27 marzo 2011

Herencia yacente y citación edictal.

ENTRADA ACTUALIZADA EN COMENTARIO DE 26-12-2011 POR RESOLUCIÓN DE CONSULTA DE LA DIRECCION GENERAL REGISTROS.

Planteamiento de la cuestión.

Una entidad interpone demanda contra dos herederos, y la herencia yacente o ignorados herederos de otras dos personas, cuyo fallecimiento se acreditó con la aportación de las certificaciones del Registro Civil, y contra otras dos personas más. En el auto de admisión de la demanda se acordó el emplazamiento de la herencia yacente o desconocidos herederos demandados a través de edictos fijados en el tablón de anuncios del Juzgado y transcurrido el término del emplazamiento, la herencia yacente y los herederos desconocidos demandados fueron declarados en rebeldía. La sentencia de primera instancia estimó en parte la demanda y el Juzgado acordó la notificación de la sentencia mediante la publicación de edictos en el Boletín Oficial del Estado y en el tablón de anuncios del Juzgado.

La sentencia de segunda instancia estimó en parte los recursos de apelación y desestimó la impugnación de la sentencia de primera instancia. Acordadas por la Audiencia Provincial las pertinentes actuaciones para la averiguación de la identidad y paradero de los desconocidos herederos, se procedió a su localización y les fue notificada la sentencia. Los -hasta entonces desconocidos- herederos demandados comparecieron ante la Audiencia Provincial, acreditaron su condición de herederos y formularon conjuntamente recurso extraordinario por infracción procesal contra la sentencia dictada en segunda instancia.

Postura del Tribunal Supremo. La Sentencia Tribunal Supremo, de 3 de marzo de 2011, Sala de lo Civil, (Recurso: 1865/2007, ROJ STS 1063/2011) analiza el recurso por infracción procesal, estimándolo.

Fundamento de derecho CUARTO :


CUARTO.- Actos de comunicación por edictos.

A) No cabe prescindir de la llamada a juicio en forma personal cuando existe una posibilidad directa o indirecta de localizar al interesado y hacerle llegar el contenido del acto de comunicación (SSTS 19 de febrero de 1998,PR n.º 497/1997, 30 de junio de 2010,PR n.º 55/2004,25 de noviembre de 2010,PR n.º 9/2005).

La STS de 4 de marzo de 2005, RC n.º 3857/1998 resume la doctrina en esta materia del Tribunal Constitucional y de esta Sala, en los aspectos que ahora interesan, en los siguientes términos:

a) para entablar y proseguir los procesos judiciales con la plena observancia del derecho a la tutela judicial efectiva sin indefensión es exigible una correcta y escrupulosa constitución de la relación jurídico-procesal y para atender a este fin es un instrumento esencial el régimen procesal de emplazamientos, citaciones y notificaciones a las partes de los distintos actos procesales que tienen lugar en el seno de un procedimiento judicial, ya que solo así cabe garantizar los principios de contradicción e igualdad de armas entre las partes en litigio (SSTC 268/2000, de 13 de noviembre,34/2001, de 12 de febrero,99/2003, de 3 de junio),

b) para lograr la plena efectividad del derecho de defensa, el artículo 24.1 CE contiene un mandato implícito de evitar la indefensión, propiciando la posibilidad de un juicio contradictorio en el que las partes puedan hacer valer sus derechos e intereses legítimos, lo que obliga a los órganos judiciales a procurar el emplazamiento, citación, o notificación personal de los demandados, que es el medio normal de comunicación, siempre que sea factible, asegurando de este modo que puedan comparecer en el proceso y defender sus posiciones frente a la parte demandante (SSTC 216/2002, de 25 de noviembre,99/2003, de 2 de junio,19/2004, de 23 de febrero),

c) el emplazamiento por edictos tiene carácter estrictamente subsidiario (STC 6/2003, de 20 de enero) es supletorio y excepcional (STC 185/2001, de 17 de septiembre) y requiere el agotamiento previo de los medios de comunicación ordinarios y la convicción del órgano judicial de que, al ser desconocido el domicilio e ignorado el paradero del interesado, resultan inviables o inútiles los otros medios de comunicación procesal (SSTC 216/2002, de 25 de noviembre,220/2002, de 25 noviembre,67/2003, de 9 de abril,138/2003, de 14 de julio,181/2003, de 20 de octubre,191/2003, de 27 de octubre,162/2004, de 4 de octubre,225/2004, de 29 de noviembre,61/2010 de 18 de octubre),

d) la exigencia del agotamiento anteriormente expresado se refiere tanto al tribunal -los órganos judiciales deben agotar las posibilidades razonables de dar a conocer al demandado la existencia del proceso- como al demandante -a quien le afecta un deber de colaboración con el órgano judicial, facilitando los datos de posible localización del demandado (SSTC 134/1995, de 25 de septiembre;268/2000, de 13 de octubre,42/2001, de 12 de febrero,87/2002, de 22 de abril), aunque no es precisa una desmedida labor investigadora, lo que llevaría más bien a la indebida restricción de los derechos de defensa de los personados en el proceso (SSTC 268/2000, de 13 de noviembre,18/2002, de 28 de enero),

e) para que quepa denunciar la práctica indebida del emplazamiento por edictos es preciso que se haya producido una indefensión efectiva o material, no formal (SSTC 26/1999, de 8 de marzo,197/1999, de 25 de octubre,162/2002, de 16 de septiembre,6/2003, de 20 de enero); y no hay tal indefensión si, teniendo presentes las circunstancias del caso, el interesado tuvo o pudo haber tenido, empleando una mínima diligencia, un conocimiento extrajudicial de la pendencia del pleito en un momento procesal todavía oportuno para personarse y actuar en él en defensa de sus derechos e intereses (SSTC 26/1999, de 8 de marzo,77/2001, de 26 de marzo,36/2001, de 12 de febrero,87/2002, de 24 de abril,6/2003, de 20 de enero,44/2003, de 3 de marzo,90/2003, de 19 de mayo,99/2003, de 2 de junio,181/2003, de 20 de octubre),

f) la carga de la prueba del conocimiento extra procesal del proceso corresponde a quien lo alega (STC 26/1999, de 8 de marzo), pues no se puede exigir a quién aduce la indefensión probar su propia diligencia, dado que existe en principio una presunción de desconocimiento del pleito (STC 126/1999, de 28 junio) y la prueba ha de ser fehaciente (SSTC 70/1998, de 30 de marzo,122/1998, de 15 de junio,26/1999, de 8 de marzo), y aunque la exigencia de prueba suficiente no excluye las reglas del criterio humano que rigen la prueba de presunciones (STC 102/2003, de 2 de junio) y que basta que del examen de las actuaciones pueda inferirse de manera suficiente y razonable la concurrencia del conocimiento o de poderse haber tenido empleando un mínimo de diligencia (SSTC 86/1997,113/1998,26/1999), sin embargo no puede presumirse el conocimiento extrajudicial por meras conjeturas, pues lo presumido es, justamente, el desconocimiento del proceso si así se alega (SSTC 161/1998, de 14 de julio,219/1999, de 29 de noviembre,99/2003, de 2 de junio; y102/2003, de 2 de junio).

De acuerdo con estos criterios, la jurisprudencia de esta Sala en atención a la norma del artículo. 24.1 CE-que veda cualquier forma de indefensión- ha venido otorgando relevancia a la circunstancias de que no se intentara el acto de comunicación en un domicilio que podía conocerse mediante el empleo de una normal diligencia (SSTS de 3 de octubre de 1995,15 de abril de 1996,26 de febrero de 2002ySSTC 186/1991, de 3 de octubre, 301/1993, de 21 de octubre,15/1996, de 30 de enero,42/2001, de 12 de febrero).

B) Esta doctrina se ajusta a las exigencias del artículo 156 LEC. Este precepto, en concordancia con el artículo 164 LEC, impone la práctica de diligencias de averiguación del domicilio del demandado cuando el demandante alega su desconocimiento, contempla sin limitaciones la posibilidad de que el órgano judicial se dirija a entidades públicas y privadas y limita la comunicación mediante edictos a los supuestos en los que resultaren infructuosas las averiguaciones.

La razón de las exigencias impuestas por la LEC a los actos de comunicación está en que el destinatario del acto tenga oportuna noticia del proceso para que pueda adoptar la conducta procesal que estime convenirle (STS de 25 de junio de 2008, RC n.º 1599/2001), pues la indefensión consiste en la privación o limitación no imputable al justiciable de cualesquiera medios legítimos de defensa de la propia posición dentro del proceso, y la hay siempre que falte una plena posibilidad de contradicción (SSTC 64/1986, de 21 de mayo;98/1987, de 10 de junio;26/1993, de 25 de enero;1101/2001, de 23 de abril;143/2001, de 14 de junio, etc.).

Los criterios expuestos se ajustan a la noción de «proceso equitativo», a que se refiere el TEDH, garantizada por el artículo 6.1 del Convenio, que integra el respeto a la igualdad de medios de defensa que, en materia civil, implica principalmente la obligación de ofrecer a cada parte una posibilidad razonable de presentar su causa, por lo que corresponde a las autoridades nacionales velar, en cada caso, por el respeto de las condiciones de un proceso equitativo (SSTEDH 27 de octubre de 1993, caso Dombo Beheer B.V. contra Países Bajos,29 de mayo de 1997, caso Georgiadis contra Grecia,6 de octubre de 2009, caso Almeida Santos contra Portugal).


El Tribunal Supremo aplica la fundamentación que precede al supuesto que analiza, llegando a las siguientes conclusiones:

(a) el emplazamiento por edictos de los desconocidos herederos demandados se efectuó sin intentar averiguación previa alguna sobre su identidad y domicilio, aunque con la demanda se aportaron datos que podían abrir una vía de localización, como los son el último domicilio de los fallecidos y sus datos personales obrantes en las certificaciones de defunción que ofrecían la posibilidad de, coordinando adecuadamente la petición de información a Registros y Organismos, identificar a los posibles herederos y sus domicilios,

(b) las diligencias de averiguación pudieron ser acordadas de oficio en la fase inicial del litigio,

(c) no hay datos objetivos en el proceso que permitan afirmar que los herederos finalmente comparecidos tuvieran conocimiento de la interposición de la demanda,

(d) no se intentó en la fase inicial del proceso un requerimiento a las partes para que facilitaran posibles datos relativos a los desconocidos herederos que hicieran posible el emplazamiento por los medios ordinarios; intentada tras la sentencia de segunda instancia, dio resultado de forma inmediata, lo que pone de manifiesto que la ausencia de los herederos demandados no les es imputable a éstos, y

(e) carecen de consistencia las alegaciones de la parte recurrida sobre la peculiaridades derivadas de la presentación de una demanda contra una herencia yacente pues, aunque sea una masa patrimonial, se ha de intentar la localización de quien pueda ostentar su representación en juicio

15 marzo 2011

Cuestiones sin solución sobre las costas (STS. 18-2-2011)

El apasionante debate sobre las costas provoca múltiples y variopintas resoluciones en nuestros órganos judiciales, pues una cosa es la justicia gratuita y, otra bien distinta que abogados, procuradores y peritos trabajen para sus clientes con idéntico propósito caritativo. Y en este punto, en el del dinero, es donde resurge con vigor el derecho a la tutela judicial efectiva y el del derecho del cliente al cobro de sus costas (y, en ocasiones al de las costas, de las costas y, por tercera vez, de nuevas costas, que permite una interpretación aislada de un único precepto de la ley de enjuiciamiento civil). Todo sería más sencillo si, en alguna ocasión, el Legislador se dejara orientar por quienes ocupamos destinos en la instancia – de cualquier orden jurisdiccional- para que, a modo de ejemplo, no tardáramos diez años en variar rumbos mal tomados. Cuando se reformó la ley de enjuiciamiento civil en el año 2000 se pidió que el límite cuantitativo para la intervención de abogado y procurador en la ejecución civil no fuera excesivamente bajo. Los Colegios de Abogados pusieron el grito en el cielo y la presión correspondiente – creo que es la profesión mayoritaria en el Congreso- y consiguieron que se fijara en 900,00€. Once años después Europa nos ha impuesto 2.000,00€ (texto aprobado por el Senado para aplicar en España el monitorio europeo). Por lo visto, de Pirineos hacia arriba no han oído hablar de las tutelas efectivas o la interpretan de otra forma.

Y en la pelea por las costas seguimos sin solución en tres extremos: la caducidad del artículo 518 LEC, la prescripción y las costas de las costas. Me hubiera gustado dar una respuesta a estos asuntos o, mejor dicho, que la diera la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, pero de la Sentencia de 18 de febrero de 2011, (Recurso: 20/2009, ROJ STS 541/2011) solo podemos extraer alguna jurisprudencia y el reconocimiento de las plurales tendencias en la materia (que no es poco). Aclaro, que tampoco podía ir más allá el alto tribunal al ventilar una demanda de error judicial.

Cita del fundamento de derecho segundo :

(i) Como razona la resolución contra la que se dirige la demanda de error judicial, la doctrina que aquella aplica relativa a la aplicación del plazo de caducidad del artículo 518 de la LEC a la solicitud de tasación de costas ha sido mantenida por diversas Audiencias Provinciales, Es uno de los criterios jurídicos existentes en la doctrina y en la jurisprudencia. El otro criterio jurídico, que la parte intenta hacer frente al anterior para la declaración del error judicial, es la aplicación a la solicitud de tasación de costas del plazo de prescripción de 15 años del artículo 1964 del CC.

La declaración de error judicial, como dice la sentencia de 10 de marzo de 2010 (EJ 6/2007), recogiendo jurisprudencia anterior de esta Sala, "no puede basarse en la interpretación de las leyes que el Tribunal aplicó con criterio racional y lógico, dentro de las normas de hermenéutica jurídica, sin que pueda prejuzgarse si dicho criterio es el único aceptable o si existen otros también razonables, ya que, en modo alguno, pueden unos u otros considerarse constitutivos de error judicial generados de indemnización". El criterio jurídico adoptado por la Audiencia Provincial de Alicante, es uno de los existentes en la doctrina y jurisprudencia, por lo que no puede considerarse manifiestamente erróneo.

(ii) En segundo lugar, la parte demandante alega error de hecho por la aplicación de artículo 518 relativo a la caducidad de la acción ejecutiva a una resolución que no entraría dentro del tenor literal de la norma, pues esta solo se refiere a sentencias o resoluciones judiciales que apruebe transacciones judiciales o acuerdos. El resto de resoluciones a las que se refiere el artículo 517 LEC no estarían sometidas a la caducidad del artículo 518 de la LEC. Este argumento, más propio de un error de derecho que de hecho, está en íntima conexión con la cuestión jurídica fundamental planteada por la parte en su demanda: la aplicabilidad a las tasaciones de costas del artículo 518 de la LEC, es decir si las costas forman parten de la esencia de la sentencia. El argumento utilizado por la parte apoyaría el criterio que opta por no incluir las tasaciones de costas en el artículo 518 de la LEC.

Con independencia de la forma de la resolución judicial que impone las costas, el debate se centra en si las costas conforman un aspecto más al que se extiende la acción ejecutiva. El debate se iniciaría de nuevo con el caso aquí planteado: las costas de la demanda ejecutiva impuestas por el auto denegando un incidente planteado y si estas forman parte de la acción ejecutiva de la sentencia o no. Se trata, como se ha expuesto con anterioridad, de un debate jurídico con múltiples interpretaciones al respecto, fruto de las cuales son las distintas resoluciones recaídas en la materia, pero que no puede dar lugar a la estimación de una demanda de error judicial pues esto supondría una vulneración del principio según el cual en los procedimientos de error judicial no puede reproducirse el debate propio de la instancia.

09 marzo 2011

Diez causas del colapso judicial: tinieblas y sindicatos (V)

En España nadie sabe con certeza qué es lo que ha pasado con cada reforma, ni por ende hay claridad sobre los efectos que la implantación de la nueva oficina judicial (NOJ), pueda tener en órganos tan sobrecargados de innovaciones como los Juzgados de Primera Instancia e Instrucción.

No discuto la necesidad de la reforma, reprocho que la falta de gestión provoque una relación injustificada entre aquella y los recursos económicos, de tal modo que solo mediante un gasto desproporcionado puede llegarse a algún resultado (si se llega). Y el ejemplo del Juzgado de lo Penal de REUS es uno más entre otros muchos más.

Son conocidas las unidades judiciales– en terminología de la NOJ- en las que sobra personal y aquellas otras en las que su falta ha terminado llevando al colapso y la solución está, entre otras, en la reordenación de efectivos del artículo 528.2 LOPJ (y artículo 66 Real Decreto 1451/2005, de 7 de diciembre), lo que significa que por razones organizativas y a través de las correspondientes modificaciones de las relaciones de puestos de trabajo, los funcionarios puedan ser adscritos a otros centros de destino. Reordenación que nunca se lleva a cabo, porque el mismo precepto establece que el proceso de movilidad se realice en base a un proyecto presentado por las Administraciones competentes y negociado con las organizaciones sindicales más representativas. Dado que la negociación conlleva enfrentamiento con las organizaciones sindicales y este siempre se evita (banderitas y pitos que llevan los liberados sindicales y que salen en periódicos y televisiones), solo queda el presupuesto y su falta para dotar nuevas plazas o cubrir las bajas existentes, significa el colapso del órgano judicial afectado. Y eso es lo que pasa hoy.

Explico para los ajenos a la obra que si en Juzgado hay cuatro funcionarios de baja y en los demás las plantillas están completas, es imposible el traslado temporal de algunos funcionarios para evitar “sacar papel” del órgano afectado. Nadie sabe explicarme qué derecho quebranta esa medida, salvo la negociación colectiva, que tampoco sé lo que es.

Supongo que eso es lo que tratan de evitar esos enormes Servicios Comunes y la DACIÓN DE CUENTA de los Secretarios Judiciales, pero no me queda tan claro, si consulto la Resolución de 8 de abril de 2010, de la Secretaría de Estado de Justicia, por la que se publica el Acuerdo entre el Ministerio de Justicia y las Organizaciones Sindicales CCOO, UGT y STAJ, integrantes de la Mesa Sectorial de la Administración de Justicia (BOE 3 de mayo de 2010), en el que Ministerio de Justicia garantiza que la aprobación de las RPTS (relaciones de puestos de trabajo) para el despliegue de la nueva Oficina Judicial en las localidades del ámbito ministerio en las que se implante, no supondrá una disminución del número total de plazas existentes en las actuales plantillas de cada uno de los cuerpos de funcionarios al servicio de la Administración de Justicia.

Quizá, tirando de pegatinas con la NOJ. Una idea como otra cualquiera en el esfuerzo de voluntades reformistas y de ahorro en Recursos Humanos.

07 marzo 2011

El Punto Neutro Judicial y el Auto TS 8-2-2011

El esfuerzo modernizador que llevan a cabo nuestras Administraciones competentes en la materia de la Justicia, ha visto dos éxitos: el Punto Neutro Judicial (en adelante PNJ) del Consejo General del Poder Judicial y la Cuenta de Consignaciones de BANESTO. El resto de los programas – comenzando por todos los Registros del Ministerio de Justicia- son fracasos muy bien vendidos, que colocan al usuario en más de una ocasión al borde del delito y cuya utilidad – en la fase de implantación- se antoja inexplicable. Entre otras razones, porque el usuario es el último que se entera de la novedad telemática. Pero, como diría el clásico, no es cuestión que nos ocupe.

Y del éxito del PNJ hemos pasado al uso abusivo – o al intento- que pretenden profesionales de toda clase y condición, presentando escritos cada dos o tres meses, en el que piden, por mor de la tutela judicial efectiva (ese artículo 24 CE, que nos sirve para fundamentar lo que no tiene ningún otro soporte legal) que le demos al botón y extraigamos la información patrimonial del ejecutado. Ejecutado, al que, por cierto, le hemos concedido un préstamo de unos miles euros, sin verificar domicilio, ni garantías de pago y con un CIF que puede coincidir (o, no) con el real. Evidentemente, tampoco nos ocupa el sistema crediticio hispánico o lo que queda.

Pues bien el Auto TS, Sala 1ª, de 8 de febrero de 2011 (ROJ ATS 1145/2011), resolviendo un conflicto de competencia entre dos juzgados dice:

Cita:

ÚNICO.- El presente conflicto de competencia, de acuerdo con el informe del Ministerio Fiscal, ha de ser resuelto en favor del Juzgado de Primera Instancia nº 2 de La Almunia de Doña Godina porque el artículo 546.2 LEC establece que una vez despachada ejecución el Tribunal no podrá de oficio revisar su competencia territorial, con la consecuencia de que habiendo despachado ejecución el citado Juzgado de La Almunia de Doña Godina mediante Auto de fecha 2 de enero de 2009 con posterioridad al mismo ya no resultaba posible el examen de oficio de su propia competencia territorial, tal y como se ha reiterado por esta Sala en Autos de 6 de febrero,10 de marzoy21 de septiembre de 2006,9 de junio de 2009 y 6 de julio de 2010 (conflictos 145/06,13/06, 87/06,90/09 y 30/010, respectivamente).

Nada que decir sobre la solución, pero ¿cómo llegamos a ella?. Si resulta que no puede revisarse de oficio la competencia territorial una vez despachada ejecución, pero que hay que despachar ejecución para obtener la información patrimonial del PNJ (entre ellas el domicilio, porque no vamos a intercalar resoluciones intermedias no previstas en la ley), nos queda un estupendo totum revolutum de difícil digestión. O ¿le llamaban agilización procesal con Decretos del Secretaio Judicial?.