30.000,00€ (o más) por el honor de un Letrado.



La mercantil " Madrileña del Frac S.L." se dirigió a la Junta de Gobierno del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid el día 1 de marzo de 2005 en escrito que, según el letrado afectado, suponía la atribución de hechos delictivos, con demerito y daños al honor personal y profesional del demandante, así como a su prestigio fama y estima. En la denuncia se afirmaba que el abogado podía haber incurrido en responsabilidad disciplinaria por infracción del código deontológico ya que mantuvo un comportamiento desleal y fraudulento con la finalidad de obtener un lucro ilícito al haber urdido una estratagema dirigida a perjudicar a la entidad simulando despidos ficticios y que desembocó en procedimiento ante la jurisdicción social.

Así comienza la historia y la palabra demandante no es inocente, pues el letrado al que se refería “Madrileña del Frac SL”, entendió que tal conducta (la queja en el Colegio de Abogados) suponía una intromisión ilegítima en el derecho al honor, la producción de un daño moral y 30.000€, que se pedían como compensación por los daños causados, como pago por los de la misma naturaleza que se padecieran en el futuro por los mismos hechos y como resarcimiento por los daños morales causados. Pedía también un par de publicaciones que omito para no confundir al lector entre tanto “petitum”.

El Juzgado de Primera Instancia nº 50 de Madrid, dictó sentencia en fecha 6 de noviembre de 2006 desestimando la demanda, que confirmó la Sección 18ª de la Audiencia Provincial de Madrid, en fecha 27 de abril de 2007 y la reciente Sentencia Tribunal Supremo, Sala 1ª, de 10 de Junio del 2010 (ROJ: STS 2895/2010) declara no haber lugar al recurso de casación.

La Sentencia de la Sala distingue entre la libertad de expresión, cuyo objeto son los pensamientos, ideas y opiniones y, el derecho a comunicar información y aclara que el artículo 20.1 de la Constitución Española ni protege la divulgación de hechos que son simples rumores, invenciones o insinuaciones carentes de fundamento, ni tampoco da amparo a las insidias o insultos.

La aplicación de la doctrina significa:

1) En el escrito de la mercantil se exponen un conjunto de actuaciones profesionales derivadas de una relación laboral entre las partes, que desembocó en procedimiento ante la jurisdicción social. Responde por tanto a una comunicación lícita ante el colegio de Abogados por si los hechos fueran susceptibles de recriminación en vía disciplinaria y no hay ataque ilegítimo al honor.

2) No solo el hecho es el colofón de una relación laboral, sino que la trascendencia pública quedó limitada a los miembros de la junta de gobierno del Colegio Profesional, que procedió a su archivo sin pronunciarse sobre los hechos imputados al entender que los mismos se referían a la actuación del denunciado como particular y no en su condición de Letrado.

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