30 diciembre 2011

Disculpa, pero esta entrada está disponible sólo en English.


Si siguen habitualmente las publicaciones de este BLOG sabrán de su apuesta por las dos últimas aportaciones españolas al desarrollo de la humanidad: la multiculturalidad de las Comunidades Autónomas y la Alianza de las Civilizaciones. Dejo la primera para mejor ocasión porque aquí choco con otros dos mantras: la cultura y la suerte de aprender muchos idiomas y, sobre la primera voy a ponerme estupendo, porque es evidente, sobre la segunda, que la suerte tendrá que ver con la capacidad cerebral de cada hijo de vecino para aprender idiomas y, no con el Decreto del Gobierno Autonómico (Quebrado) de turno. 

Y sobre la primera, la cultura, decía ORTEGA Y GASSET (en “LA REBELIÓN DE LAS MASAS”, páginas 136 y 137):

Quien quiera tener ideas necesita antes disponerse a querer la verdad y aceptar las reglas de juego que ella imponga. No vale hablar de ideas u opiniones donde no se admite una instancia que las regula, una serie de normas a que en la discusión cabe apelar. Estas normas son los principios de la cultura. No me importa cuáles. Lo que digo es que no hay cultura donde no hay normas a que nuestros prójimos puedan recurrir. No hay cultura donde no hay principios de legalidad civil a que apelar. No hay cultura donde no hay acatamiento de ciertas últimas posiciones intelectuales a que referirse en la disputa. No hay cultura cuando no preside a las relaciones económicas un régimen de tráfico bajo el cual ampararse. No hay cultura donde las polémicas estéticas no reconocen la necesidad de justificar la obra de arte.
Cuando faltan todas esas cosas, no hay cultura; hay, en el sentido más estricto de la palabra, barbarie.

Mira tú que bien y qué sorpresa. O sea, que la cultura no es aprender las muchas cosas que te impone Dios sabe quién, sino el respeto a las normas y a las reglas del juego. 

Y ¿qué ocurre cuando no hay normas, se ignoran, se desconocen o no se sancionan con algo más que un susto?. Acude en nuestro auxilio la Alianza de las Civilizaciones que nos está costando un riñón y que se funda en el principio aristotélico de “todo el mundo es bueno”. 

Suponía que otro principio aristotélico era que “quien paga, mandaba”.  Y no, en la Alianza de las Civilizaciones quien paga, paga y quien manda, manda y viene esto a cuento porque buscando en la web del FORO DE DOHA, al que por cierto no ha asistido el patrono español de la Fundación, aparece el enlace que sirve de título a estas líneas: “Disculpa, pero esta entrada está disponible sólo en English”. 

Pues mire, no le disculpo y quiero un enlace disponible en español y de paso, a ver si no hay próxima vez y el Gobierno retoma una política exterior digna de tal nombre. 

Otro día les cuento algo sobre la fotografía y otra innovación para la humanidad: la Unidad Militar de Emergencias.

26 diciembre 2011

A vueltas con la citación de la herencia yacente.


La Dirección General de Registros y del Notariado reconoce en el BOE del dia de la fecha que es la quinta instancia civil para los asuntos de la herencia yacente y que la tutela del artículo 24 CE exige que el Registrador de la Propiedad vigile que el Juzgado de Primera Instancia, la Audiencia Provincial, el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional respetaron el mandato constitucional que prohíbe la indefensión. 

Y si ya es incomprensible que el Tribunal Constitucional se atribuya de “facto” la revisión de lo que hace el Tribunal Supremo, porque eso no lo dice la ley en ningún sitio y tampoco el artículo 24 CE, cuya naturaleza próxima a la goma de mascar permite esas interpretaciones (vg. la de mandar a la policía en los pleitos civiles a averiguar domicilios es para hacérselo mirar por algún especialista), lo de los Registros y del Notariado en la consulta que hoy resuelve es, sencillamente, la expresión de la desconfianza ante la chapucería tramitadora de los Juzgados de Primera Instancia, que no se dice, porque los Registradores y los Notarios son personas muy educadas, pero que se intuye y se presume. 

Verbigracia en la resolución:

la exigencia de nombramiento de un defensor judicial de la herencia yacente no debe convertirse en una exigencia formal excesivamente gravosa, de manera que la suspensión de la inscripción por falta de tracto sucesivo cuando no se haya verificado tal nombramiento y por ende no se haya dirigido contra él la demanda, debe limitarse a aquéllos casos en que el llamamiento a los herederos indeterminados es puramente genérico y obviarse cuando la demanda se ha dirigido contra personas determinadas, como posibles herederos, y siempre que de los documentos presentados resulte que el juez ha considerado suficiente la legitimación pasiva de la herencia yacente.

Habría que preguntarse si hay otra opción menos escandalosa para impedir la entrada en el Registro de la Propiedad de esas maniobras contra herederos que con domicilio en la vuelta de la esquina y aparecen en las demandas en ignorado paradero y a ojo, creo que son pocos los pleitos así planteados, pero chirría y mucho que si el Juzgado agota los medios de averiguación respecto a una herencia yacente, venga luego el Registrador con las rebajas constitucionales y más cuando hay un Ministerio Fiscal, cuya intervención en estos asuntos ya se me escapa. 

La Resolución de 3 de octubre de 2011 de la Dirección General de los Registros y del Notariado, sobre emplazamiento y personación de la herencia yacente al efecto de practicar asientos registrales en procedimientos judiciales contra ella, concluye de esta forma:

5. Por tanto el emplazamiento en la persona de un albacea o del administrador judicial de la herencia yacente cumplirá con el tracto sucesivo. Pero sólo será requisito inexcusable tal emplazamiento cuando el llamamiento sea genérico, dirigiéndose la demanda contra herederos ignorados. No lo será cuando se haya demandado a un posible heredero que pueda actuar en el proceso en nombre de los ausentes o desconocidos. Lo que no puede afirmarse es que no proceda ninguna calificación desde la perspectiva del tracto sucesivo ni que sea suficiente el mero llamamiento genérico a ignorados herederos cuando cabe identificar a quienes son los posibles herederos y no se ha nombrado administrador judicial de la herencia yacente.

Y ¿qué ocurre si, por una de esas casualidades de la vida, la demanda cae en un juzgado especialmente competente y tras la investigación correspondiente concluye que hay ignorados herederos a los que no podrá identificarse?, ¿por qué razón no puede emplearse el edicto para el emplazamiento y hay que nombrar un administrador judicial para que defienda no se sabe bien qué?. 

La Dirección Registral busca una “cabeza formal” que haga las veces de demandado y si eso tenía sentido en un tiempo pasado, no cabe sostener en la actualidad que los herederos ignorados no puedan ser llamados por edictos después que el Juzgado haya investigado su existencia y paradero y, haya que obligar al demandante a cargar con un gasto (el del administrador judicial) fundado en la doctrina registral, porque (STS, Sala 1ª, 3 de marzo de 2011, ROJ: STS 1063/2011):

El artículo 156 LEC, en concordancia con el artículo 164 LEC , impone la práctica de diligencias de averiguación del domicilio del demandado cuando el demandante alega su desconocimiento, (y) contempla sin limitaciones la posibilidad de que el órgano judicial se dirija a entidades públicas y privadas y limita la comunicación mediante edictos a los supuestos en los que resultaren infructuosas las averiguaciones. La razón de las exigencias impuestas por la LEC a los actos de comunicación está en que el destinatario del acto tenga oportuna noticia del proceso para que pueda adoptar la conducta procesal que estime convenirle ( STS de 25 de junio de 2008 , RC n.º 1599 / 2001), pues la indefensión consiste en la privación o limitación no imputable al justiciable de cualesquiera medios legítimos de defensa de la propia posición dentro del proceso, y la hay siempre que falte una plena posibilidad de contradicción ( SSTC 64/1986, de 21 de mayo ; 98/1987, de 10 de junio ; 26/1993, de 25 de enero ; 1101/2001, de 23 de abril ; 143/2001, de 14 de junio , etc.).

20 diciembre 2011

Criterios Junta de Secretarios Judiciales de Valencia


La Junta de Secretarios Judiciales de Primera Instancia de Valencia se reunió el pasado 3 de noviembre 2011 para unificar criterios sobre la aplicación de la reforma de la Ley 37/2011. Previa convocatoria por el Secretario Coordinador Provincial y posterior debate, se facilitó a todos los Secretarios Judiciales un primer documento (borrador) y que ha sido aprobado por unanimidad. 

A continuación se relacionan los ACUERDOS, encontrándose en el documento en PDF la fundamentación de cada uno de ellos. 

ACUERDOS UNIFICACION DE CRITERIOS DE LA JUNTA DE SECRETARIOS JUDICIALES DE PRIMERA INSTANCIA 1ª AÑO 2011. 

a) JUICIO DE DESAHUCIO. 

1.- El requerimiento al arrendatario para que en el plazo de diez días desaloje el inmueble, o pague al actor podrá hacerse por edictos. 

2.- El arrendador necesitará abogado y procurador para la presentación de la demanda de desahucio. 

3.- El arrendatario necesitará abogado y procurador para oponerse al requerimiento de desalojo o pago. 

4.- La solicitud de designación de abogado y de procurador de oficio deberá hacerse en los tres días siguientes a la recepción de la cédula de requerimiento y citación a juicio, aunque podrá hacerse en un momento posterior, hasta el décimo día. 

5.- En los decretos que terminen el procedimiento no habrá pronunciamiento sobre la resolución expresa del contrato, las costas, ni sobre las rentas devengadas. 

6.- La ejecución de los decretos que terminen el procedimiento requiere la presentación de una “solicitud”. 

b) OTRAS CUESTIONES 

7.- Para determinar si el inmueble que se subasta es la “vivienda habitual” del deudor se atenderá a los siguientes criterios: al resultado del requerimiento de pago, al domicilio obrante en el título ejecutivo y al que aparezca en la certificación registral de titularidad y cargas. En el caso de la ejecución hipotecaria se estará al contenido de la inscripción en el Registro de la Propiedad y, en segundo lugar, al resultado del requerimiento de pago. 

8.- Se incluirá la tasa judicial (artículo 241.1.7º LEC) en las tasaciones de costas que se practiquen en los procesos iniciados con posterioridad a la entrada en vigor de la reforma, resolviéndose en los anteriores, la inclusión o la exclusión, con arreglo al criterio que se mantuviera sobre este particular en cada órgano judicial.

15 diciembre 2011

Los oficios de averiguación del artículo 657 LEC.


La operación de descuento de cargas del artículo 666 LEC se realiza sobre las que figuren en la certificación registral (artículo 656 LEC) y con arreglo a la información que debe obtenerse en aplicación de lo establecido en el artículo 657 LEC. Esto es, cuando de la certificación registral resulta la existencia de cargas anteriores a la del derecho que se ejecuta se dictará una diligencia de ordenación, para reclamar de los acreedores anteriores la información de la subsistencia del crédito garantizado y su actual cuantía (artículo 657 LEC). 

Con la reforma del año 2009 ha desaparecido, por fin, la exigencia de previa petición del ejecutante que carecía de lógica, no tutelaba adecuadamente al ejecutado y hacía de peor condición a determinados acreedores. Ahora bien debe quedar claro que la petición de información solo se justifica por su relación con la liquidación y la venta en pública subasta del bien, rechazándose cualquier otra solicitud ajena a esa finalidad, que convertirá la diligencia en una medida de averiguación (artículo 590 LEC). En otras palabras, en el caso de anotaciones de embargo de otros procedimientos administrativos o judiciales de apremio, la información podrá reclamarse directamente de los órganos ejecutores, pero no por mor de lo establecido en el artículo 590 LEC ya que no son terceros extraños a la vía de apremio, sino ejecutantes en otros procesos que vienen obligados a colaborar para que pueda determinarse con exactitud los importes pendientes de pago al objeto del descuento. Pese a que en el artículo 657.1 LEC se dispone que la información se reclamara del acreedor, no prohíbe expresamente que se interese del órgano que ejecuta su derecho. 

El nuevo apartado 3 del artículo 657 LEC, la redacción del segundo y el requerimiento al ejecutado del primero nos complican – y mucho- la tramitación. Comencemos por lo último. El requerimiento al ejecutado (artículo 657.1 LEC) de un proceso en el que aparezca una carga anterior para que informe sobre la subsistencia, exigencia, plazo y condiciones del crédito por el que tiene embargado o hipotecado un bien, nada tiene que ver con la realidad y no merece ningún esfuerzo interpretativo. Sencillamente se trata de un dato que, por lo general, ignora. 

La redacción de los apartados 2 y 3 del artículo 657 LEC, se debe a la enmienda número 526 Grupo Parlamentario Catalán en el Congreso, que justificó – respecto al apartado 2- en que la existencia de créditos anteriores a los del ejecutante inscritos en el Registro de la Propiedad son una carga que disminuye el valor de los bienes, por lo que es del mayor interés que los datos sobre su subsistencia figuren debidamente actualizados en el registro. Y, en cuanto al apartado 3, la modificación introducida ajusta el tipo de la subasta siempre al valor real del bien, descontando las cargas reales y no las inscritas. 

El loable propósito se estrella contra la desastrosa redacción de la última frase del apartado 3: Si el ejecutado y los acreedores no contestan en el plazo de veinte días, se entenderá que la carga se encuentra “actualizada al momento del requerimiento en los términos fijados en el título preferente”. Pues bien, el “título preferente” es, en realidad, la “carga anterior”. Y así, sí ningún requerido contesta, se valorará la carga según su estado registral, que es lo que se hace en la actualidad. Pero cabe otra posibilidad. Que el “título preferente” sea el título ejecutivo anterior, entendiéndose que la carga se actualizara según el contenido del citado título. La respuesta, más aventurada que la primera, implica que el juzgado se haga con una copia del título ejecutivo que provocó la anotación anterior y compare los importes de aquel y esta. No le veo salida a esta teoría porque priva de sentido al requerimiento y no explica cómo – a cambio- obtiene el juzgado el título ejecutivo. El apartado 2, que debería haber desaparecido, ha cobrado vitalidad gracias a la enmienda, pero no condiciona la liquidación. Esto es sí las averiguaciones del juzgado son positivas y se logra conocer el importe más o menos exacto de lo realmente debido, podrán expedirse los mandamientos para su constancia registral, pero el hecho no incide en la liquidación, ni supone que la operación de descuento se realice sobre un importe ficticio ya que el órgano ejecutor conocerá la cantidad adeudada a los acreedores anteriores. 

Lo que debe descontarse – advierte el Auto AP MURCIA, Sección 5ª, de 2 de septiembre de 2.003- es la realidad del crédito anterior y preferente, de tal forma, que si de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 657 las anotaciones que constan en el Registro de la Propiedad no obedecen a la realidad de las cargas pendientes sobre la finca, serán estas las que se deberá tener en cuenta. Pues una cosa es la existencia de una carga y otra el reflejo registral de la misma. Siendo que la vigente LEC precisamente, lo que trata es de buscar la realidad de las cargas existentes a los fines de una información precisa sobre el valor real de las fincas. Razón, por la que es posible requerir nuevas informaciones a los acreedores con carga anterior y con el detalle que sea necesario a los efectos indicados (Auto AP BARCELONA, Sección 4ª, de 26 de febrero de 2.009

Un último comentario sobre la vista del artículo 657.2 LEC. Partiendo de la certeza que no aporta nada a la liquidación de cargas y que alguien tendrá que pagar la anotación el Registro, no alcanzo a entender dónde está el conflicto entre interesados, que no partes, que obligue a la intervención del Juez, salvo el interés del legislador en que se actualicen los Registros de la Propiedad, para lo que desde luego podían haberse buscado otras fórmulas. Y, en cualquier caso, el desacuerdo sobre la subsistencia y la cuantía puede salvarse reclamando la información al órgano judicial o administrativo que tramite la respectiva vía de apremio. 

Y una CONCLUSIÓN: Si el actor aporta la certificación de cargas y pide sin solución de continuidad los oficios del artículo 657 LEC, se niega sin más. (artículo 590 LEC). El artículo 657 LEC requiere el avalúo de la finca, no basta la existencia de cargas anteriores.  

13 diciembre 2011

Carta abierta a D. Andrés de la Oliva. 13-12-2011

Remito al BLOG del Catedrático Andres de la Oliva la siguiente carta abierta:

No soy partidario de la reforma procesal del año 2009, propia de un acelerado corrector de textos en la que los vocablos “juez” y “secretario judicial” se cambiaron de lugar (y ni eso, en algunos casos), pero sufrí la reforma de la ley de enjuiciamiento civil del año 2000, que llenó el proceso civil de diligencias incomprensibles y se olvidó del proceso de ejecución, acabada la provisional y la oposición, que nunca llegaron a ser mayoría de nada y, en el caso de la última, parecida a un laberinto en la que para resolver sobre no se sabe bien qué, hay que emplear tres o cuatro resoluciones. Creo que en aquella época se criticaba el error de los pronunciamientos en la instancia y se clamaba por la vuelta a la “caución” para no perjudicar los derechos de los condenados en la ejecución provisional. 

Desconocía el pronunciamiento del Tribunal de Conflictos de Jurisdicción aunque dudo que tenga las consecuencias que describe. El Tribunal Constitucional anda empeñado desde hace años en mandar a la Policía (supongo que incluye a la judicial, aunque nunca me he parado en ese análisis, ni tampoco tengo el mínimo interés en el asunto) a practicar requerimientos y a averiguar domicilios en el proceso civil y anualmente caen una o dos sentencias en las que así se dice, aunque no se fundamente el porqué, ni se explique que eso contradice las normas reguladores de la Policía (FCSE) salvo, claro está, el famosísimo artículo 24 CE, que nos viene muy bien para un roto, un descosido o un mediopensionista. Y hablando de mediopensionistas. 

España, gracias a quien sea, ha perdido hace tiempo la carrera de la reforma de la justicia, preocupados como estamos en los importantes debates sobre quién es el Secretario Judicial, a quien sirve, para qué sirve o si sirve para algo y cuando no es eso, la elección de los vocales del CGPJ centra la atención del intérprete o del mando en plaza, porque al ciudadano le suele traer al pairo el asunto hasta que tiene una demanda en un juzgado y se entera que seguimos con la misma organización judicial que tenían los Tribunales de la Inquisición. Notable avance, que diría el clásico y ello pese a que, en teoría, llevamos reformando esto desde el año 1978 y ya recuerdo – mejor dicho, la hemeroteca- unos cuantos Ministros de Justicia y centenares de vocales del Consejo General del Poder Judicial. 

En cualquier caso ya vendrá Europa con las rebajas, porque todas las reformas de los Tribunales de la Unión están copiadas de la pérfida Albión y sus antiguos Dominios y eso no solo me parece perfecto, sino obligatorio. Ni Alemania con su monitorio, ni Austria con su audiencia previa (que no sirve para nada, salvo para que los Juzgados se llenen de Abogados que sustituyen al que dirige el asunto y que no traen otras instrucciones que no sean la lectura o vocalización de los medios de prueba), ni nuestras universidades, que no pasan del número 186, ni los Colegios profesionales y sus enmiendas a las reformas procesales que nadie sabe de dónde salen, poco tendrán que hacer cuando, verbigracia, nos llegue el monitorio “en línea”, en el que sobramos todos (y el artículo 24 CE) porque todo se hace desde casa con un ordenador y al poder judicial le sustituye otro ordenador que admite la reclamación y lanza embargos a diestro y siniestro. 

Le puedo decir, por experiencia, que los Abogados y los Procuradores seguirán presentando sus juras de cuentas en los Juzgados de Primera Instancia – le adelanto que muchos acuden al monitorio para evitar un examen de la minuta o de la cuenta- y es más, dudo mucho que algunos se paren en el pronunciamiento y en el razonamiento del Tribunal de Conflictos de Jurisdicción para atribuirme, como Secretario Judicial la condición de administrativo, pero sí tengo curiosidad por saber cómo puede arreglarse esto desde su punto de vista. Un Juez que lo hace todo, lo ve todo y lo resuelve todo – con algo de calidad- debería tener como mucho cien asuntos por año pasando por su despacho. Vea las estadísticas del CGPJ, luego eche cuentas y calcule cuantos Jueces hay que “producir” en cuatro años. 

Le felicito por el triunfo con el que el Tribunal de Conflictos respalda su teoría, pero si cree que el problema de la reforma procesal del año 2009 está en los Secretarios Judiciales desconoce la Administración de Justicia y cómo se trabaja hoy en Juzgados y Tribunales. 

Sin otro particular, atentamente. Alberto Martínez de Santos, Secretario Judicial.

10 diciembre 2011

Conflicto de competencia territorial en Proceso cambiario


Planteamiento de la cuestión. En fecha de 25 de febrero de 2009 se interpuso, ante el Juzgado Decano de los de Torrijos (Toledo) demanda de juicio cambiario en reclamación de la cantidad de 7.146,53 EUROS, frente a una mercantil con domicilio en Torrijos. Dicha demanda fue turnada y correspondió al Juzgado de Primera Instancia nº 3 de Torrijos, que acordó incoar juicio cambiario, requerir al deudor y practicar embargo preventivo de bienes. Intentado requerimiento con resultado negativo, la parte actora solicitó que se requiriese en el domicilio del administrador y habiéndose comunicando que constaba nombrada nueva administradora de la mercantil deudora, la actora solicitó se requiriera en el domicilio de ésta, en Madrid. Abierto el trámite para que informasen la actora y el Ministerio Fiscal informasen sobre una posible incompetencia territorial para conocer de la demanda, el Fiscal consideró territorialmente competentes a los Juzgados de Madrid, mientras que la parte demandante sostuvo la competencia de los Juzgados de Torrijos. 

Postura del Tribunal Supremo. El Auto TS, Sala 1ª, 2 de noviembre de 2011, (ROJ ATS 10988/2011) resuelve el conflicto distinguiendo entre la competencia territorial y la posibilidad de requerir a la sociedad por medio del administrador, y ello con arreglo a la siguiente fundamentación

En efecto, tiene señalado de manera reiterada esta Sala, en estos supuestos: a) Que, la competencia territorial viene fijada imperativamente en el artículo 820 LEC, y es el domicilio del demandado con arreglo al artículo 58 LEC (autos del Tribunal Supremo de 6 de junio de 2002, 6 de junio de 2002 y 7 de octubre de 2003). Dicho precepto contiene la regla imperativa de designar competente al Juzgado donde la sociedad demandada tenga su domicilio social al tiempo de la demanda y sin perjuicio de que se tenga en cuenta el domicilio actual a efectos de promover su intervención en el proceso (auto del Tribunal Supremo de 7 de octubre de 2003, 2 de febrero de 2004 y 23 de febrero 2004). b) Que es obligación del Juez o Tribunal examinar de oficio su propia competencia territorial, sin necesidad de que esté personado el demandado (artículo 60-2 LEC) (auto del Tribunal Supremo de 6 de junio de 2002). c) Que cuando la demandada sea una persona jurídica debe tenerse por domicilio de la sociedad demandada el que figura en el Registro Mercantil (auto del Tribunal Supremo de fecha 6 de junio de 2002); no debiéndose confundir con el domicilio personal de su representante legal (auto del Tribunal Supremo de 10 de junio de 2002) toda vez que no han sido demandados los administradores de la sociedad que se interpela judicialmente, sin perjuicio de que se tenga en cuenta el domicilio efectivo de los mismos a efectos de poder ser emplazada y citada la demandada (autos del Tribunal Supremo de 6 de junio de 2002, 7 de julio de 2003 y 1 de febrero de 2004).

Resolución del Tribunal Supremo. En el caso examinado el único domicilio social conocido, tal y como consta en el Registro Mercantil y en la totalidad de la documentación obrante en las actuaciones, es el que precisamente fija el actor en su demanda que aporta documentación acreditativa de dicho extremo. Por ello, es el Juzgado de Torrijos, el único competente para conocer de la demanda promovida, sin perjuicio de que se tenga en cuenta el domicilio efectivo del administrador de la sociedad, que radica en Madrid, a los efectos de poder ser emplazada y citada la demandada (Auto del Tribunal Supremo de 1 de febrero de 2004).

05 diciembre 2011

Las costas en la reclamación monitoria y en la de propiedad horizontal


Lo de las costas en el proceso monitorio (reclamación, sería un vocablo más adecuado) tiene su aquel. Dice la SAP GUIPUZCOA, Sección 3ª, 1 de diciembre de 2.008 (ROJ SAP SS 1049/2008) que el monitorio tiene una naturaleza opcional para el acreedor, que elige dicho procedimiento y no el declarativo, por lo que el pronunciamiento expreso condenatorio en costas del declarativo, no podrá incluir partida alguna devengada en el monitorio por tratarse de dos procedimientos distintos. Además, la práctica de la tasación de costas implicaría la existencia de un previo pronunciamiento de condena a alguna de las partes litigantes a su abono. 

Esto es el monitorio se configura como un proceso especial, plenario y rápido, con ausencia total de formalismos en su petición inicial (que ni siquiera se llama demanda), cuya "tramitación" es radicalmente diferente en función de la actuación del deudor ante el requerimiento, y así: (a) si no se opone al requerimiento de pago, se dicta decreto que, con efectos de cosa juzgada plena, constituye el título ejecutivo, (b) si se opone, se frustra el monitorio y se sustancia la posterior oposición, por los cauces del juicio declarativo que corresponda por razón de la cuantía, (c) si paga, se satisface el crédito reclamado, de manera inmediata, lográndose el objetivo, lo que se traduce en una "resolución" de archivo inmediato, y con el pago se evita el despacho de ejecución. Consecuentemente, no abre, propiamente, un "proceso" (viniendo a suponer un "instrumento procesal" para formar un título ejecutivo e incluso, para excluir el proceso mismo), lo que supone que no deben aplicarse las normas de los declarativos (artículos 394 y ss. LEC, y entre ellas, las costas del allanamiento). 

Y ¿qué ocurre con los monitorios seguidos por reclamaciones de gastos de propiedad horizontal?. Expongamos la práctica: reclamación que termina con el decreto de incomparecencia y despacho de ejecución (artículo 816 LEC), el actor pide tasación de costas, que se liquidan y tenemos un segundo decreto y con las dos resoluciones, el actor – mejor sería decir pluridemandante ya que se ha duplicado aunque sea en papel- presenta dos demandas de ejecución en las que postula sus cálculos provisionales de intereses y costas, que bien regula el artículo 575 LEC, pero no para tales quehaceres. 

El artículo 21.6 LPH no suscita dudas y desde la reclamación monitoria el deudor deberá pagar con sujeción a los límites del artículo 394 LEC, los honorarios y derechos que devenguen abogado y procurador por su intervención “tanto si aquel atendiere el requerimiento de pago como si compareciere ante el tribunal”. Pero eso es una cosa y otra muy distinta que la reclamación monitoria, por si misma, y sin atender a su resultado obligue a la satisfacción de las costas que hubieran podido causarse, lo que conduce, sin más, al abuso. La reclamación monitoria que fracasa no queda en el limbo, se transforma en un proceso de ejecución y en ese proceso – no antes- habrán de liquidarse las costas y con aplicación, además, del límite del artículo 394.3 LEC. 

La SAP CACERES, Sección 1ª, 8 de junio de 2007(ROJ SAP 445/2007) indica que los dos criterios que claramente diferencia la ley -según se haya suscitado o no oposición a la petición inicial de juicio monitorio- no son acumulativos, y el Abogado no podrá minutar honorarios ni el Procurador devengar derechos, tanto por la petición inicial de proceso monitorio como por el trámite del juicio por el que hubiera de resolverse el asunto si se ha suscitado oposición, sino que, antes al contrario, dichos criterios son independientes, autónomos y excluyentes. Consiguientemente, si no se suscita oposición a la petición inicial de Juicio Monitorio , únicamente habrá de aplicarse el inciso inicial del apartado 6 del artículo 21 LPH y, si se suscita oposición a la referida petición inicial, se aplicará -también de forma única y exclusiva- el inciso final del mismo precepto, porque la oposición a la petición inicial de juicio monitorio no da lugar a la existencia de dos Juicios -el monitorio y el declarativo- sino solo a uno, exponente de lo cual es que, el inciso inicial del apartado 2 del artículo 818 LEC no establece que, en caso de oposición, se incoe un nuevo proceso , sino que dispone que, si la cuantía de la pretensión no excediera del juicio verbal, el tribunal habrá de proceder, sin más y de inmediato, a convocar a la vista. 

Cita:

Éste tribunal comparte el criterio de la juzgadora de instancia considerando que procedimiento instado es único, sin que puedan por el contrario ser acogidas las alegaciones y argumentos de la parte apelante. En este sentido resulta del artículo 816 LEC que en el proceso monitorio, ante el impago, falta de comparecencia y ausencia de oposición del deudor, el tribunal debe sin más despachar ejecución contra el deudor, sin que sea exigible, ni necesario, que la parte solicitante del monitorio solicitara el despacho de la ejecución (SAP Madrid, Secc. 13ª, de 22 de marzo de 2004, entre otras), ni por lo tanto que presente demanda ejecutiva basada en el auto que puso fin a la fase de monitorio . Ello implica que con el dictado del título ejecutivo el proceso se transforma cambiando de naturaleza, pero es un único procedimiento, y por ello la tasación de costas habrá de ser también única, sin perjuicio de que en ella se puedan comprender las procedentes tanto en la fase declarativa y como en la de ejecución, incluyendo por ello los honorarios y derechos devengados en ambas fases.