06 mayo 2011

Los honorarios del Abogado en un pueblo polaco: a propósito de la STS 8-4-2011.

¿Tengas pleitos y los ganes?. Pues si los pierden, preparen la cartera, porque el horno no es que esté para bollos, está para pollos de vuelta y vuelta, asándose con derecho a requerimientos y embargos judiciales hasta la segunda o tercera reencarnación en la que seguro aparecen esos brotes verdes que nadie ve (o casi nadie). Y así sucede que este año, es el primero desde que sigo el dato, en el que las ejecuciones para el cobro de autos o decretos aprobando las costas han aumentado significativamente respecto a lustros anteriores, lo que indica que la cosa anda muy mal y que los clientes no mueven los bolsillos, si los tienen.

Y aquí comienza un debate a navajazos, muy español y refinado, en el que una parte afirma que los honorarios de los Abogados lindan con el robo a bolígrafo armado de tinta de la que mancha y otra, que defiende justamente lo contrario. No hay posición intermedia, porque en España nunca se acercan posturas salvo en las guerras y en las camas (piensen lo peor y acertarán) y así, verbigracia, mientras en un juicio verbal de tráfico por daños de 600,00€ el abogado merecería quedarse con el BMW del cliente, en una ejecución hipotecaria de 300.000,00€ - valor del préstamo vencido- el trabajo del letrado no debería pasar de 1.500,00€ y no quieran saber lo que cobran.

Pero hay casos en los que los pueblos que se pasan llegan a la frontera con Alemania y alcanzan alguno polaco. Dice la Sentencia TS 8 de abril 2011, (ROJ STS 2011/2011, Nº de Recurso: 1458/2007, Nº de Resolución: 203/2011) que el Bufete Carlos María presentó una demanda por incumplimiento de contrato de arrendamiento de servicios contra Dª. Celia, heredera de D. Anselmo, en reclamación de 239.366,23€ por honorarios profesionales, más 4.293,49€ por suplidos de Perito y de Procurador, más los intereses legales de todas las cantidades reclamadas desde la fecha de 16 de febrero de 2006, más las costas del juicio. No sé si ha quedado en el tintero algún otro “más”, pero Dª. Celia se opuso a la reclamación solicitando la nulidad de la cláusula en aplicación de la Ley General de Protección de Consumidores y Usuarios, aunque reconoció la existencia del contrato y consignó la cantidad de 46.053,49€ para su entrega a la parte actora.

D. Anselmo, fallecido, firmó un contrato de arrendamiento de servicios profesionales con el Bufete Carlos María, para la defensa de sus intereses en un proceso divisorio de herencia, que incluía la cláusula siguiente: "si por cualquier circunstancia Don Anselmo decidiera prescindir de los servicios de Abogados, los honorarios quedarán fijados en el quince por ciento del valor de su participación en la herencia, según la valoración más alta de la que se tenga conocimiento y serán satisfechos en el momento de retirada del asunto".

El Juzgado estimó parcialmente la demanda y condenó al pago 66.933,49€, más intereses desde 16 de febrero de 2006, la Audiencia Provincial revocó parcialmente esa resolución y aumentó la cantidad a pagar a 158.631,52€ y el Tribunal Supremo, en un párrafo – tampoco hace falta mayor extensión- echa mano de los artículo 10.1.c) y 10 bis de la Ley 26/84, de 19 de julio, General de protección de Consumidores y Usuarios (vigente en el momento de los hechos) que exige buena fe y justo equilibrio de las contraprestaciones y excluye las cláusulas abusivas, para afirmar:

cita:


Es evidente que lo que se convino en el contrato penaliza de forma clara y grave al cliente desde el momento en que es la voluntad del profesional la que impone de forma encubierta los requisitos del servicio jurídico que presta el bufete para impedir que el cliente pueda resolver unilateralmente el contrato con evidente y grave limitación de su derecho de defensa, pues solo será posible hacerlo mediante el desembolso de una indemnización desproporcionadamente alta que no tiene como correlativo un pacto que ampare su situación en el supuesto de que quisiera resolver el contrato sea cual sea el motivo y en que momento. Se trata, en definitiva, de una cláusula abusiva y, por tanto, nula, que no mantiene una reciprocidad real y equitativa de las obligaciones asumidas por ambos contratantes.


El Tribunal Supremo asume la tesis de Dª. Celia y reconoce una deuda de 46.053,49€ y gastos de perito y procurador, pero condena al Bufete Carlos María en las costas de la reconvención y del recurso de apelación, con lo que el viaje de regreso del Bufete, desde el primer pueblo de Polonia, da de todo menos risa y es posible, a bote pronto, que Dª Celia no tenga que pagar un euro y aún le deban; risa respecto al Bufete, entiéndase, porque a Dª. Celia la primera reclamación de 239.366,23€ y todos los “mases” que iban detrás no le ahorraría, como poco, un par de temblequeos.

Y a modo de corolario y volviendo al pollo, con vuelta y vuelta, no vendría mal una rebelión en la granja y, que se vaya cobrando según el trabajo realizado y no sobre tablas de honorarios por cuantías, que podrán ser muy objetivas en los libros de los Colegios de Abogados, pero que cuando saltan a la realidad causan unos estropicios de notable consideración.

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