03 diciembre 2010

Normas de reparto y Juez ordinario.



Planteamiento de la cuestión.

El supuesto que da lugar a este motivo es el siguiente: la demanda se refería a los derechos de autor, es decir, derivada del derecho de propiedad intelectual, formulada por la SGAE y fue turnada al Juzgado de 1ª Instancia Número 56 de Barcelona, a la que se acumuló otra turnada al Juzgado número 8. Ello, meses antes de la creación de los juzgados especializados en materia mercantil. Dictada sentencia en primera instancia, el 18 de octubre de 2004, la parte ahora recurrente formuló recurso de apelación y fue turnado a la Sección 1ª de la Audiencia Provincial de Barcelona, lo que se hace constar por diligencia de 26 de enero de 2005.Esta misma parte recurrente presentó escrito impugnando la diligencia y que se declarara la competencia de la Sección 15ª de la Audiencia Provincial, especializada en materia mercantil. Se dictó auto, de 21 de abril de 2005, que declaró no haber lugar a reponer la diligencia impugnada, por, tal como dice su fundamento único: "la problemática planteada en el pleito tan sólo dispone de parentesco con los temas de propiedad intelectual por derivarse de ese derecho, pero la cuestión jurídica a debatir no se sustenta en aquélla". Este auto no fue recurrido.

Postura del Tribunal Supremo. La Sentencia Tribunal Supremo, de 17 de septiembre de 2010, Sala de lo Civil, (Recurso: 2138/2006, número de Resolución 570/2010) (ROJ STS 5024/2010) analiza el recurso por infracción procesal, en el que se pretende la nulidad por infracción del artículo 68.4 LEC y artículos 98.1, 80.3 y 86 ter 2 a) LOPJ.

La sentencia distingue la nulidad por infracción de las normas de reparto de la violación del derecho al Juez ordinario. Y señala que partiendo del hecho que las normas de reparto de la Audiencia Provincial de Barcelona atribuyen a la Sección 15ª la competencia exclusiva en la materia de propiedad intelectual, y la reclamación de los derechos de autor forman parte, indudablemente y fuera de toda discusión, de la misma, podrá darse lugar a la nulidad de las actuaciones. No a la violación del derecho al Juez ordinario predeterminado por la ley, que proclama como fundamental el artículo 24.2 CE, ya que las normas de reparto no afectan al mismo, pues todos los jueces gozan de la misma cualidad de juez ordinario; aquel derecho viene referido al órgano jurisdiccional y no a las diversas Secciones de una Audiencia Provincial y así, como dice la sentencia 37/2003, de 25 de febrero del Tribunal Constitucional "al haberse remitido el conocimiento del asunto a otra Sección distinta de aquella a la cual inicialmente le había correspondido en virtud de lo establecido en una norma de reparto de carácter general y que tiene carácter objetivo, no puede apreciarse la vulneración del derecho al juez predeterminado por la ley invocada".

Empero, el Tribunal Supremo desestima el motivo del recurso por infracción procesal, con arreglo a lo establecido en el artículo 469.2 LEC, por no haberse denunciado la nulidad en la instancia mediante el empleo de todos los recursos pendientes. El artículo 451 LEC prevé que cabe recurso de reposición contra todas las providencias y autos no definitivos. En el presente caso, la sociedad recurrente impugnó la diligencia y cuando se le denegó tal impugnación por medio de auto, este auto no fue recurrido conforme prevé dicho artículo 451. Con lo cual, no procede acoger el motivo por no haberse dado correcto cumplimiento a lo previsto en el artículo 469.2 LEC

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