29 mayo 2011

Los Honorarios de los Abogados y la reproducción de los “gamusinos”

Ya hemos tratado antes el asunto de los honorarios de los Abogados y aunque la casuística sea formidable– parecida a la novedosa “causística” del Ministerio de Sanidad, pero sin rueda de prensa- nunca deja de sorprender. Más aún, cuando buscas algún criterio racional, o solo algún criterio, que permita averiguar qué se cobra y porqué razón, uno llega a la conclusión que quizá tenga más éxito en la investigación de la reproducción de los “gamusinos”.

Podrá decirse que las Normas Orientativas de los Colegios de Abogados– que no obligan a nadie- aclaran las dudas apuntadas, pero nada más lejos de la realidad y basta echarle un vistazo a una minuta de honorarios (hay honrosas excepciones, como en todo) para colegir lo contrario. Verbigracia: “norma 63, actuaciones practicadas en el proceso desde el inicio hasta el final, tanto por tanto, más el IVA” y da un total que como no tengas una silla a mano, sólo tienes asegurada una visita a San Pedro. Y ahora vete y busca, porque en España la justicia gratuita consiste en pagar el llamado turno de oficio y en las condiciones que fijan los Abogados del turno, faltaría, con lo que la Abogacía (Corporación donde las haya) impone su criterio bajo cualquier circunstancia y toca sacarle las telarañas al bolsillo. Ya elegirás mejor la próxima vez.

O no. El Auto TS 3 de mayo de 2011, Sala de lo Civil, (Nº de Recurso: 868/2004, Roj: ATS 4537/2011) comienza así. En el presente rollo de actuaciones se dictó Auto 31 de julio de 2007, cuya parte dispositiva se acordaba: "1 .-No admitir el recurso de casación interpuesto contra la Sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Málaga (Sección 7ª), en el rollo de apelación nº 122/2002, dimanante de los autos de juicio de menor cuantía nº 2/1997 del Juzgado de Primera Instancia número Dos de Málaga".

Después de tan enjundiosa labor letrada se practicaron cuatro tasaciones de costas en las que se incluyeron los honorarios de cuatro Letrados, según las minutas presentadas por el importe cada una de ellas 16.394,84 €. La parte recurrente condenada al pago, impugnó las cuatro tasaciones de costas por considerar excesivos los honorarios de los Letrados de las partes recurridas, considerando que debían ser reducidos a la suma de 365,83 €.

El Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (la Corporación), en trámite de dictamen estimó que resultaba más acorde a los Criterios del Colegio de Abogados de Madrid la cantidad de 3.500,00 € por cada minuta más el IVA.

La rebaja de 12.894,84€, fue seguida de otra del Secretario Judicial de Sala que en informe de 4 de marzo de 2011, informó que debían modificarse las tasaciones de costas practicadas en el sentido de reducir los honorarios de los cuatro Letrados impugnados a 246,30 € más el IVA.

Y dijo el Tribunal Supremo:

Cita:


No se trata en este trámite de determinar los honorarios del letrado de la parte favorecida por la condena en costas, ya que su actividad se remunera por la parte a quien defiende y con quien le vincula una relación contractual, libremente estipulada, sino la carga que debe soportar el condenado en costas respecto de los honorarios del letrado minutante. Por ello, la minuta incluida en la tasación debe ser razonable dentro de los parámetros de la profesión y no solo calculada de acuerdo con criterios de cuantía, sino adecuada a las circunstancias concurrentes en el pleito, el grado de complejidad del asunto, la fase del proceso en que nos encontramos, los motivos del recurso, el contenido del escrito de impugnación del mismo, la intervención de otros profesionales en la misma posición procesal y las minutas por ellos presentadas a efectos de su inclusión en la tasación de costas, sin que, para la fijación de esa media razonable que debe incluirse en la tasación de costas, resulte vinculante el preceptivo informe del Colegio de Abogados.

Atendiendo a los criterios anteriormente expuestos, en especial el esfuerzo de dedicación y estudio exigido por las circunstancias concurrentes, el valor económico de las pretensiones ejercitadas en el pleito, la complejidad y trascendencia de los temas suscitados en esta fase del procedimiento, las Normas Orientadoras del Colegio de Abogados, y el escrito de alegaciones, procede estimar la impugnación y fijar el importe de cada una de las cuatro minutas controvertidas en la cantidad de trescientos sesenta y cinco euros con ochenta y tres céntimos (365,83 €), más el impuesto sobre el valor añadido correspondiente, para cada uno de ellos.


Y ahora búsquenle una explicación, si pueden. O mejor aún, si encuentran algún “gamusino” háganmelo saber.

25 mayo 2011

El Secretario Judicial y los sábados de guardia (sobre una Instrucción que se confirma).

Se impugna una Resolución de la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia que desestima el recurso de alzada interpuesto frente a la orden dictada por la Secretaria de un Juzgado de Primera Instancia e Instrucción, por la que se fijaba un turno de asistencia en sábados a los efectos del artículo 8 del Reglamento 1/2005, de 15 de septiembre, del Consejo General del Poder Judicial, de Aspectos Accesorios de las Actuaciones Judiciales.

La impugnación tiene como argumento central el de la falta de competencia de los Secretarios Judiciales para regular la jornada de trabajo e imponer la asistencia obligatoria en sábados por los siguientes motivos:

a) que según el apartado sexto de la Resolución de la Dirección General de la Administración de Justicia de 14 de septiembre de 2005, por la que se aprueba el calendario laboral del personal de la Administración de Justicia del ámbito del Ministerio, la asistencia en sábados es voluntaria y disponible para el funcionario.

b) que los funcionarios no tienen horario de presencia obligada los sábados en los juzgados de guardia cuando existan menos de 4 juzgados de primera instancia e instrucción, ello de acuerdo con el artículo 60 del Reglamento 1/2005 y apartado 7 de la resolución de la Secretaria de Estado de Justicia de 4 de junio de 2003, que modifica la de 5 de diciembre de 1996, por la que se dictan Instrucciones sobre jornada y horarios en el ámbito de la Administración de Justicia, desempeñando la función de guardia en jornada ordinaria de trabajo. Por ello, fuera de esa situación de guardia todavía tendrá el funcionario menos obligación de asistir al Juzgado los sábados.

c) que el apartado séptimo de la citada Resolución de 14 de septiembre de 2005 contempla la posibilidad de que deban atenderse diligencias de carácter urgente e inaplazable, disponiendo que "los responsables de las Oficinas Judiciales impartirán las órdenes e instrucciones que consideren pertinentes por escrito, a fin de garantizar que las mismas se realicen por los funcionarios, con cargo al horario flexible y con las compensaciones que ...", afirmando que para poder dictarlas es preciso que surja la situación concreta de urgencia o necesidad, sin que puedan dictarse con carácter de generalidad.

La Sentencia Tribunal Superior de Justicia, CASTILLA LEON, Sala de lo Contencioso, 15 de febrero de 2011 (Nº de Recurso: 2035/2007, Roj: STSJ CL 1022/2011), confirma que los supuestos contemplados en el artículo 8.2,b) del Reglamento 1/2005- dar información y hacer traslado documental al Juzgado de Guardia de los particulares necesarios, en lo relativo a la presentación de sujetos sometidos a requisitoria o busca y captura- se presentarán siempre de manera imprevista y con carácter de urgencia.

Por ello, aunque la jornada de sábado sea de carácter flexible, como aduce el funcionario recurrente, no puede dejarse de lado (1) que esa es una previsión de general que puede ser integrada e interpretada con el conjunto de la regulación, (2) que el sábado es un día hábil para la práctica de tales diligencias(artículo 8 del Reglamento de Actuaciones Accesorias) y (3) que de presentarse la situación de necesidad, debería estar prevista su cobertura ya que tales actuaciones, como tiene declarado el Tribunal Supremo en diversas sentencias (de 25 de noviembre,30 de septiembre,15 de julio y 10 de junio de 2008) dictadas en recurso directos contra el citado Reglamento del Consejo General del Poder Judicial, son de carácter puramente instrumental respecto de la indudable actividad judicial del Juzgado de Guardia tendente a dilucidar sobre la libertad o detención de los requisitoriados presentados", de manera que si una decisión sobre la libertad de una persona representa una actividad urgente y de carácter esencial, también debe serlo la actividad necesaria - instrumental- para que aquella pueda producirse.

Por ello, se considera acertada la instrucción del Secretario Judicial y que la decisión de asistencia en sábados queda incluida en el ámbito del apartado séptimo de la citada Resolución de 14 de septiembre de 2005, que contempla la posibilidad de que deban atenderse diligencias de carácter urgente e inaplazable, disponiendo que "los responsables de las Oficinas Judiciales impartirán las órdenes e instrucciones que consideren pertinentes por escrito, a fin de garantizar que las mismas se realicen por los funcionarios, con cargo al horario flexible y con las compensaciones que ...".

Cita de la sentencia :


Se trata de supuestos en los que debe admitirse el contenido de la Orden del Secretario Judicial, que necesariamente ha de tener un alcance general y previo pues de exigirse una decisión concreta en cada caso, como postula el recurrente, difícilmente podría tener la efectividad pretendida para el servicio, en definitiva, para la satisfacción del interés general a que alude la exposición de motivos del Reglamento de Actuaciones Accesorias cuando alude a la habilitación. Estamos, no cabe olvidarlo, ante un servicio de apoyo necesario para otros juzgados de guardia, sino de todo el territorio nacional que, por su propia y específica naturaleza puede y debe tener una regulación diferente a la actividad del juzgado de guardia, previsión que debe ser considerado esencial ante la ausencia de una regulación concreta que permita garantizar el servicio, ello a diferencia de lo que en la actualidad acontece tras la reforma que de los artículos 512, 516 y 517 de la Ley de enjuiciamiento Criminal fue realizada por la Ley 13/2009, de 30 de noviembre, de reforma de la legislación procesal para la implantación de la nueva Oficina judicial.


16 mayo 2011

¿Y sí desaparecieran los Secretarios Judiciales?.

Desde este BLOG se defiende la supresión y reconversión de los Secretarios Judiciales, cuya figura, desnaturalizada en las sucesivas reformas orgánicas y, potenciada como simple correa de transmisión entre los poderes políticos y lo poco que queda de la Administración, carece de sentido en una justicia tecnológicamente avanzada (que no es, por cierto, la que se está vendiendo o implantando).

Desaparecidos en Inglaterra-Gales en el siglo pasado y teniendo poco que ver con los Alemanes, las “interesantísimas funciones jurídicas” de la reforma del 2009, se hacen en Europa y Estados Unidos por cualquier sistema informático digno de tal consideración y hasta si nos ponemos estupendos, por el cajero de la esquina o ya me dirán, sí las ordenes de investigación patrimonial, los embargos y las mejoras de embargo y los decretos de adjudicación, requieren profundos conocimientos en la materia o, puede hacerlos cualquiera con un mínimo entrenamiento (repito, entrenamiento).

Creo que mi abuela no tendría ninguna dificultad para gestionar (¿se dice así?) la aplicación de BANESTO y, los registros penales y civiles – de pantallitas que desaparecen según introduces datos- podrían servir de actividad extraescolar en tercero o cuarto de la ESO (salvo mejor criterio).

Y, ¿entonces porque no reconvierten al Cuerpo de Secretarios Judiciales?. Una primera razón: nadie sabe lo que hacer con la Administración de Justicia y menos con el tamaño (o bola) que ha ido adquiriendo en los últimos quince años, amontonando Juzgados y personal sin ningún criterio.

Una segunda: ya hay varias Justicias según el territorio – nada extraño, pasa lo mismo con sanidad y educación-, pero se mantiene el “status quo” por el Ministerio de Justicia por un interés coyuntural que permite conservar una “única” Administración de Justicia. Digo “coyuntural” porque los Consejos Autonómicos de Justicia del 2005, que buscan el mejor servicio al ciudadano y esas otras cosas que se dicen, suponen el reconocimiento normativo de la fractura.

Una tercera: el Consejo General del Poder Judicial y las Consejerías de Justicias tienen un interlocutor jerarquizado en cada órgano que les permite ordenar o instruir según el caso, lo que tengan a bien. Y “lo que tengan a bien” incluye desde el “material de oficina”, las “vacaciones” o, “el peso de los sobres de correo”, hasta los “datos estadísticos” más insospechados.

Y una cuarta razón: porque una Administración no puede ser una asamblea (aunque la de Justicia ahí esté haciendo méritos) y, por el principio de jerarquía, alguien tiene que mandar y dar cuenta, aunque no tenga la jefatura de personal, ni potestad disciplinaria y la cuenta sea la de la vieja.

13 mayo 2011

A la búsqueda del expediente perdido: noticia sobre un valiente Gestor.

Como en España nos pasamos descubriendo América todos los días y sorprende que se exijan responsabilidades a alguien por algo que ha hecho, es mandamiento sabido que en los Juzgados el Secretario Judicial tiene que caer bien o, mejor, no debe importunar demasiado a nadie. Por esa misión de relaciones públicas, que no aparece en el temario de la oposición, todos los Consejos Generales de los Poderes Judiciales y los Ministerios de las Justicias han potenciado el Cuerpo, endosándole las funciones que no le iban a gustar a los demás Cuerpos (de funcionarios, incluyendo a los Jueces) y, entre éstas destaca con luz propia – que diría el cursi- la de custodia de cualquier papel o semoviente que ande por el Juzgado o, el lugar que algunas Comunidades Autónomas denominan como tal.

La conservación y custodia de los expedientes aparece en los artículos 458.1 LOPJ y 148 LEC y mereció un comentario sobre alguna sentencia del Tribunal Supremo, que acercó esa obligación de custodia a la responsabilidad objetiva: por el hecho de estar, el Secretario Judicial era el responsable de todo. La reciente Sentencia de 27 enero 2011 del TSJ de CATALUÑA, Sala de lo Contencioso-administrativo, sección 4ª (recurso 247/2009, ROJ: STSJ CAT 780/2011) reabre el debate. La resolución estima el recurso interpuesto por el Departamento de Justicia de Cataluña, revoca la sentencia de la instancia y declara ajustada a Derecho y proporcionada, la Resolución administrativa por la que se impuso a un gestor (un valiente trabajador como ahora veremos) una sanción por falta grave.

Cita de la sentencia :

A) El expediente extraviado- Sala de lo Social, rollo de suplicación nº 8171/2004- tenía carácter preferente, en el que recayó sentencia estimatoria de la suplicación, lo que requería la máxima atención y diligencia en su tramitación y gestión, que corría a cargo de la parte ahora actora;

B) Dicho rollo, sin causa justificada alguna, apareció en un archivo distinto al que le correspondía, en el que estuvo desde el 7 de febrero de 2005 hasta el 14 de febrero de 2006, es decir, más de un año, siendo hallado por casualidad por un compañero del actor, y en un archivo en el que en modo alguno debía estar;

C) Durante todo ese tiempo, el actor recurrente, a pesar de ser el Gestor ocupado de su desarrollo y gestión, no se preocupó en absoluto del mismo, y sólo tuvo noticias al respecto cuando fue hallado casualmente por otro compañero, sin que, por ello, diere oportuna cuenta del extravío ni al Secretario Judicial, ni al Magistrado Ponente, ni al Presidente ni a nadie, dado que por ende, no se había enterado del extravío, a pesar, incluso de su carácter preferencial.

El valiente gestor, cargó contra el Secretario Judicial, tratándose de exculpar por la responsabilidad de conservación y custodia de autos y expedientes que el artículo 458.1 LOPJ encomienda a los Secretarios Judiciales. Pero la Sala rebate esa estupenda defensa, ya que de los hechos se deduce una total dejadez en el cumplimiento de su trabajo y una actitud que, aún en el supuesto de que fuere referida a un caso puntual, reviste mucha mayor entidad que una simple negligencia o incumplimiento de sus deberes, teniendo su encaje en la falta grave que fue objeto de sanción, pues un Gestor procesal debe llevar un control total y absoluto de los procedimientos que le están encomendados, debiendo saber en todo momento donde y en qué estado se encuentran, por la adecuada tramitación y también para poder dar cuenta al Secretario y al Titular del órgano cuando se le requiera para ello, siendo de su exclusiva cuenta los medios de control que ello requiera y decida utilizar, siempre que sirvan para ese cometido.

Y tiene la obligación de custodia respecto del asunto concreto de que se trate, quien deberá dar cuenta de las anomalías que puedan surgir y que también tiene regulada su responsabilidad disciplinaria por estas cuestiones, lo que sería superfluo en caso de que la obligación recayere en exclusiva sobre el Secretario Judicial.

Uno no va a hacer amigos a los Juzgados y si el ambiente es bueno y se trabaja, cojonudo, pero si nos encontramos está clase de valientes, ni buen ambiente, ni leches: todo con letra clara y por escrito y a la primera, dependiendo del asunto. No hace falta que recuerde el caso Mari Luz, pero como hace falta, lo recuerdo.

06 mayo 2011

Los honorarios del Abogado en un pueblo polaco: a propósito de la STS 8-4-2011.

¿Tengas pleitos y los ganes?. Pues si los pierden, preparen la cartera, porque el horno no es que esté para bollos, está para pollos de vuelta y vuelta, asándose con derecho a requerimientos y embargos judiciales hasta la segunda o tercera reencarnación en la que seguro aparecen esos brotes verdes que nadie ve (o casi nadie). Y así sucede que este año, es el primero desde que sigo el dato, en el que las ejecuciones para el cobro de autos o decretos aprobando las costas han aumentado significativamente respecto a lustros anteriores, lo que indica que la cosa anda muy mal y que los clientes no mueven los bolsillos, si los tienen.

Y aquí comienza un debate a navajazos, muy español y refinado, en el que una parte afirma que los honorarios de los Abogados lindan con el robo a bolígrafo armado de tinta de la que mancha y otra, que defiende justamente lo contrario. No hay posición intermedia, porque en España nunca se acercan posturas salvo en las guerras y en las camas (piensen lo peor y acertarán) y así, verbigracia, mientras en un juicio verbal de tráfico por daños de 600,00€ el abogado merecería quedarse con el BMW del cliente, en una ejecución hipotecaria de 300.000,00€ - valor del préstamo vencido- el trabajo del letrado no debería pasar de 1.500,00€ y no quieran saber lo que cobran.

Pero hay casos en los que los pueblos que se pasan llegan a la frontera con Alemania y alcanzan alguno polaco. Dice la Sentencia TS 8 de abril 2011, (ROJ STS 2011/2011, Nº de Recurso: 1458/2007, Nº de Resolución: 203/2011) que el Bufete Carlos María presentó una demanda por incumplimiento de contrato de arrendamiento de servicios contra Dª. Celia, heredera de D. Anselmo, en reclamación de 239.366,23€ por honorarios profesionales, más 4.293,49€ por suplidos de Perito y de Procurador, más los intereses legales de todas las cantidades reclamadas desde la fecha de 16 de febrero de 2006, más las costas del juicio. No sé si ha quedado en el tintero algún otro “más”, pero Dª. Celia se opuso a la reclamación solicitando la nulidad de la cláusula en aplicación de la Ley General de Protección de Consumidores y Usuarios, aunque reconoció la existencia del contrato y consignó la cantidad de 46.053,49€ para su entrega a la parte actora.

D. Anselmo, fallecido, firmó un contrato de arrendamiento de servicios profesionales con el Bufete Carlos María, para la defensa de sus intereses en un proceso divisorio de herencia, que incluía la cláusula siguiente: "si por cualquier circunstancia Don Anselmo decidiera prescindir de los servicios de Abogados, los honorarios quedarán fijados en el quince por ciento del valor de su participación en la herencia, según la valoración más alta de la que se tenga conocimiento y serán satisfechos en el momento de retirada del asunto".

El Juzgado estimó parcialmente la demanda y condenó al pago 66.933,49€, más intereses desde 16 de febrero de 2006, la Audiencia Provincial revocó parcialmente esa resolución y aumentó la cantidad a pagar a 158.631,52€ y el Tribunal Supremo, en un párrafo – tampoco hace falta mayor extensión- echa mano de los artículo 10.1.c) y 10 bis de la Ley 26/84, de 19 de julio, General de protección de Consumidores y Usuarios (vigente en el momento de los hechos) que exige buena fe y justo equilibrio de las contraprestaciones y excluye las cláusulas abusivas, para afirmar:

cita:


Es evidente que lo que se convino en el contrato penaliza de forma clara y grave al cliente desde el momento en que es la voluntad del profesional la que impone de forma encubierta los requisitos del servicio jurídico que presta el bufete para impedir que el cliente pueda resolver unilateralmente el contrato con evidente y grave limitación de su derecho de defensa, pues solo será posible hacerlo mediante el desembolso de una indemnización desproporcionadamente alta que no tiene como correlativo un pacto que ampare su situación en el supuesto de que quisiera resolver el contrato sea cual sea el motivo y en que momento. Se trata, en definitiva, de una cláusula abusiva y, por tanto, nula, que no mantiene una reciprocidad real y equitativa de las obligaciones asumidas por ambos contratantes.


El Tribunal Supremo asume la tesis de Dª. Celia y reconoce una deuda de 46.053,49€ y gastos de perito y procurador, pero condena al Bufete Carlos María en las costas de la reconvención y del recurso de apelación, con lo que el viaje de regreso del Bufete, desde el primer pueblo de Polonia, da de todo menos risa y es posible, a bote pronto, que Dª Celia no tenga que pagar un euro y aún le deban; risa respecto al Bufete, entiéndase, porque a Dª. Celia la primera reclamación de 239.366,23€ y todos los “mases” que iban detrás no le ahorraría, como poco, un par de temblequeos.

Y a modo de corolario y volviendo al pollo, con vuelta y vuelta, no vendría mal una rebelión en la granja y, que se vaya cobrando según el trabajo realizado y no sobre tablas de honorarios por cuantías, que podrán ser muy objetivas en los libros de los Colegios de Abogados, pero que cuando saltan a la realidad causan unos estropicios de notable consideración.

02 mayo 2011

“Tú no tienes huevos para abrirme un expediente”

No se confunda el lector no dedico el comentario de hoy a la literatura barata, ni a la poesía contemporánea y, aunque alguno pueda pensarlo, tampoco tengo delante un manual de la ciudadanía (la educación no ha ido nunca delante de la ciudadanía, aunque alguien ande empeñado en lo contrario). No, tan peculiar titulo se extrae de la Sentencia de 29 marzo 2010 del TSJ de CANARIAS, Sala de lo Contencioso-administrativo, (recurso 28/2010, Sentencia número 46/2010, LA LEY 222544/2010), y de los hechos se refieren en ella.

Un tal Sr. Benito, el día 31 de julio de 2007, entro en el despacho de la Secretaria judicial, Sra. Manuela , en una actitud totalmente inadecuada a la hora de dirigirse a un superior "violentamente, gritando y señalándola con el dedo", y con unas palabras amenazantes la increpó diciéndole: "¿A quién vas a abrir un expediente? Tú no tienes huevos para abrirme un expediente", la insultó llamándola sinvergüenza, inútil que no sabía ni certificar, falsa, le atribuyó la posible comisión de infracciones delictivas, acusándola de haberse quedado con un dinero (las dietas correspondientes al trabajo realizado en las elecciones y el de una guardia del año anterior), continuando con los insultos y amenazas ya fuera del despacho y al día siguiente, 1 de agosto, cuando el funcionario traía su baja también se produjo en la oficina un altercado con otra funcionaria (Ofelia).

Los hechos resultaron acreditados por la declaración de la propia Secretaria judicial, del resto de las funcionarias del Juzgado (aunque dos se pusieran de perfil) y de la declaración del tal Sr. Benito, que admitió haber entrado "bastante enfadado en el despacho de la Secretaria", recriminándole sobre la apertura del expediente y preguntándole "en voz alta" sobre el tema del dinero, reconociendo que con posterioridad pidió perdón a la Secretaria por haberle levantado la voz.

La Resolución de la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia del Gobierno de Canarias, de 24 de enero de 2008, impuso al tal Sr. Benito una sanción de suspensión de empleo y sueldo de un mes y quince días por la comisión de una falta grave del artículo 8. h) del RD 796/2005, de 1 de julio, por el que se aprueba el Reglamento general del régimen disciplinario del personal al servicio de la Administración de Justicia.

Y aquí viene lo bueno. El tal Sr. Benito ganó el recurso contencioso- administrativo en la instancia y el Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº Dos de los de Santa Cruz de Tenerife, rebajó la infracción cometida a leve del articulo 9 a) del citado Real Decreto ("la falta de consideración con los superiores, iguales o subordinados, así como con los profesionales o ciudadanos, cuando no constituya una infracción más grave") con la sanción de apercibimiento y, la condena a la Administración demandada a abonar al recurrente las cantidades dejadas de percibir por la resolución impugnada, sin expresa condena en costas.

Y luego lo mejor, porque contra lo que suele ser costumbre fuera de CATALUÑA o sea, que la Autonomía con competencia mire para otro lado y deje vendido al Secretario Judicial (también conocido como el motor de la reforma del Ministerio de Justicia), la de CANARIAS recurrió la estupenda sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo, que se revocó por la Sentencia de 29 marzo 2010 del TSJ de CANARIAS. La Sala entendió que el tipo infractor exige que la desconsideración u ofensa sea grave en sí misma y, en el presente caso, del expediente administrativo y de las pruebas practicadas, se podía concluir que los hechos imputados al Sr. Benito merecían ser calificados como graves y por tanto, constitutivos de una falta grave de consideración hacia la Secretaria Judicial, superior del funcionario en el Juzgado.

Y destaco este punto:

No estamos ante una simple discusión que se puede producir en cualquier trabajo sino que hay insultos, amenazas ante la posible apertura de un expediente sancionador e incluso la acusación de haberse apropiado de un determinado dinero, lo que evidencia una grave falta de consideración hacia un superior, la Secretaria judicial, en la que no se aprecia ningún ánimo de animadversión hacia el recurrente, de cuya credibilidad e imparcialidad no podemos dudar, como reconoce el juez de la instancia, y que en descargo de la actuación del actor reconoce que el mismo le pidió perdón y manifiesta que en el trabajo es una persona bastante colaboradora.

En cuanto a la sanción quedó rebajada a la suspensión de empleo y sueldo de quince días ya que la Sala no apreció intencionalidad, (el tal Sr. Benito pidió disculpas a la Secretaria Judicial), ni reiteración o reincidencia (la falta quedó agotada en un único acto), pero si apreció la existencia de un perjuicio a la Administración de Justicia, tratándose de comportamientos que no pueden ni deben tolerarse por mucho trabajo o falta de personal que pueda existir.

Tengo una duda que no resuelvo ahora por la extensión del comentario: ¿hubiera entrado igual el tal Sr. Benito en el despacho de otro Secretario Judicial o aquí solo se entra “enfadado” en algunos despachos?.