29 septiembre 2011

Hartazgo de chapucerías legislativas: la poda del Tribunal Supremo en el Arancel de Procuradores.

Defendí hace unos días que el llamado Arancel de los Procuradores (Real Decreto 1373/2003) no tiene ningún soporte legal o, el que parece tener en la LEC, es completamente insuficiente para saltarse la prohibición impuesta por la legislación sobre la libre competencia. No vuelvo sobre el asunto porque lo ha hecho la Sala 3ª del Tribunal Supremo (Sección 3ª) en un Auto de 19 de julio de 2011 (ROJ: ATS 7800/2011), en el que aprovecha el tope máximo de derechos que puede cobrar un Procurador fijado en el Real Decreto-ley 5/2010, de 31 de marzo y lo establecido en el artículo 139.3 Ley Jurisdicción Contenciosa- Administrativa, para considerar manifiestamente desproporcionada la carga que resultaría para el deudor de la condena en costas (la Administración del Estado) de abonar al Procurador de la otra parte unos derechos arancelarios por importe de 106.769,27€, cuando los honorarios del Letrado por su actuación profesional en el mismo recurso habían quedado reducidos a 25.000 euros.

El Procurador y el Consejo General de Procuradores de España mantuvieron que la regulación por arancel de los derechos de éstos no debe modularse en función del principio de proporcionalidad, siendo como es aquél una disposición de carácter general, o norma reglamentaria estatal, que ha de aplicarse en sus propios términos, y cuyo contenido presenta notables diferencias con los criterios orientativos de honorarios que aprueban los Colegios de Abogados. El arancel es una norma de observancia obligatoria que determina las retribuciones profesionales de los procuradores.

Como ya comenté la chapucería legislativa que disfrutamos – y que últimamente tiene una colección de pret a porter en sucesivos Reales Decretos Leyes que se van atropellando- ha llevado, a mi entender, a que el Real Decreto-ley 5/2010 no se pare en el proceso concursal y como un tren sin frenos haya entrado en el proceso contencioso-administrativo y quizá lo termine haciendo en el proceso civil.

El Consejo General de los Procuradores alegó, en último lugar, que la aplicación del principio de proporcionalidad en sus cuentas de derechos elevaría la conflictividad e inseguridad jurídica, sin que este efecto quedara atenuado por la circunstancia de que fuera utilizado tan sólo como límite al supuesto de vencimiento en costas y no para determinar los derechos del profesional frente al cliente que le contrata.

Dejando al margen la singularidad procesal del artículo 139.3 Ley Jurisdicción Contenciosa- Administrativa, el Tribunal Supremo rechazó las alegaciones de los Procuradores y se sirvió para ello del tantas veces citado Real Decreto Ley 5/2010, abriendo la puerta a una inaplicación automática del Arancel 2003. Y con esa puerta abierta dijo el Tribunal Supremo:
Cita:


que, tras la aprobación del Real Decreto Ley 5/2010, sería conveniente un desarrollo normativo en esta materia que dotase de mayor seguridad jurídica a todas las partes concernidas.


A partir de aquí se fundamenta la poda de los derechos del Procurador de la siguiente forma:
Cita:


En segundo lugar, la eventual adecuación de los derechos arancelarios de los Procuradores a criterios de proporcionalidad ha sido establecida en el Real Decreto Ley 5/2010. Ello ha determinado que, a tenor de su Disposición adicional única, apartado primero, se fije un máximo absoluto de 300.000 euros y se modifique la base reguladora en los procesos concursales. En virtud del apartado tercero de aquella disposición, la nueva regla es aplicable a las cantidades devengadas por actuaciones anteriores que no se hayan liquidado con carácter firme, como es el caso de autos.

La Disposición adicional única del Real Decreto Ley 5/2010, según su preámbulo, pretende "evitar, en la actual situación económica, situaciones disfuncionales derivadas de la aplicación de la normativa reguladora de los aranceles de los Procuradores de los Tribunales"'. Para el legislador, esta normativa "no se acomoda en sus tramos más elevados a la realidad de la situación económica de nuestro país, por lo que es urgente modificarla para evitar efectos no deseados, estableciendo un tope máximo que impida liquidaciones manifiestamente desproporcionadas".

A nuestro juicio, el Real Decreto Ley tiene como doble efecto inmediato que la normativa reguladora de los aranceles de los Procuradores no deba ya ser objeto de aplicación automática en todos los supuestos y que, en este mismo sentido, hayan de evitarse liquidaciones manifiestamente desproporcionadas aun cuando resulten de la aplicación literal de aquélla. La implantación del tope absoluto (cifra máxima de retribución profesional por asunto, actuación o proceso) no agota las posibilidades de ajustar los derechos devengados por un Procurador de los Tribunales, en concepto de costas sufragadas por la parte vencida, cuando éstos revistan un carácter manifiestamente desproporcionado.

La introducción del principio de proporcionalidad como límite al régimen arancelario de los Procuradores de los Tribunales abre, pues, la vía a la aplicación no necesariamente automática de las escalas o "tablas" para la fijación de sus derechos que contiene el Real Decreto 1373/2003. En concreto, la vía queda abierta cuando se trata de hacer efectiva la condena en costas, de modo que la aplicación literal de las escalas y tipos arancelarios puede -en casos que pongan de manifiesto cantidades exorbitantes en relación con en trabajo profesional realizado- considerarse desproporcionada. A partir de esta premisa el condenado en costas no tendría por qué sufragar en su integridad la correspondiente partida, y ello incluso cuando se respetase el tope máximo "universal" fijado en el apartado primero de la Disposición adicional del Real Decreto Ley citado.

Siendo cierto que la condena en costas va dirigida a resarcir al vencedor de los gastos originados directa e inmediatamente en el pleito, entre los que se incluyen los derechos económicos de los Procuradores, también lo es que el trabajo de éstos se remunera en principio por la parte a quien representan y a la que prestan sus servicios profesionales en régimen de competencia. La carga de aquellos derechos que se impone al condenado en costas queda, en virtud del criterio inspirador del Real Decreto Ley 5/2010, sujeta al principio de proporcionalidad lo que significa, entre otras consecuencias, que no puede prescindir de la comparación con los honorarios devengados por el Letrado defensor de la misma parte acreedora y cuya intervención procesal es, como ya hemos afirmado, más relevante para el éxito de las pretensiones.

En el preámbulo, antes citado, del Real Decreto Ley 5/2010se justifica la necesidad de éste, en la parte que se refiere al arancel, de modo que se logre, además de "una reducción de los costes en la Administración de Justicia", una "retribución justa y equitativa de los servicios prestados por los procuradores de los tribunales". Por ello se aplican "[...] medidas que ya son efectivas para otros operadores jurídicos lo que genera desigualdad y falta de equidad en estas cuestiones". Aun cuando no con la suficiente claridad, la apelación al principio de igualdad entre profesionales permite inferir que el tratamiento dispensado a la impugnación de los honorarios devengados por los abogados e incluidos en la tasación de costas puede extenderse, bajo la guía del principio rector de evitar liquidaciones manifiestamente desproporcionadas, también a la impugnación de los derechos de los procuradores cuando se incluyan en las tasaciones de costas.


Podremos darle muchas vueltas al debate, pero lo único cierto es que un Arancel que puede privarse de efectos por comparación con la norma que regula los honorarios de los Administradores Concursales o, por aplicación de una norma posterior que ni tan siquiera lo cita (Real Decreto Ley 5/2010), no parece tener un sólido soporte normativo que lo justifique y como bien señala el Colegio de Procuradores, nos garantiza unos próximos tiempos de no poca inseguridad jurídica.

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