30 agosto 2010

Acuerdos de Unificación AP MADRID (Secciones Penales)


En el enlace pueden encontrarse los ACUERDOS DE UNIFICACION de CRITERIOS, de la Audiencia Provincial de MADRID (Secciones Penales) actualizado a enero de 2010.

PINCHANDO EN LA FRASE.

ACUERDOS DE UNIFICACION DE CRITERIOS (AP. MADRID) SECCIONES PENALES.

Vuelvo a los calamares: los protocolos previos a la acción

Trataba hace algunas fechas el asunto de los calamares y su relación con la Justicia española o, quizá sería mejor decir, con el colapso que sufre en la actualidad, gracias a causas que nadie grita, ni a soluciones que tampoco se implantan. Y en el primer episodio que dedicaba a los calamares, aposté por cobrar desde la primera pisada en un Juzgado hasta el definitivo abandono de la respectiva sede judicial. Negué – y lo sigo haciendo- que el cobro de tasas afecte al ciudadano o menoscabe ese derecho a la tutela judicial efectiva del artículo 24 CE, que sirve de bandera de enganche para cualquier solicitud por muy estrafalaria que sea.

Pues bien, dedico éste segundo episodio de los cefalópodos a los protocolos previos a la acción, que son algo parecido a un ordenamiento de pocas normas que sirven para preparar el juicio y, por tanto, la demanda y su contestación. La preparación no solo persigue evitar el juicio mediante el acuerdo, sino que evita las sorpresas con las que las partes tienden a obsequiarse durante el proceso declarativo y al órgano judicial, que tiene que aguantar estoicamente la sensación de tomadura de pelo en no pocas ocasiones (ese famoso: -“No hemos hablado Señoria”). Las audiencias previas del juicio ordinario, que buscaban limpiar el proceso y la transacción, no tienen ya ninguna función fuera del Derecho Austriaco de las que provienen y de las tres universidades que se ocupan del invento. Así que, por favor, si algún lector anda tentado con el argumento que no lo intente.

No hay truco. El incumplimiento del protocolo se sanciona, como también su defectuosa observancia, porque de lo que se trata es que las partes lleguen a un acuerdo y, en su defecto, que faciliten la labor del juzgado sino ha sido posible. Por lo demás, la implantación en el proceso civil español no tendría ninguna dificultad – bastaría una orden ministerial- dado que su naturaleza técnica evitaría una ley y, por ende, ese peculiar cambio de cromos que se produce en el Congreso de los Diputados, en forma de modificaciones de última hora que nadie sabe de dónde han salido pero que tienen la virtud de destrozar el texto que pretenden mejorar.


27 agosto 2010

¿Deben pagarse rescates por secuestros terroristas en el extranjero?.



En los dos últimos días ha corrido la idea, por determinados foros, que la vida humana está por encima de cualquier otra consideración o reparo a las gestiones que el Gobierno haya podido realizar para la liberación de los secuestrados por un grupo terrorista africano y, así quién pretende explicaciones se coloca, automáticamente, en una posición sospechosa: no sólo no quiere el resultado feliz de la liberación, sino que sitúa el dinero en primer lugar, sin valorar la vida humana.

No entraré en ese debate, propio de la inanidad intelectual en la que vivimos, pero no eludo otros dos: la obligación moral del Gobierno de proteger a sus nacionales y, la obligación legal del Gobierno de respetar el ordenamiento vigente. Bajo la primera, el Gobierno debe realizar cualquier actividad para liberar a los nacionales secuestrados; bajo la segunda, solo puede realizar las gestiones que se atengan al imperio de la ley. Pero para que ese razonamiento no quiebre – no hay aquí silogismos-, tanto el concepto de moral como el respeto al imperio de la ley deben quedar al margen de cada hecho; esto es, podrán modificarse los criterios de actuación (diplomáticos, policiales o militares), pero en modo alguno los principios que respaldan esa intervención (no puede premiarse al secuestrador).

No hace falta darle muchas vueltas. Tendremos un problema cuando se ignora el concepto de moral, próximo al cristianismo, que se repudia con dos lecturas o, cambia según la dirección del viento; y cuando los límites del imperio de la ley se alteran sin razón alguna. Con ese totum revolutum en el que todo se mezcla nos enfrentamos a un terrorismo islámico, asentado dentro y fuera de nuestras fronteras, que tacha como debilidad cualquier acto de humanidad. Podemos mirar para otro lado – lo hacemos- pero es la única realidad (esto no es la banda terrorista ETA).

Tampoco contestaré a la pregunta que encabeza estas líneas. Me limito a exponer los hechos y los fundamentos de derecho (perdón, es la costumbre) les toca decidir a otros. Vayamos con los segundos.

Decía Jesús Santos, ex Fiscal de la Audiencia Nacional, que en los supuestos de colaboración obligada (pago del impuesto revolucionario o pago de una cantidad para la liberación de una persona secuestrada) estaríamos ante supuestos de conductas atípicas o de justificación o de conductas con la presencia de una causa de justificación de tales conductas o causa de no exigibilidad de una conducta distinta; la acción no es típica por faltar el elemento subjetivo de favorecimiento a la asociación ilícita.

Ya he apuntado que lo que podría valer para ETA, no tiene sentido en el caso del terrorismo islámico y el pago de secuestros es delito penado en el artículo 518 Código Penal. La siguiente pregunta a contestar es tan sencilla como terrible: ¿tiene alguna justificación legal un Gobierno que paga rescate unos secuestrados?.

La fotografía es del pasaporte de Raquel Burgos García, casada con un talibán (supuesto), encontrado en Pakistán en una operación antiterrorista.

26 agosto 2010

El Estado de derecho de Pin y Pon y sus eufemismos.



Evidentemente que me alegro. Celebro que en el rescate de los dos secuestrados en África no haya fallecido ningún soldado español o funcionario de cualquier otra condición que, por obligación le hubiera tocado solventar el asunto en cuestión. Y me explico: la diferencia entre la caravana solidaria de Barcelona y los turistas que siguieron marchándose a la India éste verano contra la prohibición expresa del embajador es ninguna.

También me alegro, faltaría, de la paz en el mundo y de las manos juntas y los mecheros encendidos (si queda alguno ya que son armas que encienden cigarrillos, única amenaza contra la salud), pero por deformación profesional; relaciones que no vienen al caso y lecturas nada aconsejables, el
llamado Magreb no es seguro desde el año 2002 y sí lo sabe quien redacta, debería conocerlo quien se monta una caravana solidaria con fondos públicos. O, peor, quizá lo supieron, y fueron porque pensaron que no iba a pasar nada. Y hasta que pasa.

Y cuando las cosas pasan se supone que el Estado de Derecho tiene mecanismos para proteger a sus nacionales, a todos, porque tan nacional es la Monja que trabaja desde hace treinta años en una aldea pérdida de Guinea, el interprete muerto en combate en Afganistán ayer (en una guerra se combate, no se muere asesinado) y quien redacta estas líneas ya que se supone – teoría de derecho político- que el ciudadano renunció a su derecho a defenderse, cediendo esa función al Estado.

El problema es que no sabremos nunca qué mecanismos se han empleado en esta ocasión (el Estado de Derecho de Pin y Pon) y, aunque la prensa haya publicado que se ha pagado rescate y se ha liberado a un secuestrador, negándolo el Gobierno, es evidente que la impresión ha sido, nuevamente, la de completa debilidad y de rendición.
Y eso es muy preocupante porque las palabras –eufemismos de variado calibre- dejan de protegerte cuando cruzas la frontera; desde ahí eres un objetivo más.

Empero, apunto dos detalles. El pago de secuestros, como bien
indicara el catedrático de Derecho Penal Enrique Gimbernat, es delito del artículo 518 Código Penal castigado con pena de prisión de uno a tres años, multa de doce a veinticuatro meses, e inhabilitación para empleo o cargo público por tiempo de uno a cuatro años.

Cita del artículo del Catedrático:


A efectos penales, el hecho de si el Gobierno ha contribuido en todo o en parte a reunir la suma de cuatro millones de dólares entregados para la liberación de los rehenes carece de relevancia, ya que el Gobierno ha reconocido -atribuyéndose el mérito- que el llamado «Comité de Coordinación», presidido por Fernández de la Vega, ha conseguido el feliz desenlace del secuestro -al parecer, dos agentes del CNI fueron los que, desde una avioneta, arrojaron sobre el buque la suma exigida-, y como ese desenlace ha tenido lugar sólo después de que los piratas cobraran el rescate, es obvio que -independientemente de quien haya aportado los dólares- han sido servidores públicos del Estado español los que han contribuido a que los secuestradores somalíes recibieran la «cooperación económica» a la que se refiere el art. 518 CP, por lo que han sido responsables, al menos, de haber participado en el delito de favorecimiento económico de una asociación ilícita.


Y segundo y a propósito de los eufemismos de ida y vuelta. Comienzan ahora a publicarse las sentencias de los Tribunales Superiores de Justicia sobre los recursos presentados por militares destinados en las bases de Irak. Recordarán que según el Gobierno habíamos ido a una guerra ilegal. Por lo visto, desde el año 2004 dejó de tener tal calificación en las resoluciones del Ministerio de Defensa y se ha tenido que acudir a la justicia para el reconocimiento de la condición de excombatiente (Sentencia TSJ MADRID, Sección 6ª, 25 de febrero de 2009) o la pensión por atentado terrorista (Sentencia TSJ MADRID, Sección 9ª, 20 de abril de 2010).


22 agosto 2010

Una mirada al pasado y otra al futuro: ¿hacia dónde va la oficina judicial? (4ª parte).



3.- Una nueva oficina judicial que se desarrolla tarde, con falta de recursos y de elementos de juicio.

En marzo de 2.001 el Ministerio de Justicia Inglés publicó un estudio (CIVIL JUSTICE REFORM EVALUATION, “An early evaluation of the Civil Justice Reform”, LORD CHANCELLOR´S DEPARTMENT, marzo 2001) dedicado a examinar los primeros resultados de la reforma del año 1998. Aparecen cuadros estadísticos de las demandas presentadas en diferentes tribunales entre enero de 1.997 y noviembre de 2.000 para comprobar la evolución de la litigiosidad y si las caídas observadas en determinados pleitos se debían a la reforma. Se recogen, también, cuadros estadísticos sobre las tres vías procedimentales implantadas, en los que se observaba un notable incremento de los asuntos resueltos antes del juicio y se advertían algunas deficiencias, como un incremento de los asuntos ubicados en la multivia que habían sido transferidos.

En solo un ejemplo, aunque relevante, porque en España nadie sabe con certeza qué es lo que ha pasado con cada reforma, ni por ende hay claridad sobre los efectos que la implantación de la nueva oficina judicial (NOJ), pueda tener en órganos tan sobrecargados de innovaciones como los Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. Relata SANTOS PASTOR (“Los nuevos sistemas de organización y gestión de la justicia: ¿mito o realidad?” ) que en diciembre de 1998 comenzaron a operar los nuevos Juzgados de lo Contencioso, que constituyeron una forma particular de adición de medios –se creó una primera instancia que no existía antes, en lugar de haber aumentado el número de magistrados de los Tribunales Superiores–. Con esos medios adicionales, sumados a los ya existentes en estos tribunales la dilación disminuyó; la producción aumentó, la duración media de los pleitos disminuyó desde entonces, la tasa de pendencia pasó de 2,9 a 1,9 entre 1998 y 1999, la pendencia final se redujo en un 2% y la tasa de resolución pasó del 75% a algo más del 100%. Pero esa reducción de la dilación indujo un aumento de la litigiosidad al punto que la suma de los casos ingresados en uno y otro tipo de órganos no sólo no se mantuvo sino que aumentó el ritmo de crecimiento.

No discuto la necesidad de la reforma, reprocho que la falta de gestión provoque una relación injustificada entre aquella y los recursos económicos, de tal modo que solo mediante un gasto desproporcionado puede llegarse a algún resultado. Un tercer ejemplo ilustrara el comentario. Son conocidas las unidades judiciales– en terminología de la NOJ- en las que sobra personal y aquellas otras en las que su falta ha terminado llevando al colapso y la solución está, entre otras, en la reordenación de efectivos del artículo 528.2 LOPJ (y artículo 66 Real Decreto 1451/2005, de 7 de diciembre), lo que significa que por razones organizativas y a través de las correspondientes modificaciones de las relaciones de puestos de trabajo, los funcionarios puedan ser adscritos a otros centros de destino.

Reordenación que nunca se lleva a cabo, porque el mismo precepto establece que el proceso de movilidad se realice en base a un proyecto presentado por las Administraciones competentes y negociado con las organizaciones sindicales más representativas mediante procedimientos de movilidad voluntaria. Dado que la negociación conlleva enfrentamiento con las organizaciones sindicales, solo queda el presupuesto y su falta para dotar nuevas plazas o cubrir las bajas existentes, significa el colapso del órgano judicial afectado.

Si alguna duda quedaba sobre éste asunto la Resolución de 8 de abril de 2010, de la Secretaría de Estado de Justicia, por la que se publica el Acuerdo entre el Ministerio de Justicia y las Organizaciones Sindicales Comisiones Obreras, Unión General de Trabajadores y Sindicato de Trabajadores de la Administración de Justicia, integrantes de la Mesa Sectorial de la Administración de Justicia, ha terminado confirmando la impresión inicial, antes expuesta, que no habrá reforma sin grandes inversiones, pues el Ministerio de Justicia garantiza que la aprobación de las RPTS (relaciones de puestos de trabajo) para el despliegue de la nueva Oficina Judicial en todas y cada una de las localidades del ámbito ministerio en las que se implante, no supondrá una disminución del número total de plazas existentes en las actuales plantillas de cada uno de los cuerpos de funcionarios al servicio de la Administración de Justicia.

El último punto que comento es el primero del título de éste apartado. La nueva oficina judicial llega tarde y sin calendario, porque ese incomprensible reparto competencial permite su implantación en los órganos judiciales dependientes del Ministerio de Justicia y la deja en el aire en todos los demás, que es precisamente donde se encuentran la mayor parte de los juzgados y tribunales y donde, solo por el número, la reorganización, cualquiera, se antoja imprescindible.

21 agosto 2010

Lecturas de verano: hace setenta años.



Setenta años de la batalla de Inglaterra y todo ha cambiado. Gandhi se ha convertido en el icono de la paz (otro más) y Churchill en el de la guerra (ese famoso discurso de 13 de mayo de 1940) y, como siempre la realidad nada tiene que ver con la actualidad.

Párrafos del libro “La batalla de Inglaterra” (Stephen Bungay)

En el año 1940, el Sr. Gandhi escribió en un periódico
Cita:

“los alemanes de las generaciones futuras honoraran a Hitler como a un genio, un hombre valiente, un organizador inigualable y mucho más”.

No era de extrañar. ¿Cómo podía alguien creer que un imperio anacrónico y casi en bancarrota, dirigido por un charlatán envejecido y reaccionario con tendencia a darle a la bebida, iba a imponerse a esta nueva fuerza joven y vibrante que encarnaba el espíritu de la era moderna?.
Cita:

Y el noveno fue Winston Churchill. Consiguió librar la batalla y llevó a cabo la campaña doméstica contra el lobby favorable a la paz. Convenció al país que su batalla era inevitable, infundió ánimo a todos e intervino con decisión en cuestiones clave.

Ahora que tenemos al Islam enfrente elijan a su líder.

19 agosto 2010

Una mirada al pasado y otra al futuro: ¿hacia dónde va la oficina judicial? (3ª parte).


2.- La política de recursos humanos en la Administración de Justicia.

Continuación del comentario del día 16 de agosto de 2010.

b) Retribuciones y recompensas vinculadas al desempeño. Es necesario vincular el desempeño de cada empleado público –y de cada organización— a un sistema de recompensas; éstas pueden ser monetarias, de promoción, reconocimiento público o tener otro carácter motivador. Obviamente, para establecer tal sistema de recompensa se precisa definir claramente las variables de que depende, y para hacer eso es imprescindible (sic) disponer de un buen sistema de medición.

En este apartado choca la intención del autor con la realidad de la Administración de Justicia en la que la productividad tiene una íntima relación con la jefatura de personal, que deberían ostentarla a todos los efectos los Secretarios Judiciales y, dado que aquella no se ejerce, la “recompensa” ha quedado limitada al cumplimiento del horario, al empleo de la aplicación informática o, al uso idioma propio de la Comunidad Autónoma.

No hago referencia a los “sistemas de medición”, por inexistentes, y lo que es peor, ni tan siquiera las estadísticas judiciales (siempre centradas en los procesos) son fiables.

c) Rotación del personal, interinidad y vacantes en el puesto de trabajo. La rotación es un mal casi endémico. A título ilustrativo, en un gran número de juzgados de primera instancia civil de Madrid durante el año 2002 cambió más del 40% de la plantilla no judicial. En sentido análogo, casi el 30% de los jueces de primera instancia civil y penal cambian de órgano cada año. Cuando estos cambios suceden, suele acarrear o bien que el puesto quede vacante durante cierto tiempo o se provea de personal interino o sustituto cuya competencia profesional es menor. Esta rotación y falta de personal daña sustancialmente el ritmo de actividad y calidad del trabajo de los órganos judiciales.

d) Formación y adiestramiento. Además de invertir en los planes de formación en el momento de acceso, es necesario reforzar la formación continua de jueces y demás personal. Aquí se incluye el nuevo papel que debería jugar el Centro de Estudios Jurídicos, encargado de formar a los secretarios judiciales en aquellas materias en las que carecen de formación, como organización y gestión, liderazgo, trabajo en equipo, uso de las TIC y los sistemas de información, gestión de personal, etc., y lo mismo a los demás miembros de la oficina, ajustando los contenidos al perfil de los usuarios y a sus necesidades prácticas reales.

e) Cumplimiento de la jornada laboral. Según estimaciones del Consejo General del Poder Judicial, cumplir la jornada equivaldría a dotar de plantilla a 350 órganos, algo más del diez por ciento de los que había en 1998 (Véase Consejo General del Poder Judicial, Memoria, 1999, vol. I, págs. 211-212). Lo sorprendente es que diez años después, este problema sigue sin resolverse. La persistencia de este problema, no solo reduce la producción, sino que evidencia algunas de las carencias endémicas señaladas, como por ejemplo, la dejación de responsabilidades, y afecta a muchas otras dimensiones de la buena justicia, como el acceso, la calidad o la legitimidad (deteriora la imagen y opinión sobre la justicia).

Añado, para terminar, un factor de notable trascendencia. Tres administraciones ejercen (o pretenden) la gestión del personal. La competencia está atribuida al Ministerio de Justicia o la Comunidad Autónoma que tenga la trasferencia, encargándose de la jefatura, ordenación y gestión de los recursos humanos de la Oficina Judicial, así como de los medios informáticos, nuevas tecnologías y demás medios materiales. Y el Consejo General del Poder Judicial (artículo 216 bis 1 LOPJ), puede acordar medidas de apoyo judicial consistentes en la adscripción de Jueces sustitutos o Magistrados suplentes y formular propuestas al Ministerio de Justicia o la Comunidad Autónoma para la adecuación de las plantillas. No hace falta darle muchas vueltas para concluir cuáles son los efectos en los Juzgados del conflicto entre esas Administraciones o, de la desatención de sus obligaciones.

18 agosto 2010

Lecturas de verano: ¿Por qué cierran los Juzgados en Agosto?.


Sigo interrumpiendo mi decimocuarto (y aburrido) análisis sobre la oficina judicial, para centrarme en, esta ocasión, en un artículo publicado por el diario EXPANSIÓN.COM y que bajo el título que ya he copiado en el encabezamiento, crea el autor lo que denomino una ensalada conceptual, en la que cada concepto pierde su sentido y, agarra el del más próximo, haciendo imposible comprender lo que pretende decirse (si algo pretendía decirse) y con vuelta y vuelta de tenedor y cuchara y un poco de aceite y vinagre, resulta que un juzgado es como un puerto, un aeropuerto, un bar o una carretera y si nadie cierra en agosto, tampoco deben hacerlo los juzgados. Servicio público dónde los haya y cuya ineficacia acarrea graves perjuicios económicos para el país. O, mejor dicho y en resumen, ya que parece haber cuentas pendientes entre el autor y algún Magistrado: los jueces tienen muchas vacaciones y trabajan poco.

No perderé el tiempo en lo evidente, pero haré propio el razonamiento del autor para recorrer el camino contrario y quizá, para llevarnos alguna sorpresa. Bien, supongamos que todos los Juzgados civiles (incluyo las Secciones de las Audiencias Provinciales y el Tribunal Supremo) señalan juicios todos los días del año y tienen jornada de mañana y tarde en dos turnos – desde las 8.00 horas hasta las 22.00 horas- y, supongamos, también la existencia de un convenio colectivo – término empleado en el artículo con no sé qué finalidad- con un calendario laboral que permite irse de vacaciones a la plantilla de cada Juzgado el mes de enero o el de mayo. Y ahora supongamos que cada Juez, Secretario Judicial y Juzgado conoce solo los asuntos que no superan los límites marcados por el Consejo General del Poder Judicial o el Consejo de Europa (solo citamos al vecino de frontera para lo que nos interesa) y, que cada litigio pasa por caja antes de repartirse por el Decanato (abonando la pertinente tasa, como en todos los países de la Unión Europea).

Y, con esa organización, propia de un puerto o un aeropuerto, (no de una carretera o de un bar) en la que evidentemente habría que modificar las causas de suspensión del artículo 188 LEC, suprimiendo, entre otras, la del doble señalamiento o la preferencia de la jurisdicción penal, a buen seguro sacaremos el papel que se reclama y los Jueces evitarán la ineficacia que se les reprocha, pero no porque señalemos el mes de agosto, que también, sino porque no entrará en el Juzgado cualquier demanda como ocurre hoy (recordemos, pago de la tasa), y desaparecerán los miles de abogados que no trabajan en los cuatro despachos de las multinacionales. Y con esa disminución de trabajo y litigantes: ¿haría falta abrir en Julio?.

17 agosto 2010

Lecturas de verano: la paz.


Interrumpo mi decimocuarto (y aburrido) análisis sobre la oficina judicial – la nueva, la antigua y la medio pensionista- para centrarme en las tradicionales lecturas de verano, que tiempo ha solían llenar los periódicos del mes de agosto de relatos infumables. Ignoro si persiste la costumbre, pero tampoco hace falta mucho trabajo para encontrar los sustitutos adecuados.

Vayamos con el BOE y su también acostumbrada vocación veraniega de la sorpresa, provocativa donde las haya ya que presume que nos volvemos ciegos el mes de agosto; además de mudos, que ya lo estamos el resto del año. En el BOE del 6 de agosto aparece publicada la adjudicación de la adquisición de 10 Estaciones de Armas (RCWS) "Mini Samson" para su integración en vehículos blindados RG-31 para misiones de operaciones de paz.

Curioso que en operaciones de paz, tengamos que utilizar blindados RG-31 y más curioso que vayan equipados con una plataforma de armamento por control remoto Samson y todavía más, que la plataforma en cuestión sea israelí (Katlanit, que significa "letal" en hebreo) y que permita que ametralladoras de diferente calibre, lanzagranadas automáticos, misiles antitanque y sistemas de observación sean operados sin mucho riesgo para la tripulación del blindado.

Y esto ¿tiene algo que ver con la paz?. Nada, evidentemente, es material de guerra, para combatir en condiciones de superioridad, lógico y obligado, pero ese no es el cuento que le gusta oir a la masa española (la sociedad es otra cosa) de la solidaridad y de abre y cierra la muralla y, de nos juntamos las manos y los pies y lo que se tercie. La realidad es otra, u otras: las cosas se están poniendo más feas en la guerra de Afganistán y, pueden ponerse serias en el Líbano y desde luego Israel no tolera juegos en sus fronteras (va en ello su existencia).

Busco en el manual de la Alianza para las Civilizaciones cuando van a realizarse las próximas maniobras conjuntas del Regimiento Británico de Gibraltar y el Ejercito Marroquí, pero no encuentro nada.