22 agosto 2010

Una mirada al pasado y otra al futuro: ¿hacia dónde va la oficina judicial? (4ª parte).



3.- Una nueva oficina judicial que se desarrolla tarde, con falta de recursos y de elementos de juicio.

En marzo de 2.001 el Ministerio de Justicia Inglés publicó un estudio (CIVIL JUSTICE REFORM EVALUATION, “An early evaluation of the Civil Justice Reform”, LORD CHANCELLOR´S DEPARTMENT, marzo 2001) dedicado a examinar los primeros resultados de la reforma del año 1998. Aparecen cuadros estadísticos de las demandas presentadas en diferentes tribunales entre enero de 1.997 y noviembre de 2.000 para comprobar la evolución de la litigiosidad y si las caídas observadas en determinados pleitos se debían a la reforma. Se recogen, también, cuadros estadísticos sobre las tres vías procedimentales implantadas, en los que se observaba un notable incremento de los asuntos resueltos antes del juicio y se advertían algunas deficiencias, como un incremento de los asuntos ubicados en la multivia que habían sido transferidos.

En solo un ejemplo, aunque relevante, porque en España nadie sabe con certeza qué es lo que ha pasado con cada reforma, ni por ende hay claridad sobre los efectos que la implantación de la nueva oficina judicial (NOJ), pueda tener en órganos tan sobrecargados de innovaciones como los Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. Relata SANTOS PASTOR (“Los nuevos sistemas de organización y gestión de la justicia: ¿mito o realidad?” ) que en diciembre de 1998 comenzaron a operar los nuevos Juzgados de lo Contencioso, que constituyeron una forma particular de adición de medios –se creó una primera instancia que no existía antes, en lugar de haber aumentado el número de magistrados de los Tribunales Superiores–. Con esos medios adicionales, sumados a los ya existentes en estos tribunales la dilación disminuyó; la producción aumentó, la duración media de los pleitos disminuyó desde entonces, la tasa de pendencia pasó de 2,9 a 1,9 entre 1998 y 1999, la pendencia final se redujo en un 2% y la tasa de resolución pasó del 75% a algo más del 100%. Pero esa reducción de la dilación indujo un aumento de la litigiosidad al punto que la suma de los casos ingresados en uno y otro tipo de órganos no sólo no se mantuvo sino que aumentó el ritmo de crecimiento.

No discuto la necesidad de la reforma, reprocho que la falta de gestión provoque una relación injustificada entre aquella y los recursos económicos, de tal modo que solo mediante un gasto desproporcionado puede llegarse a algún resultado. Un tercer ejemplo ilustrara el comentario. Son conocidas las unidades judiciales– en terminología de la NOJ- en las que sobra personal y aquellas otras en las que su falta ha terminado llevando al colapso y la solución está, entre otras, en la reordenación de efectivos del artículo 528.2 LOPJ (y artículo 66 Real Decreto 1451/2005, de 7 de diciembre), lo que significa que por razones organizativas y a través de las correspondientes modificaciones de las relaciones de puestos de trabajo, los funcionarios puedan ser adscritos a otros centros de destino.

Reordenación que nunca se lleva a cabo, porque el mismo precepto establece que el proceso de movilidad se realice en base a un proyecto presentado por las Administraciones competentes y negociado con las organizaciones sindicales más representativas mediante procedimientos de movilidad voluntaria. Dado que la negociación conlleva enfrentamiento con las organizaciones sindicales, solo queda el presupuesto y su falta para dotar nuevas plazas o cubrir las bajas existentes, significa el colapso del órgano judicial afectado.

Si alguna duda quedaba sobre éste asunto la Resolución de 8 de abril de 2010, de la Secretaría de Estado de Justicia, por la que se publica el Acuerdo entre el Ministerio de Justicia y las Organizaciones Sindicales Comisiones Obreras, Unión General de Trabajadores y Sindicato de Trabajadores de la Administración de Justicia, integrantes de la Mesa Sectorial de la Administración de Justicia, ha terminado confirmando la impresión inicial, antes expuesta, que no habrá reforma sin grandes inversiones, pues el Ministerio de Justicia garantiza que la aprobación de las RPTS (relaciones de puestos de trabajo) para el despliegue de la nueva Oficina Judicial en todas y cada una de las localidades del ámbito ministerio en las que se implante, no supondrá una disminución del número total de plazas existentes en las actuales plantillas de cada uno de los cuerpos de funcionarios al servicio de la Administración de Justicia.

El último punto que comento es el primero del título de éste apartado. La nueva oficina judicial llega tarde y sin calendario, porque ese incomprensible reparto competencial permite su implantación en los órganos judiciales dependientes del Ministerio de Justicia y la deja en el aire en todos los demás, que es precisamente donde se encuentran la mayor parte de los juzgados y tribunales y donde, solo por el número, la reorganización, cualquiera, se antoja imprescindible.

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