29 noviembre 2010

NOJ en CATALUÑA


Estructura y organización de la oficina judicial en Cataluña. Decreto 169/2010, de 16 de noviembre, sobre estructura y organización de la oficina judicial en Cataluña (DOGC de 26 de noviembre de 2010).

Esperaré nuevas valoraciones, estudios, informes y recomendaciones varias, pero es interesante este camino en el que cada uno hace la guerra por su cuenta y alguien está metido (o no) en la de todos. Por cierto y al vuelo, una de las claves de nuestra crisis económica es la ruptura del mercado interior, pero eso a quién le importa la noche del clásico. Y otra segunda, en el suelo, ¿por qué las filtraciones de la embajada USA no nos han sorprendido nada?.

El documento, pinchando en el enlace.

26 noviembre 2010

Impugnación y contra impugnación.



Planteamiento de la cuestión.

CATIR S.A. -demandante en un proceso ordinario- recurrió en apelación la sentencia dictada en primera instancia por el Juzgado de tal clase nº 1 de Irún únicamente en cuanto absolvía a la aseguradora demandada HELVETIA SEGUROS y le imponía el pago de las costas causadas a instancia de esta última, consintiendo que la condena de la codemandada GARITRANS S.L. quedara fijada en la cantidad de 200.099,46€, más intereses, menor que la solicitada en la demanda, que ascendía a 269.389,10€ por incluir una indemnización por los gastos y costas de un procedimiento anterior.

A consecuencia de la apelación interpuesta por GARITRANS S.L. contra la sentencia, CATIR S.A., se opuso a dicha apelación y además, impugnó a su vez la sentencia -que ya había apelado- interesando ahora la estimación total de la demanda frente a GARITRANS S.L. cuando había consentido previamente su estimación parcial frente a ella.

La cuestión planteada consiste en determinar si la preclusión del trámite de impugnación afecta a las partes del pleito de primera instancia que hayan interpuesto recurso de apelación independientemente de la parte contra la que lo hayan dirigido o, por el contrario, no impide que quien ha recurrido en apelación contra una parte pueda hacer uso de la facultad de impugnar la sentencia frente a otra de las partes a la que no afectaba el primer recurso, si ésta interpone recurso de apelación.

La Audiencia Provincial de Guipúzcoa entendió que tal posibilidad no era admisible y, en consecuencia, no entró a conocer de dicha impugnación posterior.

Postura de la Sentencia Tribunal Supremo, de 13 de enero de 2010, Sala de lo Civil, (Recurso: 912/2005, Nº de Resolución 865/2009) ROJ STS 767/2010

La sentencia del Tribunal Supremo estima el recurso extraordinario por infracción procesal y considera que la cuestión planteada debe ser resuelta en el sentido de que la interposición de un recurso de apelación contra una parte, no impide impugnar la sentencia, en los aspectos relativos a otra de las partes a la que no afectaba el primer recurso interpuesto, si ésta, a su vez, interpone recurso de apelación. Esta conclusión se funda en los siguientes razonamientos:

a) De no aceptarse esta interpretación, en los casos de pluralidad de partes podría verse frustrada la finalidad del trámite de impugnación, consistente en favorecer el aquietamiento a la sentencia no totalmente favorable, pues se obligaría a quien desease limitar su recurso a una de las partes a recurrir contra todas las demás.

b) Podrían generarse situaciones de indefensión, pues el recurso de apelación interpuesto contra una sola de las partes limitaría las posibilidades de defensa contra las demás partes no afectadas por dicho recurso inicial que pudieran, a su vez, recurrir en apelación.

c) En sentido inverso, el artículo 461.4 LEC, al ordenar que del escrito de impugnación se dé traslado únicamente al apelante principal, revela que el escrito de impugnación no puede ir dirigido contra las partes que no han apelado. De esto se sigue que la no-interposición de recurso de apelación no puede fundarse en entender compensados pronunciamientos de la sentencia favorables y desfavorables relativos a partes diversas, y que debe imponerse la consideración separada, a efectos del recurso y de la impugnación de la sentencia, de las pretensiones dirigidas contra partes diversas.

d) El artículo 461.2 LEC no se opone a esta interpretación, pues al referirse a «quien inicialmente no hubiera recurrido» no precisa, en su estricta literalidad, si esta inicial ausencia de recurso debe entenderse de manera absoluta o solamente respecto de las partes contra las cuales se formula la impugnación. Desde el punto de vista sistémico, sin embargo, es obligado entender que «quien inicialmente no hubiera recurrido» es también aquel que no resulta afectado como apelante inicial por las pretensiones a las que se refiere el recurso de apelación al que se opone.

e) En el caso enjuiciado, la aplicación del artículo 461 LEC debe examinarse atendiendo a los términos en que quedó planteada la controversia. Esta Sala considera la recurrente estaba situada en la posición de parte apelante, no respecto a la demandada apelante a la que se referían las peticiones planteadas en la impugnación, que no resultaba afectada por el recurso de apelación inicialmente interpuesto.

La sentencia contiene un voto particular, a mí entender sumamente fundamentado, que sostiene la corrección de la resolución adoptada por la Audiencia Provincial al considerar inadmisible la impugnación que se analiza, por las siguientes razones:

1) La preocupación del legislador por delimitar lo que constituye el objeto del proceso se ha trasladado al recurso de apelación, que al ser de cognición plena o de plena jurisdicción permite una revisión total de la sentencia apelada, condicionada únicamente a los puntos de disconformidad señalados por cada parte, los cuales deben quedar perfectamente delimitados en el trámite de preparación y de impugnación del recurso; sin que sea posible introducir cuestiones nuevas o ejercitar pretensiones modificativas, con prohibición de la reforma peyorativa y plena facultad del Tribunal para valorar las pruebas sin impedimento alguno. Con esa finalidad, la sustanciación de la apelación se articula a través de distintos trámites que van a delimitar el objeto del debate en la segunda instancia, sobre el que deberá pronunciarse en la sentencia el Tribunal de apelación, como precisa el artículo 465 (STS 18 de enero 2010).

2) El derecho al recurso -en este caso el de apelación- se agota por tanto con su ejercicio, de modo que quien se constituye en apelante principal pretendiendo "que se revoque un auto o sentencia y que, en su lugar, se dicte otro u otra favorable al recurrente"(artículo 456.1 LEC) ha de incorporar a su recurso todas las pretensiones dirigidas a la modificación de la sentencia impugnada, expresando en el escrito de preparación los pronunciamientos que impugna(artículo 457.2 LEC), de modo que los no impugnados quedan definitivamente consentidos y no puede combatirlos posteriormente;

3) La posibilidad de impugnar la sentencia con ocasión de la oposición formulada frente a la apelación deducida por la parte contraria -que comporta una excepción a la aplicación del principio de preclusión en cuanto permite, en realidad, apelar cuando puede estar ya extinguido el plazo legal para hacerlo- es una facultad que se concede a quien inicialmente "no hubiere recurrido"(artículo 461.2 LEC) y tiene como finalidad permitir a quien no consideró oportuno dar lugar a la apertura de la segunda instancia -pese a que la sentencia le resultaba en algo desfavorable- sumarse a ella como apelante cuando se ha dado lugar a la misma por razón del recurso interpuesto de contrario; situación que no es la presente en el caso puesto que, quien ahora impugna, ya se constituyó en apelante principal. La impugnación es un instrumento procesal que la Ley pone al alcance de la parte que se aquieta con el fallo de primera instancia que no le resulta totalmente favorable y que es apelado por la contraria, para insertar pretensiones autónomas y eventualmente divergentes de la apelación principal (STS 18 de enero de 2010).

4) El contenido de la impugnación, en la forma que se pretende hacer valer en el motivo, resulta claramente extemporáneo por cuanto supone ampliar los pronunciamientos sobre los que el apelante había anunciado su recurso, convirtiendo al apelante inicial en impugnante del recurso formulado por otro codemandado frente al que tuvo la oportunidad de alegar lo que a su derecho e interés conviniere, haciéndolo contra la literalidad no sólo del artículo 457, sino del 461.2 de la Ley, que autorizan la impugnación respecto de aquello que resulta desfavorable a quien inicialmente no hubiere recurrido. De lo contrario se estaría admitiendo la posibilidad de dos apelaciones formuladas por la misma parte respecto de una misma sentencia, rompiendo el principio de integridad del recurso.

22 noviembre 2010

Cesiones de remate en las injustificadas ejecuciones hipotecarias.


Hace unos años, cuando el perito tasador tuvo a bien valorar el inmueble que pensaba adquirir, tuve unas palabras sobre el importe que aparecía en el original documento que me entregó. Que no se bajara del burro por cuestiones técnicas era asunto que a quien redacta no le incumbían, pero que no lo hiciera por cuestiones bancarias – permítanme las sucesivas patadas a la sintaxis-, ni lo entendí, ni mucho menos ahora.

Luego supe que BANCOS y CAJAS DE AHORRO concedían préstamos del 80% del valor de tasación y del otro 20% en créditos personales al consumo (para amueblar el pisito y renovar el coche) y hasta del 110%, cuando alguien caía por la sucursal y había que cubrir objetivos. El asunto llegó al punto en que se premiaba a Directores de sucursal por superar objetivos y, se los despedía a la semana siguiente por superar los límites de riesgo de morosidad.

El caso es que en el negocio participó toda la cadena: constructores, promotores, aparejadores, arquitectos, peritos, directores de Banca y Cajas, abogados, economistas y, obreros de toda clase, condición y situación, que saltaban de solar en solar, como la oca en el tablero. Que nos la íbamos a dar era algo evidente.

Y nos la dimos. Y como esto es España, ahora el péndulo se ha estrellado con la otra pared. BANCOS y CAJAS de AHORRO están ejecutando hipotecas con precios de tasación en la escritura tan ficticios e irreales que dan miedo, cuando no vergüenza, pero no paran, porque ese legislador tan preocupado de que nos muramos con dignidad, después de echarnos a la cabeza la memoria histórica del último cuarto de hora, no tiene a bien regular la adjudicación en pago en el mercado hipotecario, suprimiendo la responsabilidad personal ilimitada del artículo 1911 CC, ni la modificación de la tasación para adaptarla a los precios de mercado.

El precio de la vivienda no ha bajado nada. Repito, nada, de nada y el parque que acumulan BANCOS y CAJAS de AHORRO sigue subiendo, sin que entienda la razón, salvo el cuento de las provisiones a que obliga el BANCO de ESPAÑA, que no me creo. Y, no solo eso. La novedad, ahora costumbre, de la intervención de la inmobiliaria como tercero en el proceso de ejecución es sencillamente, eso, sencillamente. Imaginen: una subasta en la que aparece una persona por EL CORTE INGLES, otra por HIPERCOR y la tercera por OPENCOR y afirman que son tres personas distintas y, con personalidades distintas. Pues eso.

El asunto es que a mí me han incautado el sueldo y me andan tocando las narices por mi condición de funcionario – Grupo A.1 y turno libre y quedan invitados todos a intentarlo- y presido subastas en ejecuciones hipotecarias injustificadas, en las que la CAJA de AHORROS y su INMOBILIARIA aparecen del brazo, diciendo que son distintas y distantes, pero que como tercero, puja fijando un precio (el que le interesa a la contabilidad de la CAJA). Luego la INMOBILIARIA consigna en la cuenta del Juzgado el importe del precio, supongo que con fondos de la CAJA DE AHORROS, y quien suscribe, que trabaja gratis para todos, redacta el correspondiente decreto de adjudicación y libra el mandamiento de pago.

Dejo una pista para futuros comentarios. El artículo 20 del Real Decreto 828/1995, de 29 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, regula las subastas a condición de ceder en los siguientes términos:

Si la enajenación tuviera lugar en subasta judicial, y el postor a quien se adjudique el remate hubiera hecho uso, en el acto de la subasta, del derecho a cederlo en las condiciones establecidas por la normativa reguladora de la subasta de que se trate, se liquidará una sola transmisión en favor del cesionario. Si la declaración de haber hecho la postura para ceder se formula después de celebrada la subasta, no tendrá aplicación lo dispuesto en este apartado y se liquidarán dos transmisiones distintas: una, al adjudicatario del remate, y otra, al cesionario de aquél.

No hace falta ser economista para saber cuándo te están tomando el pelo.

19 noviembre 2010

La naturaleza periférica del Secretario Judicial


Ahorro comentarios porque mi relación con el derecho administrativo es escasa y, por tanto, ignorante. Así que me limito a exponer la fundamentación y que cada cual saque sus conclusiones, sí las hay, que también lo desconozco.

El Auto de 7 de julio de 2010, del TSJ Galicia, Sala de lo Contencioso-administrativo, Sección 1ª, (recurso 2/2010, número 325/10) dice que la Secretaría Judicial de un Juzgado es un órgano que tiene como ámbito el partido judicial de la provincia, y que depende de la Secretaría Coordinadora provincial, dentro de la ordenación jerárquica que para el Cuerpo de Secretarios Judiciales recoge el artículo 13 del Real Decreto 1608/2005, de 30 de diciembre , por el que se aprueba el Reglamento Orgánico del Cuerpo de Secretarios Judiciales, debiendo tener asimismo en cuenta que en la estructura del Ministerio de Justicia existirá un órgano encargado de la dirección y coordinación de los Secretarios de Gobierno y del resto de Secretarios Judiciales, cuyo titular se denominará Secretario General de la Administración de Justicia (art. 13.3 RD 1608/2008), todo lo cual es congruente con el principio de dependencia jerárquica que proclaman el artículo 452.1 LOPJ y 3.3 RD 1608/2005 cuando se trata del ejercicio de las funciones de dirección técnico-procesal de la Oficina judicial, así como de todas aquellas que les encomiende la Ley Orgánica del Poder Judicial distintas de la fe pública judicial.

Bajo este diseño organizativo – perdonen la cursilada, pero no se me ocurría nada mejor
cito literal del fundamento de derecho del auto:

Por tanto, tanto por el ámbito en que ejercen sus funciones como por la dependencia jerárquica del órgano superior, tanto aquella Secretaria del Juzgado de Instrucción nº 2 de A Coruña como la Secretaria Coordinadora provincial, pueden y deben ser integrados en el concepto de Administración periférica del Estado a los efectos del artículo 8.3 de la Ley de jurisdicción contencioso-administrativa, por lo que la competencia objetiva en el caso presente corresponde a los Juzgados de lo contencioso-administrativo, en este caso al de A Coruña, por pertenecer a ésta el órgano que dictó la resolución originaria.
Para no perdernos, aunque me faltan datos: la Secretaría Judicial del Juzgado de Instrucción nº 2 de de A Coruña, recurrió una instrucción de la Secretaria Coordinadora provincial, que se confirmó.

12 noviembre 2010

Exégesis literales de redacciones ininteligibles (la D.AD.15ª LOPJ) (i)



Una de las novedades de la reforma de Ley Orgánica del Poder Judicial del año 2009 fue (o es) la introducción del depósito para recurrir. Ignoro el principio que inspira la norma, como también desconozco la razón por la que un recurso de apelación y otro de casación cuestan lo mismo (50,00€) y, hasta dudo que la revisión de las cuantías del apartado 12 se produzca en alguna ocasión (esperamos todavía la actualización de las cuantías de la Disposición Adicional SEGUNDA de la LEC 2000 y, creo que ya han transcurrido los seis meses que previó la Disposición Adicional CUARTA de la LEC 2000 para que el Gobierno publicara un Real Decreto de precios para la obtención de copias).

Pero el motivo del comentario no tiene nada que ver con la introducción del pago, del que soy firme partidario y muy crítico por defecto (¿50,00€ para interponer un Recurso de Casación?) porque sabido es que el español solo respeta lo que le agrede el bolsillo, sino de la interpretación del requisito que circula por el foro.

Veamos, el apartado 4 de la Disposición Adicional 15ª LOPJ dice:

4. Asimismo, para la interposición de recursos contra resoluciones dictadas por el Juez o Tribunal que no pongan fin al proceso ni impidan su continuación en cualquier instancia será precisa la consignación como depósito de 25 euros. El mismo importe deberá consignar quien recurra en revisión las resoluciones dictadas por el Secretario Judicial.

Se excluye de la consignación de depósito la formulación del recurso de reposición que la Ley exija con carácter previo al recurso de queja.

Fue materia de la teoría general del Derecho la de que la primera interpretación de toda norma era la gramatical: o sea, el precepto dice lo que dice y no lo que cada uno entiende que dice o, lo que quiere creer que dice y, empleando dicho criterio, el ingreso o el pago hay que exigirlo para todas las resoluciones de Jueces y Secretarios Judiciales que no pongan fin al proceso, ni impidan su continuación (recursos de reposición civiles) y el mismo importe de 25,00€ para el novedoso recurso de revisión contra las resoluciones del Secretario Judicial, que es algo así como un chivateo jurídico al Juez o Magistrado sobre gustos (y los gustos, como los colores no son infracciones legales; de momento, al menos).

Quien esto suscribe, como Secretario Judicial, dicta Decretos resolviendo recursos de reposición (resoluciones interlocutorias), forma parte del Tribunal (debate doctrinal que se remonta a la tercera glaciación) y sus resoluciones no están excluidas en el Apartado 4º y, si debían estarlo, nada costaba redactar un tercer párrafo dedicado en exclusiva a éste apasionante asunto.

08 noviembre 2010

Criterios Junta de Jueces de Instancia de Valencia (II).


En la línea seguida por comentarios anteriores se publican, actualizados, los criterios adoptados por la Junta de Jueces de Primera Instancia de Valencia. Y, repito también, como en ocasiones anteriores que desde el año 2007 y a instancia del Juez Decano Pedro Viguer – al que evidentemente debe citarse, porque una cosa es que la ley prevea tal o cual atribución y otra ejercerla y, de eso los Secretarios Judiciales sabemos mucho- los Jueces de Primera Instancia se reúnen periódicamente en Junta con un orden del día previamente establecido, sobre el acuerdo que pueda adoptarse y su fundamentación. Aunque solamente se publica el ACUERDO y no la fundamentación que lo justifica, no creo necesario explicar el interés – la importancia podrá discutirse por alguno- del asunto, dado que la Ley 13/2009 de 3 de noviembre atribuye al Secretario judicial funciones, competencias, atribuciones (o, pongan el verbo que prefieran) sobre cuestiones que ya han sido resueltas con mejor o peor criterio en el documento que se facilita.

Dos aclaraciones para terminar el comentario: a) la publicación de los ACUERDOS tiene una exclusiva finalidad divulgativa que incluye al propio autor de estas líneas y b) parece lógico – y quizá, hasta de sentido común- que sí en los Juzgados se ha venido resolviendo en uno u otro sentido durante mucho tiempo, cualquier modificación o alteración deba, cuando menos, meditarse (y me refiero, en particular, a los monitorios).