No me gusta como resuelve el Secretario Judicial.

Dice el artículo 454.bis 2, primer párrafo LEC

 “El recurso de revisión deberá interponerse en el plazo de cinco días mediante escrito en el que deberá citarse la infracción en que la resolución hubiera incurrido. Cumplidos los anteriores requisitos, el Secretario judicial, mediante diligencia de ordenación, admitirá el recurso concediendo a las demás partes personadas un plazo común de cinco días para impugnarlo, si lo estiman conveniente.”

La reproducción literal este mandato se completa con la exigencia del artículo 448.1 LEC y así, la resolución del Secretario Judicial deberá afectar desfavorablemente al recurrente.

Dejando el proceso declarativo civil, cuyas características requieren otro comentario, en el proceso de ejecución, suele confundirse la función jurisdiccional, con la tutela judicial efectiva del famosísimo artículo 24 CE, pues todas las competencias atribuidas a los secretarios judiciales en este proceso y las resoluciones que se dictan difícilmente afectaran desfavorablemente, ni incurrirán en infracción legal; otra cosa es que el criterio de la parte sea distinto o, sencillamente, que esas resoluciones no le gusten al litigante.

Quédense con el gusto porque no aparece en el artículo 454 bis. 2 LEC y desde luego, no autoriza una corrección generalizada de las resoluciones que dicta el Secretario Judicial para adaptarlas al criterio de cada recurrente, sino que es un medio de impugnación en el que se valorará la existencia de infracciones legales, con arreglo a los elementos de juicio que se tuvieron en cuenta en el momento del dictado del decreto. Y, por lo mismo, será posible hacer aclaraciones, precisiones o alegaciones siempre que tengan que ver con la supuesta infracción cometida, pero en modo alguno, podrán reproducirse cuestiones ya ventiladas en las que no haya infracción alguna, ni menos aún convertir el trámite en una apelación abreviada (artículo 458.1 LEC en relación con el artículo 454 bis 3 LEC).

En segundo lugar, tampoco es dable que por la vía del recurso de revisión se traigan a conocimiento hechos nuevos que no pudieron tenerse en cuenta en el momento del dictado del Decreto o, que no se formularon, porque bajo esa premisa, la afectación desfavorable del artículo 448.1 LEC sería provocada por la impugnante y no por el Secretario Judicial.

Paradigmático es el caso de la mejora de embargo del artículo 612 LEC, pues la defectuosa técnica legislativa permite la interposición de un recurso de revisión sin que el embargo haya agotado sus efectos – de hecho, en el plazo de cinco días ni tan siquiera se habrá practicado, por ejemplo, la anotación preventiva de embargo en el Registro de la Propiedad- y sin que, evidentemente, sea posible apreciar ningún cambio de circunstancias.

En estos casos no hay infracción legal, sino gustos y colores. Y el gusto es el gusto, hay muchos colores y no hay convencimiento en el saber del Secretario Judicial para advertir que, por ejemplo, no cabe embargar veintitrés fincas por una deuda de 90.000,00€, ni trabar una finca consiguiendo una bonita anotación preventiva en el Registro de la Propiedad, con vocación de perpetuidad para luego embargar una prestación del INEM o para concluir, como leí recientemente en un escrito, que podemos hacer las cosas fáciles o difíciles y embargar todo el patrimonio del ejecutado, que es lo que dice el manual de procesal de algún ejecutante y el artículo 24 CE, cuya derogación – para el proceso civil- vuelvo a pedir desde esta tribuna.

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