Diez causas del colapso judicial: tinieblas y sindicatos (V)

En España nadie sabe con certeza qué es lo que ha pasado con cada reforma, ni por ende hay claridad sobre los efectos que la implantación de la nueva oficina judicial (NOJ), pueda tener en órganos tan sobrecargados de innovaciones como los Juzgados de Primera Instancia e Instrucción.

No discuto la necesidad de la reforma, reprocho que la falta de gestión provoque una relación injustificada entre aquella y los recursos económicos, de tal modo que solo mediante un gasto desproporcionado puede llegarse a algún resultado (si se llega). Y el ejemplo del Juzgado de lo Penal de REUS es uno más entre otros muchos más.

Son conocidas las unidades judiciales– en terminología de la NOJ- en las que sobra personal y aquellas otras en las que su falta ha terminado llevando al colapso y la solución está, entre otras, en la reordenación de efectivos del artículo 528.2 LOPJ (y artículo 66 Real Decreto 1451/2005, de 7 de diciembre), lo que significa que por razones organizativas y a través de las correspondientes modificaciones de las relaciones de puestos de trabajo, los funcionarios puedan ser adscritos a otros centros de destino. Reordenación que nunca se lleva a cabo, porque el mismo precepto establece que el proceso de movilidad se realice en base a un proyecto presentado por las Administraciones competentes y negociado con las organizaciones sindicales más representativas. Dado que la negociación conlleva enfrentamiento con las organizaciones sindicales y este siempre se evita (banderitas y pitos que llevan los liberados sindicales y que salen en periódicos y televisiones), solo queda el presupuesto y su falta para dotar nuevas plazas o cubrir las bajas existentes, significa el colapso del órgano judicial afectado. Y eso es lo que pasa hoy.

Explico para los ajenos a la obra que si en Juzgado hay cuatro funcionarios de baja y en los demás las plantillas están completas, es imposible el traslado temporal de algunos funcionarios para evitar “sacar papel” del órgano afectado. Nadie sabe explicarme qué derecho quebranta esa medida, salvo la negociación colectiva, que tampoco sé lo que es.

Supongo que eso es lo que tratan de evitar esos enormes Servicios Comunes y la DACIÓN DE CUENTA de los Secretarios Judiciales, pero no me queda tan claro, si consulto la Resolución de 8 de abril de 2010, de la Secretaría de Estado de Justicia, por la que se publica el Acuerdo entre el Ministerio de Justicia y las Organizaciones Sindicales CCOO, UGT y STAJ, integrantes de la Mesa Sectorial de la Administración de Justicia (BOE 3 de mayo de 2010), en el que Ministerio de Justicia garantiza que la aprobación de las RPTS (relaciones de puestos de trabajo) para el despliegue de la nueva Oficina Judicial en las localidades del ámbito ministerio en las que se implante, no supondrá una disminución del número total de plazas existentes en las actuales plantillas de cada uno de los cuerpos de funcionarios al servicio de la Administración de Justicia.

Quizá, tirando de pegatinas con la NOJ. Una idea como otra cualquiera en el esfuerzo de voluntades reformistas y de ahorro en Recursos Humanos.

Comentarios

  1. Alberto, ya veo que perdí el tiempo para teclear un comentario, que ignoro porque motivo no se publica. ¿No obutbo la aprobación? Sólo daba otro punto de vista, hombre, la discrepancia ¿es motivo de suspenso? ¡Viva la la tolerancia y la pluralidad. Me siento defraudado.
    Saludos

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  2. No censuro nada jurídico y, tampoco, ajurídico, si tiene lógica. Más sencillo, no publiqué nada porque no me llegó.

    Saludos.

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