Exégesis literales de redacciones ininteligibles (la D.AD.15ª LOPJ) (i)



Una de las novedades de la reforma de Ley Orgánica del Poder Judicial del año 2009 fue (o es) la introducción del depósito para recurrir. Ignoro el principio que inspira la norma, como también desconozco la razón por la que un recurso de apelación y otro de casación cuestan lo mismo (50,00€) y, hasta dudo que la revisión de las cuantías del apartado 12 se produzca en alguna ocasión (esperamos todavía la actualización de las cuantías de la Disposición Adicional SEGUNDA de la LEC 2000 y, creo que ya han transcurrido los seis meses que previó la Disposición Adicional CUARTA de la LEC 2000 para que el Gobierno publicara un Real Decreto de precios para la obtención de copias).

Pero el motivo del comentario no tiene nada que ver con la introducción del pago, del que soy firme partidario y muy crítico por defecto (¿50,00€ para interponer un Recurso de Casación?) porque sabido es que el español solo respeta lo que le agrede el bolsillo, sino de la interpretación del requisito que circula por el foro.

Veamos, el apartado 4 de la Disposición Adicional 15ª LOPJ dice:

4. Asimismo, para la interposición de recursos contra resoluciones dictadas por el Juez o Tribunal que no pongan fin al proceso ni impidan su continuación en cualquier instancia será precisa la consignación como depósito de 25 euros. El mismo importe deberá consignar quien recurra en revisión las resoluciones dictadas por el Secretario Judicial.

Se excluye de la consignación de depósito la formulación del recurso de reposición que la Ley exija con carácter previo al recurso de queja.

Fue materia de la teoría general del Derecho la de que la primera interpretación de toda norma era la gramatical: o sea, el precepto dice lo que dice y no lo que cada uno entiende que dice o, lo que quiere creer que dice y, empleando dicho criterio, el ingreso o el pago hay que exigirlo para todas las resoluciones de Jueces y Secretarios Judiciales que no pongan fin al proceso, ni impidan su continuación (recursos de reposición civiles) y el mismo importe de 25,00€ para el novedoso recurso de revisión contra las resoluciones del Secretario Judicial, que es algo así como un chivateo jurídico al Juez o Magistrado sobre gustos (y los gustos, como los colores no son infracciones legales; de momento, al menos).

Quien esto suscribe, como Secretario Judicial, dicta Decretos resolviendo recursos de reposición (resoluciones interlocutorias), forma parte del Tribunal (debate doctrinal que se remonta a la tercera glaciación) y sus resoluciones no están excluidas en el Apartado 4º y, si debían estarlo, nada costaba redactar un tercer párrafo dedicado en exclusiva a éste apasionante asunto.

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