28 octubre 2010

Hoy toca hablar de mi libro.




Llevaba tiempo dándole vueltas al asunto y hoy he decidido reconocer que no tengo abuela y echarle unas líneas a mi libro (quizá único). Porque, digámoslo ya, es un estupendo estudio dedicado a una de las materias más sencillas a la par que enrevesadas del proceso civil: la ejecución.

Dejando al margen las ejecuciones de título no judicial (Bancos y Cajas de Ahorro como principales clientes de los Juzgados); en el resto, el demandante se lleva una buena sorpresa cuando se cree que con la Sentencia se ha acabado el asunto. Pues no, ni el pleito termina con la Sentencia, ni esas pólizas de crédito, préstamo o lo que sean, que se han firmado por estos lares, valen de mucho si el ejecutante no tiene claro que quiere o pide y, si el Juzgado no anda rápido.

Y aquí llegamos al principio de un interesante camino de obstáculos prefabricados, por una larga tradición histórica del principio dispositivo (o sea, del pido lo que quiero, como quiero y cuando quiero y usted lo hace) y de la edad de la piedra (hasta el año pasado no hemos tenido acceso en tiempo real a las bases de datos de la AEAT y de la TGSS).

Evidentemente podemos hacerlo complicado – otra larga tradición histórica del proceso español que quebró la reforma del proceso laboral del año 1995-, pero entre ustedes y quien esto suscribe, no parece de recibo a estas alturas del partido. Es sabido que la LEC 2000 olvidó la ejecución (sí, claro, la profundidad con la que se trata la oposición es inversamente proporcional al número de ellas que tramitamos) y la del 2009 no lo ha hecho mejor, pero no está justificado que las pocas puertas abiertas no empeñemos en cerrarlas vistiéndonos con ropajes propios del Siglo XIX.

Con ese propósito está escrito el magnífico manual que ocupa estas líneas, que contiene respuestas y citas jurisprudenciales de esas que nunca se refieren en sitio alguno, pero que en los Juzgados nos vienen al pelo, porque nos sacan de un recurso de reposición o de una petición que nos suena a chino.

Así que ya lo saben, tengan cuidado ahí fuera, adquieran un ejemplar (hay dos enlaces en el BLOG con información), disfrútenlo y no fotocopien. Sobre todo, no fotocopien.

18 octubre 2010

Nulidad de diligencia emplazamiento realizada por un SCAC (STS, Sala Civil 10-3-2010).



La Instrucción 3/2010 de la Secretaría General de la Administración de Justicia, relativa a aspectos derivados del nuevo régimen de competencias de los Secretarios Judiciales establecido por la Ley 13/2009, sujeta en su apartado Quinto (Práctica de actos de comunicación) la aplicación del artículo 152 LEC – que atribuye a los funcionarios del Cuerpo de Auxilio Judicial la ejecución de los actos de comunicación- al establecimiento de las relaciones de puestos de trabajo específicas de los servicios que realicen funciones de actos de comunicación, con lo que los Secretarios Judiciales responsables de los mismos darán las oportunas instrucciones a los funcionarios del Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa que las vienen realizando para que continúen desempeñándolas, conforme a lo establecido en la Disposición Transitoria Decimoquinta LO 19/2003.

Quizá la Sentencia del Tribunal Supremo, Sala 1ª, de 10 de marzo de 2010 (ROJ: STS 1737/2010) altere la exégesis administrativa, que no civil, del citado artículo 152 LEC. El Tribunal Supremo estima el recurso extraordinario por infracción procesal interpuesto contra una sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Sevilla, la anula y ordena la reposición de las actuaciones al momento en que se cometió la infracción, que se concreta en el inmediatamente anterior a la diligencia de emplazamiento de 5 de mayo de 2003.

La diligencia de emplazamiento, recogida en el ANTECEDENTE OCTAVO, es como sigue :


Juzgados de Sevilla
Servicio Común de Notificaciones y Embargos.
Para Juzgado de 1.º Instancia N.ª 3
Juicio Prc. Ord. N.º 124 de 03
Funcionarios Intervinientes [...]

Diligencia: En Sevilla a 5-5-03 [...] Constituido en el domicilio que se designa como de Ramón [...] y no encontrándole en él, y sí a quien dice llamarse Guillermo [...] y ser el conserje [...] hago entrega en dicha persona el emplazamiento, notificación y entrega de copia de demanda acordada para aquel, con entrega de la correspondiente cédula comprensiva de los requisitos legales los efectos oportunos, y [...]. Advertida debidamente la obligación de hacerla llegar a manos del interesado y hechos los apercibimientos legales. Doy fe». [Constan al pie derecho rúbrica y trazo ilegibles]. .


El Tribunal Supremo después de citar la doctrina del Tribunal Constitucional en la materia afirma:

A) Sobre la normativa aplicable. La LEC encomienda la realización de los actos de comunicación al Secretario judicial y prevé que se practiquen materialmente por el propio Secretario o por el funcionario que aquél designe (artículo 152.1 LEC). El lugar en que deben efectuarse las comunicaciones cuando se trate del primer emplazamiento o citación al demandado, es el domicilio de éste(artículo 155.1 LEC), con quien, como regla, debe entenderse el acto de comunicación(artículos 152.1.3ª y 161.1 y 2 LEC).

El artículo 158 LEC, prevé para los casos en que no pudiera acreditarse que el destinatario ha recibido una comunicación que tenga como finalidad la personación en juicio que se proceda a su entrega en la forma prevista en el artículo 161.3 LEC [...] En la diligencia se hará constar el nombre de la persona destinataria de la comunicación y la fecha y la hora en la que fue buscada y no encontrada en su domicilio, así como el nombre de la persona que recibe la copia de la resolución o la cédula y la relación de dicha persona con el destinatario, produciendo todos sus efectos la comunicación así realizada.

El artículo 166.1 LEC sanciona con la nulidad los actos de comunicación que no se practicaran con arreglo a lo dispuesto en la Ley y pudieran causar indefensión.

B) Sobre la diligencia de emplazamiento controvertida. El examen de la diligencia de emplazamiento al demandado, revela la existencia de las irregularidades denunciadas por el recurrente.

Cita:


1. Indicación del funcionario actuante. En el apartado del impreso utilizado para extender la diligencia que se titula «funcionarios intervinientes» no se ha hecho constar el funcionario actuante (Secretario u otro funcionario debidamente autorizado), tan sólo consta que ha sido hecha a través del Servicio común de notificaciones y embargos de los Juzgados de Sevilla y no se ha identificado el mismo por cualquier medio suficiente para ello (nombre, número de tarjeta profesional, o, en su caso, sección o equipo del servicio), tampoco ha estampado firma legible. La literalidad de las normas que regulan los actos de notificación no recoge expresamente la mención de la identidad del funcionario actuante pero es una exigencia que deriva de la propia regulación de los actos de comunicación y, en especial, del artículo 168 LEC, que contempla la responsabilidad de los funcionarios que intervienen, y acorde con la extraordinaria relevancia que la LEC y la jurisprudencia otorgan a la realización de estos actos procesales. El examen de las actuaciones del juicio ordinario pone de manifiesto que, en otros actos de comunicación practicados por el Servicio común, el funcionario que los ha realizado se ha identificado mediante la consignación de una clave integrada por números y letras.

2. Firma de la diligencia por la persona con la que se ha entendido la misma. Al pie de la diligencia de emplazamiento consta una rúbrica y un escueto trazo, ninguno de ellos legible. No es posible afirmar que el trazo sea una rúbrica o el inicio de una rúbrica y menos aún identificar cuál de ellos corresponde al funcionario actuante y cuál al portero con el que se entendió la diligencia. Esta circunstancia adquiere mayor relevancia por el hecho de que en la diligencia no se consigna expresamente por el funcionario que el conserje firmara, con él, la diligencia y tampoco se dice que se negara a firmar o planteara evasivas para la firma de la misma.


A lo dicho se suma que la notificación de la providencia por la que se declaró en rebeldía al demandado intentada como indica el artículo 497 LEC por correo certificado, tampoco resulta acreditativa de su recibo por el demandado, ya que sólo consta en las actuaciones la devolución al Juzgado por el Servicio de correos del sobre y acuse de recibo con la nota de «caducado», de la que no puede deducirse la negativa del demandado a su recepción, pues no consta si el servicio de correos dejó aviso en el domicilio del demandado y, en su caso, de qué forma se hizo, si se puso en su conocimiento que el envío estaba a su disposición, dónde y por cuanto tiempo, antes de proceder a su devolución al Juzgado remitente. Siendo irrelevante que dicha providencia se publicara por edicto colocado en el tablón de anuncios del juzgado, ya que esta forma se reserva por el indicado precepto para los casos en que no es conocido el domicilio del afectado, lo que no acontece en el presente.

17 octubre 2010

El Modelo de cubo de basura.

El comentario anónimo de un lector (o lectora) sobre los concursos de Secretarios Judiciales en Burgos y Murcia me lleva a una reflexión sobre la organización del modelo de cubo de basura (uno de los modelos de decisión de la teoría de la organización de James Gary March y Herbert Alexander Simon) y que, creo sigue está NOJ de siete velocidades (con el Ministerio de Justicia y el País Vasco a la cabeza del pelotón)

Según éste modelo de anarquía organizada (que extraigo de varias fuentes en la red), la toma de decisiones es el resultado de la interacción compleja de cuatro corrientes independientes de sucesos:

Problemas: representan una brecha entre la situación presente y una situación deseada. Los problemas son independientes de las soluciones y pueden conducir o no, a una solución.

Soluciones: Son repuestas a la búsqueda de preguntas. En este modelo las soluciones sirven para formular problemas.

Participantes: Son los miembros de la organización que entran y salen de ella, aportan valores actitudes y experiencias.

Oportunidades de elegir. Son ocasiones en las que se espera que la organización tome una decisión.

Un bonito panorama del que curiosamente resulta la solución de los problemas más complejos, pero en el que no se tiene en cuenta ni a las Comunidades Autónomas, ni a los sindicatos (como fenómeno puramente hispánico y que no hemos logrado exportar, no aparecen como factor de agravamiento en ninguna de las teorías sobre la organización), con lo que cualquier consulta que hagan sobre el particular deberá hacerse con todas las salvedades.

14 octubre 2010

Traslado de copias de escritos y documentos entre procuradores (STS, Sala Civil 29-9-2010).

Por su evidente interés transcribo el fundamento de derecho cuarto de la Sentencia del Tribunal Supremo, Sala 1ª, de 29 de septiembre de 2010 (ROJ STS 4719/2010), dedicado al estudio de la regulación del traslado de copias y a sus efectos. En negrita he destacado los particulares que en una primera lectura, parecen más relevantes.

Fundamento de derecho cuarto:

A) El artículo 276.1 LEC dispone que «[c]uando todas las partes estuvieren representadas por procurador, cada uno de éstos deberá trasladar con carácter previo a los procuradores de las restantes partes las copias de los escritos y documentos que vaya a presentar al tribunal». El traslado debe efectuarse en la forma establecida en el artículo 276.2 LEC, mediante la entrega de las copias de los escritos y documentos destinados a las otras partes en el servicio de recepción de notificaciones a que alude el artículo 283 LEC, en el que se entregará justificante de haberse realizado el traslado que deberá acompañarse a los escritos y documentos que se presenten ante el órgano judicial.

La finalidad del precepto, que supuso una novedad en la tramitación de los procesos introducida por la vigente LEC, es la de agilizar la entrega de las copias de escritos y documentos entre las partes, descargando a los órganos judiciales de estas actuaciones, para lograr mayor celeridad y eficacia en la administración de justicia. La efectividad de la medida exigía, como lo entendió el legislador, una consecuencia anudada a su incumplimiento con la suficiente relevancia como para hacer eficaz la previsión de la norma y, por ello, el artículo 277 LEC establece que, cuando todas las partes estén representadas por procurador «no se admitirá la presentación de escritos y documentos si no consta que se ha realizado el traslado de las copias correspondientes a las demás partes personadas»(AATS de 28 de mayo de 2002, RRQ n.º 323/22002, 2148/2001 y 2309/2001).

Esta Sala se ha pronunciado en numerosas ocasiones sobre el significado y alcance de los artículos 276 y 277 LEC(AATS de 22 de enero de 2002, RQ n.º 2224/2001, 9 de abril de 2002, RQ n.º 2362/2001, 20 de enero de 2009, RC n.º 2351/2005 y 29 de julio de 2008, RC n.º 1391/2005) y ha tenido en cuenta el criterio manifestado por el Tribunal Constitucional en la STC 107/2005, de 9 de mayo. De la doctrina mantenida se extraen las siguientes conclusiones:

a) El artículo 277 LEC es una norma imperativa que adopta una decisión estricta penalizando la omisión de lo dispuesto en el artículo 276 LEC con la ineficacia, para lograr que el traslado se lleve a cabo oportunamente, ya que la falta de una sanción haría inoperante la previsión de este último artículo.

b) La omisión del traslado de copias no es subsanable, porque la subsanación que contempla con carácter general el artículo 231 LEC está referida a los actos defectuosos, pero no a los no realizados, de tal modo que podrá corregirse la falta de acreditación o un traslado deficiente pero, en ningún caso, el omitido.

c) El rigor de esta carga procesal debe atemperarse cuando es el propio órgano jurisdiccional quien induce, propicia, motiva o coadyuva a la omisión de su cumplimiento, normalmente por haber admitido las copias del escrito o documento para su traslado a través del mismo, pues lo contrario supondría colocar al recurrente en una posición que excede del deber de colaboración con la Administración de Justicia(artículos 118 CE, 11.1LOPJ y 17 LOPJ), incluso de efectiva indefensión, vulnerándose su derecho a la tutela judicial efectiva. Así lo impone la doctrina del Tribunal Constitucional y la establecida en instancias supranacionales por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (STEDH 26 de octubre de 2000, asunto Leoni contra Italia, y STEDH 15 de febrero de 2000, asunto García Manibardo contra España).

d) Estos criterios generales deben verse completados con los que emanan de la doctrina constitucional sobre la posibilidad de subsanar los actos procesales que, además de asentarse sobre la distinción entre acto omitido y acto defectuoso, tiene en cuenta una adecuada relación entre el cumplimiento de las formalidades y requisitos procesales y el respeto al derecho a la tutela judicial efectiva, siempre bajo la consideración de que la subsanación no es incompatible con la obligación de cumplir oportunamente los requisitos y presupuestos procesales, y de que no se impone una interpretación favorable al derecho a la tutela judicial que determine la ineficacia de tales requisitos y presupuestos(SSTC 247/91, de 19 de diciembre, 16/92, de 10 de febrero, 41/92, de 30 de marzo, 29/93, de 25 de enero, 19/98, de 27 de enero, y 23/99, de 8 de marzo).

Siguiendo estos parámetros esta Sala, al examinar supuestos relativos al cumplimiento del requisito, ha tomado en consideración las diferencias entre el acto omitido y el acto defectuosos(AATS de 17 de julio de 2007, RC n.º 2597/2001, y de 25 de septiembre de 2007, RQ n.º 362/2007), el cumplimiento irregular del requisito aceptado en la práctica de los juzgados(ATS de 28 de noviembre de 2006, RC n.º 1914/2002), el cumplimiento irregular efectuado ante un órgano judicial que no correspondía(ATS de 24 de septiembre de 2002, RQ n.º 678/2002), la existencia de irregularidades en el servicio de recepción de copias(ATS de 24 de febrero de 2004, RQ n.º 791/2003, 17-junio de 2003, RQ n.º 1398/2002) el contenido confuso o discordante de un precepto legal que pudiera inducir a error a la parte, como es el caso de los artículos 474 y 485 LEC(AATS de 28 de mayo de 2002 RRQ n.º 2309/2001, y 2142/2001), la situación procesal de las otras partes en litigio cuando no todas se encontraban personadas a través de procurador, se trataba de la primera personación en la segunda instancia o el Ministerio Fiscal intervenía en el proceso(AATS de 20 de abril de 2004, RQ n.º 839/2003, 20 de marzo de 2004, RQ n.º 201/2003 y 21 de junio de 2005, RC n.º 1446/2001).

En todos estos casos se han conciliado dos principios: (i), la imposibilidad de subsanar el traslado de las copias una vez que se ha producido la preclusión del trámite para la realización del acto procesal de la parte(AATS de 6 de julio de 2004, RC 3167/2001, de 20 de enero de 2004, RQ 1413/2003 y 17 de julio del 2007, RC 2597/2001), y (ii) no puede trasladarse a la parte las deficiencias de funcionamiento de la Administración de Justicia(AATS de 22 de enero de 2002, RQ n.º 2224/2001, y de 9 de abril de 2002, RQ n.º 2362/2001), ambas conformes con lo declarado por el Tribunal Constitucional en la, ya citada, STC 107/2005, de 9 de mayo.

De acuerdo con el criterio sostenido en esta sentencia, el plazo de que disponen las partes para la formulación del recurso por determinación legal es un plazo de caducidad no ampliable a voluntad de aquellas, pero tampoco puede quedar acortado por la presentación del escrito sin cumplir todos los requisitos previstos en la norma procesal, en concreto, en este caso, los establecidos en el artículo 276.1 y 2 LEC. Presentado el escrito sin dar cumplimiento al requisito y sin agotar el plazo previsto para su presentación, la diligencia exigible al órgano judicial impone una actuación inmediata de éste dirigida a hacer posible la subsanación de la falta dentro del término conferido para la presentación del mismo. Por ello, esta Sala no ha permitido que prosperaran las impugnaciones en aquellos casos en los que la parte efectuó el acto procesal el último día del plazo legalmente previsto para su realización, ya que al órgano judicial no le era posible habilitar un trámite de subsanación que permitiera a la parte cumplir con el requisito dentro del término preceptuado(AATS de 14 de febrero de 2006, RQ n.º 916/2005, 13 de octubre de 2004, RC n.º 3019/2001, 20 de enero de 2009, RC n.º 2351/2005 y 17 de noviembre de 2009, RC n.º 2081/2006), y ha estimado el recurso cuando sí era posible -atendido que no había sido agotado el plazo de presentación- habilitar dicho trámite(ATS de 17 de febrero de 2009, RC n.º 1488/2006).

B) Siguiendo la doctrina expuesta han de ponderarse las circunstancias concurrentes en el recurso, para decidir si la falta de observancia del requisito acarrea, en este caso, la grave sanción que impone el artículo 277 LEC.

Resulta relevante el hecho de que por el Juzgado de Primera Instancia no se advirtiera de forma inmediata la existencia de una irregularidad subsanable, con lo que se privó a la parte de la oportunidad de intentar la subsanación en los dos días hábiles que restaban para la finalización del plazo para presentar el recurso. No tomándolo en consideración se ha hecho recaer sobre una parte las consecuencias de la actuación del Juzgado, cuando lo exigible desde la perspectiva del artículo 24.1 CE habría sido que se pusiera en conocimiento de aquellos de forma inmediata la omisión padecida. La ponderación de la trascendencia de la irregularidad para las garantías procesales de las demás partes del proceso (SSTC 41/1992, de 30 de marzo, 64/1992, de 29 de abril, 331/1994, de 30 de junio) permite, por otra parte, concluir que éstas no se han visto afectadas puesto que el Juzgado dio traslado de las copias del escrito de preparación.

09 octubre 2010

El señalamiento no nos deja ver el bosque.

Conozco pocos Jueces que quiera señalar los juicios. Pero, también, a pocos Secretarios Judiciales. Ignoro si los cirujanos se turnan los quirófanos o si los pilotos llaman antes de aterrizar a la torre de control preguntando por su pista de aterrizaje, pero estoy convencido que a los primeros les llevan la agenda y los segundos saben antes de despegar donde les van a permitir aparcar el avión. Quede claro que siempre hay excepciones y no niego que haya Jueces cuya independencia principie con el color de la capucha del bolígrafo y entienda que sin el desayuno y el señalamiento no hay poder judicial.

Entonces: ¿qué ocurre con el señalamiento de las vistas?. Nada. Como tampoco sucede nada con las grabaciones de los juicios. Los Jueces y los Secretarios Judiciales llevamos tanto tiempo en nuestras burbujas que somos incapaces de transmitir a la sociedad en un lenguaje comprensible (y no manipulable) nuestras peticiones. Y, sucede lo que sucede. Lean este párrafo: “Facultad de señalar juicios y vistas. Éste es uno de los capítulos que mayores fricciones genera con el Gobierno. El Ejecutivo quiere atribuir al secretario judicial la agenda de señalamientos pero los jueces se oponen a que los secretarios les lleven la agenda”. ¿Cuál es la conclusión que sacan?, ¿qué el Secretario Judicial es un inútil, como se ha encargado de vociferar alguna organización sindical?.

No. Los Jueces se niegan a que el Ejecutivo les marque la agenda. Lógico si tenemos en cuenta que a estas alturas del partido nadie asegura que el Ministerio de Justicia no cambie las reglas del juego en el último cuarto (hablo de baloncesto, para que se entienda). Y a los Secretarios Judiciales, en el fondo y en la forma, nos da trescientos cuarenta y tres que nos encomienden tan gratificante, “jurídica” y dificultosa labor. No hay más.

05 octubre 2010

Anda triste el gatito micifú: se rechaza su verbalito de 175,00€.

Un Juez de instancia ha rechazado la demandita que el dueño del gatito “micifú” presentó contra una clínica veterinaria. Entiende el magistrado que el gato y el dueño del gato no guardaron el oportuno reposo, empeorando el postoperatorio y que el vuelo del gato “micifú” contra el televisor, cuando en el postoperatorio trató de calzarse un pajarito de dibujos animados que aparecía en la pantalla, no mejoró la situación del gato, del dueño y del televisor.

Rechaza el Magistrado la “mala praxis” alegada por el abogado del dueño del gato “micifú” y afirma que pese a las advertencias médicas, la demandante – el dueño- no adoptó las precauciones necesarias para que el animal no hiciera ejercicios violentos, ni le obligó a hacer uso del collar “isabelino”, retirándoselo primero y recortándoselo después. Intervención que permitió que el gato “micifu” hiciera una pequeña obra de arte con los puntos de la sutura y terminará de arreglarlo cuando se estampó contra la pantalla plana.

Desestima el Juez, por último, otro de los fundamentales alegatos de la demanda de “micifú”: la falta de información sobre el postoperatorio de un gato, que se rebatió en el juicio oral por dos veterinarios y una enfermera de felinos, pero que no quedó clara por la falta de documental (faltaba la huella felina en el consentimiento informado, que tampoco estaba en autos). Afirma el Juez, contundentemente, que si cualquier persona sabe que tras una intervención quirúrgica es necesario que un animal esté quieto y no se toque la herida, con mayor razón debe saberlo quien ha dedicado su tiempo a la cría de este tipo de animales.

Conozco la tensión que en estos duros momentos se vivirá en la casa de “micifú” y, el desconsuelo sin consuelo del dueño del gato, que se presentó en juicio como “experto en la crianza de felinos”; pero solo es una batalla, una de tantas injusticias de los juzgados españoles. Pero ese sacrificado camino que se inició a los pies de un televisor, no ha terminado aún y, quién sabe, si “micifú” encontrara mejor respuesta en la Audiencia Provincial. Porque el gato “micifú” tiene derecho, como cualquier otro gato al acceso a la segunda instancia e incluso a que le sea nombrado abogado del turno de oficio.

Y uno se pregunta por qué las pantallas de los televisores son tan seguras para algunos dueños de gatos y que también, quizá, éste mundo hubiera sido mejor sin las tomas de tierra.

03 octubre 2010

Las cesiones de remate de inmuebles: ¿otra forma de gastar papel?.

La regulación de las subastas civiles, paradigma de un legislador anclado en no se sabe qué siglo de la era cristina, tiene un par de cientos de mejoras pendientes; entre las que incluyo la posibilidad de echar de Sala al subastero que pretende subir la puja de euro en euro, que de todo hay en la viña del Señor.

El subastero, por lo menos, no te da más trabajo del estrictamente necesario, pero con las cesiones de remate que nos estamos tragando, de sociedades respetables, la cosa cambia. La Caja de Ahorros viene del brazo de su inmobiliaria, que ha consignado en la cuenta del Juzgado el importe del 30% del precio del inmueble. Sin la consignación, no hay derecho a participar en la subasta y la cantidad puede ser considerable si tenemos en cuenta que son muchos los Juzgados vendiendo cada día (hagan cuentas de un verbigracia: 30% de 200.000,00€ en varias subastas).

Aparecido el tercero –la inmobiliaria, que suelta del brazo a la Caja de Ahorros en cuanto se abre la puja- hay puja por un precio que se trae en un fax, la Caja asiente y fin del primer acto. Aclaremos que por mor de ese legislador civil al que le cuesta entender el asunto – quizá, porque en la Universidad nadie sabe lo que es una subasta- si solo aparece el ejecutante (vendedor-acreedor) no hay puja. En este caso se cierra el telón cuando la inmobiliaria consigna en el Juzgado la diferencia entre la cantidad que consignó y el precio por el que se ha quedado el inmueble.

Hay un segundo acto que mosquea. La Caja se queda con el inmueble en la subasta y luego le cede el remate a la inmobiliaria, pidiendo ésta que el Juzgado le devuelva el importe de la consignación hecha para tomar parte en la puja. Dejando al margen el mareo de la cuenta y el absurdo movimiento de papel que provoca las dos sociedades del mismo grupo, nadie ha sabido explicarme dónde está el truco, seguiré buscando.

Otrosi: en la justicia española no se utiliza el mazo/martillo en Sala.