26 diciembre 2010

Matando moscas a cañonazos (otra de Coordinadores)

I. El hecho.

El Secretario Coordinador Provincial de Madrid, remite a un Secretario de un Juzgado de Instrucción, una comunicación en la que, siguiendo instrucciones del Secretario de Gobierno y éste a su vez de la Secretaría General de la Administración de Justicia, en relación con la jornada de paro convocada por asociaciones de Secretarios Judiciales, ponía en su conocimiento que, en caso que el Secretario Judicial no participara en la jornada de paro, debería certificar su presencia en el puesto de trabajo mediante comunicación dirigida al Secretario de Gobierno a través del Secretario Coordinador así como que si el Secretario Judicial no emitiera la indicada certificación se entendería que participaba en la jornada de paro.

II. Dos cañonazos.

El Secretario judicial del Instrucción denunció al Coordinador por coacciones (artículo 620.2 CP), amenazas (artículo 620.2 CP) y prevaricación administrativa (artículo 404 CP). Y otro Juzgado de Madrid –segundo cañonazo- dictó auto en el que desestimó la solicitud de archivo formulada por el Ministerio Fiscal y transformó el juicio de faltas en procedimiento de diligencias previas. Ese auto, que llegó a la Audiencia Provincial de Madrid, nos permite conocer el resultado del asunto.


21 diciembre 2010

De vergüenza: el artículo 579 LEC.

En una de esas entretenidas conversaciones de mostrador con Don Conozco Mis Derechos (invento de la simpar ORIANA FALLACI), versión artículo 24 de la Constitución Española, tuve a bien indicarle a un letrado de Banco que el artículo 579 LEC, no solo mostraba el desconocimiento de los redactores de los anteproyectos de ley (pre- legislador) y del Parlamento (legislador) sobre la realidad procesal, sino que escondía una suerte apaño en la que el BANCO o la Caja de Ahorros que había valorado el inmueble hipotecado – no vayan a creerse que los peritos valoran algo-; que había concedido un préstamo a cuatro siglos vista con evidentes posibilidades de impago (creo que le llaman riesgo de morosidad); que había ejecutado la hipoteca, previo impago, con el derecho a convertir el Juzgado en una Agencia de recobros de morosos y que, por fin, se había adjudicado el bien por el 50% del valor de tasación, terminaba la función, persiguiendo hasta la muerte al deudor, más los intereses y las costas en cálculo provisional, por mor del artículo 579 LEC, que le permite hacerlo.

08 diciembre 2010

El Tribunal Supremo y el depósito DAD 15ª LOPJ


Sobre el plazo de subsanación de la Disposición Adicional 15ª LOPJ, una doctrina consolidada de la AP de CASTELLON en autos de 9 de febrero, 1 de marzo, 6 de abril y 2 de junio de 2010 – que cita la Sección 3ª, de la Audiencia Provincial de Castellón en Auto de 14 de junio de 2010 (recurso 181/2010, número 118/2010), entendió que no era óbice a la inadmisibilidad, el plazo de subsanación del apartado 7, pues la redacción de la norma indicaba que la deficiencia se tenía que haber producido en la constitución del depósito, de suerte que el depósito era presupuesto de hecho de la deficiencia subsanable, lo que comportaba que la total y absoluta omisión del depósito no fuera susceptible de remedio.

El reciente Auto TS, Sala de lo Civil, de 2 de noviembre de 2010 (Nº de Recurso: 230/2010, ROJ. ATS 13855/2010), parece finalizar esta discusión y, estima el recurso de queja interpuesto contra uno de los autos de la Sección 3ª de AP de CASTELLON (el de 9 de febrero de 2010), obligando a que se conceda el plazo legalmente establecido de dos días, para que se subsane la omisión en la constitución del depósito. El Tribunal Supremo entiende que el párrafo 2º del apartado 7 de la Disposición Adicional 15º permite subsanar no solo los supuestos en los que no se haya aportado el justificante que acredite o justifique la constitución del depósito, sino que comprende también de la posibilidad de subsanación por no haber efectuado aún consignación o por haberla efectuado fuera del plazo legalmente establecido para ello.

Se accede a la resolución entrando en el enlace y facilitando los datos del ROJ.

03 diciembre 2010

Normas de reparto y Juez ordinario.



Planteamiento de la cuestión.

El supuesto que da lugar a este motivo es el siguiente: la demanda se refería a los derechos de autor, es decir, derivada del derecho de propiedad intelectual, formulada por la SGAE y fue turnada al Juzgado de 1ª Instancia Número 56 de Barcelona, a la que se acumuló otra turnada al Juzgado número 8. Ello, meses antes de la creación de los juzgados especializados en materia mercantil. Dictada sentencia en primera instancia, el 18 de octubre de 2004, la parte ahora recurrente formuló recurso de apelación y fue turnado a la Sección 1ª de la Audiencia Provincial de Barcelona, lo que se hace constar por diligencia de 26 de enero de 2005.Esta misma parte recurrente presentó escrito impugnando la diligencia y que se declarara la competencia de la Sección 15ª de la Audiencia Provincial, especializada en materia mercantil. Se dictó auto, de 21 de abril de 2005, que declaró no haber lugar a reponer la diligencia impugnada, por, tal como dice su fundamento único: "la problemática planteada en el pleito tan sólo dispone de parentesco con los temas de propiedad intelectual por derivarse de ese derecho, pero la cuestión jurídica a debatir no se sustenta en aquélla". Este auto no fue recurrido.

Postura del Tribunal Supremo. La Sentencia Tribunal Supremo, de 17 de septiembre de 2010, Sala de lo Civil, (Recurso: 2138/2006, número de Resolución 570/2010) (ROJ STS 5024/2010) analiza el recurso por infracción procesal, en el que se pretende la nulidad por infracción del artículo 68.4 LEC y artículos 98.1, 80.3 y 86 ter 2 a) LOPJ.

La sentencia distingue la nulidad por infracción de las normas de reparto de la violación del derecho al Juez ordinario. Y señala que partiendo del hecho que las normas de reparto de la Audiencia Provincial de Barcelona atribuyen a la Sección 15ª la competencia exclusiva en la materia de propiedad intelectual, y la reclamación de los derechos de autor forman parte, indudablemente y fuera de toda discusión, de la misma, podrá darse lugar a la nulidad de las actuaciones. No a la violación del derecho al Juez ordinario predeterminado por la ley, que proclama como fundamental el artículo 24.2 CE, ya que las normas de reparto no afectan al mismo, pues todos los jueces gozan de la misma cualidad de juez ordinario; aquel derecho viene referido al órgano jurisdiccional y no a las diversas Secciones de una Audiencia Provincial y así, como dice la sentencia 37/2003, de 25 de febrero del Tribunal Constitucional "al haberse remitido el conocimiento del asunto a otra Sección distinta de aquella a la cual inicialmente le había correspondido en virtud de lo establecido en una norma de reparto de carácter general y que tiene carácter objetivo, no puede apreciarse la vulneración del derecho al juez predeterminado por la ley invocada".

Empero, el Tribunal Supremo desestima el motivo del recurso por infracción procesal, con arreglo a lo establecido en el artículo 469.2 LEC, por no haberse denunciado la nulidad en la instancia mediante el empleo de todos los recursos pendientes. El artículo 451 LEC prevé que cabe recurso de reposición contra todas las providencias y autos no definitivos. En el presente caso, la sociedad recurrente impugnó la diligencia y cuando se le denegó tal impugnación por medio de auto, este auto no fue recurrido conforme prevé dicho artículo 451. Con lo cual, no procede acoger el motivo por no haberse dado correcto cumplimiento a lo previsto en el artículo 469.2 LEC