30 diciembre 2011

Disculpa, pero esta entrada está disponible sólo en English.


Si siguen habitualmente las publicaciones de este BLOG sabrán de su apuesta por las dos últimas aportaciones españolas al desarrollo de la humanidad: la multiculturalidad de las Comunidades Autónomas y la Alianza de las Civilizaciones. Dejo la primera para mejor ocasión porque aquí choco con otros dos mantras: la cultura y la suerte de aprender muchos idiomas y, sobre la primera voy a ponerme estupendo, porque es evidente, sobre la segunda, que la suerte tendrá que ver con la capacidad cerebral de cada hijo de vecino para aprender idiomas y, no con el Decreto del Gobierno Autonómico (Quebrado) de turno. 

Y sobre la primera, la cultura, decía ORTEGA Y GASSET (en “LA REBELIÓN DE LAS MASAS”, páginas 136 y 137):

Quien quiera tener ideas necesita antes disponerse a querer la verdad y aceptar las reglas de juego que ella imponga. No vale hablar de ideas u opiniones donde no se admite una instancia que las regula, una serie de normas a que en la discusión cabe apelar. Estas normas son los principios de la cultura. No me importa cuáles. Lo que digo es que no hay cultura donde no hay normas a que nuestros prójimos puedan recurrir. No hay cultura donde no hay principios de legalidad civil a que apelar. No hay cultura donde no hay acatamiento de ciertas últimas posiciones intelectuales a que referirse en la disputa. No hay cultura cuando no preside a las relaciones económicas un régimen de tráfico bajo el cual ampararse. No hay cultura donde las polémicas estéticas no reconocen la necesidad de justificar la obra de arte.
Cuando faltan todas esas cosas, no hay cultura; hay, en el sentido más estricto de la palabra, barbarie.

Mira tú que bien y qué sorpresa. O sea, que la cultura no es aprender las muchas cosas que te impone Dios sabe quién, sino el respeto a las normas y a las reglas del juego. 

Y ¿qué ocurre cuando no hay normas, se ignoran, se desconocen o no se sancionan con algo más que un susto?. Acude en nuestro auxilio la Alianza de las Civilizaciones que nos está costando un riñón y que se funda en el principio aristotélico de “todo el mundo es bueno”. 

Suponía que otro principio aristotélico era que “quien paga, mandaba”.  Y no, en la Alianza de las Civilizaciones quien paga, paga y quien manda, manda y viene esto a cuento porque buscando en la web del FORO DE DOHA, al que por cierto no ha asistido el patrono español de la Fundación, aparece el enlace que sirve de título a estas líneas: “Disculpa, pero esta entrada está disponible sólo en English”. 

Pues mire, no le disculpo y quiero un enlace disponible en español y de paso, a ver si no hay próxima vez y el Gobierno retoma una política exterior digna de tal nombre. 

Otro día les cuento algo sobre la fotografía y otra innovación para la humanidad: la Unidad Militar de Emergencias.

26 diciembre 2011

A vueltas con la citación de la herencia yacente.


La Dirección General de Registros y del Notariado reconoce en el BOE del dia de la fecha que es la quinta instancia civil para los asuntos de la herencia yacente y que la tutela del artículo 24 CE exige que el Registrador de la Propiedad vigile que el Juzgado de Primera Instancia, la Audiencia Provincial, el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional respetaron el mandato constitucional que prohíbe la indefensión. 

Y si ya es incomprensible que el Tribunal Constitucional se atribuya de “facto” la revisión de lo que hace el Tribunal Supremo, porque eso no lo dice la ley en ningún sitio y tampoco el artículo 24 CE, cuya naturaleza próxima a la goma de mascar permite esas interpretaciones (vg. la de mandar a la policía en los pleitos civiles a averiguar domicilios es para hacérselo mirar por algún especialista), lo de los Registros y del Notariado en la consulta que hoy resuelve es, sencillamente, la expresión de la desconfianza ante la chapucería tramitadora de los Juzgados de Primera Instancia, que no se dice, porque los Registradores y los Notarios son personas muy educadas, pero que se intuye y se presume. 

Verbigracia en la resolución:

la exigencia de nombramiento de un defensor judicial de la herencia yacente no debe convertirse en una exigencia formal excesivamente gravosa, de manera que la suspensión de la inscripción por falta de tracto sucesivo cuando no se haya verificado tal nombramiento y por ende no se haya dirigido contra él la demanda, debe limitarse a aquéllos casos en que el llamamiento a los herederos indeterminados es puramente genérico y obviarse cuando la demanda se ha dirigido contra personas determinadas, como posibles herederos, y siempre que de los documentos presentados resulte que el juez ha considerado suficiente la legitimación pasiva de la herencia yacente.

Habría que preguntarse si hay otra opción menos escandalosa para impedir la entrada en el Registro de la Propiedad de esas maniobras contra herederos que con domicilio en la vuelta de la esquina y aparecen en las demandas en ignorado paradero y a ojo, creo que son pocos los pleitos así planteados, pero chirría y mucho que si el Juzgado agota los medios de averiguación respecto a una herencia yacente, venga luego el Registrador con las rebajas constitucionales y más cuando hay un Ministerio Fiscal, cuya intervención en estos asuntos ya se me escapa. 

La Resolución de 3 de octubre de 2011 de la Dirección General de los Registros y del Notariado, sobre emplazamiento y personación de la herencia yacente al efecto de practicar asientos registrales en procedimientos judiciales contra ella, concluye de esta forma:

5. Por tanto el emplazamiento en la persona de un albacea o del administrador judicial de la herencia yacente cumplirá con el tracto sucesivo. Pero sólo será requisito inexcusable tal emplazamiento cuando el llamamiento sea genérico, dirigiéndose la demanda contra herederos ignorados. No lo será cuando se haya demandado a un posible heredero que pueda actuar en el proceso en nombre de los ausentes o desconocidos. Lo que no puede afirmarse es que no proceda ninguna calificación desde la perspectiva del tracto sucesivo ni que sea suficiente el mero llamamiento genérico a ignorados herederos cuando cabe identificar a quienes son los posibles herederos y no se ha nombrado administrador judicial de la herencia yacente.

Y ¿qué ocurre si, por una de esas casualidades de la vida, la demanda cae en un juzgado especialmente competente y tras la investigación correspondiente concluye que hay ignorados herederos a los que no podrá identificarse?, ¿por qué razón no puede emplearse el edicto para el emplazamiento y hay que nombrar un administrador judicial para que defienda no se sabe bien qué?. 

La Dirección Registral busca una “cabeza formal” que haga las veces de demandado y si eso tenía sentido en un tiempo pasado, no cabe sostener en la actualidad que los herederos ignorados no puedan ser llamados por edictos después que el Juzgado haya investigado su existencia y paradero y, haya que obligar al demandante a cargar con un gasto (el del administrador judicial) fundado en la doctrina registral, porque (STS, Sala 1ª, 3 de marzo de 2011, ROJ: STS 1063/2011):

El artículo 156 LEC, en concordancia con el artículo 164 LEC , impone la práctica de diligencias de averiguación del domicilio del demandado cuando el demandante alega su desconocimiento, (y) contempla sin limitaciones la posibilidad de que el órgano judicial se dirija a entidades públicas y privadas y limita la comunicación mediante edictos a los supuestos en los que resultaren infructuosas las averiguaciones. La razón de las exigencias impuestas por la LEC a los actos de comunicación está en que el destinatario del acto tenga oportuna noticia del proceso para que pueda adoptar la conducta procesal que estime convenirle ( STS de 25 de junio de 2008 , RC n.º 1599 / 2001), pues la indefensión consiste en la privación o limitación no imputable al justiciable de cualesquiera medios legítimos de defensa de la propia posición dentro del proceso, y la hay siempre que falte una plena posibilidad de contradicción ( SSTC 64/1986, de 21 de mayo ; 98/1987, de 10 de junio ; 26/1993, de 25 de enero ; 1101/2001, de 23 de abril ; 143/2001, de 14 de junio , etc.).

20 diciembre 2011

Criterios Junta de Secretarios Judiciales de Valencia


La Junta de Secretarios Judiciales de Primera Instancia de Valencia se reunió el pasado 3 de noviembre 2011 para unificar criterios sobre la aplicación de la reforma de la Ley 37/2011. Previa convocatoria por el Secretario Coordinador Provincial y posterior debate, se facilitó a todos los Secretarios Judiciales un primer documento (borrador) y que ha sido aprobado por unanimidad. 

A continuación se relacionan los ACUERDOS, encontrándose en el documento en PDF la fundamentación de cada uno de ellos. 

ACUERDOS UNIFICACION DE CRITERIOS DE LA JUNTA DE SECRETARIOS JUDICIALES DE PRIMERA INSTANCIA 1ª AÑO 2011. 

a) JUICIO DE DESAHUCIO. 

1.- El requerimiento al arrendatario para que en el plazo de diez días desaloje el inmueble, o pague al actor podrá hacerse por edictos. 

2.- El arrendador necesitará abogado y procurador para la presentación de la demanda de desahucio. 

3.- El arrendatario necesitará abogado y procurador para oponerse al requerimiento de desalojo o pago. 

4.- La solicitud de designación de abogado y de procurador de oficio deberá hacerse en los tres días siguientes a la recepción de la cédula de requerimiento y citación a juicio, aunque podrá hacerse en un momento posterior, hasta el décimo día. 

5.- En los decretos que terminen el procedimiento no habrá pronunciamiento sobre la resolución expresa del contrato, las costas, ni sobre las rentas devengadas. 

6.- La ejecución de los decretos que terminen el procedimiento requiere la presentación de una “solicitud”. 

b) OTRAS CUESTIONES 

7.- Para determinar si el inmueble que se subasta es la “vivienda habitual” del deudor se atenderá a los siguientes criterios: al resultado del requerimiento de pago, al domicilio obrante en el título ejecutivo y al que aparezca en la certificación registral de titularidad y cargas. En el caso de la ejecución hipotecaria se estará al contenido de la inscripción en el Registro de la Propiedad y, en segundo lugar, al resultado del requerimiento de pago. 

8.- Se incluirá la tasa judicial (artículo 241.1.7º LEC) en las tasaciones de costas que se practiquen en los procesos iniciados con posterioridad a la entrada en vigor de la reforma, resolviéndose en los anteriores, la inclusión o la exclusión, con arreglo al criterio que se mantuviera sobre este particular en cada órgano judicial.

15 diciembre 2011

Los oficios de averiguación del artículo 657 LEC.


La operación de descuento de cargas del artículo 666 LEC se realiza sobre las que figuren en la certificación registral (artículo 656 LEC) y con arreglo a la información que debe obtenerse en aplicación de lo establecido en el artículo 657 LEC. Esto es, cuando de la certificación registral resulta la existencia de cargas anteriores a la del derecho que se ejecuta se dictará una diligencia de ordenación, para reclamar de los acreedores anteriores la información de la subsistencia del crédito garantizado y su actual cuantía (artículo 657 LEC). 

Con la reforma del año 2009 ha desaparecido, por fin, la exigencia de previa petición del ejecutante que carecía de lógica, no tutelaba adecuadamente al ejecutado y hacía de peor condición a determinados acreedores. Ahora bien debe quedar claro que la petición de información solo se justifica por su relación con la liquidación y la venta en pública subasta del bien, rechazándose cualquier otra solicitud ajena a esa finalidad, que convertirá la diligencia en una medida de averiguación (artículo 590 LEC). En otras palabras, en el caso de anotaciones de embargo de otros procedimientos administrativos o judiciales de apremio, la información podrá reclamarse directamente de los órganos ejecutores, pero no por mor de lo establecido en el artículo 590 LEC ya que no son terceros extraños a la vía de apremio, sino ejecutantes en otros procesos que vienen obligados a colaborar para que pueda determinarse con exactitud los importes pendientes de pago al objeto del descuento. Pese a que en el artículo 657.1 LEC se dispone que la información se reclamara del acreedor, no prohíbe expresamente que se interese del órgano que ejecuta su derecho. 

El nuevo apartado 3 del artículo 657 LEC, la redacción del segundo y el requerimiento al ejecutado del primero nos complican – y mucho- la tramitación. Comencemos por lo último. El requerimiento al ejecutado (artículo 657.1 LEC) de un proceso en el que aparezca una carga anterior para que informe sobre la subsistencia, exigencia, plazo y condiciones del crédito por el que tiene embargado o hipotecado un bien, nada tiene que ver con la realidad y no merece ningún esfuerzo interpretativo. Sencillamente se trata de un dato que, por lo general, ignora. 

La redacción de los apartados 2 y 3 del artículo 657 LEC, se debe a la enmienda número 526 Grupo Parlamentario Catalán en el Congreso, que justificó – respecto al apartado 2- en que la existencia de créditos anteriores a los del ejecutante inscritos en el Registro de la Propiedad son una carga que disminuye el valor de los bienes, por lo que es del mayor interés que los datos sobre su subsistencia figuren debidamente actualizados en el registro. Y, en cuanto al apartado 3, la modificación introducida ajusta el tipo de la subasta siempre al valor real del bien, descontando las cargas reales y no las inscritas. 

El loable propósito se estrella contra la desastrosa redacción de la última frase del apartado 3: Si el ejecutado y los acreedores no contestan en el plazo de veinte días, se entenderá que la carga se encuentra “actualizada al momento del requerimiento en los términos fijados en el título preferente”. Pues bien, el “título preferente” es, en realidad, la “carga anterior”. Y así, sí ningún requerido contesta, se valorará la carga según su estado registral, que es lo que se hace en la actualidad. Pero cabe otra posibilidad. Que el “título preferente” sea el título ejecutivo anterior, entendiéndose que la carga se actualizara según el contenido del citado título. La respuesta, más aventurada que la primera, implica que el juzgado se haga con una copia del título ejecutivo que provocó la anotación anterior y compare los importes de aquel y esta. No le veo salida a esta teoría porque priva de sentido al requerimiento y no explica cómo – a cambio- obtiene el juzgado el título ejecutivo. El apartado 2, que debería haber desaparecido, ha cobrado vitalidad gracias a la enmienda, pero no condiciona la liquidación. Esto es sí las averiguaciones del juzgado son positivas y se logra conocer el importe más o menos exacto de lo realmente debido, podrán expedirse los mandamientos para su constancia registral, pero el hecho no incide en la liquidación, ni supone que la operación de descuento se realice sobre un importe ficticio ya que el órgano ejecutor conocerá la cantidad adeudada a los acreedores anteriores. 

Lo que debe descontarse – advierte el Auto AP MURCIA, Sección 5ª, de 2 de septiembre de 2.003- es la realidad del crédito anterior y preferente, de tal forma, que si de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 657 las anotaciones que constan en el Registro de la Propiedad no obedecen a la realidad de las cargas pendientes sobre la finca, serán estas las que se deberá tener en cuenta. Pues una cosa es la existencia de una carga y otra el reflejo registral de la misma. Siendo que la vigente LEC precisamente, lo que trata es de buscar la realidad de las cargas existentes a los fines de una información precisa sobre el valor real de las fincas. Razón, por la que es posible requerir nuevas informaciones a los acreedores con carga anterior y con el detalle que sea necesario a los efectos indicados (Auto AP BARCELONA, Sección 4ª, de 26 de febrero de 2.009

Un último comentario sobre la vista del artículo 657.2 LEC. Partiendo de la certeza que no aporta nada a la liquidación de cargas y que alguien tendrá que pagar la anotación el Registro, no alcanzo a entender dónde está el conflicto entre interesados, que no partes, que obligue a la intervención del Juez, salvo el interés del legislador en que se actualicen los Registros de la Propiedad, para lo que desde luego podían haberse buscado otras fórmulas. Y, en cualquier caso, el desacuerdo sobre la subsistencia y la cuantía puede salvarse reclamando la información al órgano judicial o administrativo que tramite la respectiva vía de apremio. 

Y una CONCLUSIÓN: Si el actor aporta la certificación de cargas y pide sin solución de continuidad los oficios del artículo 657 LEC, se niega sin más. (artículo 590 LEC). El artículo 657 LEC requiere el avalúo de la finca, no basta la existencia de cargas anteriores.  

13 diciembre 2011

Carta abierta a D. Andrés de la Oliva. 13-12-2011

Remito al BLOG del Catedrático Andres de la Oliva la siguiente carta abierta:

No soy partidario de la reforma procesal del año 2009, propia de un acelerado corrector de textos en la que los vocablos “juez” y “secretario judicial” se cambiaron de lugar (y ni eso, en algunos casos), pero sufrí la reforma de la ley de enjuiciamiento civil del año 2000, que llenó el proceso civil de diligencias incomprensibles y se olvidó del proceso de ejecución, acabada la provisional y la oposición, que nunca llegaron a ser mayoría de nada y, en el caso de la última, parecida a un laberinto en la que para resolver sobre no se sabe bien qué, hay que emplear tres o cuatro resoluciones. Creo que en aquella época se criticaba el error de los pronunciamientos en la instancia y se clamaba por la vuelta a la “caución” para no perjudicar los derechos de los condenados en la ejecución provisional. 

Desconocía el pronunciamiento del Tribunal de Conflictos de Jurisdicción aunque dudo que tenga las consecuencias que describe. El Tribunal Constitucional anda empeñado desde hace años en mandar a la Policía (supongo que incluye a la judicial, aunque nunca me he parado en ese análisis, ni tampoco tengo el mínimo interés en el asunto) a practicar requerimientos y a averiguar domicilios en el proceso civil y anualmente caen una o dos sentencias en las que así se dice, aunque no se fundamente el porqué, ni se explique que eso contradice las normas reguladores de la Policía (FCSE) salvo, claro está, el famosísimo artículo 24 CE, que nos viene muy bien para un roto, un descosido o un mediopensionista. Y hablando de mediopensionistas. 

España, gracias a quien sea, ha perdido hace tiempo la carrera de la reforma de la justicia, preocupados como estamos en los importantes debates sobre quién es el Secretario Judicial, a quien sirve, para qué sirve o si sirve para algo y cuando no es eso, la elección de los vocales del CGPJ centra la atención del intérprete o del mando en plaza, porque al ciudadano le suele traer al pairo el asunto hasta que tiene una demanda en un juzgado y se entera que seguimos con la misma organización judicial que tenían los Tribunales de la Inquisición. Notable avance, que diría el clásico y ello pese a que, en teoría, llevamos reformando esto desde el año 1978 y ya recuerdo – mejor dicho, la hemeroteca- unos cuantos Ministros de Justicia y centenares de vocales del Consejo General del Poder Judicial. 

En cualquier caso ya vendrá Europa con las rebajas, porque todas las reformas de los Tribunales de la Unión están copiadas de la pérfida Albión y sus antiguos Dominios y eso no solo me parece perfecto, sino obligatorio. Ni Alemania con su monitorio, ni Austria con su audiencia previa (que no sirve para nada, salvo para que los Juzgados se llenen de Abogados que sustituyen al que dirige el asunto y que no traen otras instrucciones que no sean la lectura o vocalización de los medios de prueba), ni nuestras universidades, que no pasan del número 186, ni los Colegios profesionales y sus enmiendas a las reformas procesales que nadie sabe de dónde salen, poco tendrán que hacer cuando, verbigracia, nos llegue el monitorio “en línea”, en el que sobramos todos (y el artículo 24 CE) porque todo se hace desde casa con un ordenador y al poder judicial le sustituye otro ordenador que admite la reclamación y lanza embargos a diestro y siniestro. 

Le puedo decir, por experiencia, que los Abogados y los Procuradores seguirán presentando sus juras de cuentas en los Juzgados de Primera Instancia – le adelanto que muchos acuden al monitorio para evitar un examen de la minuta o de la cuenta- y es más, dudo mucho que algunos se paren en el pronunciamiento y en el razonamiento del Tribunal de Conflictos de Jurisdicción para atribuirme, como Secretario Judicial la condición de administrativo, pero sí tengo curiosidad por saber cómo puede arreglarse esto desde su punto de vista. Un Juez que lo hace todo, lo ve todo y lo resuelve todo – con algo de calidad- debería tener como mucho cien asuntos por año pasando por su despacho. Vea las estadísticas del CGPJ, luego eche cuentas y calcule cuantos Jueces hay que “producir” en cuatro años. 

Le felicito por el triunfo con el que el Tribunal de Conflictos respalda su teoría, pero si cree que el problema de la reforma procesal del año 2009 está en los Secretarios Judiciales desconoce la Administración de Justicia y cómo se trabaja hoy en Juzgados y Tribunales. 

Sin otro particular, atentamente. Alberto Martínez de Santos, Secretario Judicial.

10 diciembre 2011

Conflicto de competencia territorial en Proceso cambiario


Planteamiento de la cuestión. En fecha de 25 de febrero de 2009 se interpuso, ante el Juzgado Decano de los de Torrijos (Toledo) demanda de juicio cambiario en reclamación de la cantidad de 7.146,53 EUROS, frente a una mercantil con domicilio en Torrijos. Dicha demanda fue turnada y correspondió al Juzgado de Primera Instancia nº 3 de Torrijos, que acordó incoar juicio cambiario, requerir al deudor y practicar embargo preventivo de bienes. Intentado requerimiento con resultado negativo, la parte actora solicitó que se requiriese en el domicilio del administrador y habiéndose comunicando que constaba nombrada nueva administradora de la mercantil deudora, la actora solicitó se requiriera en el domicilio de ésta, en Madrid. Abierto el trámite para que informasen la actora y el Ministerio Fiscal informasen sobre una posible incompetencia territorial para conocer de la demanda, el Fiscal consideró territorialmente competentes a los Juzgados de Madrid, mientras que la parte demandante sostuvo la competencia de los Juzgados de Torrijos. 

Postura del Tribunal Supremo. El Auto TS, Sala 1ª, 2 de noviembre de 2011, (ROJ ATS 10988/2011) resuelve el conflicto distinguiendo entre la competencia territorial y la posibilidad de requerir a la sociedad por medio del administrador, y ello con arreglo a la siguiente fundamentación

En efecto, tiene señalado de manera reiterada esta Sala, en estos supuestos: a) Que, la competencia territorial viene fijada imperativamente en el artículo 820 LEC, y es el domicilio del demandado con arreglo al artículo 58 LEC (autos del Tribunal Supremo de 6 de junio de 2002, 6 de junio de 2002 y 7 de octubre de 2003). Dicho precepto contiene la regla imperativa de designar competente al Juzgado donde la sociedad demandada tenga su domicilio social al tiempo de la demanda y sin perjuicio de que se tenga en cuenta el domicilio actual a efectos de promover su intervención en el proceso (auto del Tribunal Supremo de 7 de octubre de 2003, 2 de febrero de 2004 y 23 de febrero 2004). b) Que es obligación del Juez o Tribunal examinar de oficio su propia competencia territorial, sin necesidad de que esté personado el demandado (artículo 60-2 LEC) (auto del Tribunal Supremo de 6 de junio de 2002). c) Que cuando la demandada sea una persona jurídica debe tenerse por domicilio de la sociedad demandada el que figura en el Registro Mercantil (auto del Tribunal Supremo de fecha 6 de junio de 2002); no debiéndose confundir con el domicilio personal de su representante legal (auto del Tribunal Supremo de 10 de junio de 2002) toda vez que no han sido demandados los administradores de la sociedad que se interpela judicialmente, sin perjuicio de que se tenga en cuenta el domicilio efectivo de los mismos a efectos de poder ser emplazada y citada la demandada (autos del Tribunal Supremo de 6 de junio de 2002, 7 de julio de 2003 y 1 de febrero de 2004).

Resolución del Tribunal Supremo. En el caso examinado el único domicilio social conocido, tal y como consta en el Registro Mercantil y en la totalidad de la documentación obrante en las actuaciones, es el que precisamente fija el actor en su demanda que aporta documentación acreditativa de dicho extremo. Por ello, es el Juzgado de Torrijos, el único competente para conocer de la demanda promovida, sin perjuicio de que se tenga en cuenta el domicilio efectivo del administrador de la sociedad, que radica en Madrid, a los efectos de poder ser emplazada y citada la demandada (Auto del Tribunal Supremo de 1 de febrero de 2004).

05 diciembre 2011

Las costas en la reclamación monitoria y en la de propiedad horizontal


Lo de las costas en el proceso monitorio (reclamación, sería un vocablo más adecuado) tiene su aquel. Dice la SAP GUIPUZCOA, Sección 3ª, 1 de diciembre de 2.008 (ROJ SAP SS 1049/2008) que el monitorio tiene una naturaleza opcional para el acreedor, que elige dicho procedimiento y no el declarativo, por lo que el pronunciamiento expreso condenatorio en costas del declarativo, no podrá incluir partida alguna devengada en el monitorio por tratarse de dos procedimientos distintos. Además, la práctica de la tasación de costas implicaría la existencia de un previo pronunciamiento de condena a alguna de las partes litigantes a su abono. 

Esto es el monitorio se configura como un proceso especial, plenario y rápido, con ausencia total de formalismos en su petición inicial (que ni siquiera se llama demanda), cuya "tramitación" es radicalmente diferente en función de la actuación del deudor ante el requerimiento, y así: (a) si no se opone al requerimiento de pago, se dicta decreto que, con efectos de cosa juzgada plena, constituye el título ejecutivo, (b) si se opone, se frustra el monitorio y se sustancia la posterior oposición, por los cauces del juicio declarativo que corresponda por razón de la cuantía, (c) si paga, se satisface el crédito reclamado, de manera inmediata, lográndose el objetivo, lo que se traduce en una "resolución" de archivo inmediato, y con el pago se evita el despacho de ejecución. Consecuentemente, no abre, propiamente, un "proceso" (viniendo a suponer un "instrumento procesal" para formar un título ejecutivo e incluso, para excluir el proceso mismo), lo que supone que no deben aplicarse las normas de los declarativos (artículos 394 y ss. LEC, y entre ellas, las costas del allanamiento). 

Y ¿qué ocurre con los monitorios seguidos por reclamaciones de gastos de propiedad horizontal?. Expongamos la práctica: reclamación que termina con el decreto de incomparecencia y despacho de ejecución (artículo 816 LEC), el actor pide tasación de costas, que se liquidan y tenemos un segundo decreto y con las dos resoluciones, el actor – mejor sería decir pluridemandante ya que se ha duplicado aunque sea en papel- presenta dos demandas de ejecución en las que postula sus cálculos provisionales de intereses y costas, que bien regula el artículo 575 LEC, pero no para tales quehaceres. 

El artículo 21.6 LPH no suscita dudas y desde la reclamación monitoria el deudor deberá pagar con sujeción a los límites del artículo 394 LEC, los honorarios y derechos que devenguen abogado y procurador por su intervención “tanto si aquel atendiere el requerimiento de pago como si compareciere ante el tribunal”. Pero eso es una cosa y otra muy distinta que la reclamación monitoria, por si misma, y sin atender a su resultado obligue a la satisfacción de las costas que hubieran podido causarse, lo que conduce, sin más, al abuso. La reclamación monitoria que fracasa no queda en el limbo, se transforma en un proceso de ejecución y en ese proceso – no antes- habrán de liquidarse las costas y con aplicación, además, del límite del artículo 394.3 LEC. 

La SAP CACERES, Sección 1ª, 8 de junio de 2007(ROJ SAP 445/2007) indica que los dos criterios que claramente diferencia la ley -según se haya suscitado o no oposición a la petición inicial de juicio monitorio- no son acumulativos, y el Abogado no podrá minutar honorarios ni el Procurador devengar derechos, tanto por la petición inicial de proceso monitorio como por el trámite del juicio por el que hubiera de resolverse el asunto si se ha suscitado oposición, sino que, antes al contrario, dichos criterios son independientes, autónomos y excluyentes. Consiguientemente, si no se suscita oposición a la petición inicial de Juicio Monitorio , únicamente habrá de aplicarse el inciso inicial del apartado 6 del artículo 21 LPH y, si se suscita oposición a la referida petición inicial, se aplicará -también de forma única y exclusiva- el inciso final del mismo precepto, porque la oposición a la petición inicial de juicio monitorio no da lugar a la existencia de dos Juicios -el monitorio y el declarativo- sino solo a uno, exponente de lo cual es que, el inciso inicial del apartado 2 del artículo 818 LEC no establece que, en caso de oposición, se incoe un nuevo proceso , sino que dispone que, si la cuantía de la pretensión no excediera del juicio verbal, el tribunal habrá de proceder, sin más y de inmediato, a convocar a la vista. 

Cita:

Éste tribunal comparte el criterio de la juzgadora de instancia considerando que procedimiento instado es único, sin que puedan por el contrario ser acogidas las alegaciones y argumentos de la parte apelante. En este sentido resulta del artículo 816 LEC que en el proceso monitorio, ante el impago, falta de comparecencia y ausencia de oposición del deudor, el tribunal debe sin más despachar ejecución contra el deudor, sin que sea exigible, ni necesario, que la parte solicitante del monitorio solicitara el despacho de la ejecución (SAP Madrid, Secc. 13ª, de 22 de marzo de 2004, entre otras), ni por lo tanto que presente demanda ejecutiva basada en el auto que puso fin a la fase de monitorio . Ello implica que con el dictado del título ejecutivo el proceso se transforma cambiando de naturaleza, pero es un único procedimiento, y por ello la tasación de costas habrá de ser también única, sin perjuicio de que en ella se puedan comprender las procedentes tanto en la fase declarativa y como en la de ejecución, incluyendo por ello los honorarios y derechos devengados en ambas fases.

28 noviembre 2011

La ejecución hipotecaria: un debate sobre los intereses y las costas en las adjudicaciones inferiores a lo reclamado en la demanda.

Hace un tiempo y con motivo de unas líneas escritas en este BLOG, un profesional al que evidentemente no identificaré, me comentó que no estaba de acuerdo con lo leído en un tono que nada tenía que ver con la moderación. Le ofrecí la tribuna para que expusiera lo que tuviera a bien y al día de la fecha sigo esperando. Eso es hoy España. Mejor dicho, eso es España desde que en el año 2003 el líder de la oposición decidió que lo chachi pirilu era montar circos en la calle y agitar los instintos del personal para que debatiera con piedras, empujones, insultos y demás arsenal filosófico y, dejará bien claro que los principios generales del derecho son la paz, los derechos de las personas humanas y el Estado Social.

Con la hipoteca sucede lo mismo. Pese a lo que digan esos periódicos salmón que nada informan – solo comunican, lo que es muy distinto- el precio de la primera vivienda no ha bajado nada y el de segunda mano se vende (sin carteles en las fachadas) en cuanto el propietario fija un precio entre 250.000,00€ y 300.000,00€ - según metros, dotación y situación-, porque hay gente necesitada de vivienda, también hay dinero y hasta puede encontrarse financiación, pero sucede que ya nadie acude a la Isla de la Tortuga a tomarse un par de vasos de Ron.

El problema es que desde el año 2007 nadie sabe lo que hacer, porque no hay nadie con mando en plaza que abra un debate serio - al margen del eslogan pancartero- sobre la hipoteca, la ejecución hipotecaria y el fondo de armario que cajas de ahorros y bancos se han hecho con los miles de inmuebles que sin rubor han volcado en los Juzgados. Y ello provoca una respuesta en la calle porque la gente no entiende – yo tampoco, aclaro- cómo es posible que un inmueble que costó 100 y se valoró por 110, se lo quede el banco por 50 y reclame la diferencia, más intereses, costas, gastos y los cafés de la máquina del despacho.

Contra la adjudicación en pago leí hace tiempo un artículo publicado en la ley muy bien documentado y varias resoluciones de algunas Audiencias Provinciales, pero nada del Gobierno y menos aún del Ministerio de Justicia, que nos terminaron obsequiando con un bandazo surrealista en forma de Real Decreto Ley 8/2011 y otro posterior en la Ley 37/2011 (volviendo locos a todos los marineros, por lo de babor y estribor, ya saben y que cada uno se apañe con las vigencias y las derogaciones).

Pero vayamos al Juzgado, que es dónde ahora se debate a falta de mando en plaza, porque aquí se ha ganado una batalla con el artículo 579 LEC y ahora hay que ganar una segunda con los intereses y las costas de las ejecuciones hipotecarias. En esta cuestión entramos en un terreno poco estudiado y al que se le da respuesta insuficiente. Se dice que

“aunque la naturaleza del procedimiento de ejecución hipotecaria esté limitado a las cantidades pactadas en la escritura de constitución, cuando se alude a los intereses y las costas se calculan de forma provisional, sin perjuicio de la posterior liquidación, lo que no impide que se proceda a la tasación de costas, para determinar el importe exacto de las mismas. Tampoco puede tomarse en consideración las alegaciones referidas al hecho de que la entidad acreedora se haya adjudicado en la subasta el bien por el 50 % del valor de tasación, pues como bien dice la resolución recurrida, se trata de conceptos totalmente distintos y no cabe confusión entre ellos”(Sentencia AP CACERES, Sección 1ª de 8 de julio de 2009).

Discrepo del argumento. Las liquidaciones de intereses y las tasaciones de costas posteriores a las adjudicaciones del 50% (o, superiores) son improcedentes. La ejecución hipotecaria como ejecución especial termina, con el dictado del decreto de adjudicación o, con alguna de las resoluciones del artículo 670 LEC al que remite el artículo 691.4 LEC y, no continua como tal “ejecución hipotecaria”, sino como dineraria por mor de lo establecido en el artículo 579 LEC. La liquidación de intereses y la tasación de costas en la ejecución hipotecaria es siempre anterior a la resolución que la pone término, pues de otro modo es imposible conocer la existencia del sobrante (sirva a modo de ejemplo y por todos, el apartado 2 del artículo 670 LEC) e impide el cumplimiento del artículo 674 LEC. Debe recordarse que en el mandamiento de cancelación se hará constar el importe de lo vendido o adjudicado y si fue o no bastante para la satisfacción del crédito.

Por estas razones el ejecutante puede optar por la adjudicación por la cantidad adeudada por todos los conceptos – lo que incluye intereses y costas – o por el 50 por 100 del valor de tasación (o superior), lo que también finaliza la ejecución hipotecaria, pero sin ninguna liquidación o tasación posterior. No hay en la ley un “tertium genus”: la adjudicación por el 50% (o superior) del valor de tasación más todos los conceptos debidos.

Y en el sentido indicado dice el Auto AP, MURCIA, Sección 3ª, 5 de julio de 2008 (Recurso: 453/2007, ROJ: AAP MU 231/2008)
cita

“Primero.- Frente a la resolución apelada que desestima la impugnación formulada por la representación procesal de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A., contra diligencia de ordenación anterior que acordaba estar a lo dispuesto en providencia de 29 de diciembre de 2006 y según la cual no había lugar a continuar la ejecución interesada al haberse terminado el procedimiento de ejecución hipotecaria con el dictado del auto de aprobación del remate, se alza la parte recurrente interesando su revocación en esta alzada, por cuanto su petición ante el Juzgado se circunscribió a la práctica de la tasación de costas devengadas así como a la aprobación de la liquidación de intereses a los efectos de concretar el crédito adeudado a dicha mercantil y cuya determinación ha de hacerse necesariamente en sede del procedimiento en el que se han devengado, no conllevando dicha petición la pretensión de reanudar la tramitación de la ejecución hipotecaria, pues el cauce procesal posterior a dicha concreción sería la ejecución de títulos judiciales. Resuelve la audiencia que: “coincidiendo con el razonamiento de la Juzgadora a quo, y considerando que esa petición de la parte lo es para la continuación del procedimiento, no hay base para dejar sin efecto la diligencia de ordenación impugnada, más aún cuando, habiendo escogido la impugnante el procedimiento judicial sumario para la satisfacción de su crédito con la enajenación forzosa del bien hipotecado, no cabe ahora instar tasación de costas y liquidación de intereses para procurarse un título judicial ejecutivo que, efectivamente, tendría su origen en un procedimiento judicial que rechaza su devengo, máxime cuando no hay remanente con el que satisfacer dichas costas, que sería el único supuesto en el que sería factible su tasación”.

Obsérvese para terminar un pequeño detalle: el ejecutante no satisface su crédito porque no quiere y contradiciendo sus propios actos (la valoración del inmueble) pretende cargar sobre el ejecutado unos intereses y unas costas que no pueden devengarse en un título ejecutivo (la escritura) que no se ha agotado. 

23 noviembre 2011

Criterios Junta de Jueces de Instancia de Valencia (2011)


En la línea seguida por comentarios anteriores se publican, actualizados, los criterios adoptados por la Junta de Jueces de Primera Instancia de Valencia. Y, repito también, como en ocasiones anteriores que desde el año 2007 y a instancia del Juez Decano Pedro Viguer – al que evidentemente debe citarse, porque una cosa es que la ley prevea tal o cual atribución y otra ejercerla y, de eso los Secretarios Judiciales sabemos mucho- los Jueces de Primera Instancia se reúnen periódicamente en Junta con un orden del día previamente establecido, sobre el acuerdo que pueda adoptarse y su fundamentación. 

Pese a que solamente se publica el ACUERDO y no la fundamentación que lo justifica, no creo necesario explicar el interés del asunto– la importancia podrá discutirse por alguno- y más si tenemos en cuenta, la INSEGURIDAD JURIDICA (con mayúsculas) que la Ley 37/2011 ha introducido en el juicio de desahucio y en la subasta. 

Aunque la Ley 13/2009 de 3 de noviembre atribuye al Secretario judicial nuevas funciones, competencias, atribuciones (o, eso dicen) la Junta de Jueces se pronuncia sobre cuestiones de las que discrepo y en las que algo pintaría el llamado Cuerpo Jurídico Superior (ordinales 5, 6, 8 y 9 de las páginas de 21 y 22), pero si quieren que les diga la verdad, harto está uno de pegarse contra muros, así que el sentido común implica dejar las Superioridades gramaticales para mejor ocasión (o para siempre, que es más sencillo) y seguir la senda marcada por la Junta de Jueces.

17 noviembre 2011

Tercer modelo del desahucio.

Sorprendente. Diecisiete días después de la entrada en vigor de una reforma, aprobada por el Congreso y llamada a impulsar la economía y la protección de la titularidad de los inmuebles y aquí seguimos cada uno haciéndonos nuestros modelitos para ir saliendo del paso. No, qué digo sorprendente, España, 2011. Y aún daremos gracias porque la falta de dinero – solo eso- impide aventuras multiculturales, plurilingües y metahistóricas (si existen) y, de momento nos dejan hacer con el español y con la ley fotocopiada o impresa, con los que vamos tirando hasta que nos cae en la mesa una demanda de desahucio con acumulación de acciones contra avalistas y un abogado empeñado en que hagamos el trabajo que no hace el legislador. 

Defectuosa técnica legislativa” escriben los autores cuando quieren decir que el “Legislador” (los diputados y senadores) han propalado en el BOE una reforma que nada tiene que ver con el primer borrador y el anteproyecto de ley. 

Y como en el fondo estamos acostumbrados a jugar a todo bajo nuestra responsabilidad – España desde el siglo XIV, más o menos-, que es la que nos van a exigir con arreglo a esas “buenas prácticas” -que no sé lo que son, pero que se han puesto de moda- si esperamos a que la Administración se entere de la reforma, dejo aquí abajo la “cédula” del novedoso desahucio, que ha desaparecido, pero que evita un título más extenso.

15 noviembre 2011

No me gusta como resuelve el Secretario Judicial.

Dice el artículo 454.bis 2, primer párrafo LEC

 “El recurso de revisión deberá interponerse en el plazo de cinco días mediante escrito en el que deberá citarse la infracción en que la resolución hubiera incurrido. Cumplidos los anteriores requisitos, el Secretario judicial, mediante diligencia de ordenación, admitirá el recurso concediendo a las demás partes personadas un plazo común de cinco días para impugnarlo, si lo estiman conveniente.”

La reproducción literal este mandato se completa con la exigencia del artículo 448.1 LEC y así, la resolución del Secretario Judicial deberá afectar desfavorablemente al recurrente.

Dejando el proceso declarativo civil, cuyas características requieren otro comentario, en el proceso de ejecución, suele confundirse la función jurisdiccional, con la tutela judicial efectiva del famosísimo artículo 24 CE, pues todas las competencias atribuidas a los secretarios judiciales en este proceso y las resoluciones que se dictan difícilmente afectaran desfavorablemente, ni incurrirán en infracción legal; otra cosa es que el criterio de la parte sea distinto o, sencillamente, que esas resoluciones no le gusten al litigante.

Quédense con el gusto porque no aparece en el artículo 454 bis. 2 LEC y desde luego, no autoriza una corrección generalizada de las resoluciones que dicta el Secretario Judicial para adaptarlas al criterio de cada recurrente, sino que es un medio de impugnación en el que se valorará la existencia de infracciones legales, con arreglo a los elementos de juicio que se tuvieron en cuenta en el momento del dictado del decreto. Y, por lo mismo, será posible hacer aclaraciones, precisiones o alegaciones siempre que tengan que ver con la supuesta infracción cometida, pero en modo alguno, podrán reproducirse cuestiones ya ventiladas en las que no haya infracción alguna, ni menos aún convertir el trámite en una apelación abreviada (artículo 458.1 LEC en relación con el artículo 454 bis 3 LEC).

En segundo lugar, tampoco es dable que por la vía del recurso de revisión se traigan a conocimiento hechos nuevos que no pudieron tenerse en cuenta en el momento del dictado del Decreto o, que no se formularon, porque bajo esa premisa, la afectación desfavorable del artículo 448.1 LEC sería provocada por la impugnante y no por el Secretario Judicial.

Paradigmático es el caso de la mejora de embargo del artículo 612 LEC, pues la defectuosa técnica legislativa permite la interposición de un recurso de revisión sin que el embargo haya agotado sus efectos – de hecho, en el plazo de cinco días ni tan siquiera se habrá practicado, por ejemplo, la anotación preventiva de embargo en el Registro de la Propiedad- y sin que, evidentemente, sea posible apreciar ningún cambio de circunstancias.

En estos casos no hay infracción legal, sino gustos y colores. Y el gusto es el gusto, hay muchos colores y no hay convencimiento en el saber del Secretario Judicial para advertir que, por ejemplo, no cabe embargar veintitrés fincas por una deuda de 90.000,00€, ni trabar una finca consiguiendo una bonita anotación preventiva en el Registro de la Propiedad, con vocación de perpetuidad para luego embargar una prestación del INEM o para concluir, como leí recientemente en un escrito, que podemos hacer las cosas fáciles o difíciles y embargar todo el patrimonio del ejecutado, que es lo que dice el manual de procesal de algún ejecutante y el artículo 24 CE, cuya derogación – para el proceso civil- vuelvo a pedir desde esta tribuna.

08 noviembre 2011

¿Ha desaparecido el plazo de subsanación para la aportación de la tasa judicial?


Ya hemos tratado antes este asunto y sus antecedentes, y que copio ahora para no remitir al lector a otro enlace que entorpezca la lectura. La llamada tasa judicial se regula en los artículos 35 y 36 de la LEY 53/2002 de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social de 30 de diciembre, la ORDEN HAC 661/2003 de 24 de marzo y la RESOLUCIÓN de 8 de noviembre de 2003 de la Secretaría de Estado del Ministerio de Justicia, que dictó instrucciones acerca del procedimiento a seguir para la tramitación de la tasa por el ejercicio de la potestad jurisdiccional en los órdenes civil y contencioso-administrativo. La LEY 4/2011, modificó la Ley 53/2002, para incluir dentro del hecho imponible de la tasa judicial la presentación inicial del procedimiento monitorio, del monitorio europeo y para añadir una nueva exención que impida el doble pago de la tasa en los casos de oposición del deudor. De esta forma – dice el Preámbulo de la Ley 4/2011- el pago de la tasa por iniciación de un proceso monitorio o por la presentación de un requerimiento europeo de pago excluirá la obligación de exacción de una nueva tasa por el inicio del proceso declarativo que corresponda en caso de oposición del deudor. 

Y la Ley 37/2011 vuelve a modificar la regulación sobre la tasa introduciendo añadiendo un apartado en el artículo 241 LEC
Tres:

Se añade un nuevo ordinal 7.º al párrafo segundo del apartado 1 del artículo 241, con la siguiente redacción: «7.º La tasa por el ejercicio de la potestad jurisdiccional, cuando ésta sea preceptiva.»

Tiene más importancia la modificación por lo que encubre, que por lo que regula, porque ya nadie podrá alegar que la tasa judicial supone un obstáculo para el acceso a la jurisdicción o vulnera la tutela judicial efectiva. Y dejando al margen que no se explica la razón de dicha innovación – que desconoce el motivo de la introducción de la tasa en el año 2003 como gasto no repercutible y con un destinatario señalado, que no es el condenado en las costas- parece haberse pasado por alto el primer apartado del artículo 241 y el resto de su contenido. Dice así el primer apartado del artículo 241 LEC
Artículo 241:

1. Salvo lo dispuesto en la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita cada parte pagará los gastos y costas del proceso causados a su instancia a medida que se vayan produciendo. Se considerarán gastos del proceso aquellos desembolsos que tengan su origen directo e inmediato en la existencia de dicho proceso, y costas la parte de aquéllos que se refieran al pago de los siguientes conceptos:

Luego si la tasa, ahora ya introducida en la LEC, es una costa tendrá el mismo régimen legal que las demás y con ello desaparece el plazo de subsanación, que concedía las normas administrativas que hasta la fecha la regulaban y que habrá que entender derogado tácitamente (el plazo y la norma) por el principio de especialidad. Reforzándose esa conclusión si observamos brevemente el resto del precepto: en todos los casos se trata de gastos que anticipa la parte y que luego puede reembolsarse del condenado, pero que tiene que hacer antes del acto procesal o a consecuencia del mismo, sin que esté prevista ninguna subsanación salvo en los casos de los depósitos. 

Esto es, la diligencia de ordenación de requerimiento carece ahora de sentido y aquella deberá tener un contenido similar a las que se dictan respecto a los demás depósitos; sean los del artículo 449 LEC o los de la Disposición Adicional 15ª LOPJ. Habrá, por tanto, inadmisión de la demanda o se declarará desierto el recurso y quedará pendiente de decidir si aplicamos el artículo 231 LEC o el plazo de subsanación de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

03 noviembre 2011

Notas aclaratorias sobre modelos admisión desahucio y fin del proceso.

Sobre los modelos que se colgaron ayer en este BLOG se hacen las siguientes precisiones, que evidentemente quedan al criterio, análisis o contradicción de cada lector.

1º.- ACUMULACION.- No ha desaparecido la acumulación de acciones, ni el compromiso de condonación, pero el plazo de éste queda reducido al de los diez días del artículo 440 LEC, si bien en el caso de aceptación el artículo 21 LEC obliga al dictado de sentencia y no al de un decreto.

2º.- NÚMERO DE CUENTA. Se facilita el número de cuenta en el decreto porque hasta la fecha y salvo excepciones la condonación se producía en el acto de la vista y, en teoría, se han acortado los plazos, con lo que el arrendatario no dispondrá de tiempo para llegar a un acuerdo con el arrendador. Afirmación que se entiende sin perjuicio de lo que ordena la ley: el pago al acreedor.

3º.- REQUERIMIENTO POR EDICTO. El requerimiento puede y debe hacerse por edictos. Dice el artículo 440.3 LEC que el requerimiento se practicará en la forma prevista en el artículo 161 de la Ley, pero también dice artículo 164 LEC, que cuando no pudiere hallársele ni efectuarle la comunicación al arrendatario en los domicilios designados en el segundo párrafo del número 3 del artículo 155, ni hubiese comunicado de forma fehaciente con posterioridad al contrato un nuevo domicilio al arrendador al que éste no se hubiese opuesto, se procederá, sin más trámites a fijar la cédula de citación en el tablón de anuncios de la Oficina Judicial.

4º.- JUSTICIA GRATUITA. Podrá solicitarse la justicia gratuita en el plazo de los diez días del requerimiento. El artículo 33.4 LEC dispone que el derecho deberá solicitarse dentro de los tres días siguientes al de la notificación de la demanda o en un momento posterior. ¿”Tres días” y en “un momento posterior” o “diez días” desde el requerimiento de pago y desalojo?. No parece haber razón para distinguir entre los primeros tres días y el “momento posterior”, tampoco, obstáculo normativo.

5º.- ABOGADO Y PROCURADOR. Razones prácticas aconsejan que el arrendador se sirva de abogado y procurador. La demanda sigue siendo la propia de un juicio verbal de desahucio y su cuantía, la de una anualidad de renta o, más sí, como es habitual, se acumulan las cantidades debidas (artículos 251.9ª y 252.2 LEC). En esa situación fácil es suponer que se quedan escasos los 2.000,00€ del límite fijado en el artículo 31.2.1º LEC. En el caso de oposición del requerido seguiremos las reglas generales sobre la cuantía para la intervención de abogado y procurador en el caso del demandante. No hay designación de abogado y procurador por ser uno de los llamados “juicios especiales por la materia”.

6º.- RESOLUCION DEL CONTRATO, NUEVAS RENTAS Y COSTAS. En los decretos de los artículo 440.3 quinto y sexto párrafo LEC, no habrá pronunciamiento sobre la resolución expresa del contrato arrendamiento, tampoco sobre el devengo de nuevas rentas al no haberse dictado sentencia (artículo 220. 2 LEC), ni respecto a las costas de la demanda, por no estar previsto en la ley. En definitiva el decreto se limitará “a terminar el juicio”, que no a condenar, por las rentas debidas y cantidades asimiladas a la fecha de presentación de la demanda y a dar traslado para que se inste el despacho de ejecución.

7º.- CONSTANCIA DEL DESALOJO. En el supuesto del artículo 440.3 sexto párrafo LEC no se dice cómo es posible hacer constar en el proceso que el requerido desaloja o ha desalojado el inmueble. Deshecho, la tradicional entrega de llaves, que nada acredita y que probablemente el demandante rechazará, porque sigue vigente el artículo 703 y la jurisprudencia que lo interpreta.

8º.- DECLARACION DE FIRMEZA. No rige la “firmeza” del artículo 548 LEC. La fecha de lanzamiento se habrá fijado en el decreto de admisión de la demanda, y la ley habla expresamente de “resolución de condena” y esta solo podrá ser una sentencia o un auto y, forzando los términos, un decreto que haga pronunciamiento sobre las costas. Nos encontramos con un problema de cómputos – en la misma resolución hay que señalar el juicio y la fecha del lanzamiento- y de coordinación con los servicios comunes encargados de los lanzamientos, pero nada nuevo, en este punto, aporta la reforma.

9º.- BIENES ABANDONADOS. El artículo 703 LEC nada indica sobre las cosas que la Comisión judicial se encuentra en la vivienda, considerándose bienes abandonados si no se retiran. Deberá anticiparse el requerimiento al ejecutado para que retire las cosas que no sean objeto del título a la resolución de admisión a trámite de la demanda de juicio verbal, lo que completa el señalamiento para el lanzamiento y su contenido (artículo 440.3 LEC).

10º.- CELEBRACIÓN DEL JUICIO. El juicio solo se celebrará: a) si el demandado comparece y se opone o b) si el demandante se opusiera a la enervación. Si el arrendatario consigna en la cuenta de consignaciones del Juzgado la cantidad reclamada en la demanda, el dictado del decreto es automático, no hay traslado al demandante, ni resolución intermedia y es dudoso que la oposición de este permita la celebración del juicio. Dicho esto, si la cantidad consignada no coincide con la reclamada o ha transcurrido más de un mes, razones de prudencia que no explico aconsejan el traslado al demandante para alegaciones.

31 octubre 2011

Una definición atemporal de un Secretario Judicial



Vestía de negro, como abogado o funcionario, no ceñía espada y se cubría con sombrero de ala corta. Su aspecto recordaba a esos cuervos siniestros a los que sueles encontrar junto a jueces e inquisidores, escribiendo renglones que no tardarían en complicarte la vida. Entre las primeras cosas que yo había aprendido junto al capitán, bien a mi costa, se contaba recelar menos de quienes se limpian las uñas con cuchillos de diversas hechuras – unos para cortar bolsas, otros para matar puercos y otros para matar a personas- que de esa ralea vestida de negro, hábil en cebar horcas, cárceles y cementerios con una pluma de ave, un tintero y unas resmas de papel.

El Puente de los Asesinos, Arturo Pérez-Reverte, página 17.

Si que ha cambiado el asunto ¿verdad? y se supone que el compañero se encontró con Alatriste en el año del Señor de 1627. Si quito el ordenador y las ruedas a mi silla y me pongo un sombrero, 1627, quizá no, pero de 1700 no pasamos.

He pedido de palabra que me dejen poner publicidad en la toga. No reproduzco la respuesta porque estamos en horario infantil, pero si me vuelvo a cruzar con el capitán, me grapo en la toga el escudo de la Coca-cola y el del Santander, que habrá que distinguirse de tanta negrura y de la pluma, de ave, aclaro.

26 octubre 2011

ACME patrocina los desahucios de la Ley de agilización procesal.

La nueva redacción de los artículos 22 y 440 LEC no solo demuestra el nivel medio del Legislador en conocimientos teóricos y prácticos, sino que nos comienza a introducir – otros dirán que llevamos años en esa frontera- en terrenos donde campa la inseguridad jurídica como fuente y, si me apuran como principio general del derecho.

El espíritu de la modificación es el de la añorada ACME – desahucios correcaminos y lanzamientos con dinamita-, pero esa rapidez hay que ponerla en papel, en forma de resolución que no parezca una manta y, que sea más o menos comprensible para el Juzgado y todos los que vienen detrás, comenzando por los Abogados y, ahí la reforma parece aquel barco lanzado y en dos segundos, hundido con el que se inauguró la EXPO de 1992.

El modelo de DECRETO de admisión a trámite de la demanda que insertó más abajo, tiene pendientes algunas cuestiones que se han pasado por alto (por bajo o en medio, hubiera dado igual) y que apunto aquí para próximas reformas; sírvanos como cláusula de estilo, lo de otra reforma, porque no estoy provocando al nuevo Congreso de los Diputados. ¿Por qué el DECRETO?. Seguimos teniendo una demanda de juicio verbal y hay que señalar juicio y lanzamiento, con lo que no vale la diligencia de ordenación de cualquier otro monitorio.

Y las notas:

1.- No podemos resolver el contrato de DESAHUCIO en el DECRETO, eso solo puede hacerse en una SENTENCIA.

2.- No habrá condena en costas en los DECRETOS que terminen la fase monitoria del DESAHUCIO.

3.- No hay que CITAR A JUICIO después de la oposición, ni librar ninguna CÉDULA.

4.- El demandado, si quiere oponerse, necesitará Abogado y Procurador.

5.- Parece necesario el señalamiento de dos fechas de lanzamiento, que no serán reales porque se ignora cuando se realizará – y si se hace- el requerimiento.

6.- No hay demanda de ejecución (solicitud) y no podrá aplicarse el artículo 220 LEC (rentas que se devenguen hasta la recuperación de la posesión), que quedará limitado a la sentencia.

7.- Tampoco será aplicable la novedosa “firmeza” del artículo 548 LEC. La ley habla expresamente de “resolución de condena” y esta solo podrá ser una sentencia o un auto y, forzando los términos, un decreto que haga pronunciamiento sobre las costas. Con lo que acotamos la necesidad de una exégesis lógica a la ejecución del desahucio.

24 octubre 2011

El General Saturnino y la memoria histórica del último cuarto de hora.

No importan los vivos, mientras nos podamos echar unos cadáveres a la cara. Muy español, muy histórico, muy democrático, pero muy ignorante y peligroso. ¿Hace falta saber leer y escribir para ser Diputado, Ministro o Presidente del Gobierno?. No lo dice la Constitución, ni la Ley 50/1997, del Gobierno, lo presumen y así nos luce, con las presunciones, porque la generación mejor preparada de españoles, no atiende a las fuentes del ordenamiento jurídico español del Código Civil, sino a un medio de prueba del proceso civil. O quizá no sea la generación mejor preparada, porque es difícil explicar que la mejor generación haya parido la peor de gobernantes; eso o, están los mejores en el extranjero civilizado y anglosajón y aquí nos dedicamos a lo del aborto, que es otro avance social. Como la eutanasia.

Dice la Sentencia del Juzgado de lo Contencioso-administrativo número 3 de A Coruña, 1 de julio de 2011, (recurso 74/2010) que la Corporación demandada dictó la resolución impugnada, en la que, entre otros extremos:

“se acordó la aprobación del informe propuesta de la comisión de Expertos del Concello de A Coruña y la ejecución de las medidas en el incluidas, entre ellas la eliminación del callejero municipal del nombre de la Plaza de ...... la revocación del nombramiento como hijo predilecto del Exorno. Ayuntamiento de A Coruña de Don Saturnino y la retirada del conjunto escultórico de ............, (y que) fue adoptada al amparo de lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley 52/2.007, de 26 de noviembre , por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas a favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura”.

Y dice también la Sentencia que no puede aplicarse la memoria histórica (la ley) a hechos que carezcan de relación alguna con la sublevación militar del año 1936, con la Guerra Civil o con la represión de la dictadura franquista, ni puedan ser entendidos, en modo alguno, como exaltación de las mismas –nombramiento como hijo predilecto en el año 1922- y si bien, no cabe negar al Concello demandado la potestad para dejar sin efecto los honores concedidos, pero, en el supuesto que nos ocupa, lo hizo al amparo de un precepto legal inaplicable, cuando debió, en su caso, aplicar el Reglamento pare la Concesión de Honores y Distinciones Otorgadas por el Excmo. Ayuntamiento de A Coruña, por lo que era exigible la incoación de un expediente y, en todo caso con audiencia al interesado o a sus sucesores, lo que no ha ocurrido en el presente caso y ello determina, en este punto, la nulidad de pleno derecho del acuerdo municipal impugnado.

No refiero el tipo penal si esto lo hacen un Juez o, un Secretario Judicial, pero me siguen importando más los vivos que los muertos. Y hace cincuenta y cuatro años Legionarios, Tiradores, Paracaidistas y Soldados de reemplazo combatieron en Ifni y en el Sahara y, al día de la fecha, los vivos, que son muchos, esperan que alguien les dé las gracias y les compense económicamente. Porque también esto es memoria histórica aunque quizá no interese por eso de echarse los muertos a la cara, tan de moda en los últimos años. Y aquí hay vivos y muertos de un solo lado - el único- en una guerra librada en condiciones penosas y con el apoyo de Francia (por eso le llaman la última guerra de la dictadura, supongo).

El 28 de febrero del 2006 la Comisión de Defensa del Congreso de los Diputados aprobaba una Proposición no de Ley, relativa al reconocimiento de los servicios de los veteranos del Ifni-Sahara (1957-1960). Cinco años dan para mucho, pero en este caso para bien poco porque en febrero de 2010 el Grupo Popular presentó en el Congreso otra proposición no de ley por la que se insta al Gobierno a:

— Fijar las cuantías de las indemnizaciones destinadas al reconocimiento de los soldados españoles, incluidas clases de tropa, soldados de reemplazo y compañías expedicionarias, participantes en la Campaña de Sidi Ifni-Sahara, teniendo en cuenta el baremo comparativo aprobado con respecto a los soldados participantes actualmente en misiones en el exterior.
— Acelerar al máximo las labores de elaboración del listado total de participantes.
— Que, mientras el censo no se complete, el Gobierno comenzará a tramitar indemnizaciones y reconocimiento a aquellos que, por medio de sus cartillas militares u otros documentos oficiales, puedan acreditar su participación en el conflicto.
— Contactar con las diversas asociaciones existentes para informar puntual y detalladamente de las posibles subvenciones para celebrar actos, así como sus plazos y condiciones de convocatoria.

Quizá, tercero en estas líneas, seamos la generación de españoles mejor preparada de la historia y la más idiota, también. Solo hace falta ver a quienes nos representan y como nos portamos con quienes nos han defendido o nos defienden.