¿Dónde está el Servicio Público en la Justicia?.

Uno se pone a temblar cada vez que le sueltan de palabra o por escrito que la Justicia, o la acepción autonómica que prefieran, es un servicio público que debe prestarse a los ciudadanos con calidad. Temblequeo que muta en alarma cuando, no faltaba más, aparecen en tropel detrás del Público Servicio, los derechos de acceso a la prestación, del usuario a la queja y de la participación del ciudadano en la gestión. Y ya metidos en el Siglo XIX, tiempo al que conduce la doctrina jurídica del Servicio Público, la alarma finaliza en pavor cuando se adivina el renacimiento de la Escuela del Servicio Público Francesa, el New Deal Norteamericano o, el Sozialstaat Alemán.

Pero, no crean que el avance doctrinal retroactivo se queda en la calificación del Servicio Público, y en los múltiples derechos que lo acompañan, porque sin solución de continuidad suelen aparecer vocablos que nada tienen que ver con el concepto estricto (mejor dogmático) del Servicio Público, pero cuya relevancia novelesca no puede ignorarse. En pocas palabras: en los Juzgados no hay funcionarios con distintos niveles de responsabilidad, sino equipos de trabajo formados por trabajadores, que se desviven por atender al ciudadano del que reciben su salario.
Si vamos a los manuales de Derecho Administrativo nos llevamos una primera sorpresa: el concepto de Servicio Público se ha sustituido por la doctrina de los Servicios de interés general. Y, estos se definen – acudo a SÁNCHEZ MORON, manual de Derecho Administrativo de Tecnos- como aquellos servicios y actividades que las autoridades consideran de interés general por su relevancia y que, sometidos o no a una disciplina de mercado, están sujetos a obligaciones de específicas de servicio público. Dice el autor que las bases de la doctrina se encuentran en sucesivos documentos de la Comisión Europea y en todos ellos se parte de la idea que los Servicios de interés general constituyen un elemento esencial del modelo europeo de sociedad; que son parte de los valores compartidos por todas las sociedades europeas y uno de los pilares de la ciudadanía europea.

El discurso viene a cuento porque no se encuentra a la Administración de Justicia, ni en la doctrina de los Servicios de interés general, ni en la de las Obligaciones de servicio público y servicio universal, ni por supuesto en la del Servicio Público. Otra cosa es el interesado uso del lenguaje, que suele esconder una determinada concepción sobre la Justicia. Un sencillo ejemplo: de Secretaría Judicial (poder judicial), pasamos a Oficina Judicial (administración), y luego a la Unidad Administrativa y a los Servicios Comunes (poder ejecutivo). Ni que decir tiene que por el camino nos quedamos los Secretarios Judiciales, que pasamos a ser, sin toga, once clases de Directores y Jefes (vide el Real Decreto que determina los puestos de trabajo del Cuerpo) de algunos Servicios Comunes, en no se sabe qué territorios. No hay nada como la potenciación del Cuerpo, que diría el clásico.

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