28 abril 2011

¿Secretarios Judiciales, Directores de Servicios comunes ó Jueces de lo Procesal?.

JOSÉ LUIS BENITO en un reciente artículo reabrió un debate sobre el ignorado destino de los Secretarios Judiciales. Si faltan Jueces, se transforma la fe pública judicial, los Secretarios Judiciales no pueden ejercer la jefatura de personal y los Servicios Comunes no pueden absorber a todos los miembros del Cuerpo en puestos directivos, la reconversión, con entrada en la Carrera Judicial, parece justificada.

Línea de pensamiento que ya encontramos en GIMENO SENDRA, para quien la revolución tecnológica en el ámbito de la justicia, unido a la instauración de la oralidad en el proceso civil han ocasionado el decaimiento de importantes funciones del Secretario judicial, tales como sus potestades de instrumentación, fe pública judicial, ordenatoria y de impulso judicial que han de ocasionar, más tarde o más pronto, una reconversión del Cuerpo de Secretarios.

Cito ahora literal:

“Y es que, si en nuestro país es una realidad incontrovertible la insuficiencia de Jueces, si la instauración de la nueva oficina judicial ya no justifica la existencia de un Secretario por cada Juzgado o unidad de apoyo, ¿por qué, a través de un concurso restringido, no se permite a los Secretarios, que así lo deseen, convertirse en Jueces o Magistrados?... “Esta solución me parece más racional y económica que ampliarles, en nuestra actual justicia oral, sus «competencias», lo cual puede, en la práctica, traducirse en una fuente de conflictos entre Jueces y Secretarios y en un incremento de dilaciones indebidas que, en último término, han de sufrir los justiciables”.

Tampoco descubrimos nada nuevo, pues esa reconversión ya se ha producido en otros países con la “gestión procesal”, que consiste básicamente en que un juez de lo procesal – permitan la traducción libre- controle el proceso desde su inicio y lo conduzca a juicio en un plazo razonable. La “gestión” incluye que las partes cooperen entre sí, la identificación desde el principio del hecho debatido, la decisión sobre los hechos que deben ir a juicio, el orden en que deben ser resueltos, estimular el uso de técnicas alternativas de resolución, fijar plazos, considerar si el coste de los actos procesales justifica el resultado que de ellos puede obtenerse, tratar al mismo tiempo diferentes aspectos del proceso y dar las instrucciones necesarias para asegurar que el juicio sea rápido y eficaz.

¿Puede dudarse de la eficacia de esa “gestión procesal”?, ¿contradicen los escritos de JOSÉ LUIS BENITO y GIMENO SENDRA el mejor desarrollo del proceso?. Siempre encontraremos razones en cualquier sentido, pero lo único cierto es que la separación de los Jueces de la oficina judicial para que luego aquellos vayan interviniendo en el trámite cuando lo exija la ley, requiere un nivel de coordinación máximo que es muy difícil alcanzar a medio plazo. Si esto es así, habrá que arbitrar algún mecanismo que relacione el proceso en todas las unidades de la oficina judicial, evitando el trasiego de papeles y los conflictos internos de competencia entre Jueces y Secretarios Judiciales y ese es, en suma, el debate que debe abrirse y que puede solventarse en la forma de reconversión del Cuerpo de Secretarios Judiciales.

Suele ser más cómodo el mantenimiento del statu quo, pero ninguna reforma de la oficina judicial tendrá éxito sin la de la organización judicial y, ésta no consiste en modificar periódicamente el sistema de acceso a la Carrera Judicial o las competencias de los órganos judiciales.

18 abril 2011

Importantísima reforma del Reglamento de Secretarios Judiciales.

Al peso, el Reglamento de Secretarios Judiciales en rústica permite fortalecer los dedos de ambas extremidades – ya saben, arriba, abajo, derecha e izquierda, en tandas de veinte-, pues 189 artículos, 12 Disposiciones Transitorias, 4 Disposiciones Finales y 1 Derogatoria no se ven todos los días para regular la actividad de un Cuerpo de Funcionarios que no pinta absolutamente nada en la oficina judicial, pese a que ustedes lean otras cosas.

La verdad, tiemblo, si tuviéramos voz y voto como “operadores jurídicos cualificados en las unidades judiciales del servicio público de la justicia y en las reformas legales adecuadas a dicho fin”, pues la regla de tres subiría al cubo (si 189 artículos regulan la invisibilidad, para la cursilería de la cualificación y del servicio público qué menos de 345 preceptos y hasta puestos, un himno).

Y en estas, el Ministerio de Justicia ha divulgado un proyecto de reforma del Reglamento, destinado a conservar el peso físico del texto original -vamos que no adelgaza- y a emitir la correspondiente nota de prensa, pero nada más. ¿Quiero decir con ello que el proyecto carece de licencia y de necesidad?. No. Quiero decir que el documento es una corrección gramatical, con un preámbulo larguísimo y muy aburrido y un trasunto de otras normas de la Ley Orgánica del Poder Judicial y de la Ley de Enjuiciamiento Civil (creo que hoy la supletoriedad del artículo 4 LEC sigue vigente).

El apartado quinto del artículo 61 del queda redactado como sigue: 5. Excedencia por razón de violencia sobre la mujer Secretario Judicial”. Reformando al vigente apartado 5. Excedencia por razón de violencia sobre la mujer Secretaria Judicial.

Y con un toque espectacular sobre la acreditación o carnet profesional, de cartulina blanca y tan grande que hay que recortarlo y plastificarlo, para introducirlo en una cartera normal. Nada dice de la fotografía, ni del libramiento obligatorio por el Ministerio, porque al día de la fecha hay que ir suplicando el cartoncito oficial.

El apartado tercero del artículo 97 del queda redactado como sigue: 3) Los Secretarios Judiciales tendrán derecho al correspondiente documento que acredite su condición de tales, en el que se recogerá el contenido del artículo 440 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. El documento, de recepción obligatoria, les será expedido por la Dirección General Modernización de la Administración de Justicia, en su calidad de Secretario General de la Administración de Justicia. Cuando el carnet profesional lleve aparejada los certificados de firma electrónica reconocida, se incluirá la condición de fedatario público mediante la expresión expresa, junto al nombre del correspondiente Secretario Judicial, de ‘Cuerpo Nacional de Secretarios Judiciales”.

Pero lo mejor de todo es la modernización: nos modernizan en diez artículos, sacándonos de una Dirección General y pasándonos a la del otro lado del pasillo. Ilustro la pirueta con un sencillo ejemplo:

El apartado quinto del artículo 42 del queda redactado como sigue: 5. Los funcionarios en prácticas dependerán orgánicamente de la Dirección General de Modernización de la Administración de Justicia”. Reformando al vigente apartado 5. Los funcionarios en prácticas dependerán orgánicamente de la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia.

Menos mal que somos la lanza del cambio de la oficina judicial del futuro, que si llegamos a ocuparnos del carro de las provisiones, terminan encargándonos de la limpieza de los edificios, aunque bien mirado ya en el artículo 39, de esta importantísima reforma se consolida la función de sereno judicial, a la que se nos dirige: El apartado tercero del artículo 39 queda redactado como sigue: 3) Las listas provisionales de admitidos y excluidos deberán exponerse en todo caso en los tablones de anuncios del Ministerio de Justicia, de las Secretarías de Gobierno de los Tribunales Superiores de Justicia y de los Secretarios Coordinadores Provinciales, así como en la página web del ministerio de justicia.

15 abril 2011

La memoria histórica de un Guardia de asalto (mi abuelo).



La memoria histórica del Ilmo.Sr. Presidente del Gobierno, la Sra. Vicepresidenta dimitida, Gibson y cuatro más consiste en echarle los muertos de la guerra civil al vecino de enfrente, porque todos estos y cuatro más, entienden la vida de esa forma: conmigo o contra mí. No vivieron el desastre de la Segunda República, ni han leído las memorias escritas en los años 50 y 60 por muchos de los protagonistas de aquel tiempo, en las que se reconocen aciertos y errores; sí, aciertos – que los hubo- y errores, muchos.

Y, llego la guerra civil – que tampoco vivió este conjunto de filósofos- en un país de profundas convicciones religiosas y a la que todos se vieron abocados por culpa de unos pocos. Creo que esos pocos (todos) terminaron en Méjico y la Unión Soviética, porque sabido es que los pirómanos nunca se quedan a ver cómo termina de quemarse el bosque. Menos uno, BESTEIRO, con MAYÚSCULAS, ese se quedo y por eso no tiene calles, ni reconocimiento social, ni le reconoce nadie.

Los gobiernos de Adolfo Suarez, Felipe González y José María Aznar, sin darse la mano, construyeron un ordenamiento jurídico dirigido a ese grupo de españoles “del otro lado”, con reconocimientos de grados militares, prestaciones sociales y concesión de nacionalidad (los últimos los de la Brigada Lincoln). Hasta que el Ilmo.Sr. Presidente del Gobierno se dedicó a reescribir la historia que no ha leido (memoria histórica, le llama) y a desenterrar los muertos que llevaban muchos años desenterrados y, mire le cuento una historia, que en realidad son tres.

Ninguno de los héroes del último minuto, ninguno, se enfrentó a Franco – por si acaso, no fuera ser que se escapara una torta-; ninguno, ninguno, sabe que cuando se fusilaba a alguien se avisaba a la familia y esto ocurría en un lado y en otro, porque no hubo dos bandos, sino dos lados y una panda de miserables que provocó la guerra civil. Por eso, no encuentran los restos de GARCÍA LORCA, los de tantos otros que suponían que descansaban en paz y los de los TREINTA Y SEIS AGUAFIESTAS de Pérez Reverte.

Tercera historia. Un guardia de asalto en Madrid 1936-1939. El abuelo de quien esto suscribe y, a mi abuelo, ya muerto y tranquilo, ninguno le lleva la contraria; él se quedó; otros no. Y mi abuelo nunca habló bien de la Segunda República.

No sé que se celebra el 14 de abril, ni me importa. Ni soy un ciudadano del mundo, ni creo en la paz de las pancartas y de las palomitas.

Video. La Legión y el Cristo de la Buena Muerte.

08 abril 2011

La vuelta al imperio romano: El Juzgado de lo Penal número 14 de VALENCIA (IV).

De la queja inversa

La Magistrada titular y la Secretaria Judicial del Juzgado de lo Penal número 14 de Valencia, presentaron escrito exponiendo que la actual planta judicial de la ciudad de Valencia, cuenta con cuatro Juzgados Penales especializados en ejecutorias. Según la información trasladada, los números 5, 13 y 16 disponen de una plantilla orgánica de veintisiete funcionarios, mientras que el suyo funcionaba con una plantilla orgánica de nueve funcionarios, reforzada en dos ocasiones hasta un total de catorce tramitadores interinos. A pesar de haber informado a la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de esa Comunidad, no se habían adoptado medidas al respecto, agravándose la situación tras conocer el próximo cese de los funcionarios interinos de refuerzo.

Por todo ello, se ha solicitado informe al respecto a la Dirección General de Justicia y Menor, que ha trasladado las medidas que se han adoptado y otras que van a adoptarse para mejorar la situación de la ejecución penal en Valencia (10013152).


Éxito tras éxito

Después de realizar un exhaustivo estudio de la situación de cada una de las comunidades autónomas, el Consejo General del Poder Judicial ofrece sus conclusiones con expresa indicación de los partidos judiciales de lo penal que precisan de la creación de nuevos juzgados, distinguiendo en su tabla entre “conveniencia” y “necesidad perentoria”. Habiendo en el momento de la elaboración del estudio 326 Juzgados Penales con y sin ejecutorias, resulta conveniente la creación de nueve juzgados más, y necesaria la de cuarenta y dos, sumando un total de cincuenta y un juzgados a crear.

Desglosando la cifra antedicha, en Andalucía se estima conveniente la creación de tres, y necesaria la de diez; en Canarias necesaria la de dos, en Castilla y León conveniente uno; en Castilla-La Mancha conveniente uno y necesario uno; en Cataluña necesarios diez; en Murcia necesario uno; en Baleares conveniente uno; en Madrid conveniente uno y necesarios trece; en Navarra conveniente uno, y, por último, en Valencia, conveniente uno y necesarios cinco.

A la vista de los datos remitidos en el estudio elaborado por el Servicio de Inspección del Consejo General del Poder Judicial, se ha considerado necesario elevar una recomendación al Ministerio de Justicia, en orden a proponer la creación de los juzgados que arriba se relacionan, con el fin de, al menos, suavizar la situación de pendencia en los juzgados penales y de ejecutorias (08016558) .

06 abril 2011

Comentarios procesales sobre la Tasa Judicial.

1. La llamada tasa judicial se regula en los artículos 35 y 36 de la LEY 53/2002 de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social de 30 de diciembre, la ORDEN HAC 661/2003 de 24 de marzo y la RESOLUCIÓN de 8 de noviembre de 2003 de la Secretaría de Estado del Ministerio de Justicia, que dictó instrucciones acerca del procedimiento a seguir para la tramitación de la tasa por el ejercicio de la potestad jurisdiccional en los órdenes civil y contencioso-administrativo. La LEY 4/2011, modifica la Ley 53/2002, para incluir dentro del hecho imponible de la tasa judicial la presentación inicial del procedimiento monitorio, del monitorio europeo y para añadir una nueva exención que impida el doble pago de la tasa en los casos de oposición del deudor. De esta forma – dice el Preámbulo de la Ley 4/2011- el pago de la tasa por iniciación de un proceso monitorio o por la presentación de un requerimiento europeo de pago excluirá la obligación de exacción de una nueva tasa por el inicio del proceso declarativo que corresponda en caso de oposición del deudor.

2. Sentado lo anterior, la introducción de este requisito en el proceso monitorio obliga a precisar en qué casos deberá exigirse y qué hacer para el supuesto de desatención por el demandante, pues aquellos suponen, en la actualidad, más del 60% del registro de asuntos contenciosos en este Juzgado (verificado empíricamente) y, éste nuevo trámite, que multiplicará el dictado de resoluciones de subsanación, no debe entorpecer ni el funcionamiento de la oficina judicial, ni la agilidad procesal del proceso monitorio.

3. Las demandas de juicio ordinario, verbal, monitorio, cambiario y de ejecución por título no judicial, presentada por el sujeto pasivo obligado origina el devengo de la tasa, quedando excluidos los actos de jurisdicción voluntaria. No se devengará en los casos de transformación del proceso monitorio a juicio ordinario o verbal, ni en las ejecuciones de título judicial. (Devengo procesal, aclaro, para los quisquillosos de la fiscalidad y la de la corrección gramatical, porque el devengo, aquí, significa que deberán presentar el modelo 696).

4. No tendrán la obligación de presentar el modelo 696, por la exención del pago, el CONSORCIO DE COMPENSACIÓN DE SEGUROS, las COMUNIDADES DE PROPIETARIOS, SOCIEDADES CIVILES, tengan o no personalidad jurídica, HERENCIAS YACENTES, COMUNIDADES DE BIENES y demás ENTIDADES que carentes de personalidad jurídica, constituyan una unidad económica o patrimonio separado.

5. Se requerirá la tasa en todos los recursos de apelación, con independencia del proceso en el que se interponen, incluyendo las ejecuciones de título judicial, respondiendo así al hecho que el sujeto pasivo satisface el tributo una sola vez en cada instancia. En el mismo sentido, La LEY 4/2011 no modifica el artículo 35 LEY 53/2002 (artículo 35.Uno.1, b), respecto al devengo de la tasa por la interposición de recursos de apelación, extraordinario por infracción procesal y de casación en el orden civil.

6. La apelación que devenga la tasa y a la que se refiere el artículo 35.Cuatro.1.c) LEY 53/2002 es la que se interpone contra sentencia o resolución definitiva en la instancia o en el proceso de ejecución, sin que la devengue la preparación del recurso (artículo 457 LEC). Vienen obligados a la presentación del modelo todas las partes que lo interpongan.

7. La diligencia de ordenación de requerimiento no es susceptible de recurso alguno, salvo que contenga otros requerimientos de subsanación o, contenido de otra índole ajena a la tasa judicial y, se advertirá que el incumplimiento del requisito determinará el archivo del proceso. Si transcurrido el plazo de diez días no se justificará el cumplimiento del requisito se dictará decreto de archivo.

Dada la contradictoria jurisprudencia civil en la materia, la Sentencia TS, Sección 4ª, de la Sala de lo Contencioso Administrativo de 5 de mayo de 2010 (ROJ STS 2395/2010), permite alcanzar tal conclusión, cuando indica que si no es atendido el requerimiento, la voluntad del legislador no es que el Juzgado o Tribunal archive el procedimiento, si lo que se incumple es la obligación de incorporar al proceso el justificante del pago de la tasa debidamente validado y, tanto más cuanto que en el supuesto examinado, la parte consideró que estaba exenta del pago de la tasa y después procedió a su abono una vez dictado y notificado el Auto impugnado.

En segundo lugar, la “falta de curso del proceso” (ORDEN HAC 661/2003), puede provocar situaciones absurdas (piénsese en la interposición del recurso de apelación, que se deja sin curso y que afecta a la firmeza de la sentencia o resolución que se impugna) o la caducidad de la instancia.

Por último y en tercer lugar, la experiencia práctica viene mostrando que son singulares los supuestos en los que no se atiende al requerimiento con el apercibimiento de archivo.