30 agosto 2010

Vuelvo a los calamares: los protocolos previos a la acción

Trataba hace algunas fechas el asunto de los calamares y su relación con la Justicia española o, quizá sería mejor decir, con el colapso que sufre en la actualidad, gracias a causas que nadie grita, ni a soluciones que tampoco se implantan. Y en el primer episodio que dedicaba a los calamares, aposté por cobrar desde la primera pisada en un Juzgado hasta el definitivo abandono de la respectiva sede judicial. Negué – y lo sigo haciendo- que el cobro de tasas afecte al ciudadano o menoscabe ese derecho a la tutela judicial efectiva del artículo 24 CE, que sirve de bandera de enganche para cualquier solicitud por muy estrafalaria que sea.

Pues bien, dedico éste segundo episodio de los cefalópodos a los protocolos previos a la acción, que son algo parecido a un ordenamiento de pocas normas que sirven para preparar el juicio y, por tanto, la demanda y su contestación. La preparación no solo persigue evitar el juicio mediante el acuerdo, sino que evita las sorpresas con las que las partes tienden a obsequiarse durante el proceso declarativo y al órgano judicial, que tiene que aguantar estoicamente la sensación de tomadura de pelo en no pocas ocasiones (ese famoso: -“No hemos hablado Señoria”). Las audiencias previas del juicio ordinario, que buscaban limpiar el proceso y la transacción, no tienen ya ninguna función fuera del Derecho Austriaco de las que provienen y de las tres universidades que se ocupan del invento. Así que, por favor, si algún lector anda tentado con el argumento que no lo intente.

No hay truco. El incumplimiento del protocolo se sanciona, como también su defectuosa observancia, porque de lo que se trata es que las partes lleguen a un acuerdo y, en su defecto, que faciliten la labor del juzgado sino ha sido posible. Por lo demás, la implantación en el proceso civil español no tendría ninguna dificultad – bastaría una orden ministerial- dado que su naturaleza técnica evitaría una ley y, por ende, ese peculiar cambio de cromos que se produce en el Congreso de los Diputados, en forma de modificaciones de última hora que nadie sabe de dónde han salido pero que tienen la virtud de destrozar el texto que pretenden mejorar.


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