Matando moscas a cañonazos (otra de Coordinadores)

I. El hecho.

El Secretario Coordinador Provincial de Madrid, remite a un Secretario de un Juzgado de Instrucción, una comunicación en la que, siguiendo instrucciones del Secretario de Gobierno y éste a su vez de la Secretaría General de la Administración de Justicia, en relación con la jornada de paro convocada por asociaciones de Secretarios Judiciales, ponía en su conocimiento que, en caso que el Secretario Judicial no participara en la jornada de paro, debería certificar su presencia en el puesto de trabajo mediante comunicación dirigida al Secretario de Gobierno a través del Secretario Coordinador así como que si el Secretario Judicial no emitiera la indicada certificación se entendería que participaba en la jornada de paro.

II. Dos cañonazos.

El Secretario judicial del Instrucción denunció al Coordinador por coacciones (artículo 620.2 CP), amenazas (artículo 620.2 CP) y prevaricación administrativa (artículo 404 CP). Y otro Juzgado de Madrid –segundo cañonazo- dictó auto en el que desestimó la solicitud de archivo formulada por el Ministerio Fiscal y transformó el juicio de faltas en procedimiento de diligencias previas. Ese auto, que llegó a la Audiencia Provincial de Madrid, nos permite conocer el resultado del asunto.


III. Coacciones y Amenazas.

No hay falta de coacciones del artículo 620.2º CP porque exige como requisito del tipo que el sujeto activo, sin estar legítimamente autorizado, impida a otro con violencia hacer lo que la ley no prohíbe, o le compela a efectuar lo que no quiere, sea justo o injusto. Faltando en los hechos objeto tal acto violento, pues no puede entenderse que poner de manifiesto a un Secretario Judicial que si no se emite la certificación se entendería que participaba en la jornada de paro sea un acto de intimidación con relevancia jurídico-penal, de forma que éste vea limitada su capacidad para determinar libremente su conducta, los hechos no suponen lesión alguna del bien jurídico protegido con la tipificación de las coacciones, como delito o como falta, que no es otro que la libertad de obrar.

Tampoco hay falta de amenazas del artículo 620.2º CP. La tipificación de dicha falta exige, como también tratándose del delito de amenazas, que el sujeto activo de la infracción amenace al sujeto pasivo con causar un mal. Y se considera que en los hechos tampoco concurre el requisito de la amenaza de un mal en el sentido jurídico-penal exigido para la tipificación de las amenazas, pues no puede ser considerado como tal el simple aviso de que, en caso de no remitir la certificación antes referida, se entendería que el Secretario Judicial participaría en la jornada de paro.

IV. La prevaricación administrativa.

Tampoco revisten caracteres del delito de prevaricación administrativa del artículo 404 CP. En el auto recurrido se cifra la supuesta prevaricación en dos hechos: en que no está prevista legalmente la capacidad del Secretario Judicial para expedir la certificación interesada de él en la comunicación que le fue dirigida por el Secretario Coordinador Provincial y en que el Secretario Judicial ostentaba la condición de interesado en el expediente para el que se solicitó dicha certificación, por lo que éste estaba afectado por el deber de abstención.

En cuanto al primero de los indicados hechos, debe tenerse en cuenta que los Secretarios Judiciales deben desempeñar sus funciones con sujeción a principio de dependencia jerárquica (artículo 452.1 LOPJ y artículo 1 del Real Decreto 1.608/2005 ROCSJ), ordenándose el Cuerpo de Secretarios Judiciales bajo la superior dependencia del Ministerio de Justicia, debiendo desempeñar los Secretarios Judiciales todas las funciones que les son propias y también las análogas a éstas que les sean encomendadas por sus superiores (artículo 463.1 LOPJ y artículos 1 y 13 ROCSJ), siendo tales superiores el Secretario de Gobierno y el Secretario Coordinador Provincial (artículo 463.2 LOPJ y artículo 13 ROCSJ), ostentando el Secretario de Gobierno, como superior jerárquico, la dirección de los Secretarios Judiciales (artículo 464.2 LOPJ y artículo 14 ROCSJ), figurando entre las competencias del Secretario de Gobierno la de dirigir y organizar a los Secretarios Judiciales, la de cursar circulares e instrucciones de servicio a los Secretarios Judiciales y la de informar a la Sala de Gobierno, bien por propia iniciativa o a instancia de ésta, de todos aquellos asuntos que, por afectar a las Oficinas Judiciales o a los Secretarios Judiciales, exijan de algún tipo de actuación (artículo 16 ROCSJ), figurando entre las funciones del Secretario Coordinador Provincial, bajo la dependencia del Secretario de Gobierno, la de dictar instrucciones de servicio a los Secretarios Judiciales y la de dar cuenta de forma inmediata al Secretario de Gobierno de cuantos hechos sean relevantes para el buen funcionamiento de la Administración de Justicia (artículo 467.1 LOPJ y artículo 18 ROCSJ). Por otra parte, el Secretario General de la Administración de Justicia es el órgano encargado de la dirección y coordinación de los Secretarios de Gobierno y de los Secretarios Judiciales (artículo 20 ROCSJ), figurando entre sus competencias la de dirigir y coordinar a los Secretarios Judiciales, impartiendo las instrucciones y circulares que considere oportunas, así como velando por el cumplimiento de las mismas (artículo 21 ROCSJ).

A la vista del marco normativo que se acaba de expresar, la instrucción remitida al Secretario Judicial denunciante por sus superiores jerárquicos, con el evidente objeto de conocer qué Juzgados iban a estar afectados por el paro de los Secretarios Judiciales, hecho de evidente interés para el buen funcionamiento de los órganos judiciales y que podría dar lugar, en su caso, a algún tipo de actuación para la dirección y coordinación de los Secretarios Judiciales ante la jornada de paro, incluso la correspondiente deducción en el salario de los que participaran en el paro, no puede afirmarse que en la orden de remitir la instrucción a los Secretarios Judiciales y la efectiva remisión de la misma en el caso que nos ocupa concurra el carácter de arbitrariedad exigido en el artículo 404 del Código Penal , pues sin necesidad de valorar definitivamente si tal actuación fue o no conforme al Derecho Administrativo, lo cierto es que podría encontrar acomodo en la normativa antes citada, no apreciándose que sea incompatible con la misma de una forma patente y palmaria, y ello sin perjuicio de los recursos que contra la misma pudieran establecerse en Derecho y en virtud de los cuales los órganos de la Jurisdicción Contencioso administrativa pudieran valorar y resolver acerca de la corrección de la actuación conforme al Derecho Administrativo, pero sin que la actuación de los superiores jerárquicos del Secretario Judicial denunciante tenga relevancia jurídico-penal, que es la única que debe ser valorada a la hora de resolver el presente recurso, en el que este Tribunal de apelación debe valorar únicamente si los hechos denunciados revisten o no carácter penal y resolver en consecuencia lo que proceda.

Y en cuanto a la afectación del deber de abstención del Secretario Judicial al ser interesado en el procedimiento administrativo: a) ni en la denuncia ni en el auto recurrido se expresa que se haya impedido de alguna forma a dicho Secretario Judicial la facultad de optar por la abstención en los términos previstos legalmente y b) en el auto recurrido se considera al Secretario Judicial como interesado en el procedimiento administrativo por tener derechos que podían resultar afectados por la decisión que se adoptara en el mismo; criterio que no es compartido pues la instrucción se dirigió a los Secretarios Judiciales que no participaran en la jornada de paro, por lo que no resultarían afectados por la reducción de emolumentos propia del ejercicio legítimo del derecho de huelga, consecuencia esta a la que se alude en el auto recurrido, no siendo por ello interesados en el procedimiento administrativo al que respondía la instrucción.

V. Ni tocado, ni hundido.

La Audiencia Provincial de Madrid, Sección 6ª, en Auto de 28 mayo de 2009, recurso 165/2009, estima el recurso de apelación interpuesto por el MINISTERIO FISCAL contra el auto del Juzgado de Instrucción de Madrid en el Juicio de Faltas nº 21/2009, lo deja sin efecto, y se sobresee libremente la causa, ordenando su archivo.

Comentarios

  1. Creo que la noticia se comenta por sí sola. Luego nos quejaremos de que no podemos atender el muchísimo trabajo que tenemos... Lo que no se dice, y sería interesante conocer, son los argumentos del Juez Instructor para desestimar la petición de archivo del Ministerio Fiscal. Y una última pregunta, maligna y perversa, ¿habría hecho lo mismo ese Juez si la denuncia, en lugar de ir dirigida contra el Secretario Coordinador Provincial fuera dirigida contra el Presidente de la Audiencia Provincial o del TSJ? No hace falta que respondan...

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  2. Algún indicio debería haber tenido el Juez instructor.

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  3. Esa misma cuestión está pendiente de resolución ante la sala de lo contencioso administrativo del TSJ DE madrid , señalada la vista para votación y fallo el día 17 de enero.

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Gracias por participar. Si no lee una respuesta a la cuestión o pregunta que formula ruego me disculpe, tengo algún problema con la aplicación que estoy tratando de solucionar.

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