No se reforma la ejecución hipotecaria en los Juzgados (Auto TC 19-7-2011).

Poco rascará el ciudadano del Auto TC de 19-07-2011 sobre la cuestión de inconstitucionalidad que planteó un Juzgado de Sabadell “contra” la ejecución hipotecaria, pero algo hay de interés en los dieciocho folios, que incluyen un voto particular.

Buen síntoma es que no se hagan guiños a los cabreados, indignados o lo que sea eso y, se conserve lo que nos queda de Estado de Derecho (una paradoja tratándose del tribunal que nos ocupa), rechazándose el asunto porque

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la cuestión de inconstitucionalidad no es cauce procesal idóneo para que los órganos jurisdiccionales puedan cuestionar de modo genérico o abstracto la constitucionalidad de un régimen o esquema legal (por lo que aquí interesa el proceso de ejecución hipotecaria) por contraste con un hipotético modelo alternativo, que no le compete formular al órgano proponente ni corresponde valorar a este Tribunal Constitucional por ser materia de la exclusiva competencia del legislador, dentro de cuyos límites constitucionales dispone de un amplio margen de libertad de elección que este Tribunal ni puede ni debe restringir.


Traduzco el párrafo: compete al Legislativo la reforma de la ejecución hipotecaria, no al Ejecutivo – que lleva este año 8 Reales Decretos Leyes, camino de los 14 del año pasado- ni al Judicial. Nada dice, evidentemente, de lo qué ocurre cuando el Ejecutivo se dedica a otras cosas, no hace nada, publica chapuzas (como la última reforma de los artículos 670 y 671 LEC) y se confunde con el Legislativo.

Y llama también la atención el voto particular, que se funda

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En que los rasgos de la situación económica y financiera actual son radicalmente distintos a los que la caracterizaban a principios de los años ochenta y esta profunda transformación incide directamente en la esencia de las condiciones de cumplimiento de los compromisos hipotecarios adquiridos por los prestatarios. Es por ello que no me parece suficiente para desechar como infundada la presente cuestión de inconstitucionalidad la extensión automática de la doctrina constitucional establecida en la citada STC 41/1981 y reiterada en la SSTC 217/1993, de 30 de junio, 269/1993, de 18 de octubre, y 223/1997, de 4 de diciembre. Muy al contrario, en mi opinión, sería necesario examinar si los preceptos cuestionados, interpretados a la luz del nuevo contexto económico y social, son compatibles o no con los valores constitucionalmente protegidos aducidos por el órgano judicial promovente.


Un último apunte para los juzgados sobre la interpretación del artículo 579 LEC, porque deja una puerta abierta a la necesidad de verificar qué cantidad se reclama por la entidad financiera una vez vendida y adjudicada la vivienda:

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Pero es que, además, la justificación que postula el cuestionamiento de la norma legal contenida en el art. 579 LEC por no prever un nuevo trámite de oposición no se sustenta en el propio tenor literal de la disposición legal cuestionada, que guarda silencio al respecto, sino que se infiere por el órgano proponente de lo que considera la práctica forense habitual.

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