27 julio 2011

No se reforma la ejecución hipotecaria en los Juzgados (Auto TC 19-7-2011).

Poco rascará el ciudadano del Auto TC de 19-07-2011 sobre la cuestión de inconstitucionalidad que planteó un Juzgado de Sabadell “contra” la ejecución hipotecaria, pero algo hay de interés en los dieciocho folios, que incluyen un voto particular.

Buen síntoma es que no se hagan guiños a los cabreados, indignados o lo que sea eso y, se conserve lo que nos queda de Estado de Derecho (una paradoja tratándose del tribunal que nos ocupa), rechazándose el asunto porque

cita

la cuestión de inconstitucionalidad no es cauce procesal idóneo para que los órganos jurisdiccionales puedan cuestionar de modo genérico o abstracto la constitucionalidad de un régimen o esquema legal (por lo que aquí interesa el proceso de ejecución hipotecaria) por contraste con un hipotético modelo alternativo, que no le compete formular al órgano proponente ni corresponde valorar a este Tribunal Constitucional por ser materia de la exclusiva competencia del legislador, dentro de cuyos límites constitucionales dispone de un amplio margen de libertad de elección que este Tribunal ni puede ni debe restringir.


Traduzco el párrafo: compete al Legislativo la reforma de la ejecución hipotecaria, no al Ejecutivo – que lleva este año 8 Reales Decretos Leyes, camino de los 14 del año pasado- ni al Judicial. Nada dice, evidentemente, de lo qué ocurre cuando el Ejecutivo se dedica a otras cosas, no hace nada, publica chapuzas (como la última reforma de los artículos 670 y 671 LEC) y se confunde con el Legislativo.

Y llama también la atención el voto particular, que se funda

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En que los rasgos de la situación económica y financiera actual son radicalmente distintos a los que la caracterizaban a principios de los años ochenta y esta profunda transformación incide directamente en la esencia de las condiciones de cumplimiento de los compromisos hipotecarios adquiridos por los prestatarios. Es por ello que no me parece suficiente para desechar como infundada la presente cuestión de inconstitucionalidad la extensión automática de la doctrina constitucional establecida en la citada STC 41/1981 y reiterada en la SSTC 217/1993, de 30 de junio, 269/1993, de 18 de octubre, y 223/1997, de 4 de diciembre. Muy al contrario, en mi opinión, sería necesario examinar si los preceptos cuestionados, interpretados a la luz del nuevo contexto económico y social, son compatibles o no con los valores constitucionalmente protegidos aducidos por el órgano judicial promovente.


Un último apunte para los juzgados sobre la interpretación del artículo 579 LEC, porque deja una puerta abierta a la necesidad de verificar qué cantidad se reclama por la entidad financiera una vez vendida y adjudicada la vivienda:

cita

Pero es que, además, la justificación que postula el cuestionamiento de la norma legal contenida en el art. 579 LEC por no prever un nuevo trámite de oposición no se sustenta en el propio tenor literal de la disposición legal cuestionada, que guarda silencio al respecto, sino que se infiere por el órgano proponente de lo que considera la práctica forense habitual.

22 julio 2011

Una de licencia por estudios.

Con la que está cayendo me da vergüenza dedicar unas líneas a permisos y licencias, pero como a otros tampoco se les cae la cara por hablar de trajes y corbatas – supongo que en el tránsito a bragas y calzoncillos, que también son prendas de vestir- y España es el país de los derechos y ninguna obligación, retomo el hilo y vuelvo al asunto del permiso. Mejor dicho, de la licencia.

La Sentencia TSJ ANDALUCIA, Sección 2ª, de 17 de marzo de 2011 (ROJ STSJ AND 1423/2011) trata de las licencias para la asistencia a cursos, congresos o jornadas, siempre que estén relacionadas con las funciones propias del cuerpo al que pertenece el funcionario y supongan completar su formación para el ejercicio de las mismas (artículos 504 LOPJ y 90 RCSJ) y que podrán concederse subordinadas a las necesidades del servicio y a las disponibilidades presupuestarias.

El termino “podrán” merece esta interpretación
cito literal del fundamento de derecho cuarto:


Es indudable, por la utilización del término "podrán", que la decisión a adoptar por la Administración ante tal solicitud tiene un innegable componente discrecional. Sin embargo esa discrecionalidad encuentra su límite al menos en dos ámbitos: uno primero relativo a los elementos reglados, lo que en nuestro caso supone que la respuesta dada a la petición formulada debe tener en cuenta si la actividad está relacionada con las funciones propias del cuerpo al que pertenece el funcionario, si supone completar su formación para el ejercicio de las mismas, y si las necesidades del servicio y las disponibilidades presupuestarias permiten la concesión; y el segundo es el relativo a la motivación del acto, pues la discrecionalidad ciertamente que no significa una absoluta libertad de la Administración para actuar de manera inmotivada y arbitraria, sin perjuicio de que otorgue un amplio margen de apreciación para, en el ejercicio de la función que le corresponden, decidir si, desde la perspectiva global de los intereses generales que afectan al funcionamiento de la Administración de Justicia, hay razones que hacen no aconsejable o inconveniente la licencia que haya sido solicitada (STS Sala 3a, sec. 8a, de 14-7-2010, recurso 284/2009)



La obligación de motivar que el artículo 54.1.f) de la Ley 30/1992 impone expresamente a los actos administrativos que se dicten en el ejercicio de potestades discrecionales, tiene la función de exteriorizar las razones, de hecho y de derecho en que el acto administrativo se apoya o que en su caso sirvieron de justificación o fundamento a la decisión jurídica contenida en el acto, en tanto que necesaria para conocer la voluntad de la Administración; y de otra sirve de garantía al administrado pues le permite impugnar con mayor precisión y certeza la actuación administrativa, y de facilitar el control jurisdiccional al resultar expresas las bases en que se apoya dicho acto (Sentencias del Tribunal Supremo de fechas 15 de octubre de 1981,15 de febrero de 1991 y 24 de abril de 1992).

Quede claro que la falta de motivación del acto administrativo originario, tratándose de un defecto formal cuando no contempla debidamente las razones de la decisión denegatoria, no abocaría a la estimación de las pretensiones contenidas en el suplico la demanda, sino a la retroacción de las actuaciones para que se procediera al dictado de una nueva resolución originaria motivada.

Dos últimas advertencias: (1) la Sentencia contiene un bonito relato de las relaciones de jerarquía entre los órganos superiores del Cuerpo de Secretarios Judiciales que omito porque no me interesa nada y; (2) si he escrito alguna barbaridad contencioso-administrativa en los párrafos anteriores pido disculpas porque carezco de conocimientos en la materia.

17 julio 2011

Hacia el infinito y más allá: las costas, de las costas, de las costas y de las costas.

Hace mucho tiempo el Tribunal Constitucional dijo que las costas eran un crédito del cliente y no del Abogado o Procurador que le dirigían, de lo que todos concluimos que los profesionales cobraban al cliente y, luego reclamaban al perdedor del pleito para que pagara. Siempre, claro está, que este fuera condenado en la sentencia, porque la Justicia es la única actividad humana en la que se contrata a un profesional que puede pagarlo un tercero.

Esa doctrina, que fue la recogida por la LEC del año 2000, bien pronto sufrió esa interpretación de las Audiencias que reduce cualquier requisito formal a la mínima expresión – al paso que vamos, con tres artículos bien redactados cualquier juzgado tramita un proceso civil hasta sentencia- y, se aclaró, que no hacía falta que el Abogado y el Procurador presentaran las facturas de su cobro al cliente: o sea, que le tocaba pagar primero al condenado en las costas y nada nos importaba como quedaran el vencedor del pleito y su letrado. Esta exégesis olvida la primera norma de una sociedad occidental y de libre mercado: el profesional (cualquiera) le cobra al cliente lo que pactan y el condenado en costas paga lo que dice la ley y con los límites fijados por esta.

Pero ahora estamos en la tercera fase. El Abogado y el Procurador son los titulares del crédito por mor del DECRETO aprobatorio de la tasación de costas (artículo 244.3 LEC) que se lo han apropiado como título ejecutivo independiente y que produce nuevas costas - ¡y hasta intereses!- según el conocido aforismo “quien puede lo más, puede lo menos”, el no menos contundente “derecho a la tutela judicial efectiva del artículo 24 CE” y el novedoso “tengo un DECRETO y, por tanto, un título ejecutivo”. Falta el tradicional: “solo pasa en este juzgado”.

Y miren, no. El decreto que aprueba la tasación de costas no se cobija en el artículo 517.2.9º LEC (“Las demás resoluciones judiciales y documentos que, por disposición de esta u otra ley, lleven aparejada ejecución.”), ya que ese apartado se refiere a aquellos autos o decretos que implican el enjuiciamiento de un juez o, la decisión del Secretario Judicial, sin que supongan la finalización del proceso, ni de la instancia (vg. el auto que condena al requerido al pago de las costas causas, cuando se considere injustificada la oposición a la práctica de diligencias preliminares (artículo 260.3 LEC) y el decreto que nos ocupa no se dicta en el ejercicio de dichas funciones.

El título ejecutivo lo constituye la propia sentencia o resolución definitiva en la que se imponen las costas y el decreto que, en su caso, apruebe la tasación, no es el título que fundamentaría una hipotética vía de apremio, en tanto las costas son una parte integrante de esa resolución definitiva, no de la resolución que pueda aprobarlas. En suma el decreto de aprobación de tasación de costas se limita a fijar de manera definitiva el importe de la cantidad a abonar por parte del condenado a su pago.

Y, de ahí se extraen cuatro importantes consecuencias:

(a) no podrá despacharse ejecución sin que previamente se haya solicitado la de la sentencia, la del auto o la del decreto de la que trae causa esa condena en costas (artículos 517.2.1º, 517.2.9º y 552.1 LEC);

(b) la garantía de permanencia de estos decretos impide que el condenado al pago pueda oponerse con los mismos medios de oposición que la ley deja en manos del ejecutado para oponerse al título ejecutivo (artículos 551 y siguientes LEC).

(c) La calificación como título ejecutivo y el inicio del procedimiento en los términos previstos para la ejecución dineraria supone la apertura de una ejecución sin final, pues la propia ejecución conlleva el nacimiento de un incidente que ocasiona otras costas y así sucesivamente. En tales condiciones no pueden equipararse los efectos del decreto aprobatorio de las costas con los de los títulos ejecutivos del artículo 517.2.1º, 3º y 9º LEC y el órgano judicial viene obligado a una intervención que garantice los derechos de las dos partes y evite situaciones no previstas, ni queridas por la ley (vg. Auto AP VIZCAYA (Sección 4ª) 26 de noviembre de 2007).

(d) Y, en último lugar, porque la ley reconoce el crédito por las costas a la parte, no al profesional que la dirige o representa y del mismo que una reiterada doctrina jurisprudencial exime del requisito documental del artículo 242.2 LEC para la práctica de la tasación de costas (“La parte que pida la tasación de costas presentará con la solicitud los justificantes de haber satisfecho las cantidades cuyo reembolso reclame”), es evidente que fuera de tal supuesto, cualquier otro importe por costas que se reclame, exige previamente una justificación de su abono.

14 julio 2011

¿Cómo que no hay dinero?.

Si nuestra honradísima clase política y periodística – tanto monta- se dedicara algún año a hacer su trabajo (gestión e información), quizá, solo digo, quizá nos ahorraríamos unos cuantos disgustos y unos miles de parados y muchos miles de millones de euros. Comen juntos, desayunan juntos, pasean juntos y como el roce hace el cariño hasta allí llego, al informativo de las 6.00 horas de la mañana de Carlos Herrera y el tortazo de la deuda por culpa de los alemanes. ¿De los alemanes?.

Ayer, un alto cargo de una Comunidad Autónoma Cultural – las incultas son las que tienen el español como único idioma: segundo del mundo hasta que los chinos decidan otra cosa- dijo en “gran comité” que no había un euro para el año que viene (2012) para Justicia y que tocaba ponerle velas a la Virgen. ¿Cómo que no hay dinero?. Echo mano del título y de un par de vueltas al cerebro, no más, para discrepar de la afirmación.

Veamos. Dinero hay, el problema es que no se quiere gastar donde toca, sino donde el periodista y el político (en sentido amplio, entiendan, partidos, sindicatos, ONG y demás colectivos que se financian con subvenciones) quieren. Y el ciudadano, que anda tan indignado, cuando lee la prensa y escucha la radio – la televisión hace tiempo que no informa, lee comunicados y muy mal redactados- no comprende que es el mismo discurso. No hace falta ser Aristóteles para colegir que si el político quiere ahorrar o invertir donde debe, el resto de su clase social (comenzando por esos sindicatos de ignoto presupuesto) se pondrán nerviosos, pondrán nerviosos a sus periodistas de quita y pon y estos, al ciudadano indignado. Y vuelta a empezar.

¿Quiere dinero el alto cargo de justicia?. Una primera idea: reordene efectivos y deje de nombrar funcionarios interinos para aquellas “unidades judiciales” que no los necesitan (¿las Secciones Civiles de algunas Audiencias Provinciales?) ya verá la pasta que nos ahorramos.

11 julio 2011

Por qué no baja el precio de la vivienda ejecutando hipotecas (ni echándole la culpa los “banqueros”).

Bajo la Ley del Péndulo, a la que tan acostumbrados estamos los españoles, lo que hace años significaba riqueza, hoy es sinónimo de maldad y bajo otra Ley tan española como la del Péndulo, la del Cabeza de Turco, son los bancos y banqueros los que parecen caer en su ámbito de aplicación, con guiños a esa masa de indignados que nadie conoce, pero que hacen mucho bulto en las estadísticas electorales.

La crisis española no comenzó en Estados Unidos y los banqueros son tan responsables en el asunto como todos los demás. Y ahora me explico, porque no veo la televisión, ni leo los periódicos salmones, que creo que suelen decir otras cosas (hoy, porque mañana se puede decir todo lo contrario sin modificar el rictus). El problema norteamericano fue crediticio, el español, ha sido y es productivo; en el primero se prestó dinero sin garantías o falseándolas, en nuestro caso la garantía la daban Notarios y Registradores de la Propiedad, pero se prestó dinero con idéntico desorden al del otro lado del Atlántico, porque a corto plazo no había forma de recolocar tanto empleo y, menos con la formación del ramo. Como luego hemos visto, la reconversión de obreros de fachada en ingenieros de esos molinillos que nos colocan en todas las carreteras no es tarea fácil, lo diga la Ley de Economía Sostenible o sus voceros.

El segundo problema, estrictamente nacional, fue la reacción ante el llamado pinchazo: el Gobierno nos puso enormes carteles del PLAN E en los arreglos de las calles, el levantamiento de plazas y la puesta de macetas, inyectando dinero en un sector que ya no existía, mientras permitía que cualquier Comunidad Autónoma – siguiendo a la Catalana- terminara de gastar lo que no tenía. ¿Había límites presupuestarios o “techos de gasto” con le dicen los modernos?. Busquen en la red y quizá se llevan alguna sorpresa.

Y vamos ahora con los bancos, que se han puesto de moda por la colectividad que se reúne en las plazas públicas bajo el rotulo de “indignados”. Los Bancos y las Cajas prestaron 100 con una garantía que tasaron por 100 (el piso de 90 metros y tres habitaciones) y ahora que en el mercado el piso vale 50, hay 50 de pérdida en menos de tres años. Y esos 50 de pérdida no han salido todavía de los balances contables, porque solo podrá salir si se retasa todo el parque inmobiliario, con los estupendos efectos que puede tener para el crédito. Aunque aquí hay un factor añadido: los españoles, de momento, pagamos la hipoteca de la vivienda familiar.

Así que los Bancos y las Cajas se han metido como acreedores en todos los procesos concursales y en las ejecuciones hipotecarias a ver si la cosa mejora – cosa que dudo sino hay crédito, sigue aumentando el paro y se suben los impuestos- y entre concurso y concurso e hipoteca e hipoteca llevamos tres años tirando con la pólvora del Rey en los Juzgados. Y haciendo cosas extrañísimas: adjudicaciones por el 65%, por el 50%, por el 70% de los valores de tasación, cesiones de remate a empresas que tienen el domicilio social a la vuelta de la esquina del de la Caja ejecutante, cesiones de remate a inmobiliarias participadas, y un pequeño etc. Ni que decir tiene que la reforma del Real Decreto Ley 8/2011 es lo más sencillo para abrir telediarios: se tocan tres artículos de la ejecución hipotecaria, se sube el tope de la adjudicación al 60% y le digo a la gente que se queda sin el piso, con parte de la deuda que le perseguirá de por vida, pero que no se preocupe, porque no se sentirá “despojado” (añado “despojada”).

La conclusión es la lógica del proceso: el precio de la vivienda no ha bajado; se ha transformado el objeto de la ejecución hipotecaria –no se ejecuta la garantía real por el préstamo impagado, sino que se recolocan en los balances los pisos de 90 metros- y ahora vamos a por otro culpable (la Ley del Cabeza de Turco que antes cité): el banquero.

Y ¿qué es un banquero?: en un país occidental cualquier persona que tenga unos ahorros por el que reciba interés. Así que andémonos con ojo, el Ministerio de la Vivienda y otras genialidades por el estilo, tienen solución; otras cosas, no.

08 julio 2011

¿Se ha cargado el Gobierno la adjudicación en pago en la ejecución hipotecaria?.

Legislando con prisas y de cara a la galería los resultados suelen ser espantosos, porque la pancarta tapa los ojos y, cuando no se sabe lo que se toca estamos apagando el fuego con gasolina. Y viene a cuento la poesía, porque la novedosa protección al deudor hipotecario del Real Decreto Ley 8/2011 se carga, entiendo, la adjudicación en pago en la ejecución hipotecaria.

Veamos las dos redacciones del artículo 671 LEC

La derogada :

Si en el acto de la subasta no hubiere ningún postor, podrá el acreedor pedir la adjudicación de los bienes por cantidad igual o superior al 50 % de su valor de tasación o por la cantidad que se le deba por todos los conceptos.
Cuando el acreedor, en el plazo de veinte días, no hiciere uso de esa facultad, el Secretario judicial procederá al alzamiento del embargo, a instancia del ejecutado.


La protectora del deudor que entró en vigor ayer
Nueva redacción:

Si en el acto de la subasta no hubiere ningún postor, podrá el acreedor pedir la adjudicación de los bienes por cantidad igual o superior al sesenta por ciento de su valor de tasación.
Cuando el acreedor, en el plazo de veinte días, no hiciere uso de esa facultad, el Secretario judicial procederá al alzamiento del embargo, a instancia del ejecutado.

¿Y dónde se ha quedado la adjudicación “por la cantidad que se le deba por todos los conceptos” que ya no aparece?. Miren, lo desaparecido era la adjudicación en pago y eso era lo que estaban haciendo algunas Cajas de Ahorro con las viviendas vendidas a inmigrantes extranjeros: - me vuelvo a mi país, tome las llaves y, aquí paz y después gloria. Y se hacía tanto dentro como fuera de los Juzgados, porque el precio de la vivienda no ha bajado y, mientras no lo haga, todas las subastas judiciales quedaran desiertas: las fincas se sacan a puja por las valoraciones irreales que se hicieron antes del 2007 y con el resultado esperado.

No se beneficia al deudor si el acreedor sólo puede pedir la adjudicación por el 60% o más del valor del año 2007 (y anteriores), porque el problema no estaba en la adjudicación por el 50% (probablemente el valor real de la vivienda hoy), sino en la adaptación de las valoraciones de las viviendas a los precios de mercado, que los BANCOS y las CAJAS llevan haciendo en los juzgados desde el año 2008. Dicho de otra forma: el “despojo” al deudor (rigurosa técnica legislativa habemus) al que se refiere la exposición de motivos del Real Decreto, se produjo cuando se valoró la vivienda, no cuando se ejecuta la hipoteca y si solo se permite la adjudicación por el 60% o más, el deudor se queda sin casa, seguirá debiendo una parte importante del préstamo y se habrá llevado por delante a los fiadores. Una estupenda forma de evitar el “despojo”.

Y un último apunte. Esta es materia de LEY y de PARLAMENTO. La fórmula del Real Decreto aquí no vale, porque la situación de extraordinaria y urgente necesidad del artículo 86 CE que habilita al Gobierno para el empleo de esta norma se remonta al año 2008. Otra cosa es que no se viera, pero eso no es problema de la ley, sino del oftalmólogo.

06 julio 2011

Comentario de urgencia sobre la Ley 18/2011 reguladora del uso de las tecnologías de la información y la comunicación en la Administración de Justicia.

7.45 horas. Arranca un primer ordenador para intentar las notificaciones por LEXNET que el día anterior no se pudieron enviar (TODAS).

7.50 horas. El programa da error. Permite el acceso y ya dentro te echa (¡menuda novedad!).

7.55 horas. Segundo mensaje error. Le comento a la funcionaria que no lo intente más, pero llega una voz del Juzgado vecino diciendo que se puede entrar.

8.05 horas. El programa permite el acceso a la aplicación, se seleccionan todas las resoluciones y se envían. Mensaje de error en el primer envío.

8.10 horas. Se envían las notificaciones en bloques de veinte, porque un segundo intento de envío masivo (unos ochenta correos electrónicos) vuelve a dar error. Otros dos funcionarios ni se acercan a sus ordenadores. Hemos establecido el turno de las carnicerías y solo entra uno en el programa, ya que hemos comprobado que dos accesos a la vez corrompen los archivos que pretenden enviarse.

8.20 horas. Envío correcto. Se imprimen los acuses de recibo.

8.45 horas. Una funcionaria comunica que ahora falla CICERONE (la estupenda aplicación de gestión procesal)

9.00 horas. El fallo es generalizado en el Juzgado y en los vecinos. Se trabaja hasta que el programa da un mensaje de error rectangular, con colorines y alguna cruz roja. Comienzan las llamadas al CAU de todos los días.

9.15 horas. Tampoco se carga ARCONTE. Los juicios comienzan a las 9.30 horas.

9.45 horas. ARCONTE funciona pero no captura datos de CICERONE. Se graban los dos primeros juicios, sin perder de vista la pantalla ni un segundo.

10.00 horas. No funciona la AGENDA y no hay registro de señalamientos. Seamos más precisos: en algunos ordenadores la AGENDA sale en blanco y otros no. Indico que a nadie se le ocurra comunicar incidencias al CAU, ni al Coordinador.

10.15 horas. CAU informa que la caída de CICIRONE y ARCONTE es generalizada y que no se entre en CICERONE. Evidentemente y por una experiencia ya consolidada hacemos todo lo contrario. Acierto y error y hasta que se logra poner una diligencia o un decreto.

11.30 horas. Se graba una audiencia previa y queda pendiente de señalamiento (se hace en Sala con la AGENDA).

11.45 horas. El aire acondicionado al mínimo y en progresión a pollo asado sin piñones (no hay dinero para piñones, ni para papel). Un genio el que coloco el edificio con esa orientación: lado este al sol permanente, lado oeste a la sombra permanente; los que están en el último se congelan cuando el aire acondicionado se pone al máximo, para los que nos encontramos en el otro no nos asemos. El mando - si lo hay- decide que nos asemos.

12.30 horas. Se retoma el turno de la carnicería para notificar por LEXNET. Un éxito: como se ha trabajado un tercio de lo habitual, no hay problemas de acceso, ni para el envío masivo. Quizá ahí esté el truco: trabajar a un tercio o menos.

13.00 horas. Se graba la última audiencia previa y queda pendiente de señalamiento (se hace en Sala con la AGENDA y esta sigue en blanco).

13.45 horas. Se comunica que los programas se recuperan y comienzan a funcionar con cierta normalidad (no explico lo que se entiende en un Juzgado por normalidad porque nadie fuera de la casa lo creería).

14.00 horas. Parece que ninguna aplicación da problemas.