10 diciembre 2011

Conflicto de competencia territorial en Proceso cambiario


Planteamiento de la cuestión. En fecha de 25 de febrero de 2009 se interpuso, ante el Juzgado Decano de los de Torrijos (Toledo) demanda de juicio cambiario en reclamación de la cantidad de 7.146,53 EUROS, frente a una mercantil con domicilio en Torrijos. Dicha demanda fue turnada y correspondió al Juzgado de Primera Instancia nº 3 de Torrijos, que acordó incoar juicio cambiario, requerir al deudor y practicar embargo preventivo de bienes. Intentado requerimiento con resultado negativo, la parte actora solicitó que se requiriese en el domicilio del administrador y habiéndose comunicando que constaba nombrada nueva administradora de la mercantil deudora, la actora solicitó se requiriera en el domicilio de ésta, en Madrid. Abierto el trámite para que informasen la actora y el Ministerio Fiscal informasen sobre una posible incompetencia territorial para conocer de la demanda, el Fiscal consideró territorialmente competentes a los Juzgados de Madrid, mientras que la parte demandante sostuvo la competencia de los Juzgados de Torrijos. 

Postura del Tribunal Supremo. El Auto TS, Sala 1ª, 2 de noviembre de 2011, (ROJ ATS 10988/2011) resuelve el conflicto distinguiendo entre la competencia territorial y la posibilidad de requerir a la sociedad por medio del administrador, y ello con arreglo a la siguiente fundamentación

En efecto, tiene señalado de manera reiterada esta Sala, en estos supuestos: a) Que, la competencia territorial viene fijada imperativamente en el artículo 820 LEC, y es el domicilio del demandado con arreglo al artículo 58 LEC (autos del Tribunal Supremo de 6 de junio de 2002, 6 de junio de 2002 y 7 de octubre de 2003). Dicho precepto contiene la regla imperativa de designar competente al Juzgado donde la sociedad demandada tenga su domicilio social al tiempo de la demanda y sin perjuicio de que se tenga en cuenta el domicilio actual a efectos de promover su intervención en el proceso (auto del Tribunal Supremo de 7 de octubre de 2003, 2 de febrero de 2004 y 23 de febrero 2004). b) Que es obligación del Juez o Tribunal examinar de oficio su propia competencia territorial, sin necesidad de que esté personado el demandado (artículo 60-2 LEC) (auto del Tribunal Supremo de 6 de junio de 2002). c) Que cuando la demandada sea una persona jurídica debe tenerse por domicilio de la sociedad demandada el que figura en el Registro Mercantil (auto del Tribunal Supremo de fecha 6 de junio de 2002); no debiéndose confundir con el domicilio personal de su representante legal (auto del Tribunal Supremo de 10 de junio de 2002) toda vez que no han sido demandados los administradores de la sociedad que se interpela judicialmente, sin perjuicio de que se tenga en cuenta el domicilio efectivo de los mismos a efectos de poder ser emplazada y citada la demandada (autos del Tribunal Supremo de 6 de junio de 2002, 7 de julio de 2003 y 1 de febrero de 2004).

Resolución del Tribunal Supremo. En el caso examinado el único domicilio social conocido, tal y como consta en el Registro Mercantil y en la totalidad de la documentación obrante en las actuaciones, es el que precisamente fija el actor en su demanda que aporta documentación acreditativa de dicho extremo. Por ello, es el Juzgado de Torrijos, el único competente para conocer de la demanda promovida, sin perjuicio de que se tenga en cuenta el domicilio efectivo del administrador de la sociedad, que radica en Madrid, a los efectos de poder ser emplazada y citada la demandada (Auto del Tribunal Supremo de 1 de febrero de 2004).

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