30 agosto 2011

Menos mal que solo hacían falta 30 Secretarios Judiciales.

Ocupados, como estamos, en esa reforma de la Oficina Judicial del último minuto, tenemos pendiente de resolver – todavía y entre otras cientos de cosas- el asunto de las sustituciones de los Secretarios Judiciales. El Ministerio de Justicia más sindicalista de la historia, no ha tenido reparos en hacer cualquier cosa para no resolver el problema (como todos los demás que atañen a los Secretarios Judiciales), pero claro, cuando un Juzgado de Instrucción acuerda TREINTA ENTRADAS Y REGISTROS SIMULTÁNEAS, la cosa se complica.

Y analizan esto dos Sentencias del TSJ MADRID, Sala de lo Contencioso, Sección 7ª, de 21 de febrero y 8 de abril de 2011 (ROJ STSJ MAD 4516/2011 Y STSJ MAD 6115/2011) en las que se desestiman los recursos interpuestos por dos Secretarios Judiciales contra el Acuerdo del Secretario Coordinador Provincial de Madrid de 29 de febrero de 2008 por el que se resolvió que ciertos Secretarios de Juzgados (“ciertos” son TREINTA), debían practicar diligencias de entrada y registro acordadas por el Juzgado de Instrucción número 49, y contra el Acuerdo del Secretario de Gobierno del Tribunal Superior de 18 de abril de 2008 que desestimó el recurso de alzada contra el anterior.

Dejo al margen el hecho que nadie ha sabido explicarme la razón por la que el Órgano (Juez y Secretario Judicial) no es el que se constituye en el domicilio – o dónde sea- y que probablemente, ese hecho (objetivo) mejoraría la instrucción, que no quedaría al criterio personal del Juez (subjetivo) en la resolución de las peticiones de entradas y registros. Así que vuelvo a la sustitución.

Para mejor claridad, refiero el óbice impugnatorio y la resolución del Tribunal Superior de Justicia.

1º.- La Secretaría Coordinadora no era competente para adoptar tal medida, ya que el artículo 501.1 LOPJ, establece que corresponde al Consejo General del Poder Judicial la determinación de los órganos jurisdiccionales que han de permanecer en servicio de guardia, así como los horarios y las condiciones en que se realizará. Dijo la Sala.
cita :


En el Acuerdo del Coordinador en absoluto se ha sustraído del Consejo General, de la Comunidad de Madrid o de la negociación con las organizaciones sindicales, ni la determinación de los órganos que deben permanecer de guardia (el órgano era el Juzgado de Instrucción que debía acordar y practicar las entradas y registros, predeterminado en las normas de los Juzgados) ni los horarios y condiciones o el número de funcionarios. Lo que se proveyó por el Sr. Coordinador fue una circunstancia completamente excepcional, y la forma de proveer a la misma no fue violando las disposiciones legales oportunas, sino cubriendo una laguna que no podía evitar.


cita :


No es aplicable al caso. Aquí no se trataba de reforzar con uno, dos o tres Juzgados al de guardia por causa de la existencia de un suceso de "extraordinaria magnitud o importancia", sino de recabar el auxilio de fedatarios judiciales para una diligencia múltiple. Y no estaba previsto en las normas de reparto de los Juzgados de Instrucción, ni había tiempo material para que se adoptasen al caso -ya que se recibió la solicitud en la Secretaría Coordinadora el día 29 de febrero, y las diligencias tenían que realizarse a primera hora del día siguiente, 1 de marzo-. Y aún si se considera, como pretende la recurrente, que sería el Presidente del Tribunal Superior quien debía de haber tomado la decisión -cosa que, como acabamos de ver, negamos- lo cierto es que como señala el Abogado del Estado, solo son nulas de pleno Derecho las disposiciones tomadas por órganos manifiestamente incompetentes. Aquí no se aprecia, sin embargo, tal incompetencia manifiesta, ya que el secretario Coordinador, según los artículos 476 ss de la Ley Orgánica del Poder Judicial tiene atribuido dictar las instrucciones procedentes para un correcto funcionamiento de los servicios y de coordinar y dirigir la actuación de los Secretarios Judiciales. La necesidad de levantar actas en nada menos que treinta y un entradas y registros simultáneos se hizo atendiendo a las posibilidades de actuación y de la forma más razonable posible.


3º.- Infracción del artículo 451 LOPJ. Dijo la Sala.
cita :


aunque en el Acuerdo impugnado se hable de "sustitución", según la propia actora el citado precepto nada tiene que ver con el objeto de este litigio.


4º. Infracción del artículo 500 LOPJ y del artículo 103 del Reglamento Orgánico del Cuerpo de Secretario Judiciales, sobre aplicación a éstos del horario profesional que apruebe la Comunidad de Madrid. Al respecto, la Resolución de la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia y Política Interior, de la Comunidad de Madrid, de 11 de mayo de 2006, establece que los sábados son inhábiles a efectos procesales, salvo para los funcionarios del servicio de guardia. La intervención solicitada se realizó un primero de marzo, sábado. Dijo la Sala.
cita :


De nuevo hemos de desestimar el argumento de la actora: las necesidades del servicio obligaron a la práctica de las diligencias de entrada y registro, y no hubo más remedio que llevarlas a cabo tal y como ordenaba el Juzgado de Instrucción.


5º.- Vulneración del artículo 9 CE, que prohíbe la arbitrariedad administrativa. Dijo la Sala.
cita :


Nada más lejos que poder calificarse de arbitraria la actuación del Sr. Secretario Coordinador -o del Secretario de Gobierno, en alzada- puesto que trataron de solucionar una situación excepcional de forma razonable y que consideraron la más ajustada a Derecho.


16 agosto 2011

Interpretación gramatical de la reforma procesal.

A mí no se me hubiera ocurrido y lejos de cualquier crítica aplaudo la decisión del Juzgado de lo Mercantil número de 3 de Barcelona de plantear esta clase de conflictos, para ver sí de una vez alguien recuerda las reglas básicas del español y dejamos de emplear – sobre todo en el Parlamento- el corrector de textos de Microsoft como la novena maravilla del mundo. El citado Juzgado de Barcelona en una reclamación de la SGAE (eludo cualquier comentario sobre dicha organización porque no toleran ciertos chistes, aunque cobren por los de otros) estimó que, tras la reforma del artículo 813 LEC por la Ley 13/2009, carecía de competencia objetiva para conocer del juicio monitorio, al haber sido atribuida, por dicho precepto reformado, a los juzgados de primera instancia. El Juzgado no ponía en duda la naturaleza mercantil de la reclamación
ya que la razón :

que propone el auto apelado para declinar la competencia objetiva a los juzgados de primera instancia es la redacción del art. 813.1º LEC, que lleva por título "Competencia", tras la citada reforma:"Será exclusivamente competente para el proceso monitorio el Juzgado de Primera Instancia del domicilio o residencia del deudor o, si no fueren conocidos, el del lugar en que el deudor pudiera ser hallado a efectos del requerimiento de pago por el Tribunal, salvo que se trate de la reclamación de deuda a que se refiere el número 2º del apartado 2 del art. 812, en cuyo caso será también competente el Juzgado del lugar en donde se halle la finca, a elección del solicitante".Con anterioridad a esta reforma, el precepto disponía, bajo el mismo título, que "será exclusivamente competente para el proceso monitorio el Juez de Primera Instancia del domicilio o residencia del deudor...". El auto apelado entiende que la reforma hace hincapié en que la competencia objetiva para conocer este tipo de procedimientos se atribuye a los juzgados de primera instancia, no a los mercantiles, una vez creados éstos, que no lo estaban al promulgarse la LEC 2000.


a) GRAMATICAL. "Juez" de Primera Instancia deja de ser una expresión precisa, porque el Secretario judicial también integra el órgano jurisdiccional y adopta decisiones en el marco del proceso monitorio, apareciendo así como más correcta la de "Juzgado" de Primera Instancia. Se trata de una precisión terminológica que, con motivo de las necesarias adaptaciones procesales a la nueva Oficina judicial, ha considerado necesario introducir la Ley 13/2009.

b) SISTEMATICA. El precepto reformado, ni antes el precepto originario, introduce una regla en materia de competencia objetiva dentro del orden jurisdiccional civil, sino únicamente territorial (estableciendo el fuero del domicilio o residencia del deudor, u otros alternativos), porque la norma no tiene por qué ocuparse de la competencia objetiva, ya que de esta cuestión se preocupa la norma de rango orgánico, esto es, la LOPJ, en su art. 86 ter, el cual no adopta como criterio de distribución competencial a favor de los juzgados mercantiles el determinado por el tipo o clase de procedimiento en el que se ejercita la correspondiente acción , pretensión o reclamación.