26 junio 2011

Fiscalía 1, Agencia de Protección de Datos,0

Cuando la Agencia de Protección de Datos comenzó a ponerse estupenda con los Juzgados de la Instancia, el Consejo General del Poder Judicial llegó a un acuerdo, con tan protectora institución de nuestro derecho a ser desconocidos que en su cláusula segunda, preveía que cuando la primera quisiera inspeccionar un juzgado, se lo notificaría al CGPJ y los dos de común acuerdo, fijarían fecha en la que los inspectores de las dos instituciones realizarían la “visita”. Ignoro si GOOGLE, que lo publica todo incluyendo el DNI, tiene el mismo respeto por la Agencia y ha llegado a los mismos acuerdos, pero la Fiscalía no. La Fiscalía, modelo de institución “pata negra”, no suele andarse con jueguecitos cuando tocan a alguno de sus miembros e interpuso recurso contencioso-administrativo contra la resolución de la Agencia Española de Protección de Datos de fecha 25 de noviembre de 2009 que declaró que la Fiscalía Provincial de Sevilla había infringido lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley Orgánica 15/1999, tipificada como leve en el artículo 44.2.e), y acordó, asimismo, requerir a la citada Fiscalía para que adopte las medidas de orden interno que impidan que en el futuro pueda producirse una nueva infracción del artículo 10 de la LOPD.

En la resolución impugnada se indica que en contenedores de basura, sitos en la vía pública, se encontraron un Auto y una Providencia correspondientes a los procedimientos 346/2006 y 39/2007 respectivamente, procedentes del Juzgado de lo Penal nº 8 de Sevilla, y de la información que figura manuscrita en cada uno de los documentos podría desprenderse que ambos fueron notificados en fecha 6 de junio de 2007 al Ministerio Fiscal, documentos que no se encuentran en los correspondientes expedientes de los procedimientos de que dispone la Fiscalía.

La Sentencia de la Audiencia Nacional, 25 de marzo de 2011 (ROJ SAN 1635/2011) estima el recurso de la Fiscalía y anula la resolución de la AEPD, aunque trata, con otra suerte, el resto de los motivos de oposición.

a) En cuanto a la falta de competencia de la competencia de la AEPD para supervisar los ficheros de la Fiscalía y dictar la resolución impugnada.

Dice la Sentencia que la Sala ya se ha pronunciado sobre tal cuestión en sentencias de 20 de febrero de 2008 y 18 de marzo de 2009, en cuanto a la aplicación de la LOPD a los ficheros de la Fiscalía y, aunque la LOPD no hace ninguna alusión al Ministerio Fiscal (tampoco a los Juzgados y Tribunales) se desprende de lo dispuesto, a sensu contrario, en los artículos 2.2 y 2.3 LOPD, al no figurar entre los excluidos en todo o parte de su ámbito de aplicación, como tampoco figuran los del Poder Judicial .

Por lo demás la Instrucción 6/2001 de la Fiscalía General del Estado, señala que la ausencia de una normativa propia que regule el empleo de las tecnologías de la información en el ámbito de la actuación del Ministerio Fiscal, obliga a acudir a la legislación de protección de datos para hallar el estatuto regulador del empleo de la información personal en el ejercicio de las competencias de la Fiscalía. En definitiva, resulta aplicable la LOPD a los ficheros de la Fiscalía.

b) En cuanto a la competencia de la Agencia para controlar la actuación de la Fiscalía y de los órganos judiciales en el cumplimiento de la LOPD, el artículo 35 de la citada norma se refiere a la naturaleza de la Agencia de Protección de Datos, diciendo que es "un ente de derecho público, con personalidad jurídica propia y plena capacidad pública y privada, que actúa con plena independencia de las Administraciones públicas en el ejercicio de sus funciones". Se trata, efectivamente, de una Autoridad de Control independiente, prevista en el protocolo adicional al Convenio 108, de 28 de enero de 1981, del Consejo de Europa y en el artículo 28 de la Directiva 95/46/CE que traspone la LOPD y reconocida como tal en la STC 290/2000.

c) En cuanto a la posibilidad de control de la actuación de la Fiscalía por parte de la Agencia, este tiene sus límites pues nunca podrá hacer valoraciones sobre apreciaciones de competencias jurisdiccionales o quasi jurisdiccionales. Pero en el caso de autos la Agencia no ha sobrepasado este límite, pues la posibilidad de control se extiende lógicamente a los datos de carácter personal obrantes en poder de la Fiscalía.

d) En cuanto al fondo del asunto, la parte recurrente aduce la inexistencia de base probatoria alguna para afirmar acreditada la culpabilidad de la Fiscalía, no respetándose la presunción de inocencia. Por su parte, la Abogacía del Estado considera la existencia de prueba indiciaria suficiente para imputar los hechos a la actora.

Y a partir de ahora transcribo literalmente la sentencia, recomendando la lectura del cuarto párrafo y el reparto de culpas con ventilador de tanta costumbre en el coso patrio.

cita:


Pues bien, el principio de presunción de inocencia es de obligada observancia también en el procedimiento administrativo sancionador, de forma que un pronunciamiento de esta naturaleza debe descansar necesariamente en la existencia de una mínima actividad probatoria de cargo, en el sentido de que de ella quepa deducir tanto la realidad del hecho infractor como la culpabilidad de la persona a quien le es imputado. Tal prueba puede consistir ciertamente en la llamada indirecta o indiciaria, entendida como aquella que muestra la certeza de unos hechos que no son en sí mismos los integrantes de la infracción o los determinantes de la culpabilidad, pero de los que cabe inferir lógicamente una y otra.

Ahora bien, como se recoge en reiterada jurisprudencia, dicha prueba indiciaria sólo será apta para destruir aquella presunción constitucional: a) cuando los indicios -los hechos indiciarios- estén efectivamente probados; y b) cuando el órgano sancionador haga explícito el razonamiento en virtud del cual, partiendo de tales indicios, obtiene la conclusión de la realidad del hecho infractor y de la culpabilidad.

La citada presunción no ha sido respetada la resolución impugnada. En efecto, el único dato incriminador -indirecto - que encontramos en el procedimiento administrativo sancionador consiste en el hecho de que la copia de la resoluciones judiciales no se encontraba en las carpetillas de la Fiscalía correspondientes a los asuntos 346/2006 y 39/2007, y de tal hecho la Agencia deduce que la Fiscalía es responsable de que las copias de las resoluciones judiciales apareciesen en los contenedores de basuras sitos en la vía pública.

Pero el hecho de que tales copias no estén en las carpetillas correspondientes de la Fiscalía es un indicio insuficiente para deducir de él la culpabilidad de la citada Fiscalía respecto al hecho infractor. Que las copias no se encuentren en las carpetillas correspondientes puede tener otras explicaciones, como apunta la parte recurrente, simplemente que se encuentren en la correspondiente a otro asunto o todavía no hayan sido incluidas en las carpetillas etc. La Agencia no ha realizado diligencia de prueba tendente a cerrar estas distintas posibilidades y conseguir acreditar la falta de diligencia de la Fiscalía.

De otra parte, no se puede pasar por alto que copia de tales documentos fueron manejados por personal del Juzgado de lo Penal, por el Procurador de los Tribunales y por la Fiscalía.

A la vista de lo anterior, jurídicamente no cabe tener por cierto la culpabilidad de la Fiscalía a quien se imputa el hecho infractor pues faltan aquellas dos exigencias sobre las que ha de descansar la aptitud o idoneidad de la prueba indiciaria, es decir, la acreditación del indicio y la exteriorización del proceso lógico que conduce desde él, con un enlace preciso y directo según las reglas del criterio humano, a la conclusión de que la imputada realizó la conducta infractora.

Así las cosas, resulta insuficiente la prueba aportada por la Administración y cualquier insuficiencia en el resultado de las pruebas practicadas debe traducirse en un pronunciamiento absolutorio, procediendo, por ello, la estimación del recurso ya que, negados los hechos por la recurrente que no viene obligado a acreditar su inocencia, la carga de la prueba correspondía a quien acusa, es decir a la Administración que no ha aportado prueba suficiente de los hechos imputados.


En los casos de los Juzgados de Primera Instancia nº 6 de Sevilla y números 3 y 6 de Alzira (Valencia), que también tenían que ver con los cubos de basura, no habría venido mal un recurso contencioso, aunque luego no pase nada y se resuelva cuatro años después, porque de vez en cuando hay que levantar la patita y mostrar signos de agresividad administrativa y hasta que llegue el día que la Agencia cargue contra GOOGLE de oficio, mejor enfrentados que amigos.

16 junio 2011

Nueva versión de LEXNET y colgados de la brocha digital.

El viernes 10 de junio de 2011 el Ministerio de Justicia -que hora ama las nuevas tecnologías y se apunta a cualquier artefacto o red social inventada y por inventar- decidió “implantar” con calzador informático modelo “Atila” una nueva versión de LEXNET en Valencia. En la primera ocasión, la mitad de los Juzgados tuvimos problemas de notificaciones durante cinco días (la ley obliga a hacerlo en tres), pero se solucionó. Ahora no. Retomo el relato.

Una semana antes del famoso viernes 10 de junio de 2011, se recibió un aviso por correo electrónico (del normal) informando a los Secretarios Judiciales que la tercera modernidad nos alcanzaría en esa fecha, con lo que toda resolución debería lanzarse al correo (del seguro) antes de las 13.00 horas. Sincronizamos los relojes, firmamos, lanzamos y ahí seguimos, en la brocha digital espacial, porque no hemos vuelto. El lunes 13 de junio, como era de esperar, de los nueve funcionarios en plantilla, cinco accedieron a la aplicación, sin poder hacer más (y hasta hoy) y los otros cuatro pudieron notificar – darle al botón enviar- por fases, lo de todo el Juzgado. Esta mañana (16 de junio) nadie ha podido entrar en la aplicación, quien lo ha hecho ha sido devuelto a la brocha digital y la página de información sobre LEXNET guarda un respetuoso silencio en forma de pantalla en blanco.

Recuerdo, nuevamente, que LEXNET solo es un correo electrónico y que nos cuesta lo que un Rolls Royce para que todos y todas, públicos y privados sigamos en la casa, gestionando el cambio en forma de notificación segura (a prueba de embazados, vamos), presentación de escritos en papel y nueva notificación electrónica.

¿Saben dónde está el problema?. El Ministerio, los agentes sociales – con su formación continua- y los corporativos, pretenden una aplicación informática que se adapte al papel y que no signifique amortización de puestos de trabajo y eso, es imposible porque no existe, ni existirá.

Vuelvo a mi brocha. El lunes regresaremos al papel. La ley obliga a notificar en tres días y la propaganda no exime de responsabilidad.

09 junio 2011

Peacekeeping, peacemaking, peacebuilding, y peacetonting.


En los últimos años se ha discutido en el Congreso y en el Senado sobre verdaderas estupideces y, en el peor de los casos, han llegado al BOE en forma de ley. En el año 2005, el Boletín nos soltó la ley de “fomento de la educación y de la cultura de la paz”, de contenido memorable, con una exposición de motivos que contiene, entre otros, el siguiente párrafo:

Cita:

Se trata, en definitiva, de un siglo en el que ha prevalecido de forma notable una cultura de la violencia que se caracteriza por poner de manifiesto siete inseguridades graves que, muy a menudo, generan frustraciones, y, consecuentemente, violencia a escalas muy diferentes. Estas siete inseguridades fueron puestas de manifiesto por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en 1998 y son de tipo económico y financiero, de las rentas, cultural, sanitario, personal, ambiental, y político y comunitario. Tales inseguridades se encuentran en la base de las numerosas injusticias y desigualdades que imperan tanto a escala local, como regional, como, incluso, mundial.

A tal fin “España resolverá sus controversias internacionales de conformidad con la Carta de Naciones Unidas y los demás instrumentos internacionales de los que es parte, colaborando en el fortalecimiento de la Paz y la Seguridad Internacional, la Cooperación y los Derechos Humanos (artículo 1.1) y el Gobierno promoverá que en todos los niveles del sistema educativo las asignaturas se impartan de acuerdo con los valores propios de una cultura de paz, y la creación de asignaturas especializadas en cuestiones relativas a la educación para la paz y los valores democráticos (artículo 2.1)”.

Se olvidó que la mayor parte de los tratadistas serios en la materia publican (y son publicados) en inglés y que dado aquí vamos de cultos con todos esos idiomas autonómicos tan respetables, mientras no fomentemos en serio el inglés, mal camino lleva la paz, porque con redactar pancartas no vale.

Pero, esperen, esperen, el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds entre manifestación y manifestación contra Estados Unidos y Esperanza Aguirre, tuvo tiempo para publicar en el BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES CONGRESO DE LOS DIPUTADOS la PROPOSICIÓN DE LEY122/000068 de modificación de la Ley 27/2005, de 30 de noviembre, de fomento de la educación y la cultura de la paz.

No salió adelante así que el Gobierno, “ya no llevará a cabo las consultas que considere convenientes con la sociedad civil organizada por la paz, en especial con la Asociación Española de Investigación para la Paz (AIPAZ), federación de centros de investigación y ONG de paz de todo el Estado”. (El párrafo es literal del artículo 2.º y no lo ha escrito, que sepamos, ningún humorista o similar). Una pena, snif, snif y snif.

Ahí no paró la cosa, el BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES CONGRESO DE LOS DIPUTADOS IX LEGISLATURA Serie B: PROPOSICIONES DE LEY 3 de abril de 2009 Núm. 178-1, publicó la Proposición de Ley para la creación del Instituto de Civiles por la Paz, también presentada por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, suerte de chorrada de difícil digestión que termina cabreando al más pintado, sino fuera porque lo que se esconde detrás es una agencia del INEM encubierta.

Aviso que el lenguaje es ininteligible.

Dice el preámbulo:

La Doctrina de Seguridad Humana para Europa propuesta por el Consejo de la UE en diciembre de 2003 menciona la creación de una "Fuerza de respuesta para la seguridad humana" para aplicar el concepto de "compromiso preventivo" integrada al menos en un tercio por civiles (y se enuncia una cifra que asciende a 5.000 personas) ya que ninguna de las nuevas amenazas a la seguridad es exclusivamente militar y no pueden por tanto ser enfocadas desde un punto exclusivamente militar”.

La ley previa la creación del Instituto de Civiles por la Paz como Organismo Autónomo de la Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado, adscrito al Ministerio de la Presidencia, que se configuraría como ente de derecho público con personalidad jurídica propia y plena capacidad de obrar para el cumplimiento de sus fines” (igual que la baratísimas Televisiones Autonómicas) y el Cuerpos de Civiles de Paz, formados por civiles desarmados con recursos y formación específica para la intervención en conflictos y en crisis humanitarias. Conozco, por referencias, un par o tres de talibanes que estarían encantados de confraternizar con estos civiles desarmados.

El Proyecto fue retirado, pero nunca se sabe, porque los amiguitos de la paz del Siglo XX – precedente inmediato de Izquierda Unida y sus muchachos- no es que se esforzaran mucho en el respeto al ser humano.

Hoy tenemos cazas bombardeando Libia, barcos y aviones en Somalia y soldados en patrullas de combate en Afganistán. Y a nadie se le cae la cara de vergüenza.

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07 junio 2011

Diez causas del colapso judicial: las chapuzas del Legislador (la tasa judicial)

Las Leyes de acompañamiento fueron un invento de los Gobiernos Aznar para modificar, vía Disposición Adicional, cualquier cosa que tuviera acceso al BOE y quien más quien menos, recordará esos boletines oficiales del mes de diciembre de cientos de páginas que había que leer columna a columna, porque detrás del precio del billete de lotería, podías encontrarte una modificación procesal o el interés legal del dinero.

El primer Gobierno Socialista de la paz (hoy en dos guerras) y de los derechos sociales (hoy con una bajada de sueldo y de pensiones, que serán dos antes de fin de año y gracias) prometió no hacer uso de las Leyes de acompañamiento por la inseguridad jurídica y demás efectos perniciosos que producía en el ordenamiento, pero lo que no dijo es que se iba a modificar cualquier cosa, en cualquier momento y en cualquier ley, tuviera o no que ver con el proyecto presentado en el Parlamento.

Y aquí aparece la TASA JUDICIAL, que se introdujo en la LEY 53/2002 de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social y que se retocó en la LEY 4/2011, de 24 de marzo, de modificación de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, para facilitar la aplicación en España de los procesos europeos monitorio y de escasa cuantía, para acabar con una distorsión detectada en la actualidad en relación con los procesos monitorios, a los cuales se recurre, al no estar gravados con la tasa judicial, de manera masiva para eludir procesos en los que sí resulta exigible dicho tributo.

¿Qué tiene que ver la TASA JUDICIAL con el PROCESO MONITORIO?. Absolutamente nada, aunque diga el Preámbulo de la LEY 4/2011 que la implantación de la tasa judicial para el monitorio más que una finalidad recaudatoria, “lo que pretende es ordenar el ámbito de cada cauce procesal de manera más racional”. Y tanto pretende ordenar el ámbito de la finalidad recaudatoria o procesal o, vaya usted saber qué, que aprovechando que el Pisuerga pasa por Madrid, el Boletín Oficial de las Cortes Generales (SENADO) del día 3 de junio de 2011 publica lo siguiente:

CITA :


PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY. Proyecto de Ley reguladora del uso de las tecnologías de la información y la comunicación en la Administración de Justicia.

Disposición adicional decimotercera (nueva). Modificación de la Ley 53/2002, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social.

Se añade una letra d) al número 1 del apartado tres del artículo 35 de la Ley 53/2002, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, con la siguiente redacción:

«d) La presentación inicial del procedimiento monitorio y del proceso monitorio europeo en reclamación del pago de una deuda que no exceda de 30.000 euros.»

Les explico porque andarán perdidos. La TASA JUDICIAL persigue que BANCOS, CAJAS (si quedan) y GRANDES EMPRESAS paguen por la utilización de la Justicia y, con la presentación de las demandas se acompaña un impreso de la AEAT (el famoso 696) en el que se liquida un importe según la cantidad reclamada. El Gobierno actual con una FINALIDAD ESTRICTAMENTE RECAUDATORIA, extendió la obligación del pago a cualquiera que pasara por la calle y se ha encontrado dos meses después de la genialidad – una de tantas- con un sobrecoste desproporcionado en la reclamación monitoria (que es el proceso previsto para agilizar el pequeño comercio y una satisfacción rápida de las deudas), así que nada mejor que agarrar cualquier ley que sonara a Justicia y modificar la fórmula mágica, introduciendo una exención tributaria para reclamaciones superiores a 30.000€.

Si ustedes saben la razón del límite en esa cantidad, gustoso les atiendo y, también si conocen la relación entre la modificación y el Proyecto de Ley reguladora del uso de las tecnologías de la información y la comunicación en la Administración de Justicia, salvo que responda al proverbio castellano de: ¿Qué horas es?. Manzanas traigo.

Y cuidado que ahí no acaba el baile. En otro Proyecto de Ley en trámite (el de Agilización procesal) se pretende añadir este parrafito en el artículo que regula las costas:

CITA:

Se añade un nuevo número 7º al párrafo segundo del apartado 1 del artículo 241, con la siguiente redacción:

«7.º La tasa por el ejercicio de la potestad jurisdiccional, cuando ésta sea preceptiva.»

Con lo que llegamos a la cuadratura del círculo. El Gobierno de la paz y de los derechos sociales acepta que BANCOS, CAJAS (si quedan) y GRANDES EMPRESAS recuperen el dinero con el que financian la Justicia (ese es el único motivo de la TASA JUDICIAL) por la vía de los GASTOS PROCESALES. Perdonen la autocita, aquí les dejo un enlace con un artículo que publiqué hace tiempo y en el que intento demostrar que la TASA JUDICIAL no puede recobrarse como el Gobierno pretende.

Y llegados a este punto no sería más útil, práctico y justo que dejáramos tranquilo el BOE en los próximos meses o, ¿vamos a seguir jugando a alumno que nunca hace los deberes -seis años dedicándose a cosas como la memoria histórica, alianzas de variado pelaje y condición y el aborto- y pretende aprobarlo todo el septiembre?.

02 junio 2011

Conflictos de competencia, Sala Civil, Tribunal Supremo 2011.

Últimos pronunciamientos de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo en conflictos de competencia. El documento se encuentra despues de la relación de autos.

CONCILIACION. Auto TS, Sala de lo Civil, 26 de Abril de 2011 (ROJ: ATS 4682/2011).

CAMBIARIO. Auto TS, Sala de lo Civil, 3 de Mayo del 2011 (ROJ: ATS 4670/2011), Auto TS, Civil sección 1 del 15 de Marzo del 2011 (ROJ: ATS 2916/2011) y Auto TS, Sala de lo Civil, 11 de Enero del 2011 (ROJ: ATS 568/2011)

MONITORIO. Auto TS, Civil sección 1 del 8 de Febrero del 2011 (ROJ: ATS 1360/2011) y Auto TS, Sala de lo Civil, 8 de Febrero del 2011 (ROJ: ATS 1158/2011)

JUICIO VERBAL. Auto TS, Sala de lo Civil, 11 de Enero del 2011 (ROJ: ATS 411/2011) y Auto TS, Civil sección 1 del 15 de Febrero del 2011 (ROJ: ATS 1646/2011).

EJECUCIÓN DE TÍTULO NO JUDICIAL. Auto TS, Civil, Sección 1 del 22 de Febrero del 2011 (ROJ: ATS 1727/2011), Auto TS, Sala de lo Civil, 8 de Febrero del 2011 (ROJ: ATS 1145/2011) y Auto TS, Civil sección 1 del 29 de Marzo del 2011 (ROJ: ATS 3271/2011).

JURA DE CUENTAS. Auto TS, Sala de lo Civil, 8 de Febrero del 2011 (ROJ: ATS 1153/2011)