Comentarios procesales sobre la Tasa Judicial.

1. La llamada tasa judicial se regula en los artículos 35 y 36 de la LEY 53/2002 de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social de 30 de diciembre, la ORDEN HAC 661/2003 de 24 de marzo y la RESOLUCIÓN de 8 de noviembre de 2003 de la Secretaría de Estado del Ministerio de Justicia, que dictó instrucciones acerca del procedimiento a seguir para la tramitación de la tasa por el ejercicio de la potestad jurisdiccional en los órdenes civil y contencioso-administrativo. La LEY 4/2011, modifica la Ley 53/2002, para incluir dentro del hecho imponible de la tasa judicial la presentación inicial del procedimiento monitorio, del monitorio europeo y para añadir una nueva exención que impida el doble pago de la tasa en los casos de oposición del deudor. De esta forma – dice el Preámbulo de la Ley 4/2011- el pago de la tasa por iniciación de un proceso monitorio o por la presentación de un requerimiento europeo de pago excluirá la obligación de exacción de una nueva tasa por el inicio del proceso declarativo que corresponda en caso de oposición del deudor.

2. Sentado lo anterior, la introducción de este requisito en el proceso monitorio obliga a precisar en qué casos deberá exigirse y qué hacer para el supuesto de desatención por el demandante, pues aquellos suponen, en la actualidad, más del 60% del registro de asuntos contenciosos en este Juzgado (verificado empíricamente) y, éste nuevo trámite, que multiplicará el dictado de resoluciones de subsanación, no debe entorpecer ni el funcionamiento de la oficina judicial, ni la agilidad procesal del proceso monitorio.

3. Las demandas de juicio ordinario, verbal, monitorio, cambiario y de ejecución por título no judicial, presentada por el sujeto pasivo obligado origina el devengo de la tasa, quedando excluidos los actos de jurisdicción voluntaria. No se devengará en los casos de transformación del proceso monitorio a juicio ordinario o verbal, ni en las ejecuciones de título judicial. (Devengo procesal, aclaro, para los quisquillosos de la fiscalidad y la de la corrección gramatical, porque el devengo, aquí, significa que deberán presentar el modelo 696).

4. No tendrán la obligación de presentar el modelo 696, por la exención del pago, el CONSORCIO DE COMPENSACIÓN DE SEGUROS, las COMUNIDADES DE PROPIETARIOS, SOCIEDADES CIVILES, tengan o no personalidad jurídica, HERENCIAS YACENTES, COMUNIDADES DE BIENES y demás ENTIDADES que carentes de personalidad jurídica, constituyan una unidad económica o patrimonio separado.

5. Se requerirá la tasa en todos los recursos de apelación, con independencia del proceso en el que se interponen, incluyendo las ejecuciones de título judicial, respondiendo así al hecho que el sujeto pasivo satisface el tributo una sola vez en cada instancia. En el mismo sentido, La LEY 4/2011 no modifica el artículo 35 LEY 53/2002 (artículo 35.Uno.1, b), respecto al devengo de la tasa por la interposición de recursos de apelación, extraordinario por infracción procesal y de casación en el orden civil.

6. La apelación que devenga la tasa y a la que se refiere el artículo 35.Cuatro.1.c) LEY 53/2002 es la que se interpone contra sentencia o resolución definitiva en la instancia o en el proceso de ejecución, sin que la devengue la preparación del recurso (artículo 457 LEC). Vienen obligados a la presentación del modelo todas las partes que lo interpongan.

7. La diligencia de ordenación de requerimiento no es susceptible de recurso alguno, salvo que contenga otros requerimientos de subsanación o, contenido de otra índole ajena a la tasa judicial y, se advertirá que el incumplimiento del requisito determinará el archivo del proceso. Si transcurrido el plazo de diez días no se justificará el cumplimiento del requisito se dictará decreto de archivo.

Dada la contradictoria jurisprudencia civil en la materia, la Sentencia TS, Sección 4ª, de la Sala de lo Contencioso Administrativo de 5 de mayo de 2010 (ROJ STS 2395/2010), permite alcanzar tal conclusión, cuando indica que si no es atendido el requerimiento, la voluntad del legislador no es que el Juzgado o Tribunal archive el procedimiento, si lo que se incumple es la obligación de incorporar al proceso el justificante del pago de la tasa debidamente validado y, tanto más cuanto que en el supuesto examinado, la parte consideró que estaba exenta del pago de la tasa y después procedió a su abono una vez dictado y notificado el Auto impugnado.

En segundo lugar, la “falta de curso del proceso” (ORDEN HAC 661/2003), puede provocar situaciones absurdas (piénsese en la interposición del recurso de apelación, que se deja sin curso y que afecta a la firmeza de la sentencia o resolución que se impugna) o la caducidad de la instancia.

Por último y en tercer lugar, la experiencia práctica viene mostrando que son singulares los supuestos en los que no se atiende al requerimiento con el apercibimiento de archivo.

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