¿Deben pagarse rescates por secuestros terroristas en el extranjero?.



En los dos últimos días ha corrido la idea, por determinados foros, que la vida humana está por encima de cualquier otra consideración o reparo a las gestiones que el Gobierno haya podido realizar para la liberación de los secuestrados por un grupo terrorista africano y, así quién pretende explicaciones se coloca, automáticamente, en una posición sospechosa: no sólo no quiere el resultado feliz de la liberación, sino que sitúa el dinero en primer lugar, sin valorar la vida humana.

No entraré en ese debate, propio de la inanidad intelectual en la que vivimos, pero no eludo otros dos: la obligación moral del Gobierno de proteger a sus nacionales y, la obligación legal del Gobierno de respetar el ordenamiento vigente. Bajo la primera, el Gobierno debe realizar cualquier actividad para liberar a los nacionales secuestrados; bajo la segunda, solo puede realizar las gestiones que se atengan al imperio de la ley. Pero para que ese razonamiento no quiebre – no hay aquí silogismos-, tanto el concepto de moral como el respeto al imperio de la ley deben quedar al margen de cada hecho; esto es, podrán modificarse los criterios de actuación (diplomáticos, policiales o militares), pero en modo alguno los principios que respaldan esa intervención (no puede premiarse al secuestrador).

No hace falta darle muchas vueltas. Tendremos un problema cuando se ignora el concepto de moral, próximo al cristianismo, que se repudia con dos lecturas o, cambia según la dirección del viento; y cuando los límites del imperio de la ley se alteran sin razón alguna. Con ese totum revolutum en el que todo se mezcla nos enfrentamos a un terrorismo islámico, asentado dentro y fuera de nuestras fronteras, que tacha como debilidad cualquier acto de humanidad. Podemos mirar para otro lado – lo hacemos- pero es la única realidad (esto no es la banda terrorista ETA).

Tampoco contestaré a la pregunta que encabeza estas líneas. Me limito a exponer los hechos y los fundamentos de derecho (perdón, es la costumbre) les toca decidir a otros. Vayamos con los segundos.

Decía Jesús Santos, ex Fiscal de la Audiencia Nacional, que en los supuestos de colaboración obligada (pago del impuesto revolucionario o pago de una cantidad para la liberación de una persona secuestrada) estaríamos ante supuestos de conductas atípicas o de justificación o de conductas con la presencia de una causa de justificación de tales conductas o causa de no exigibilidad de una conducta distinta; la acción no es típica por faltar el elemento subjetivo de favorecimiento a la asociación ilícita.

Ya he apuntado que lo que podría valer para ETA, no tiene sentido en el caso del terrorismo islámico y el pago de secuestros es delito penado en el artículo 518 Código Penal. La siguiente pregunta a contestar es tan sencilla como terrible: ¿tiene alguna justificación legal un Gobierno que paga rescate unos secuestrados?.

La fotografía es del pasaporte de Raquel Burgos García, casada con un talibán (supuesto), encontrado en Pakistán en una operación antiterrorista.

Comentarios

Entradas populares de este blog

Felicidades y gracias.

El recurso de revisión contra las resoluciones del Secretario Judicial.

La nueva jura de cuentas y su impugnación.