816 LEC (AAP 54/2011, LOGROÑO, Sección 1ª, 9 de mayo de 2011, ROJ AAP LO 176/2011). 

Dicho esto habría que distinguir, dentro del concepto de intereses dos figuras: los intereses moratorios y los intereses legales o procesales, sin que puedan confundirse los de demora del artículo 1108 CC con los de ejecución , punitivos o procesales que establece el artículo 576 LEC, ya que aquéllos exigen siempre la petición de parte, mientras que estos últimos se impondrán por el Juez cuando condene a cantidad líquida, con independencia de su petición y, además, en su cálculo habrá de partirse de la cifra concedida, no de la reclamada (vide, entre otras, SSTS de 5 de abril de 1994(RJ 1994/2937); 20 de junio de 1994(RJ 1994/6026); 6 de mayo de 1997(RJ 1997/3864) y de 21 de julio de 2009(RJ 2009/4692). En suma los intereses moratorios tienen una finalidad sancionadora del retraso o demora en la observancia de lo acordado e indemnizatoria de los perjuicios que puedan ser imputables a la demora en el cumplimiento de una prestación obligacional consistente en una cantidad de dinero (artículos 1101 y 1108 CC). Por su parte, la obligación de pago de intereses que impone el artículo 576 LEC, se genera «ope legis», por propio imperativo legal y surge de forma automática desde que se concreta en la decisión judicial la cuantía líquida a pagar, sin necesidad de petición expresa e incluso aunque nada se dijera sobre el particular para su exigibilidad y siempre, claro está, que no haya pacto expreso de las partes. 

Quedémonos ahora con lo último, porque parece claro que en la demanda de ejecución de una reclamación monitoria no habrá más intereses que los del artículo 576 LEC y desde la fecha del auto despachando ejecución.

19 enero 2012

Hace falta un Decreto para cancelar: así lo dicen los Registradores de la Propiedad y asi lo transcribo


Resolución de 22 de octubre de 2011, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto por la secretaria judicial del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 2 de Ciudad Rodrigo contra la nota de calificación extendida por el registrador de la propiedad de la misma localidad, por la que se suspende el despacho de dos mandamientos judiciales extendidos en un procedimiento de ejecución de títulos no judiciales.

2. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 206.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, cuando la Ley no exprese la clase de resolución que haya de emplearse por el secretario judicial, éste dictará diligencia de ordenación cuando la resolución tenga por objeto dar a los autos el curso que la ley establezca, mientras que deberá dictar decreto cuando se admita a trámite la demanda, cuando se ponga término al procedimiento en el que tuviera el secretario atribuida competencia exclusiva o, en general, cuando fuere preciso o conveniente razonar lo resuelto.
Analizado desde esta perspectiva el artículo 674 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, puede apreciarse que el precepto, así como establece explícitamente la necesidad de decreto para resolver el remate o adjudicación del bien, tan sólo alude al mandamiento como acto de comunicación para la cancelación de cargas posteriores, sin explicitar la forma que ha de tomar la resolución que la acuerde, circunstancia que, por tanto, exige calificar si la cancelación de cargas posteriores consecuencia de la ejecución forzosa de un bien constituye un acto legal y necesariamente impuesto, o si, por el contrario, se trata de un acto que debió ser motivado.
3. Desde la perspectiva estrictamente registral, de acuerdo con los principios generales de tracto sucesivo y prioridad en combinación con el de tutela judicial efectiva, la ejecución de una carga preferente debe llevar consigo la cancelación del embargo o inscripción que la motivó así como de las cargas e inscripciones que constaron más tarde en el Registro.
Ahora bien, la operatividad de esta norma no es automática, porque exige previamente un acto de valoración por la autoridad judicial y, en su caso, consignación del sobrante que pudiera resultar de la venta o adjudicación a favor de los interesados, entre los que se encuentran los titulares de cargas de inferior rango. Piénsese que, aún con carácter excepcional, pueden existir cargas que, siendo posteriores y habiéndose en su caso ejercitado la correspondiente tercería de mejor derecho, no deban ser canceladas por la ejecución de una anotación precedente (v. gr. la anotación de una anotación de demanda en la que se inste la declaración de un crédito preferente de la comunidad de propietarios a que refiere el artículo 9.1 e) de la Ley de Propiedad Horizontal en procedimiento en que han sido parte los titulares de cargas anteriores).
Por ello, cabe concluir que la resolución que acuerde la cancelación de cargas e inscripciones posteriores no sólo trata de dar a los autos el curso que la ley establece sino que, yendo más allá, ha de contener una motivación, por lo que debe en consecuencia revestir la forma de decreto.

16 enero 2012

Registro domiciliario, cadena de custodia y piezas de convicción.


Interesante la STS Sala 2ª de 14 de octubre de 2011, Recurso 10365/2011 (ROJ: STS 6858/2011) que desgloso de la siguiente forma: 

Nulidad de la entrada y registro en el domicilio del recurrente porque no estuvo presente en dicho domicilio, aunque se encontraba detenido cuando dicho se practicó y en condiciones de acudir al mismo.

En la causa se realizaron cuatro entradas y registros simultáneos, siendo una de ellas en el domicilio del recurrente; las otras tres fueron en consultorios médicos, estando presente en el registro de uno de ellos, sin que constara en las actuaciones que se le preguntara si deseaba designar a una persona de su confianza para que estuviera presente en el registro de su domicilio. 

Dice la Sentencia del Tribunal Supremo
cita:

Debemos recordar que el interés que viene a proteger el artículo 569 LECr, al exigir la presencia del interesado o de la persona que legítimamente la represente, en el registro, opera en dos planos distintos si bien igualmente relevantes: la afectación del derecho a la intimidad del domicilio y del derecho de defensa, en cuanto a la posibilidad real y efectiva de intervenir en la diligencia de la que puedan derivarse consideraciones incriminatorias. 
En la determinación de ese interés no puede obviarse la finalidad de investigadora del registro. El resultado de la diligencia, es decir, el hallazgo y obtención de efectos relevantes para el investigación del hecho punible, habitualmente accederá al proceso como prueba reconstituida, por la evidente imposibilidad de reproducirla en el acto del juicio oral, de forma que le único modo que el imputado tiene de hacer efectivos sus derechos de defensa y contradicción es la intervención en el registro, ya que en el acto del plenario la contradicción a que se va a someter es únicamente formal y en ningún caso podrá ya cuestionar la materialización de la diligencia. 
En este sentido en STS 7781/2010 de 23-9 y 199/2011 de 30-3 hemos recordado ciertamente la jurisprudencia es uniforme en exigir la presencia del interesado -persona investigada- en la realización del registro en aquellos casos en los que se halle detenido y aun en el supuesto en que sea distinta del titular del domicilio o este se halle presente o rehúse su presencia en la diligencia. Tal presencia, si es posible, viene reclamada por las exigencias contradictorias de que debe de rodearse toda diligencia de prueba y más por las características de los registros domiciliarios en los que la ausencia de contradicción en el acto del mismo en que se lleva a cabo no puede cumplirse por la actividad contradictoria que posibilita el debate del juicio oral. Por tanto, de encontrarse detenido el interesado, su presencia en el registro es obligada, no siendo de aplicación las excepciones establecidas en los párrafos 2 y 3 del art. 569 LECrim. (SSTS. 833/97 de 20.6, 40/99 de 19.1,163/2000 de 11.2,1944/2002 de 9.4.2003). 
Ahora bien esta Sala Segunda ha admitido la regularidad de la ausencia del interesado detenido cuando se encontraba presente en un registro en otro domicilio (STS. 3.10.2009), siendo precisamente estos supuestos en los que deben practicarse varios registros simultáneamente los que constituyen una de las excepciones, al requisito de la presencia del interesado ya detenido, admitidas por nuestra jurisprudencia, STS. 947/2006 de 26.9, que se refiere al caso de que se efectúen simultáneamente varios registros en distintos lugares, lo que, obviamente, imposibilitaría la presencia simultánea del "interesado" en varios domicilios a la vez.

Y el motivo impugnatorio se desestima por las razones que se exponen:

a) El auto que autorizó la entrega y registro lo fué en relación al domicilio del recurrente y en los tres consultorios en lo que trabajaba, acordando expresamente su realización de forma simultánea y en horas diurnas. En este extremo conviene precisar que por lo que se refiere a despachos profesionales, consultas u otros espacios que constituyen lugares de trabajo, la línea jurisprudencial más común es considerar que sí precisan de autorización judicial para el registro, dada -y más en el caso concreto de médicos- la naturaleza de la efectividad desarrollada y la eventualidad de que en el transcurso del registro se descubran datos o efectos reservados afectando a la intimidad y ámbito privado de las personas. 

El acusado fue hallado en una de las consultas, siéndole notificado el auto autorizante en que le constaba que se iba a practicar diligencia de entrada y registro en su domicilio, sin que el hoy recurrente solicitara estar presente en este registro, siendo evidente que no podía estarlo en los cuatro a la vez.


b) La inicial ausencia de los testigos que sustituyen la presencia del interesado, convertirá la diligencia en un acto procesal irregular por su realización sin observancia de la disciplina de garantía que previene la Ley Procesal, pero no sería una actuación con vulneración de derecho fundamentales pues la inviolabilidad del domicilio aparece concretamente enervado mediante la autorización judicial, pero en esa realización se habrían omitido las prevenciones legales previstas para afirmar la corrección de la diligencia, lo que la convertiría en irregular y, por lo tanto ineficaz, por una hora, para la acreditación del hecho que pudiera resultar de la injerencia (STS. 436/2003 de 20-3), pero no empecería que los hechos pudieran acreditarse por otras pruebas que acreditaren la realidad del resultado de la diligencia (STS 262/2006, de 14-3).

c) Y en tercer lugar, la eventual nulidad de la prueba de intervención de los objetos en el registro no produciría los efectos pretendidos en el recurso. En efecto debemos recordar la doctrina de esta Sala al examinar cual es la trascendencia mediata a los efectos inhabilitantes de la prueba obtenida con violación del derecho fundamental:

1. En primer lugar, hemos de partir de una fuente probatoria obtenida, efectivamente, con violación del derecho fundamental constitucionalmente conocido, y no afectada simplemente de irregularidad de carácter procesal, por grave que sea ésta.

2. La nulidad institucional de una prueba en el proceso no impide la acreditación de los extremos penalmente relevantes mediante otros medios de prueba de origen independiente al de la fuente contaminada, pues si no existe una "conexión causal" entre ambos ese material desconectado estará desde un principio limpio de toda contaminación. 

3. Por ultimo, no basta con el material probatorio derivado de esa fuente viciada se encuentre vinculado con ella en conexión exclusivamente causal de carácter fáctico, para que se produzca la transmisión inhabilitante debe de existir entre la fuente corrompida y la prueba derivada de ella lo que doctrinalmente se viene denominando "conexión de antijuridicidad", es decir, desde un punto de vista interno, el que la prueba ulterior no sea ajena a la vulneración del mismo derecho fundamental infringido por la originaria sino que realmente se haya transmitido, de una a otra, ese carácter de inconstitucionalidad, atendiendo a la índole y características de la inicial violación del derecho y de las consecuencias que de ella se derivaron, y desde una perspectiva externa, que las exigencias marcadas por las necesidades esenciales de la tutela de la efectividad del derecho infringido requieran el rechazo de la eficacia probatoria del material derivado. 

En definitiva, que para que tan nocivos efectos se produzcan es siempre necesario que la admisión a valoración de una prueba conculque también, de alguna forma, la vigencia y efectividad del derecho constitucional infringido por la originaria que, de este modo, le transmite una antijuridicidad que la obligación de tutela de aquel derecho está llamada a proscribir. De no ser así, aunque la segunda prueba haya sido obtenida a causa de la constitucionalmente inaceptable, conservará su valor acreditativo, pues esa vinculación causal se ha producido en virtud de unos resultados fácticos que no pueden excluirse de la realidad y no existen razones de protección del derecho vulnerado que justifiquen unas consecuencias más allá de la inutilización del propio producto de esa vulneración. 

Recordaba la STS 2210/2001 de 20.11, que el tema ha sido abordado en diversas sentencias del Tribunal Constitucional que han deslindado cuidadosamente la causalidad material de la causalidad jurídica en relación a la extensión que ha de dársele a la nulidad de una prueba y las consecuencias que de ella se deriven, de suerte que no es la mera conexión de causalidad la que permite extender los efectos de la nulidad a otras pruebas, sino la conexión de antijuridicidad la que debe de darse.

Vulneración de la cadena de custodia.


El problema que plantea la cadena de custodia, hemos dicho en STS 6/2010, de 27-1,776/2011 de 20-7, es garantizar que desde que se recogen los vestigios relacionados con el delito hasta que llegan a concretarse como pruebas en el momento del juicio, aquello sobre lo que recaerá la inmediación, publicidad y contradicción de las partes y el juicio del tribunal es lo mismo; es decir, es necesario tener la seguridad de que lo que se traslada, analiza o, en este caso, se visiona, es lo mismo en todo momento, desde que se interviene hasta el momento final que se estudia y analiza. 
Deben pues examinarse los momentos de recogida, custodia y examen de las piezas de convicción o cuerpo u objeto del delito a efectos de determinar la concreción jurídica de la cadena de custodia. 
Lo hallado deber ser descrito y tomado con las debidas garantías, puesto en depósito con las debidas garantías y analizado con las debidas garantías. El artículo 338 LECr., redacción dada por Ley 13/20009 de 3-11, previene que los instrumentos, armas y efectos a que se refiere el artículo 324 se recogerían de tal forma que se garantizase su integridad y el Juez acordará su retención, conservación o envío al organismo adecuado para su depósito.

En el acta de entrada y registro del domicilio, por la Sra. Secretaría judicial se detalla lo incautado y la cadena de custodia aparece detallada en los autos y en el motivo no se señala cuándo y en qué momento se produce la vulneración de la cadena de custodia, existiendo la presunción de que lo recabado por la Policía y el juez se corresponde con lo presentado el día del juicio como prueba, salvo que exista un soporte razonable de que hubiese tenido algún tipo de posible manipulación.

Por ello la irregularidad de la cadena de custodia, de ser ese el caso, no constituye, de por sí, vulneración de derecho fundamental alguno, que tan sólo vendría dado por el hecho de admitir y dar valor a una prueba que se hubiera producido sin respetar las garantías esenciales del procedimiento y especialmente, el derecho de defensa, y en segundo lugar que las formas que han de respetarse en las tareas de ocupación, conservación, transporte y entrega de los objetos, que es el proceso al que denominamos genéricamente "cadena de custodia" no tiene sino un carácter meramente instrumental, es decir, que tan sólo sirve para garantizar que lo depositado en el juzgado y visionado es lo mismo que lo ocupado al inicio de las actuaciones; de modo que, a pesar de la comisión de algún posible error, ello no supone, por sí sólo, sustento racional y suficiente para sospechar siquiera que las cintas entregas no fueran las originales.

Apuntar por ello a la simple posibilidad de manipulación para entender que la cadena de custodia se ha roto no parece aceptable, ya que debe exigirse la prueba de su manipulación efectiva (STS 629/2011 de 23-6; 776/2001, de 20-7).

Imposibilidad de la defensa de examinar todas las piezas de convicción incautadas, faltando varias de ellas.


Debemos recordar que por cuerpo del delito se entiende la persona o cosa objeto del mismo. Por instrumento del delito todos aquellos objetos, armas y efectos de cualquier clase de los que hace uso el delincuente para la realización del acto punible. Por piezas de convicción se entienden todos los objetos, huellas y vestigios que pueden servir de prueba de la culpabilidad de alguna persona en relación con el delito perpetrado, es decir, todos aquellos objetos inanimados que pueden servir para atestiguar la realización de un hecho y que se hayan incorporado a la causa, bien uniéndolos materialmente a los autos, bien conversándolos a disposición del tribunal, siendo su presencia preceptiva-artículo 688 LECr,- aunque es doctrina de esta Sala (STS 205/95, de 10-2;954/95 de 26-9;392/96, de 3-5;1143/2000 de 26-6;910/2005 de 8-7) que el incumplimiento de esta exigencia -que puede ser debido a diversas causas-, no supone, en principio quebrantamiento de forma reclamable por la vía del recurso de casación. Unicamente puede resultar relevante la omisión cuestionada cuando la parte que denuncia tal circunstancia hubiera exigido en su escrito de conclusiones provisionales, como medio de prueba, la presencia de dichas piezas de convicción en el local del tribunal y cuando esta omisión hubiera podido producir indefensión.

Como excepción, la omisión de lo dispuesto en el artículo 688 puede motivar la casación cuando concurran los siguientes acondicionamientos:

1) Cuando las piezas de convicción están incorporadas a la causa (insistió en este punto la S. 21-10-85).

2) La existencia de petición de parte en el escrito de conclusiones provisionales para completar otras pruebas personales (testifical o pericial).

3) Denuncia en el acto del juicio haciendo la protesta correspondiente y exponiendo lo argumentado que- según la parte- darían significación o valor probatorio a la exhibición, o especificando- de la S 2-6-86-"para que objeto concreto se querían estuvieran presentes".

4) Necesariedad de la prueba que debe apreciar este tribunal al revisar la decisión denegatoria de la Audiencia Provincial, es decir, juzgar nuevamente sobre la pertinencia de la presencia y examen de las piezas de convicción en la doble vertiente material y funcional, pues sin un juicio positivo sobre este punto no puede hablarse de indefensión (STS. 27/2000, de 14-1; 910/2005, de 8-7).

En el caso que examinamos la defensa solicitó expresamente en el escrito de defensa que todos los soportes incautados estuvieran a disposición de las partes en la vista oral, y cuando las agentes NUM004 y NUM005 declarasen en el juicio oral que aún había material incautado en Comisaría, la Audiencia Provincial libró oficio la Comisaría y se traen a la vista oral los resultados.

El recurrente afirma en el motivo que faltan algunas piezas de convicción pero no precisa cuál es su trascendencia como prueba de descargo, olvidando que no todo el material incautado es pieza de convicción sino solo aquél relacionado con la comisión del delito y que proporciona alguna indicación para formar juicio sobre el modo, circunstancias u ocurrencia del hecho delictivo.

14 enero 2012

Mantras y Remantras judiciales (I).


Primer Mantra. 

Si todo el mundo tiene claro que hay que potenciar al cuerpo de Secretarios Judiciales y así lo dice ya la Ley 25/1986, de 24 de diciembre, de Supresión de las Tasas Judiciales (“En efecto, la gestión tributaria, encomendada al Secretario judicial, se ha demostrado poco eficiente en cuanto tal, al tiempo que ha apartado a ese funcionario de las importantes funciones procesales y de gestión de la oficina judicial que está llamado a desempeñar”) ignoro la razón por la que la medicina ha conseguido esa potenciación para los miembros masculinos del Cuerpo Superior, y no se logra en la organización judicial. 

Segundo Mantra. 

El arbitraje que se realiza en España es un juicio verbal al que nunca asiste una de las partes y que se notifica por correo con acuse de recibo. Cuando el demandado deje de recoger las cartas y el demandante compruebe lo que le cuesta, dejaremos de tener arbitraje: los Juzgados son más lentos, pero gratis. 

Tercer Mantra. 

La conciliación tendrá éxito en España cuando se realice en inglés y por Secretarios Judiciales ingleses (o de sus dominios). Lo que se hace en España hoy no es una conciliación es una terapia de grupo procesal (si viene el demandado) que empieza bien y que suele terminar mal. ¿A qué viene lo del inglés?. Sabido es que en España se cumple la ley, los acuerdos procesales y que nadie tira papeles al suelo. 

Cuarto Mantra. 

El Poder Judicial politizado se despolitizará cuando el despolitizador despolitice el Poder Judicial politizado. También se puede politizar un Pacto de Estado sobre la Justicia politizada. O también podemos hacer cromos y cambiarlos los domingos. Lo más barato es lo último y lo más serio, sea dicho. 

Quinto Mantra. 

La administración de la administración de Justicia es un invento del Tribunal Constitucional del año 1990 de notable éxito entre los Pirineos y el Estrecho de Gibraltar. De fuentes bien informadas he sabido que el último plan para recuperar la Roca es la de conseguir que su Gobierno autonomice los barrios y les transfiera competencias. No será por las armas, sino llevándolos a la ruina. 

Sexto Mantra. 

Las Audiencias Provinciales que correspondan podrán ocupar los Museos de arte contemporáneo, previa coordinación con la agenda de Antonio López, ya que tienen más espacio, más luz y mejores medios tecnológicos y muy poco cliente. Economía de medios, que diría el Catedrático.

10 enero 2012

Calidad de imagen y sonido en el acta del juicio.



14º.Problemas que suscitan las grabaciones de juicios con lagunas o que contienen importantes partes en blanco, tanto de imagen como de sonido.
Cuando el acta del juicio oral se haya documentado exclusivamente en una grabación audiovisual, los defectos graves en la grabación que impidan conocer al Tribunal de apelación el contenido de lo desarrollado en el juicio obligará, en su caso, a declarar la nulidad del juicio y su repetición, en los términos que establece la Sentencia del Tribunal Constitucional 4/2004, de 14 de enero. Para evitar estos graves efectos, debe exigirse que los Secretarios Judiciales comprueben durante el desarrollo del juicio que la grabación se está realizando correctamente y, antes de firmar el acta, que se ha recogido el juicio en su integridad, conservando después, debidamente custodiado, un ejemplar de la grabación, aparte del unido a las actuaciones.
Hay que exigir una mayor diligencia técnica en la grabación, realizando siempre un índice de selección que facilite la localización de las declaraciones de los testigos y los peritos, con el fin de facilitar la labor de los Tribunales de apelación.

La trascendencia del asunto me obligo a la búsqueda de la Sentencia Tribunal Constitucional 4/2004, de 14 de enero de 2004, que en su Antecedente I, número 2, letra b), dice más o menos lo que sigue: La Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Sevilla resolvió el recurso de apelación en Sentencia de 8 de mayo de 2002. En la misma consta que el 13 de junio de 2001 se produjo un incendio en el Juzgado de Instrucción núm. 2 de Sevilla, quemándose parcialmente los autos de la causa, siendo reconstruidos con posterioridad en los términos recogidos en el Auto de 3 de diciembre de 2001. Respecto del acta del juicio oral se señala que sus hojas han quedado destruidas en diagonal sin que sea posible leer por completo ninguna de las declaraciones prestadas en el mismo. Ante dicha circunstancia, la Audiencia Provincial consideró que se veía privada de la posibilidad de revisar las declaraciones de las partes y testigos, apreció que se había prescindido de una norma esencial de procedimiento (art. 972 LECr) de forma sobrevenida y fortuita por la destrucción del acta, por lo que anuló la Sentencia absolutoria ordenando la retroacción de actuaciones para celebrar un nuevo juicio oral y ante un Juez distinto del que dictó la primera Sentencia absolutoria para preservar la imparcialidad del juzgador. 

Sorprendente la relación entre la destrucción fortuita de un acta por el fuego el día 13 de junio de 2.001 con las grabaciones audiovisuales y ya que carezco de formación como bombero (todo se andará), me gustaría que alguien me explicara ¿cómo es posible comprobar que la grabación se está realizando correctamente? y ¿qué es la diligencia técnica en la grabación?. 

No se si será cierta la anécdota, pero hace mucho tiempo los controladores de tierra de Barajas tenían fichado a un Comandante de Iberia que iba con el “me se oye” en la boca. Cada vez que tenía problemas con la emisora lanzaba el grito de guerra a las ondas hercianas con el consiguiente cachondeo de quien tuviera puestas las orejas en la frecuencia adecuada. 

Pero una cosa es hacer el ridículo mientras aterrizas un avión y otra bien distinta hacer de técnico audiovisual avanzado con una licenciatura en derecho. Si me ponen una cámara -tenga o no delante una pantalla de ordenador por la que se cuela la imagen y se va y vuelve- hay que suponer que algún técnico se habrá preocupado que funcione correctamente y, si no lo hace, habrá que suponer también que el estado de la tecnología permite la detección del error y su corrección, sin necesidad que un baranda con patines y con la ubicuidad a cuestas (quien suscribe) tenga la obligación de comprobar aquella y estos. 

Y, en cuanto a la custodia, dejo el asunto para mejor ocasión.

08 enero 2012

La concurrencia de embargos sobre el mismo sueldo, salario o pensión.


En la actualidad pueden darse dos embargos sobre el mismo sueldo, siempre que el primero no haya consumido los porcentajes de la escala del artículo 607, pero sí el primer embargante ha consumido los porcentajes de la escala, no es posible un segundo embargo ya que el primer acreedor tendrá derecho a agotar el patrimonio del deudor antes que ese segundo acreedor. En suma, no cabe practicar retenciones por diferentes acreedores hasta el primer salario mínimo interprofesional, fijando éste como único límite inembargable. 

La igualdad de trato a los deudores que suele alegarse para desvirtuar esta postura– la ley no ampara esa pretendida igualdad como principio del procedimiento- cede ante la obligación de los órganos judiciales de atender a las prioridades temporales o las preferencias materiales de los créditos sujetos a tutela o, dicho de otra forma, la tesis contraria quiebra la prioridad temporal del embargo, por cuanto el primer acreedor debería tener el derecho a agotar la percepción del ejecutado hasta el límite del primer salario interprofesional, lo que la ley no cobija y que, además y paradójicamente, hace de peor condición al primer ejecutante, que quedaría sujeto al tope legal del artículo 607.2.1º LEC, mientras los posteriores no deberían respetar límite alguno. En este extremo insiste el Auto AP CASTELLÓN DE LA PLANA, Sección 3ª, de 18 de julio de 2.008 (ROJ AAP CS 594/2008) cuando dispone que sólo cuando el acreedor principal ve satisfecho su derecho, cabe pensar que el acreedor que es de peor rango pueda hacer efectivo el suyo, sin que lo embargado pueda ser destinado a otro fin que el de ver satisfecho el crédito principal o primero. No cabe que quien embarga con posterioridad pueda hacer efectivo materialmente su crédito al mismo tiempo que el acreedor primero, pues éste tiene derecho a agotar el patrimonio del deudor antes de que el acreedor de peor derecho haga efectivo su derecho. A ese primer argumento se sumarían los siguientes: 

a) el artículo 607 LEC recoge dos clases de inembargabilidad: la absoluta del primer apartado y las relativas del segundo, siendo así que lo que la ley permite es la traba de partes proporcionales de las cuantías que excedan del primer salario interprofesional, quedando a salvo en todo caso éste En ese sentido el Auto AP MADRID, Sección 9ª, 29 de febrero de 2008.La escala que se establece en el artículo 607 LEC establece un mínimo inembargable no sólo con relación al salario mínimo interprofesional, sino también en las restantes cuantías que se establecen con relación al resto del sueldo, o pensión que pueda percibir el deudor y que exceda del salario mínimo interprofesional, con independencia que la ejecución se siga por un sólo órgano judicial, o en diferentes órganos judiciales, pues en ambos casos el total de las cantidades retenidas no pueden exceder de los limites que establece el artículo 607 LEC, siendo inembargable no sólo el salario mínimo interprofesional, sino también por la cantidad que exceda de ese Salario Mínimo Interprofesional y hasta el doble el 70% de dichas cantidades, al igual que con relación al resto de las cantidades que vayan excediendo de ese límite en las cuantías señaladas en el artículo 607 de la citada Ley, en la medida que el párrafo 5 del artículo 607 de la citada Ley, cuando se refiere a que tales sueldos o pensiones estén gravados con descuentos permanentes o transitorios, sólo hace referencia a la legislación fiscal, o tributaria o de la Seguridad Social, debiendo entenderse que tal norma lo que hace en su caso es que deban tenerse en cuenta los ingresos netos y no brutos en beneficio del deudor" (Recurso número 499/2007, ID CENDOJ:28079370092008200044). 

b) buena prueba de ambas clases se encuentra en los apartados 3 y 4 del artículo 607.3 LEC que carecerían de justificación, pues la supresión de la inembargabilidad relativa haría inútil la acumulación de las percepciones y, lo que quizá sea más grave, el derecho del ejecutado a que se aplicaran rebajas por cargas familiares; 

c) nuevamente respalda la ley la embargabilidad relativa en el artículo 608 LEC, que permite a los órganos judiciales superar las escalas del artículo 607 LEC en el caso de condena a pago de alimentos; singularidad que quedaría sin efecto si pudieran ordenarse trabas hasta el primer salario y 

d) el “legislador no ha dejado que se pueda embargar libremente, sino que ha establecido cómo y cuanto se puede embargar, tratándose de una norma imperativa que no hace exclusión alguna y cuando dice cómo se pueden hacer los embargos de salarios, sueldos, pensiones, retribuciones o sus equivalentes no diferencia entre si se hace un único embargo o si se hacen dos o más, pues se limita a establecer un límite al embargo y si no hace el legislador distinciones, parece claro que el intérprete no puede hacerlo. Reflejo de tal criterio son, entre otros muchos, los autos de la Audiencia Provincial de Guadalajara de 16 de septiembre de 2.004, de la de Burgos (Sección 3ª) de 7 mayo de 2.002, de la Sección Segunda de ese mismo Tribunal de 11 de julio de 2002, de la de Santa Cruz de Tenerife (Sección 1ª) de 5 febrero de 2.001, de la de Zaragoza (Sección Quinta) de 21 de septiembre de 2.000, de la de Burgos (Sección 2ª) de 14 enero de 2.000, de la de Guipúzcoa de 3 de noviembre de 1.999, de la de La Rioja (Sección Única) de 5 mayo de 1.998, y de la de Ávila de 15 abril de 1.999” (Auto AP GERONA, Sección 2ª, 28 de marzo de 2007, ROJ AAP GI 42/2007).

05 enero 2012

Los Reyes Magos no dejarán este año en el salón un par de tetas


Lo de la crisis económica que nos tiene poniendo velas a la Virgen, tiene un cómodo asiento en la inexistente espiritualidad y creencias del humanoide occidental que tiene siempre en la boca la palabra “valores”, sin saber lo que significa. Y ello me lleva a buscarme una causa de abstención por enemistad manifiesta (artículos 446 y 219.9 LOPJ), para la demanda por los implantes de tetas que puede caerme en las próximas semanas. 

El problema de la sociedad española no es económico y tampoco lo era hace años, cuando entrabas en un restaurante y sufrías en la mesa de al lado a los papas cuarentones con dos nenes jugando a las maquinitas, mientras ellos jugaban con sus móviles, movían sus melenas (ambos) de diseño – aunque fuera de Mercadona, sin marca- y calzaban sus apretados vaqueros juveniles. Y así, el asunto solo podría ir a peor, porque una cosa es cuidarse y otra bien distinta, que los papas cuarentones no quieran ser padres, ni cumplir años, haciendo muchos deportes, echándose muchos mejunjes olorosos e implantándose cualquier cosa para tratar de parecer lo que no son. En suma: ¿cómo le vamos a negar a la “niña” un par de tetas si solo ha suspendido tres asignaturas?. 

La cirugía reconstructiva me parece un arte y los profesionales que la practican deberían tener una calle en cada uno de sus pueblos, de la plástica me guardo la opinión, porque si los “papas cuarentones que no quieren ser padres” llevan a su cría a su consulta a colgarle un par de kilos más a derecha e izquierda y, el doctor aplaude la idea y no manda a los tres al psicólogo de guardia del hospital más cercano, poco respeto merece el citado doctor. Eso por no hablar de la mujer que solicita más volumen porque el maromo tiene poco donde agarrar o, de aquella otra que se ve más femenina con una ensanchada redondez, como si la feminidad tuviera que ver con el algebra. 

Sí, claro que soy beligerante con esta clase de cirugía y más en los casos en los que no soluciona ningún defecto, amputación o malformación física y sólo consigue “embellecer” a la paciente. ¿Embellecer?. Esta mañana he escuchado por radio como una “mama” no identificada se quejaba porque no le hacían caso en la clínica en la que le habían puesto las tetas a su hija y, se quejaba poniendo el ejemplo de la lavadora: - si la lavadora no funciona, me la cambian, puesto esto es peor, decía la señora. Eso es, peor. 

Por lo menos este año los Reyes Magos no dejarán en el salón de muchas casas un par de tetas y deberemos conformarnos con lo que Dios nos ha dado.

03 enero 2012

La acumulación en la ejecución hipotecaria y una subasta sorpresa para el fondo inmobiliario de los Bancos.


No parece tener límite el intento de solucionar en los juzgados los estropicios financieros, ni la paciencia de Bancos y Cajas para “retasar” ese estupendo fondo inmobiliario, mientras alteran “de hecho” su objeto social, que no consiste creo, en comprar deuda pública y en adquirir a la mitad los bienes inmuebles que antes han financiado. 

Y todo tiene un límite. Últimamente nos encontramos con el intento de ejecutar dos hipotecas en la misma demanda, en la que suman todos los conceptos -capital y toda clase de intereses, sea cual sea la fecha de los vencimientos y los tipos de los ordinarios y los moratorios- y se fijan como valor de subasta el tipo de tasación “más beneficioso para el deudor”. La suma tiene su aquel jurídico, pero como matemáticamente es posible, el suplico de la demanda llama la atención por el listado de euros que se juntan sin que uno sepa muy bien porqué. 

Evidentemente no hay fundamento legal que permita esa suma; tampoco cabe el despacho ejecutivo de dos hipotecas en el mismo proceso y, menos aún acudir a un tipo de subasta y no a otro por ser más beneficioso para el deudor. La ley permite en el artículo 555.4 LEC la acumulación de dos procesos hipotecarios – no de dos acciones reales- y en el artículo 71 LEC se regula la acumulación de acciones, pero también la incompatibilidad entre ellas y en la ejecución hipotecaria solo puede despacharse ejecución por una deuda – que será la que sea objeto de requerimiento de pago-, que devengará los intereses fijados en el título ejecutivo – no en dos independiente- y con los periodos de corresponda y con una garantía real – la finca- que saldrá a subasta por el tipo fijado en la escritura. Lo contrario vulnera las normas de la ejecución hipotecaria ya que imposibilita el requerimiento de pago, la venta en pública subasta y la fijación definitiva de la deuda que se reclama. 

En suma, cuando el ejecutante acude a las normas de la ejecución hipotecaria no puede modificar reglas procesales imperativas y entre ellas están: el domicilio, el tipo de subasta, las relativas a la liberación de la vivienda (artículo 693 LEC) y a los límites de cobertura hipotecaria (artículo 692 LEC

Y ya que estamos con el fondo inmobiliario de armario. Se me ocurre esta nueva redacción del apartado 4 del artículo 691 LEC, en la que se añaden tres párrafos al citado apartado cuarto.
Artículo 691. Convocatoria de la subasta de bienes hipotecados. Publicidad de la convocatoria.

4. La subasta de bienes hipotecados, sean muebles o inmuebles, se realizará con arreglo a lo dispuesto en esta Ley para la subasta de bienes inmuebles en todo lo no previsto en este artículo.
No se aprobará el remate por importe inferior al 70% del valor de tasación fijado en la escritura.
Si la mejor postura llegara al 70% del valor de tasación fijado en la escritura, el ejecutante podrá adjudicarse el bien o los bienes subastados por el 80% de su valor de tasación o, por la cantidad que se le deba por todos los conceptos.
Si en el acto de la subasta no hubiere ningún postor, el ejecutante estará obligado a adjudicarse el bien o los bienes subastados por el 90% de su valor de tasación o, por la cantidad que se le deba por todos los conceptos.