Hacia el infinito y más allá: las costas, de las costas, de las costas y de las costas.

Hace mucho tiempo el Tribunal Constitucional dijo que las costas eran un crédito del cliente y no del Abogado o Procurador que le dirigían, de lo que todos concluimos que los profesionales cobraban al cliente y, luego reclamaban al perdedor del pleito para que pagara. Siempre, claro está, que este fuera condenado en la sentencia, porque la Justicia es la única actividad humana en la que se contrata a un profesional que puede pagarlo un tercero.

Esa doctrina, que fue la recogida por la LEC del año 2000, bien pronto sufrió esa interpretación de las Audiencias que reduce cualquier requisito formal a la mínima expresión – al paso que vamos, con tres artículos bien redactados cualquier juzgado tramita un proceso civil hasta sentencia- y, se aclaró, que no hacía falta que el Abogado y el Procurador presentaran las facturas de su cobro al cliente: o sea, que le tocaba pagar primero al condenado en las costas y nada nos importaba como quedaran el vencedor del pleito y su letrado. Esta exégesis olvida la primera norma de una sociedad occidental y de libre mercado: el profesional (cualquiera) le cobra al cliente lo que pactan y el condenado en costas paga lo que dice la ley y con los límites fijados por esta.

Pero ahora estamos en la tercera fase. El Abogado y el Procurador son los titulares del crédito por mor del DECRETO aprobatorio de la tasación de costas (artículo 244.3 LEC) que se lo han apropiado como título ejecutivo independiente y que produce nuevas costas - ¡y hasta intereses!- según el conocido aforismo “quien puede lo más, puede lo menos”, el no menos contundente “derecho a la tutela judicial efectiva del artículo 24 CE” y el novedoso “tengo un DECRETO y, por tanto, un título ejecutivo”. Falta el tradicional: “solo pasa en este juzgado”.

Y miren, no. El decreto que aprueba la tasación de costas no se cobija en el artículo 517.2.9º LEC (“Las demás resoluciones judiciales y documentos que, por disposición de esta u otra ley, lleven aparejada ejecución.”), ya que ese apartado se refiere a aquellos autos o decretos que implican el enjuiciamiento de un juez o, la decisión del Secretario Judicial, sin que supongan la finalización del proceso, ni de la instancia (vg. el auto que condena al requerido al pago de las costas causas, cuando se considere injustificada la oposición a la práctica de diligencias preliminares (artículo 260.3 LEC) y el decreto que nos ocupa no se dicta en el ejercicio de dichas funciones.

El título ejecutivo lo constituye la propia sentencia o resolución definitiva en la que se imponen las costas y el decreto que, en su caso, apruebe la tasación, no es el título que fundamentaría una hipotética vía de apremio, en tanto las costas son una parte integrante de esa resolución definitiva, no de la resolución que pueda aprobarlas. En suma el decreto de aprobación de tasación de costas se limita a fijar de manera definitiva el importe de la cantidad a abonar por parte del condenado a su pago.

Y, de ahí se extraen cuatro importantes consecuencias:

(a) no podrá despacharse ejecución sin que previamente se haya solicitado la de la sentencia, la del auto o la del decreto de la que trae causa esa condena en costas (artículos 517.2.1º, 517.2.9º y 552.1 LEC);

(b) la garantía de permanencia de estos decretos impide que el condenado al pago pueda oponerse con los mismos medios de oposición que la ley deja en manos del ejecutado para oponerse al título ejecutivo (artículos 551 y siguientes LEC).

(c) La calificación como título ejecutivo y el inicio del procedimiento en los términos previstos para la ejecución dineraria supone la apertura de una ejecución sin final, pues la propia ejecución conlleva el nacimiento de un incidente que ocasiona otras costas y así sucesivamente. En tales condiciones no pueden equipararse los efectos del decreto aprobatorio de las costas con los de los títulos ejecutivos del artículo 517.2.1º, 3º y 9º LEC y el órgano judicial viene obligado a una intervención que garantice los derechos de las dos partes y evite situaciones no previstas, ni queridas por la ley (vg. Auto AP VIZCAYA (Sección 4ª) 26 de noviembre de 2007).

(d) Y, en último lugar, porque la ley reconoce el crédito por las costas a la parte, no al profesional que la dirige o representa y del mismo que una reiterada doctrina jurisprudencial exime del requisito documental del artículo 242.2 LEC para la práctica de la tasación de costas (“La parte que pida la tasación de costas presentará con la solicitud los justificantes de haber satisfecho las cantidades cuyo reembolso reclame”), es evidente que fuera de tal supuesto, cualquier otro importe por costas que se reclame, exige previamente una justificación de su abono.

Comentarios

  1. Por accidente, buscando algo de costasm he entrado en tu blog, que es muy interesante.

    Pero difiero de tu criterio (a) y (b).

    El (A) creo que es difícilmente explicable en una sentencia absolutoria en la que condena al actor en costas ¿Cómo se ejecuta una sentencia absolutoria?.

    Respecto de la oposición, creo que es oponible cualquier causa que tenga relación con los motivos allí expuestos ¿Qué diferencia habría?

    Respecto del C y el D tienes toda la razón.



    AAP de Barcelona (Sección 13ª) de 15 de diciembre de 2009 (Rollo de Apelación 38/2009-A) “En este sentido, conviene precisar, como ya indicó esta misma Sección en auto de 30.6.2009 , que, a partir de la profunda reforma procesal introducida por la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil , la tasación de costas ha dejado de poder considerarse como un mero incidente del proceso principal, que discurre entre la fase declarativa y la fase ejecutiva de un mismo proceso. Por el contrario, a partir de la Ley 1/2000, que distingue claramente entre el proceso declarativo, regulado en el Libro II , y el proceso de ejecución, regulado en el Libro III, la tasación de costas, que se practica después de la terminación del proceso declarativo, o el de ejecución, pertenece a la categoría de aquellas otras clases de tutela jurisdiccional expresamente previstas por la ley, a las que se refiere el artículo 5 de la Ley de Enjuiciamiento Civil , junto con las clases de tutela que son las del proceso declarativo, el proceso de ejecución, y el proceso cautelar.

    Por lo tanto la tasación de costas, en cuanto su finalidad es la de crear un título ejecutivo judicial de aquellos a los que se refiere el artículo 517,2,9º de la Ley de Enjuiciamiento Civil , en relación con el artículo 242,1 del mismo texto procesal, que prevé la tasación de costas como el trámite previo a su exacción por la vía de apremio, luego que sea firme la condena en costas, participa de la naturaleza de las diligencias preparatorias de la ejecución, que aparecían reguladas en los artículos 1430 y ss de la Ley de Enjuiciamiento Civil de 1881 , o en la actualidad en el artículo 13 del texto Refundido de la Ley sobre Responsabilidad Civil y Seguro en la Circulación de Vehículos de Motor, aprobado por Real Decreto Legislativo 8/2004, de 29 de octubre , en la redacción de la Ley 21/2007, de 11 de julio , cuando regula la formación del auto ejecutivo de cuantía máxima, de modo que la tasación de costas no es todavía proceso de ejecución, ya que éste no comenzará sino a partir del momento de la presentación de la demanda ejecutiva, con arreglo a lo previsto en los artículos 549 y ss de la Ley de Enjuiciamiento , acompañando el título ejecutivo consistente en el auto aprobatorio de la tasación de costas; y tampoco la tasación de costas es ya parte del proceso declarativo o de ejecución, que terminó con la sentencia o con el auto definitivo, del modo dispuesto en los artículos 206 y 207 de la Ley de Enjuiciamiento Civil , en este caso el auto acordando el levantamiento de los embargos, que puso término al proceso de ejecución

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  2. Gracias anónimo. Copio literal para el comentario de hoy.

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