Una de licencia por estudios.

Con la que está cayendo me da vergüenza dedicar unas líneas a permisos y licencias, pero como a otros tampoco se les cae la cara por hablar de trajes y corbatas – supongo que en el tránsito a bragas y calzoncillos, que también son prendas de vestir- y España es el país de los derechos y ninguna obligación, retomo el hilo y vuelvo al asunto del permiso. Mejor dicho, de la licencia.

La Sentencia TSJ ANDALUCIA, Sección 2ª, de 17 de marzo de 2011 (ROJ STSJ AND 1423/2011) trata de las licencias para la asistencia a cursos, congresos o jornadas, siempre que estén relacionadas con las funciones propias del cuerpo al que pertenece el funcionario y supongan completar su formación para el ejercicio de las mismas (artículos 504 LOPJ y 90 RCSJ) y que podrán concederse subordinadas a las necesidades del servicio y a las disponibilidades presupuestarias.

El termino “podrán” merece esta interpretación
cito literal del fundamento de derecho cuarto:


Es indudable, por la utilización del término "podrán", que la decisión a adoptar por la Administración ante tal solicitud tiene un innegable componente discrecional. Sin embargo esa discrecionalidad encuentra su límite al menos en dos ámbitos: uno primero relativo a los elementos reglados, lo que en nuestro caso supone que la respuesta dada a la petición formulada debe tener en cuenta si la actividad está relacionada con las funciones propias del cuerpo al que pertenece el funcionario, si supone completar su formación para el ejercicio de las mismas, y si las necesidades del servicio y las disponibilidades presupuestarias permiten la concesión; y el segundo es el relativo a la motivación del acto, pues la discrecionalidad ciertamente que no significa una absoluta libertad de la Administración para actuar de manera inmotivada y arbitraria, sin perjuicio de que otorgue un amplio margen de apreciación para, en el ejercicio de la función que le corresponden, decidir si, desde la perspectiva global de los intereses generales que afectan al funcionamiento de la Administración de Justicia, hay razones que hacen no aconsejable o inconveniente la licencia que haya sido solicitada (STS Sala 3a, sec. 8a, de 14-7-2010, recurso 284/2009)



La obligación de motivar que el artículo 54.1.f) de la Ley 30/1992 impone expresamente a los actos administrativos que se dicten en el ejercicio de potestades discrecionales, tiene la función de exteriorizar las razones, de hecho y de derecho en que el acto administrativo se apoya o que en su caso sirvieron de justificación o fundamento a la decisión jurídica contenida en el acto, en tanto que necesaria para conocer la voluntad de la Administración; y de otra sirve de garantía al administrado pues le permite impugnar con mayor precisión y certeza la actuación administrativa, y de facilitar el control jurisdiccional al resultar expresas las bases en que se apoya dicho acto (Sentencias del Tribunal Supremo de fechas 15 de octubre de 1981,15 de febrero de 1991 y 24 de abril de 1992).

Quede claro que la falta de motivación del acto administrativo originario, tratándose de un defecto formal cuando no contempla debidamente las razones de la decisión denegatoria, no abocaría a la estimación de las pretensiones contenidas en el suplico la demanda, sino a la retroacción de las actuaciones para que se procediera al dictado de una nueva resolución originaria motivada.

Dos últimas advertencias: (1) la Sentencia contiene un bonito relato de las relaciones de jerarquía entre los órganos superiores del Cuerpo de Secretarios Judiciales que omito porque no me interesa nada y; (2) si he escrito alguna barbaridad contencioso-administrativa en los párrafos anteriores pido disculpas porque carezco de conocimientos en la materia.

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