Nueva versión de LEXNET y colgados de la brocha digital.

El viernes 10 de junio de 2011 el Ministerio de Justicia -que hora ama las nuevas tecnologías y se apunta a cualquier artefacto o red social inventada y por inventar- decidió “implantar” con calzador informático modelo “Atila” una nueva versión de LEXNET en Valencia. En la primera ocasión, la mitad de los Juzgados tuvimos problemas de notificaciones durante cinco días (la ley obliga a hacerlo en tres), pero se solucionó. Ahora no. Retomo el relato.

Una semana antes del famoso viernes 10 de junio de 2011, se recibió un aviso por correo electrónico (del normal) informando a los Secretarios Judiciales que la tercera modernidad nos alcanzaría en esa fecha, con lo que toda resolución debería lanzarse al correo (del seguro) antes de las 13.00 horas. Sincronizamos los relojes, firmamos, lanzamos y ahí seguimos, en la brocha digital espacial, porque no hemos vuelto. El lunes 13 de junio, como era de esperar, de los nueve funcionarios en plantilla, cinco accedieron a la aplicación, sin poder hacer más (y hasta hoy) y los otros cuatro pudieron notificar – darle al botón enviar- por fases, lo de todo el Juzgado. Esta mañana (16 de junio) nadie ha podido entrar en la aplicación, quien lo ha hecho ha sido devuelto a la brocha digital y la página de información sobre LEXNET guarda un respetuoso silencio en forma de pantalla en blanco.

Recuerdo, nuevamente, que LEXNET solo es un correo electrónico y que nos cuesta lo que un Rolls Royce para que todos y todas, públicos y privados sigamos en la casa, gestionando el cambio en forma de notificación segura (a prueba de embazados, vamos), presentación de escritos en papel y nueva notificación electrónica.

¿Saben dónde está el problema?. El Ministerio, los agentes sociales – con su formación continua- y los corporativos, pretenden una aplicación informática que se adapte al papel y que no signifique amortización de puestos de trabajo y eso, es imposible porque no existe, ni existirá.

Vuelvo a mi brocha. El lunes regresaremos al papel. La ley obliga a notificar en tres días y la propaganda no exime de responsabilidad.

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