Nulidad de diligencia emplazamiento realizada por un SCAC (STS, Sala Civil 10-3-2010).



La Instrucción 3/2010 de la Secretaría General de la Administración de Justicia, relativa a aspectos derivados del nuevo régimen de competencias de los Secretarios Judiciales establecido por la Ley 13/2009, sujeta en su apartado Quinto (Práctica de actos de comunicación) la aplicación del artículo 152 LEC – que atribuye a los funcionarios del Cuerpo de Auxilio Judicial la ejecución de los actos de comunicación- al establecimiento de las relaciones de puestos de trabajo específicas de los servicios que realicen funciones de actos de comunicación, con lo que los Secretarios Judiciales responsables de los mismos darán las oportunas instrucciones a los funcionarios del Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa que las vienen realizando para que continúen desempeñándolas, conforme a lo establecido en la Disposición Transitoria Decimoquinta LO 19/2003.

Quizá la Sentencia del Tribunal Supremo, Sala 1ª, de 10 de marzo de 2010 (ROJ: STS 1737/2010) altere la exégesis administrativa, que no civil, del citado artículo 152 LEC. El Tribunal Supremo estima el recurso extraordinario por infracción procesal interpuesto contra una sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Sevilla, la anula y ordena la reposición de las actuaciones al momento en que se cometió la infracción, que se concreta en el inmediatamente anterior a la diligencia de emplazamiento de 5 de mayo de 2003.

La diligencia de emplazamiento, recogida en el ANTECEDENTE OCTAVO, es como sigue :


Juzgados de Sevilla
Servicio Común de Notificaciones y Embargos.
Para Juzgado de 1.º Instancia N.ª 3
Juicio Prc. Ord. N.º 124 de 03
Funcionarios Intervinientes [...]

Diligencia: En Sevilla a 5-5-03 [...] Constituido en el domicilio que se designa como de Ramón [...] y no encontrándole en él, y sí a quien dice llamarse Guillermo [...] y ser el conserje [...] hago entrega en dicha persona el emplazamiento, notificación y entrega de copia de demanda acordada para aquel, con entrega de la correspondiente cédula comprensiva de los requisitos legales los efectos oportunos, y [...]. Advertida debidamente la obligación de hacerla llegar a manos del interesado y hechos los apercibimientos legales. Doy fe». [Constan al pie derecho rúbrica y trazo ilegibles]. .


El Tribunal Supremo después de citar la doctrina del Tribunal Constitucional en la materia afirma:

A) Sobre la normativa aplicable. La LEC encomienda la realización de los actos de comunicación al Secretario judicial y prevé que se practiquen materialmente por el propio Secretario o por el funcionario que aquél designe (artículo 152.1 LEC). El lugar en que deben efectuarse las comunicaciones cuando se trate del primer emplazamiento o citación al demandado, es el domicilio de éste(artículo 155.1 LEC), con quien, como regla, debe entenderse el acto de comunicación(artículos 152.1.3ª y 161.1 y 2 LEC).

El artículo 158 LEC, prevé para los casos en que no pudiera acreditarse que el destinatario ha recibido una comunicación que tenga como finalidad la personación en juicio que se proceda a su entrega en la forma prevista en el artículo 161.3 LEC [...] En la diligencia se hará constar el nombre de la persona destinataria de la comunicación y la fecha y la hora en la que fue buscada y no encontrada en su domicilio, así como el nombre de la persona que recibe la copia de la resolución o la cédula y la relación de dicha persona con el destinatario, produciendo todos sus efectos la comunicación así realizada.

El artículo 166.1 LEC sanciona con la nulidad los actos de comunicación que no se practicaran con arreglo a lo dispuesto en la Ley y pudieran causar indefensión.

B) Sobre la diligencia de emplazamiento controvertida. El examen de la diligencia de emplazamiento al demandado, revela la existencia de las irregularidades denunciadas por el recurrente.

Cita:


1. Indicación del funcionario actuante. En el apartado del impreso utilizado para extender la diligencia que se titula «funcionarios intervinientes» no se ha hecho constar el funcionario actuante (Secretario u otro funcionario debidamente autorizado), tan sólo consta que ha sido hecha a través del Servicio común de notificaciones y embargos de los Juzgados de Sevilla y no se ha identificado el mismo por cualquier medio suficiente para ello (nombre, número de tarjeta profesional, o, en su caso, sección o equipo del servicio), tampoco ha estampado firma legible. La literalidad de las normas que regulan los actos de notificación no recoge expresamente la mención de la identidad del funcionario actuante pero es una exigencia que deriva de la propia regulación de los actos de comunicación y, en especial, del artículo 168 LEC, que contempla la responsabilidad de los funcionarios que intervienen, y acorde con la extraordinaria relevancia que la LEC y la jurisprudencia otorgan a la realización de estos actos procesales. El examen de las actuaciones del juicio ordinario pone de manifiesto que, en otros actos de comunicación practicados por el Servicio común, el funcionario que los ha realizado se ha identificado mediante la consignación de una clave integrada por números y letras.

2. Firma de la diligencia por la persona con la que se ha entendido la misma. Al pie de la diligencia de emplazamiento consta una rúbrica y un escueto trazo, ninguno de ellos legible. No es posible afirmar que el trazo sea una rúbrica o el inicio de una rúbrica y menos aún identificar cuál de ellos corresponde al funcionario actuante y cuál al portero con el que se entendió la diligencia. Esta circunstancia adquiere mayor relevancia por el hecho de que en la diligencia no se consigna expresamente por el funcionario que el conserje firmara, con él, la diligencia y tampoco se dice que se negara a firmar o planteara evasivas para la firma de la misma.


A lo dicho se suma que la notificación de la providencia por la que se declaró en rebeldía al demandado intentada como indica el artículo 497 LEC por correo certificado, tampoco resulta acreditativa de su recibo por el demandado, ya que sólo consta en las actuaciones la devolución al Juzgado por el Servicio de correos del sobre y acuse de recibo con la nota de «caducado», de la que no puede deducirse la negativa del demandado a su recepción, pues no consta si el servicio de correos dejó aviso en el domicilio del demandado y, en su caso, de qué forma se hizo, si se puso en su conocimiento que el envío estaba a su disposición, dónde y por cuanto tiempo, antes de proceder a su devolución al Juzgado remitente. Siendo irrelevante que dicha providencia se publicara por edicto colocado en el tablón de anuncios del juzgado, ya que esta forma se reserva por el indicado precepto para los casos en que no es conocido el domicilio del afectado, lo que no acontece en el presente.

Comentarios

  1. Vergonzoso. Habrá que anular el 100% de las diligencias.

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