Fiscalía 1, Agencia de Protección de Datos,0

Cuando la Agencia de Protección de Datos comenzó a ponerse estupenda con los Juzgados de la Instancia, el Consejo General del Poder Judicial llegó a un acuerdo, con tan protectora institución de nuestro derecho a ser desconocidos que en su cláusula segunda, preveía que cuando la primera quisiera inspeccionar un juzgado, se lo notificaría al CGPJ y los dos de común acuerdo, fijarían fecha en la que los inspectores de las dos instituciones realizarían la “visita”. Ignoro si GOOGLE, que lo publica todo incluyendo el DNI, tiene el mismo respeto por la Agencia y ha llegado a los mismos acuerdos, pero la Fiscalía no. La Fiscalía, modelo de institución “pata negra”, no suele andarse con jueguecitos cuando tocan a alguno de sus miembros e interpuso recurso contencioso-administrativo contra la resolución de la Agencia Española de Protección de Datos de fecha 25 de noviembre de 2009 que declaró que la Fiscalía Provincial de Sevilla había infringido lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley Orgánica 15/1999, tipificada como leve en el artículo 44.2.e), y acordó, asimismo, requerir a la citada Fiscalía para que adopte las medidas de orden interno que impidan que en el futuro pueda producirse una nueva infracción del artículo 10 de la LOPD.

En la resolución impugnada se indica que en contenedores de basura, sitos en la vía pública, se encontraron un Auto y una Providencia correspondientes a los procedimientos 346/2006 y 39/2007 respectivamente, procedentes del Juzgado de lo Penal nº 8 de Sevilla, y de la información que figura manuscrita en cada uno de los documentos podría desprenderse que ambos fueron notificados en fecha 6 de junio de 2007 al Ministerio Fiscal, documentos que no se encuentran en los correspondientes expedientes de los procedimientos de que dispone la Fiscalía.

La Sentencia de la Audiencia Nacional, 25 de marzo de 2011 (ROJ SAN 1635/2011) estima el recurso de la Fiscalía y anula la resolución de la AEPD, aunque trata, con otra suerte, el resto de los motivos de oposición.

a) En cuanto a la falta de competencia de la competencia de la AEPD para supervisar los ficheros de la Fiscalía y dictar la resolución impugnada.

Dice la Sentencia que la Sala ya se ha pronunciado sobre tal cuestión en sentencias de 20 de febrero de 2008 y 18 de marzo de 2009, en cuanto a la aplicación de la LOPD a los ficheros de la Fiscalía y, aunque la LOPD no hace ninguna alusión al Ministerio Fiscal (tampoco a los Juzgados y Tribunales) se desprende de lo dispuesto, a sensu contrario, en los artículos 2.2 y 2.3 LOPD, al no figurar entre los excluidos en todo o parte de su ámbito de aplicación, como tampoco figuran los del Poder Judicial .

Por lo demás la Instrucción 6/2001 de la Fiscalía General del Estado, señala que la ausencia de una normativa propia que regule el empleo de las tecnologías de la información en el ámbito de la actuación del Ministerio Fiscal, obliga a acudir a la legislación de protección de datos para hallar el estatuto regulador del empleo de la información personal en el ejercicio de las competencias de la Fiscalía. En definitiva, resulta aplicable la LOPD a los ficheros de la Fiscalía.

b) En cuanto a la competencia de la Agencia para controlar la actuación de la Fiscalía y de los órganos judiciales en el cumplimiento de la LOPD, el artículo 35 de la citada norma se refiere a la naturaleza de la Agencia de Protección de Datos, diciendo que es "un ente de derecho público, con personalidad jurídica propia y plena capacidad pública y privada, que actúa con plena independencia de las Administraciones públicas en el ejercicio de sus funciones". Se trata, efectivamente, de una Autoridad de Control independiente, prevista en el protocolo adicional al Convenio 108, de 28 de enero de 1981, del Consejo de Europa y en el artículo 28 de la Directiva 95/46/CE que traspone la LOPD y reconocida como tal en la STC 290/2000.

c) En cuanto a la posibilidad de control de la actuación de la Fiscalía por parte de la Agencia, este tiene sus límites pues nunca podrá hacer valoraciones sobre apreciaciones de competencias jurisdiccionales o quasi jurisdiccionales. Pero en el caso de autos la Agencia no ha sobrepasado este límite, pues la posibilidad de control se extiende lógicamente a los datos de carácter personal obrantes en poder de la Fiscalía.

d) En cuanto al fondo del asunto, la parte recurrente aduce la inexistencia de base probatoria alguna para afirmar acreditada la culpabilidad de la Fiscalía, no respetándose la presunción de inocencia. Por su parte, la Abogacía del Estado considera la existencia de prueba indiciaria suficiente para imputar los hechos a la actora.

Y a partir de ahora transcribo literalmente la sentencia, recomendando la lectura del cuarto párrafo y el reparto de culpas con ventilador de tanta costumbre en el coso patrio.

cita:


Pues bien, el principio de presunción de inocencia es de obligada observancia también en el procedimiento administrativo sancionador, de forma que un pronunciamiento de esta naturaleza debe descansar necesariamente en la existencia de una mínima actividad probatoria de cargo, en el sentido de que de ella quepa deducir tanto la realidad del hecho infractor como la culpabilidad de la persona a quien le es imputado. Tal prueba puede consistir ciertamente en la llamada indirecta o indiciaria, entendida como aquella que muestra la certeza de unos hechos que no son en sí mismos los integrantes de la infracción o los determinantes de la culpabilidad, pero de los que cabe inferir lógicamente una y otra.

Ahora bien, como se recoge en reiterada jurisprudencia, dicha prueba indiciaria sólo será apta para destruir aquella presunción constitucional: a) cuando los indicios -los hechos indiciarios- estén efectivamente probados; y b) cuando el órgano sancionador haga explícito el razonamiento en virtud del cual, partiendo de tales indicios, obtiene la conclusión de la realidad del hecho infractor y de la culpabilidad.

La citada presunción no ha sido respetada la resolución impugnada. En efecto, el único dato incriminador -indirecto - que encontramos en el procedimiento administrativo sancionador consiste en el hecho de que la copia de la resoluciones judiciales no se encontraba en las carpetillas de la Fiscalía correspondientes a los asuntos 346/2006 y 39/2007, y de tal hecho la Agencia deduce que la Fiscalía es responsable de que las copias de las resoluciones judiciales apareciesen en los contenedores de basuras sitos en la vía pública.

Pero el hecho de que tales copias no estén en las carpetillas correspondientes de la Fiscalía es un indicio insuficiente para deducir de él la culpabilidad de la citada Fiscalía respecto al hecho infractor. Que las copias no se encuentren en las carpetillas correspondientes puede tener otras explicaciones, como apunta la parte recurrente, simplemente que se encuentren en la correspondiente a otro asunto o todavía no hayan sido incluidas en las carpetillas etc. La Agencia no ha realizado diligencia de prueba tendente a cerrar estas distintas posibilidades y conseguir acreditar la falta de diligencia de la Fiscalía.

De otra parte, no se puede pasar por alto que copia de tales documentos fueron manejados por personal del Juzgado de lo Penal, por el Procurador de los Tribunales y por la Fiscalía.

A la vista de lo anterior, jurídicamente no cabe tener por cierto la culpabilidad de la Fiscalía a quien se imputa el hecho infractor pues faltan aquellas dos exigencias sobre las que ha de descansar la aptitud o idoneidad de la prueba indiciaria, es decir, la acreditación del indicio y la exteriorización del proceso lógico que conduce desde él, con un enlace preciso y directo según las reglas del criterio humano, a la conclusión de que la imputada realizó la conducta infractora.

Así las cosas, resulta insuficiente la prueba aportada por la Administración y cualquier insuficiencia en el resultado de las pruebas practicadas debe traducirse en un pronunciamiento absolutorio, procediendo, por ello, la estimación del recurso ya que, negados los hechos por la recurrente que no viene obligado a acreditar su inocencia, la carga de la prueba correspondía a quien acusa, es decir a la Administración que no ha aportado prueba suficiente de los hechos imputados.


En los casos de los Juzgados de Primera Instancia nº 6 de Sevilla y números 3 y 6 de Alzira (Valencia), que también tenían que ver con los cubos de basura, no habría venido mal un recurso contencioso, aunque luego no pase nada y se resuelva cuatro años después, porque de vez en cuando hay que levantar la patita y mostrar signos de agresividad administrativa y hasta que llegue el día que la Agencia cargue contra GOOGLE de oficio, mejor enfrentados que amigos.

Comentarios

  1. Casi mejor es en el fundamento segundo: "En definitiva, no hay constancia documental de que se hubiesen practicado las notificaciones al Fiscal pese a la nota manuscrita que figura en las dos fotocopias".
    ¿sería la lista de la compra lo que estaba escrito?
    ¿será así como no llegan las notificaciones a los Juzgados?

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