La legalidad en una caseta de ferias




En el año 2005, la Consejería de Justicia y Administración Pública de la Junta de Andalucía cita (o enfila) a una serie de Secretarios Judiciales con destino en la Comunidad Autónoma que, se decía, habían mantenido reiteradas conductas obstruccionistas al deber de colaboración requerido, para que informasen sobre el seguimiento de los paros por el personal adscrito a sus centros de destino y para la notificación de las oportunas deducciones retributivas. El expediente se incoó por falta grave del artículo 536 B)-6 LOPJ (negligencia o retraso injustificado en el cumplimiento de las funciones inherentes al puesto de trabajo o funciones encomendadas cuando no se constituya un notorio incumplimiento de las mismas). Dicha incoación fue notificada a la Secretaria de Gobierno del TSJA, al CGPJ y a los interesados y la apertura de los expedientes (33) tuvo repercusión en los medios de comunicación de Andalucía e incluso fue objeto de debates en el Parlamento Andaluz. Dichos expedientes se cierran cuatro meses y medio después de haberse incoado sobre la base de una comunicación de la Consejería de Justicia de Andalucía que considera adecuado que sean paralizados y sobreseídos.

Con el lógico mosqueo de algunos afectados se interpusieron recursos en reclamación de daños, rechazados por el Ministerio de Justicia, que había actuado a la “voz” de la Consejería de Andalucía y que ahora se encontraba con la necesidad de encuadrar la susodicha “voz” en alguno de los artículos que regulan la responsabilidad disciplinaria de los Secretarios Judiciales. El día 9 de junio de 2009, en uno de los recursos planteados, se dictó Sentencia en primera instancia en la que se estimó parcialmente el recurso contencioso administrativo y, se declaró la responsabilidad patrimonial de la Administración y el pago a la demandante 3.000€ por los daños morales ocasionados por la incoación injustificada de un expediente disciplinario.

Cuidado con sacar conclusiones erróneas de la estimación parcial y ahora se explicaran lo de la incoación a la “voz” que antes refería, porque el Juez de Instancia entendió que el Ministerio de Justicia al incoar el expediente disciplinario careció de un presupuesto objetivo de hecho que justificara la incoación por cuanto no existía, ni se incorporó después, ni se acredito en vía judicial indicio material alguno que permitiera pensar en la comisión de hecho constitutivo de falta grave de negligencia o retraso injustificado en el cumplimento de las funciones inherentes al puesto de trabajo, llegando a la conclusión que en el caso de autos se incoa un expediente disciplinario porque lo pide otro órgano administrativo y se archiva meses después porque lo pide el mismo órgano, en ambos casos sin motivo alguno relacionado con el hecho presuntamente constitutivo de la infracción. Legalidad sin frenos y cuesta abajo.

El representante legal de la Administración del Estado, supongo que en representación del Estado y no de la legalidad y sin que conste sonrojo alguno en la postura sostenida, impugnó la sentencia en apelación alegando que no hubo antijuridicidad en el daño ya que la actuación de la Administración al iniciar el expediente disciplinario fue conforme a Derecho y, en consecuencia, negó la existencia de daños a indemnizar, cuestionando su realidad sobre la base de que al no darse publicidad a la identidad concreta de la recurrente no se le causa daño moral alguno. Solo faltaba, diría el clásico, que después de abrir expedientes disciplinarios como quien tira en una caseta de feria y con la misma puntería, nos buscáramos una excusa porque el pato no se estaba quieto.

La Sentencia Audiencia Nacional, Sala de lo Contencioso, Sección 3ª, de 27 de mayo de 2010 (ROJ SAN 2649/2010) no entró a valorar tan curioso procedimiento disciplinario y por mor del artículo 81 -1 a) LJCA (que exceptúa del recurso apelación las sentencias de los Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo dictadas en asuntos cuya cuantía no exceda de 18.000) inadmitió el recurso de apelación ya que en el supuesto enjuiciado la pretensión en la apelación se cuantificó en el importe de la indemnización que la Administración, única parte recurrente, estaba obligada a pagar (3.000,00€).

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