15 marzo 2011

Cuestiones sin solución sobre las costas (STS. 18-2-2011)

El apasionante debate sobre las costas provoca múltiples y variopintas resoluciones en nuestros órganos judiciales, pues una cosa es la justicia gratuita y, otra bien distinta que abogados, procuradores y peritos trabajen para sus clientes con idéntico propósito caritativo. Y en este punto, en el del dinero, es donde resurge con vigor el derecho a la tutela judicial efectiva y el del derecho del cliente al cobro de sus costas (y, en ocasiones al de las costas, de las costas y, por tercera vez, de nuevas costas, que permite una interpretación aislada de un único precepto de la ley de enjuiciamiento civil). Todo sería más sencillo si, en alguna ocasión, el Legislador se dejara orientar por quienes ocupamos destinos en la instancia – de cualquier orden jurisdiccional- para que, a modo de ejemplo, no tardáramos diez años en variar rumbos mal tomados. Cuando se reformó la ley de enjuiciamiento civil en el año 2000 se pidió que el límite cuantitativo para la intervención de abogado y procurador en la ejecución civil no fuera excesivamente bajo. Los Colegios de Abogados pusieron el grito en el cielo y la presión correspondiente – creo que es la profesión mayoritaria en el Congreso- y consiguieron que se fijara en 900,00€. Once años después Europa nos ha impuesto 2.000,00€ (texto aprobado por el Senado para aplicar en España el monitorio europeo). Por lo visto, de Pirineos hacia arriba no han oído hablar de las tutelas efectivas o la interpretan de otra forma.

Y en la pelea por las costas seguimos sin solución en tres extremos: la caducidad del artículo 518 LEC, la prescripción y las costas de las costas. Me hubiera gustado dar una respuesta a estos asuntos o, mejor dicho, que la diera la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, pero de la Sentencia de 18 de febrero de 2011, (Recurso: 20/2009, ROJ STS 541/2011) solo podemos extraer alguna jurisprudencia y el reconocimiento de las plurales tendencias en la materia (que no es poco). Aclaro, que tampoco podía ir más allá el alto tribunal al ventilar una demanda de error judicial.

Cita del fundamento de derecho segundo :

(i) Como razona la resolución contra la que se dirige la demanda de error judicial, la doctrina que aquella aplica relativa a la aplicación del plazo de caducidad del artículo 518 de la LEC a la solicitud de tasación de costas ha sido mantenida por diversas Audiencias Provinciales, Es uno de los criterios jurídicos existentes en la doctrina y en la jurisprudencia. El otro criterio jurídico, que la parte intenta hacer frente al anterior para la declaración del error judicial, es la aplicación a la solicitud de tasación de costas del plazo de prescripción de 15 años del artículo 1964 del CC.

La declaración de error judicial, como dice la sentencia de 10 de marzo de 2010 (EJ 6/2007), recogiendo jurisprudencia anterior de esta Sala, "no puede basarse en la interpretación de las leyes que el Tribunal aplicó con criterio racional y lógico, dentro de las normas de hermenéutica jurídica, sin que pueda prejuzgarse si dicho criterio es el único aceptable o si existen otros también razonables, ya que, en modo alguno, pueden unos u otros considerarse constitutivos de error judicial generados de indemnización". El criterio jurídico adoptado por la Audiencia Provincial de Alicante, es uno de los existentes en la doctrina y jurisprudencia, por lo que no puede considerarse manifiestamente erróneo.

(ii) En segundo lugar, la parte demandante alega error de hecho por la aplicación de artículo 518 relativo a la caducidad de la acción ejecutiva a una resolución que no entraría dentro del tenor literal de la norma, pues esta solo se refiere a sentencias o resoluciones judiciales que apruebe transacciones judiciales o acuerdos. El resto de resoluciones a las que se refiere el artículo 517 LEC no estarían sometidas a la caducidad del artículo 518 de la LEC. Este argumento, más propio de un error de derecho que de hecho, está en íntima conexión con la cuestión jurídica fundamental planteada por la parte en su demanda: la aplicabilidad a las tasaciones de costas del artículo 518 de la LEC, es decir si las costas forman parten de la esencia de la sentencia. El argumento utilizado por la parte apoyaría el criterio que opta por no incluir las tasaciones de costas en el artículo 518 de la LEC.

Con independencia de la forma de la resolución judicial que impone las costas, el debate se centra en si las costas conforman un aspecto más al que se extiende la acción ejecutiva. El debate se iniciaría de nuevo con el caso aquí planteado: las costas de la demanda ejecutiva impuestas por el auto denegando un incidente planteado y si estas forman parte de la acción ejecutiva de la sentencia o no. Se trata, como se ha expuesto con anterioridad, de un debate jurídico con múltiples interpretaciones al respecto, fruto de las cuales son las distintas resoluciones recaídas en la materia, pero que no puede dar lugar a la estimación de una demanda de error judicial pues esto supondría una vulneración del principio según el cual en los procedimientos de error judicial no puede reproducirse el debate propio de la instancia.

1 comentario:

  1. Como bien dices es un debate apasionante y eterno, siempre cabrá un millar de interpretaciones pues a fin de cuentas se trata de un derecho de cobro que adquiere el carácter de pertinaz por su propia naturaleza. Además ,siempre se perseguirá ese resarcimiento aunque se desvirtúe y pasa a ser más un derecho de cobro del profesional que del litigante. Enhorabuena por las aportaciones de jurisprudencia ....

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Gracias por participar. Si no lee una respuesta a la cuestión o pregunta que formula ruego me disculpe, tengo algún problema con la aplicación que estoy tratando de solucionar.