Tres aclaraciones en una Sentencia.

Interesante la Sentencia Tribunal Supremo, de 27 de diciembre de 2010, Sala de lo Civil, (número de Recurso: 965/2007) sobre tres puntos de la Ley de Enjuiciamiento. El primero, sobre el que no me extiendo, responde al principio que la ley dice lo que dice y, no lo que pretende el letrado que avala sus escritos con el principio dispositivo y la escolta del artículo 24 CE. Trata de la aportación de los dictámenes periciales en el Juicio ordinario y el análisis del artículo 337 LEC.

Cuestión y solución:

Se alega, en síntesis, que la aportación en la fase de proposición de prueba en la audiencia del juicio ordinario del informe pericial de parte -que se dejó anunciada en la contestación a la demanda- no ocasiona indefensión a la contraparte, su denegación tiene fundamento en una interpretación excesivamente rigurosa del artículo 337.1 LEC, en su redacción vigente por razones temporales, y ocasiona indefensión a la recurrente porque no le ha sido permitido acreditar la existencia de deficiencias en la vivienda adquirida, lo que era necesario para justificar el incumplimiento de los demandantes y la aplicación de la doctrina delaliud pro alio[una cosa por otra] que solicitó en la contestación a la demanda
[…]
Esta Sala no puede tener en consideración la interpretación flexible que propone la recurrente porque: (i) la literalidad del artículo 337.1 LEC, en su redacción vigente por razones temporales, no permite una interpretación distinta a la que se ha quedado expuesta, (ii) el momento preclusivo que establece este artículo lo es en último término, pues la exigencia primera del precepto es que la presentación de los dictámenes se realice «en cuanto [las partes] dispongan de ellos», (iii) corresponde a la diligencia de las partes atender a estas previsiones y también le es exigible a los órganos judiciales una especial diligencia cuando se agota el plazo de presentación para evitar la indefensión de la parte contraria que pueda ser generada por situaciones derivadas de la propia organización de de las oficinas de presentación de escritos, (iv) la hipotética falta de indefensión de la parte demandante, que ha sido alegada por la recurrente, no releva de la carga procesal de dar cumplimiento a un plazo preclusivo, que como tal está afectado por lo dispuesto en el artículo 132 y 136 LEC, y que solo tendrá las excepciones previstas en el artículo 134.2 LEC, en su redacción vigente por razones temporales, para los supuestos de fuerza mayor.

El segundo versa sobre la famosa alegación de indefensión en materia probatoria que se diferencia del “buenos días”, no por las veces que se repite en un Juzgado, sino en que:

Cita:

Es carga de la parte que alega indefensión justificar la existencia de una indefensión constitucionalmente relevante, demostrando que la actividad probatoria que no fue admitida era decisiva en términos de defensa y que hubiera podido tener una influencia decisiva en la resolución del pleito al ser susceptible de alterar el fallo en favor del recurrente (SSTC 157/2000, de 12 de junio, FJ 2 c), 147/2002, de 15 de julio, FJ 4, 70/2002, de 3 de abril, FJ 5, 116/1983, de 7 de diciembre, FJ 3,SSTS de 14 de diciembre de 2007,RC n.º 4824/2000, 30 de octubre de 2009,RC n.º 846/2004, 23 de junio de 2010, RC n.º 320/2005), lo que no ha hecho la recurrente porque no expone de qué manera el informe pericial cuya aportación fue denegada podría haber determinado un fallo más favorable para la recurrente.

La tercera se refiere al también famoso artículo 231 LEC que se interpreta en los siguientes términos:

Cita:

La invocación del artículo 231 LEC, en su redacción vigente por razones temporales, no puede tenerse en consideración porque la subsanación a la que se refiere con carácter general este precepto está referida a los actos defectuosos, pero no a los no realizados, como es el caso (AATS de 18 de enero de 2005, RQ n.º1107/2004,14 de febrero de 2006, RQ n.º 916/2005), la previsión contenida en esta norma no ampara la subsanación de cualquier omisión en que pueda incurrir la parte, lo que sería contrario a la propia esencia de las normas procesales y significaría dejar vacío de contenido el principio de que improrrogabilidad de los términos y plazos para la realización de los actos procesales, indisponibles para las partes y para el propio órgano judicial (AATS de 4 de mayo de 2005, RC n.º 378/2002,18 de septiembre de 2007, RC n.º 1597/2004).

Comentarios

  1. El problema, visto desde mi perspectiva de abogado, quede claro, es la multiplicidad de criterios sobre el momento temporal de aportación de documentos o informes y proposición de pruebas. Cada Juzgado es un "reino", con sus criterios particulares, sin que llegue una unificación de criterios en asunto procesal tan cotidiano ("El año que viene, en Jerusalem", podríamos parafrasear).

    He tenido dos casos "gemelos", con distintos demandantes, pero todo igualito, igualito (escritos, documentos, pruebas propuestas, todo). Pues en un Juzgado no se admitió prácticamente nada y en el otro todo lo que se propuso en la Audiencia Previa.

    Y cada Audiencia Provincial, y cada Sección, con sus particulares interpretaciones. ¡Viva la seguridad jurídica!

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  2. Entre usted y yo y dado que poca gente lee el BLOG, no hace falta una distinción por Secciones. El mismo testimonio remitido por error dos veces a la misma Sección y devueltos, ambos dos, con dos resoluciones diferentes.

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Gracias por participar. Si no lee una respuesta a la cuestión o pregunta que formula ruego me disculpe, tengo algún problema con la aplicación que estoy tratando de solucionar.

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