Diez causas del colapso judicial: las chapuzas del Legislador (la tasa judicial)

Las Leyes de acompañamiento fueron un invento de los Gobiernos Aznar para modificar, vía Disposición Adicional, cualquier cosa que tuviera acceso al BOE y quien más quien menos, recordará esos boletines oficiales del mes de diciembre de cientos de páginas que había que leer columna a columna, porque detrás del precio del billete de lotería, podías encontrarte una modificación procesal o el interés legal del dinero.

El primer Gobierno Socialista de la paz (hoy en dos guerras) y de los derechos sociales (hoy con una bajada de sueldo y de pensiones, que serán dos antes de fin de año y gracias) prometió no hacer uso de las Leyes de acompañamiento por la inseguridad jurídica y demás efectos perniciosos que producía en el ordenamiento, pero lo que no dijo es que se iba a modificar cualquier cosa, en cualquier momento y en cualquier ley, tuviera o no que ver con el proyecto presentado en el Parlamento.

Y aquí aparece la TASA JUDICIAL, que se introdujo en la LEY 53/2002 de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social y que se retocó en la LEY 4/2011, de 24 de marzo, de modificación de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, para facilitar la aplicación en España de los procesos europeos monitorio y de escasa cuantía, para acabar con una distorsión detectada en la actualidad en relación con los procesos monitorios, a los cuales se recurre, al no estar gravados con la tasa judicial, de manera masiva para eludir procesos en los que sí resulta exigible dicho tributo.

¿Qué tiene que ver la TASA JUDICIAL con el PROCESO MONITORIO?. Absolutamente nada, aunque diga el Preámbulo de la LEY 4/2011 que la implantación de la tasa judicial para el monitorio más que una finalidad recaudatoria, “lo que pretende es ordenar el ámbito de cada cauce procesal de manera más racional”. Y tanto pretende ordenar el ámbito de la finalidad recaudatoria o procesal o, vaya usted saber qué, que aprovechando que el Pisuerga pasa por Madrid, el Boletín Oficial de las Cortes Generales (SENADO) del día 3 de junio de 2011 publica lo siguiente:

CITA :


PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY. Proyecto de Ley reguladora del uso de las tecnologías de la información y la comunicación en la Administración de Justicia.

Disposición adicional decimotercera (nueva). Modificación de la Ley 53/2002, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social.

Se añade una letra d) al número 1 del apartado tres del artículo 35 de la Ley 53/2002, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, con la siguiente redacción:

«d) La presentación inicial del procedimiento monitorio y del proceso monitorio europeo en reclamación del pago de una deuda que no exceda de 30.000 euros.»

Les explico porque andarán perdidos. La TASA JUDICIAL persigue que BANCOS, CAJAS (si quedan) y GRANDES EMPRESAS paguen por la utilización de la Justicia y, con la presentación de las demandas se acompaña un impreso de la AEAT (el famoso 696) en el que se liquida un importe según la cantidad reclamada. El Gobierno actual con una FINALIDAD ESTRICTAMENTE RECAUDATORIA, extendió la obligación del pago a cualquiera que pasara por la calle y se ha encontrado dos meses después de la genialidad – una de tantas- con un sobrecoste desproporcionado en la reclamación monitoria (que es el proceso previsto para agilizar el pequeño comercio y una satisfacción rápida de las deudas), así que nada mejor que agarrar cualquier ley que sonara a Justicia y modificar la fórmula mágica, introduciendo una exención tributaria para reclamaciones superiores a 30.000€.

Si ustedes saben la razón del límite en esa cantidad, gustoso les atiendo y, también si conocen la relación entre la modificación y el Proyecto de Ley reguladora del uso de las tecnologías de la información y la comunicación en la Administración de Justicia, salvo que responda al proverbio castellano de: ¿Qué horas es?. Manzanas traigo.

Y cuidado que ahí no acaba el baile. En otro Proyecto de Ley en trámite (el de Agilización procesal) se pretende añadir este parrafito en el artículo que regula las costas:

CITA:

Se añade un nuevo número 7º al párrafo segundo del apartado 1 del artículo 241, con la siguiente redacción:

«7.º La tasa por el ejercicio de la potestad jurisdiccional, cuando ésta sea preceptiva.»

Con lo que llegamos a la cuadratura del círculo. El Gobierno de la paz y de los derechos sociales acepta que BANCOS, CAJAS (si quedan) y GRANDES EMPRESAS recuperen el dinero con el que financian la Justicia (ese es el único motivo de la TASA JUDICIAL) por la vía de los GASTOS PROCESALES. Perdonen la autocita, aquí les dejo un enlace con un artículo que publiqué hace tiempo y en el que intento demostrar que la TASA JUDICIAL no puede recobrarse como el Gobierno pretende.

Y llegados a este punto no sería más útil, práctico y justo que dejáramos tranquilo el BOE en los próximos meses o, ¿vamos a seguir jugando a alumno que nunca hace los deberes -seis años dedicándose a cosas como la memoria histórica, alianzas de variado pelaje y condición y el aborto- y pretende aprobarlo todo el septiembre?.

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