26 diciembre 2011

A vueltas con la citación de la herencia yacente.


La Dirección General de Registros y del Notariado reconoce en el BOE del dia de la fecha que es la quinta instancia civil para los asuntos de la herencia yacente y que la tutela del artículo 24 CE exige que el Registrador de la Propiedad vigile que el Juzgado de Primera Instancia, la Audiencia Provincial, el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional respetaron el mandato constitucional que prohíbe la indefensión. 

Y si ya es incomprensible que el Tribunal Constitucional se atribuya de “facto” la revisión de lo que hace el Tribunal Supremo, porque eso no lo dice la ley en ningún sitio y tampoco el artículo 24 CE, cuya naturaleza próxima a la goma de mascar permite esas interpretaciones (vg. la de mandar a la policía en los pleitos civiles a averiguar domicilios es para hacérselo mirar por algún especialista), lo de los Registros y del Notariado en la consulta que hoy resuelve es, sencillamente, la expresión de la desconfianza ante la chapucería tramitadora de los Juzgados de Primera Instancia, que no se dice, porque los Registradores y los Notarios son personas muy educadas, pero que se intuye y se presume. 

Verbigracia en la resolución:

la exigencia de nombramiento de un defensor judicial de la herencia yacente no debe convertirse en una exigencia formal excesivamente gravosa, de manera que la suspensión de la inscripción por falta de tracto sucesivo cuando no se haya verificado tal nombramiento y por ende no se haya dirigido contra él la demanda, debe limitarse a aquéllos casos en que el llamamiento a los herederos indeterminados es puramente genérico y obviarse cuando la demanda se ha dirigido contra personas determinadas, como posibles herederos, y siempre que de los documentos presentados resulte que el juez ha considerado suficiente la legitimación pasiva de la herencia yacente.

Habría que preguntarse si hay otra opción menos escandalosa para impedir la entrada en el Registro de la Propiedad de esas maniobras contra herederos que con domicilio en la vuelta de la esquina y aparecen en las demandas en ignorado paradero y a ojo, creo que son pocos los pleitos así planteados, pero chirría y mucho que si el Juzgado agota los medios de averiguación respecto a una herencia yacente, venga luego el Registrador con las rebajas constitucionales y más cuando hay un Ministerio Fiscal, cuya intervención en estos asuntos ya se me escapa. 

La Resolución de 3 de octubre de 2011 de la Dirección General de los Registros y del Notariado, sobre emplazamiento y personación de la herencia yacente al efecto de practicar asientos registrales en procedimientos judiciales contra ella, concluye de esta forma:

5. Por tanto el emplazamiento en la persona de un albacea o del administrador judicial de la herencia yacente cumplirá con el tracto sucesivo. Pero sólo será requisito inexcusable tal emplazamiento cuando el llamamiento sea genérico, dirigiéndose la demanda contra herederos ignorados. No lo será cuando se haya demandado a un posible heredero que pueda actuar en el proceso en nombre de los ausentes o desconocidos. Lo que no puede afirmarse es que no proceda ninguna calificación desde la perspectiva del tracto sucesivo ni que sea suficiente el mero llamamiento genérico a ignorados herederos cuando cabe identificar a quienes son los posibles herederos y no se ha nombrado administrador judicial de la herencia yacente.

Y ¿qué ocurre si, por una de esas casualidades de la vida, la demanda cae en un juzgado especialmente competente y tras la investigación correspondiente concluye que hay ignorados herederos a los que no podrá identificarse?, ¿por qué razón no puede emplearse el edicto para el emplazamiento y hay que nombrar un administrador judicial para que defienda no se sabe bien qué?. 

La Dirección Registral busca una “cabeza formal” que haga las veces de demandado y si eso tenía sentido en un tiempo pasado, no cabe sostener en la actualidad que los herederos ignorados no puedan ser llamados por edictos después que el Juzgado haya investigado su existencia y paradero y, haya que obligar al demandante a cargar con un gasto (el del administrador judicial) fundado en la doctrina registral, porque (STS, Sala 1ª, 3 de marzo de 2011, ROJ: STS 1063/2011):

El artículo 156 LEC, en concordancia con el artículo 164 LEC , impone la práctica de diligencias de averiguación del domicilio del demandado cuando el demandante alega su desconocimiento, (y) contempla sin limitaciones la posibilidad de que el órgano judicial se dirija a entidades públicas y privadas y limita la comunicación mediante edictos a los supuestos en los que resultaren infructuosas las averiguaciones. La razón de las exigencias impuestas por la LEC a los actos de comunicación está en que el destinatario del acto tenga oportuna noticia del proceso para que pueda adoptar la conducta procesal que estime convenirle ( STS de 25 de junio de 2008 , RC n.º 1599 / 2001), pues la indefensión consiste en la privación o limitación no imputable al justiciable de cualesquiera medios legítimos de defensa de la propia posición dentro del proceso, y la hay siempre que falte una plena posibilidad de contradicción ( SSTC 64/1986, de 21 de mayo ; 98/1987, de 10 de junio ; 26/1993, de 25 de enero ; 1101/2001, de 23 de abril ; 143/2001, de 14 de junio , etc.).

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