26 julio 2010

30.000,00€ (o más) por el honor de un Letrado.



La mercantil " Madrileña del Frac S.L." se dirigió a la Junta de Gobierno del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid el día 1 de marzo de 2005 en escrito que, según el letrado afectado, suponía la atribución de hechos delictivos, con demerito y daños al honor personal y profesional del demandante, así como a su prestigio fama y estima. En la denuncia se afirmaba que el abogado podía haber incurrido en responsabilidad disciplinaria por infracción del código deontológico ya que mantuvo un comportamiento desleal y fraudulento con la finalidad de obtener un lucro ilícito al haber urdido una estratagema dirigida a perjudicar a la entidad simulando despidos ficticios y que desembocó en procedimiento ante la jurisdicción social.

Así comienza la historia y la palabra demandante no es inocente, pues el letrado al que se refería “Madrileña del Frac SL”, entendió que tal conducta (la queja en el Colegio de Abogados) suponía una intromisión ilegítima en el derecho al honor, la producción de un daño moral y 30.000€, que se pedían como compensación por los daños causados, como pago por los de la misma naturaleza que se padecieran en el futuro por los mismos hechos y como resarcimiento por los daños morales causados. Pedía también un par de publicaciones que omito para no confundir al lector entre tanto “petitum”.

El Juzgado de Primera Instancia nº 50 de Madrid, dictó sentencia en fecha 6 de noviembre de 2006 desestimando la demanda, que confirmó la Sección 18ª de la Audiencia Provincial de Madrid, en fecha 27 de abril de 2007 y la reciente Sentencia Tribunal Supremo, Sala 1ª, de 10 de Junio del 2010 (ROJ: STS 2895/2010) declara no haber lugar al recurso de casación.

La Sentencia de la Sala distingue entre la libertad de expresión, cuyo objeto son los pensamientos, ideas y opiniones y, el derecho a comunicar información y aclara que el artículo 20.1 de la Constitución Española ni protege la divulgación de hechos que son simples rumores, invenciones o insinuaciones carentes de fundamento, ni tampoco da amparo a las insidias o insultos.

La aplicación de la doctrina significa:

1) En el escrito de la mercantil se exponen un conjunto de actuaciones profesionales derivadas de una relación laboral entre las partes, que desembocó en procedimiento ante la jurisdicción social. Responde por tanto a una comunicación lícita ante el colegio de Abogados por si los hechos fueran susceptibles de recriminación en vía disciplinaria y no hay ataque ilegítimo al honor.

2) No solo el hecho es el colofón de una relación laboral, sino que la trascendencia pública quedó limitada a los miembros de la junta de gobierno del Colegio Profesional, que procedió a su archivo sin pronunciarse sobre los hechos imputados al entender que los mismos se referían a la actuación del denunciado como particular y no en su condición de Letrado.

24 julio 2010

Silencio, el demócrata acechante y el ibuprofeno.


En la última semana y en dos ocasiones distintas y distantes, dos personas diferentes me han pedido que guarde el silencio, o no escriba, sobre dos asuntos que poco tenían en común. En las dos ocasiones he cumplido lo pedido, pero aprovechando la entrevista al Juez Decano de Valencia, no me resisto a firmar un par de párrafos para comentar ese silencio cómplice que ha invadido la sociedad española.

Que el Juez Decano de Valencia reproche al poder político (da igual los colorines, son todos iguales) su quehacer profesional, insisto, profesional, no llamaría la atención si el Juez Decano de Valencia fuera un Right Honourable Judge y hubiera dado una entrevista en el Times o en el Guardian. Sucede frecuentemente en democracias consolidadas y no pasa nada, o sí, una sesión parlamentaria en la que se cantan las cuarenta (vean algún debate por televisión, merece la pena); se realiza un dictamen por un tercero independiente que se publica y cumple o, por último, se ordena una consulta pública.

Eso en democracias consolidadas. En la nuestra hay silencio porque el demócrata te acecha, califica, vigila y, si puede, te aparta o aplasta. Y en esa dualidad (apartamiento o aplastamiento) ya sabe cada uno lo que tiene que hacer: ponerse delante o detrás de la pancarta, para progresar adecuadamente detrás del líder – curioso esto de los líderes únicos ahora que está de moda la memoria histórica del último cuarto de hora de la historia de España- o, pegarse un bofetón irrecuperable con un par de dientes menos.

Pedro Viguer criticó ayer que a la clase política "no les suscita ningún interés el funcionamiento ordinario de la justicia pese a que es el que afecta a todos los mortales, porque todos pasamos por situaciones de despidos, divorcios, accidentes de tráfico o impagos". El decano de los jueces de Valencia insistió en que "no hay mayor inversión social que la inversión en Justicia".

Ya va siendo hora que sean los políticos quienes guarden silencio, que no hay ibuprofeno bastante para el dolor de cabeza.

22 julio 2010

Otra de custodia: en busca del CD perdido


Mientras algunas Consejerías de Justicia vienen anunciando el expediente digital (y aciertan, porque la referencia al dígito es al dedo y no a otra cosa), nos sorprenden Sentencias como la de la Sala 3ª de 14 de junio de 2010 (Roj: STS 3147/2010), en la que se sostiene la conformidad a derecho de un acuerdo de la Comisión Disciplinaria del CGPJ que resolvió el archivo de una queja contra una resolución de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo. El quejoso sostenía que la Sala de lo Penal se había pronunciado sin tener en cuenta todas las pruebas que le fueron ofrecidas y, en particular un CD supuestamente extraviado.

Hasta muy recientes fechas la informatización en la Administración de Justicia ha sido una amenaza, siempre parcial y en los presupuestos de las Comunidades Autónomas (quien paga manda) y, llegados al límite de la incomunicación, con siete sistemas interconectados con el teléfono, el fax, el exhorto en papel, a silbidos y algún correo electrónico, las últimas aplicaciones del Ministerio de Justicia (dígase todo, a resultas del caso Mari Luz) han arrojado algo de luz en forma de vela sobre este dislate.

LEXNET (sistema de notificación), el SIRAJ (Registros penales, que terminarán funcionando, pero que arrancó con las prestaciones propias de una patata) y el PNJ (Punto neutro judicial del CGPJ), son el comienzo y sería necesario que continuara con una aplicación procesal única, pero eso lo dejo para peor ocasión y retorno a la Sala tercera.

La queja referida a la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo consistía en que, se había presentado un escrito al que iba adjuntado un CD, y la referida Sala, en posteriores resoluciones, indicó que dicho CD no había sido aportado, censurándose el defecto en la custodia de documentos.

La sentencia confirma el archivo del CGPJ por dos razones:

a) Del sello de presentación de un escrito en el Registro General del Tribunal Supremo no es posible deducir cosa distinta de lo que efectivamente certifica que no es sino la fecha de presentación del mismo en el Registro. Es decir, ni da constancia de la realidad del contenido de dicho escrito ni de la veracidad de lo en él consignado.

b) En el hipotético caso en que dicho CD efectivamente hubiera sido adjuntado en un sobre grapado a la solicitud de autorización presentada por la recurrente, tal y como sostiene, tampoco la posible pérdida del mismo habría de ser imputada a los Magistrados componentes de dicha Sala ya que, desde que dicho documento se deposita en el Registro hasta que llega físicamente a la Secretaría de la Sala para, posteriormente, formar parte de las actuaciones a valorar por dichos Magistrados, sufre un proceso de traslado y manipulación a cargo de distinto personal al servicio de la Administración de Justicia que, nada tiene que ver con los Magistrados componentes del órgano jurisdiccional denunciado y sobre el cual el Consejo General del Poder Judicial carece de competencias disciplinarias.

21 julio 2010

Los funcionarios interinos: adoptantes de hecho (iv)



Cae en mis manos el borrador de la última orden sobre selección y nombramiento de funcionarios interinos y dejando al margen que el conocimiento del idioma autonómico puntúa por encima de la licenciatura en Derecho (lógico, si tenemos en cuenta que en los Juzgados nos dedicamos a las relaciones sociales y solo se aplica derecho tomando café), me llama la atención que continúa atribuyéndose a cada Juzgado o Audiencia Provincial la responsabilidad sobre todo lo que tenga que ver con el funcionario interino que se nombre, transformándose la designación en una especie de adopción de hecho.

Dice el borrador que con carácter previo al nombramiento como funcionarios en prácticas, se podrá convocar por orden de inscritos en la bolsa, a los aspirantes que no reúnan 15 meses de servicios efectivos dentro de los 4 años anteriores a la convocatoria, para realizar un curso formativo, de carácter obligatorio y eliminatorio. Llamó la atención sobre el tiempo verbal “podrá convocar” que debe leerse como “ya veremos” o, en relación a otro de los párrafos de la norma, que establece que para supuestos excepcionales o por necesidades coyunturales, en que no se haya realizado el curso de formación previsto, o a petición motivada del órgano judicial, aquellos interinos que sean nombrados en prácticas, podrán realizar un curso de formación, de quince días de duración, en su puesto de trabajo.

Para que nos entendamos. Se designa al interino y según responda el juzgado se realiza el curso del “ya veremos”, en el puesto de trabajo, fuera de las horas de audiencia y según la disponibilidad presupuestaria. Pero obsérvese que se requiere una “petición motivada del órgano judicial” y, como la motivación – sabido es- va por barrios y sentencias, puede ocurrir que ni tan siquiera lleguemos al curso del “ya veremos”, si el Secretario Judicial no anda listo y expone en un par de párrafos la razón por la que, verbigracia, una cajera sin formación no puede prestar servicio en un Juzgado de Instrucción.

Superado el curso de formación previsto, el aspirante puede ser nombrado funcionario interino en prácticas en un órgano judicial por un periodo de dos meses. Y una vez finalizado el periodo de prácticas de dos meses, el Secretario Judicial, emitirá informe que tampoco vale de mucho (de nada) por dos razones:

a) Si el funcionario en prácticas es nombrado en varios órganos o servicios de la Administración de Justicia, por plazos inferiores a 2 meses, el periodo en prácticas se entenderá superado cuando de al menos dos tercios del mismo no se emita informe alguno por el Secretario o Secretarios de los órganos judiciales de destino.

b) Cuando se emita informe desfavorable, se procederá al cese del funcionario interino. A tal efecto, se dará traslado del informe desfavorable al funcionario interino cesado, para que en el plazo de diez días realice las alegaciones que estime oportunas. Valoradas las alegaciones por la Dirección General, ésta podrá acordar su readmisión a la bolsa de trabajo de origen en el último lugar del Cuerpo al que pertenezca.

Y termino con una novedad: el cese del funcionario interino por rendimiento insuficiente, en procedimiento complicadísimo que debe durar el máximo de seis meses y que puede terminar o no, con el cese, pero que contiene una cláusula para amigos y familiares porque puede declararse el rendimiento insuficiente del interino o la interina y, pese a ello, disponer su cese y reincorporación por una única vez a su bolsa correspondiente.

19 julio 2010

Diez causas del colapso judicial: la estadística judicial (iv)

En el año 1994 el CGPJ se inventó el Boletín de estadística trimestral, un tocho en papel de considerable tamaño que había que remitir los diez primeros días de cada mes. En aquellos tiempos, no tan lejanos, la estadística la pedía el INE (que la controlara o verificara es verbo distinto y distante) y durante varios trimestres se mandaron datos a uno y otro organismo sin que nadie explicara la razón. Pasado el tiempo, ahora ya en el presente, la costumbre de no explicar nada sigue muy asentada – debe ser una técnica de recursos inhumanos- y la estadística judicial, que cedió el INE al CGPJ, nos sorprende anualmente con novedades y requerimientos de nuevos datos, que nadie sabe de dónde sacar, que no proporcionan las aplicaciones informáticas y que nos suele tener muy entretenidos y divertidos.

Divertimento que en el año 2005 alcanzó tintes de rebelión – al que se sumó quien redacta estas líneas- cuando el CGPJ impulsó la puesta en marcha de las Oficinas de Señalamiento Inmediato en varias ciudades. Se modificó, sobre la marcha, la recogida de datos estadísticos en los Juzgados de Primera Instancia y pese a que no se implantaron las tales oficinas, se siguen recogiendo igual cinco años después. Llegamos a un punto en el que parece dar igual el contenido, siempre que tengamos un número que sumar o restar.

La estadística es una herramienta del conocimiento, objeto de estudio universitario y que desde hace décadas no tiene nada que ver con la ciencia del palote o la barra invertida cruzada en horizontal cuando llegamos a cinco y mientras no salgamos de esa situación, solo podremos seguir tirando de presupuesto y crear juzgados para remediar el aumento de pleitos y litigios. Que la cosa funcione es otra cosa y como no se investigan las causas (estadística), se continúan inaugurando juzgados y la cosa sigue sin funcionar.

Aunque, quizá, nos interese ignorar el estado real de la Administración de Justicia y así, cada año, habremos resuelto millones de asuntos, de los millones que se registran, con miles de funcionarios arriba y abajo, haciendo miles de cosas y con tasa de pendencia del menos treinta y tres.

17 julio 2010

Solo será eficaz una justicia cara.



Cuenta la leyenda que en el Servicio Común de Notificaciones de Madrid se cobraba por respirar y era habitual el trasiego de funcionarios haciendo notificaciones a cualquier hora, hasta que un buen día alguien decidió que la gratuidad de la justicia entrara en la sede del Servicio Común, cual corriente de air fresco y, limpiara la casa de corruptelas y quehaceres discutibles. Se pasaron con el termostato y de fresco, se pasó a gélido y tan gélido fue el aire de renovación, que el Servicio Común se paró. Los funcionarios no entendieron que la gratuidad de la justicia tuviera algo que ver con sus salarios.

Después de muchos años de aire renovador hemos acabado todos constipados y alguno con pulmonía, pero sigue el empeño que niega la evidencia: los funcionarios, como todos los demás, trabajamos por dinero y se ha roto el equilibrio entre el llamado acceso a la justicia (que debe ser un derecho condicionado) y los medios y sueldos de quienes trabajamos en la justicia.

No cito ejemplos – recuerdo, nos sirve de anécdota, la lectura de alguna resolución de Registros y del Notariado que refería la pérdida en cuatro ocasiones del Libro de Familia-, pero si el convencimiento que la gratuidad de la justicia no puede significar que la Administración ponga en manos de ciudadanos y profesionales equipos humanos y materiales para resolver cualquier cuita y cuando escribo cualquiera, me refiero a juicios verbales de trafico por 300,00€, monitorios con oposición por 900,00€, la vecina me ha llamado “guarra” y estoy indignada o el empresario no me ha pagado 0,50€ de la hora del bocadillo. Una de las últimas modas en juicios ordinarios de cierta cantidad (7.000,00€ o más y, a veces bastante más) es que el demandante pide el reconocimiento de la justicia gratuita antes de iniciar el asunto no vaya a ser qué y, cuando se reconoce presenta la demanda. Desde luego hay gente que tiene fino el olfato: los tres pleitos perdidos y los tres pleitos sin costas (qué es lo único que se paga en la justicia española).

Evidentemente la justicia no dejará de ser gratuita, que es ahora sinónimo de “barra libre”, pero si en algún momento se estudiará con seriedad (la estadística judicial es otra cosa) qué demandas o denuncias se presentan y su importe, nos llevaríamos alguna sorpresa.

12 julio 2010

NKOSI SIKELELE

El viejo himno era claramente inaceptable. Una parte de DIE STEM, una lúgubre melodía marcial, era una aceptable y neutral suplica a Dios para que “proteja nuestra amada tierra”, pero otra – y ésa era la parte que oían los negros- celebraba los triunfos de Retief, Pretorius y el resto de los “expedicionarios” en su marcha hacia el norte a través de Sudáfrica en el Siglo XIX, una marcha en la que aplastaron la resistencia negra y sus “carros chirriantes dejaron sus surcos en la tierra”. El himno extraoficial de la Sudáfrica negra el NKOSI SIKELELE, era la sentida expresión de un pueblo que había sufrido mucho tiempo y anhelaba la libertad.

La reunión acababa de empezar cuando entró un ayudante para informar a Mandela que tenía una llamada de un jefe de Estado. Salió de la sala y los treinta y pico hombres y mujeres del órgano supremo de decisión del Congreso Nacional Africano (CNA) siguieron debatiendo sin él. Hubo un consenso abrumador a favor de eliminar el DIE STEM y sustituirlo por el NKOSI SIKELELE. Los miembros del comité ejecutivo estaban felicitándose por su decisión y lo que simboliza para la nueva Sudáfrica cuando regresó Mandela. Le dijeron lo que habían decidido y él respondió: “Pues lo siento. No quiero ser grosero, pero…creo que debo expresar lo que pienso sobre esta propuesta. Nunca pensé que personas experimentadas como vosotros podía tomar una decisión de tal magnitud en un tema tan importante sin ni siquiera esperar al presidente de vuestra organización

Y, entonces Mandela expuso su punto de vista. "Esta canción que despacháis con tanta facilidad contiene las emociones de muchas personas a las que todavía no representáis. De un plumazo, decidiríais destruir la –única- base de lo que estamos construyendo: la reconciliación".

Memoria histórica en 'El factor humano' (Seix Barral) John Carlin, páginas 187 y 188.

11 julio 2010

De mayor quiero ser gibraltareño


Una de las indiscutidas ventajas de rendir pleitesía a la Corona Británica es que no hay una relación directa entre la idiotez y las elecciones, de tal forma que el hecho de votar no te atribuye los cuatro años siguientes la condición de idiota. Idiota, cuando no oveja, porque los colores depositados en las urnas tienen mucho que ver con nuestra introspección y si uno quiere ser oveja no le quitare el capricho.

Y viene esto a cuento no solo porque Inglaterra (y País de Gales) sea el único país que ha conseguido reformar su sistema judicial en diez años y con un éxito indudable – cuando tengan un rato piensen las razones por las que Londres sigue siendo la capital financiera del mundo pese al euro-, sino por el respeto al votante, considerado ciudadano y no idiota u oveja, según los colores. Ciudadano que además conoce a quién vota y le pide cuentas los días que tiene abierta su oficina electoral.

A la incautación del sueldo de los funcionarios públicos españoles acordada de un día para otro – como la reforma de la justicia- y publicada en el BOE al día siguiente, ha seguido la nada, porque el respeto a mi coeficiente intelectual, que otros no tienen, me obliga a rechazar el “esfuerzo colectivo” para sacar a España de la crisis. Tenía clara la cualidad de idiota, propia del votante español, cada cuatro años, no cada cuatro minutos.

Publica hoy
EXPANSION.com que el Tesoro británico había recibido 61.888 propuestas de los funcionarios de Reino Unido sobre cómo reducir el gasto público. Entre las ideas aportadas por los funcionarios públicos británicos en el sitio web http://spendingchallenge.hm-treasury.gov.uk/ se pueden encontrar desde sugerencias para instalar sistemas de apagado automático de los ordenadores de los organismos públicos cuando no se utilizan para ahorrar energía, a propuestas para dotar de mayor capacidad a las autoridades para perseguir el fraude, así como reducir el número de mandos intermedios en las empresas, sustituir el envío de informaciones internas en papel por el correo electrónico o anular los acuerdos con Microsoft para utilizar en la Administración software libre y sistemas operativos basados en Linux.

Seguí la reforma de la justicia inglesa desde el primer dictamen de Lord Woolf y se aceptaron múltiples sugerencias o propuestas en los textos legales aprobados, las instrucciones prácticas, el nombramiento de jueces y la constitución de tribunales así que, con la reducción del gasto público, sucederá lo mismo.

No me extraña que los gibraltareños se resistan, yo también lo haría.

06 julio 2010

La legalidad en una caseta de ferias




En el año 2005, la Consejería de Justicia y Administración Pública de la Junta de Andalucía cita (o enfila) a una serie de Secretarios Judiciales con destino en la Comunidad Autónoma que, se decía, habían mantenido reiteradas conductas obstruccionistas al deber de colaboración requerido, para que informasen sobre el seguimiento de los paros por el personal adscrito a sus centros de destino y para la notificación de las oportunas deducciones retributivas. El expediente se incoó por falta grave del artículo 536 B)-6 LOPJ (negligencia o retraso injustificado en el cumplimiento de las funciones inherentes al puesto de trabajo o funciones encomendadas cuando no se constituya un notorio incumplimiento de las mismas). Dicha incoación fue notificada a la Secretaria de Gobierno del TSJA, al CGPJ y a los interesados y la apertura de los expedientes (33) tuvo repercusión en los medios de comunicación de Andalucía e incluso fue objeto de debates en el Parlamento Andaluz. Dichos expedientes se cierran cuatro meses y medio después de haberse incoado sobre la base de una comunicación de la Consejería de Justicia de Andalucía que considera adecuado que sean paralizados y sobreseídos.

Con el lógico mosqueo de algunos afectados se interpusieron recursos en reclamación de daños, rechazados por el Ministerio de Justicia, que había actuado a la “voz” de la Consejería de Andalucía y que ahora se encontraba con la necesidad de encuadrar la susodicha “voz” en alguno de los artículos que regulan la responsabilidad disciplinaria de los Secretarios Judiciales. El día 9 de junio de 2009, en uno de los recursos planteados, se dictó Sentencia en primera instancia en la que se estimó parcialmente el recurso contencioso administrativo y, se declaró la responsabilidad patrimonial de la Administración y el pago a la demandante 3.000€ por los daños morales ocasionados por la incoación injustificada de un expediente disciplinario.

Cuidado con sacar conclusiones erróneas de la estimación parcial y ahora se explicaran lo de la incoación a la “voz” que antes refería, porque el Juez de Instancia entendió que el Ministerio de Justicia al incoar el expediente disciplinario careció de un presupuesto objetivo de hecho que justificara la incoación por cuanto no existía, ni se incorporó después, ni se acredito en vía judicial indicio material alguno que permitiera pensar en la comisión de hecho constitutivo de falta grave de negligencia o retraso injustificado en el cumplimento de las funciones inherentes al puesto de trabajo, llegando a la conclusión que en el caso de autos se incoa un expediente disciplinario porque lo pide otro órgano administrativo y se archiva meses después porque lo pide el mismo órgano, en ambos casos sin motivo alguno relacionado con el hecho presuntamente constitutivo de la infracción. Legalidad sin frenos y cuesta abajo.

El representante legal de la Administración del Estado, supongo que en representación del Estado y no de la legalidad y sin que conste sonrojo alguno en la postura sostenida, impugnó la sentencia en apelación alegando que no hubo antijuridicidad en el daño ya que la actuación de la Administración al iniciar el expediente disciplinario fue conforme a Derecho y, en consecuencia, negó la existencia de daños a indemnizar, cuestionando su realidad sobre la base de que al no darse publicidad a la identidad concreta de la recurrente no se le causa daño moral alguno. Solo faltaba, diría el clásico, que después de abrir expedientes disciplinarios como quien tira en una caseta de feria y con la misma puntería, nos buscáramos una excusa porque el pato no se estaba quieto.

La Sentencia Audiencia Nacional, Sala de lo Contencioso, Sección 3ª, de 27 de mayo de 2010 (ROJ SAN 2649/2010) no entró a valorar tan curioso procedimiento disciplinario y por mor del artículo 81 -1 a) LJCA (que exceptúa del recurso apelación las sentencias de los Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo dictadas en asuntos cuya cuantía no exceda de 18.000) inadmitió el recurso de apelación ya que en el supuesto enjuiciado la pretensión en la apelación se cuantificó en el importe de la indemnización que la Administración, única parte recurrente, estaba obligada a pagar (3.000,00€).

01 julio 2010

Cumpliendo la ley del Registro Civil en Getafe.




No viene a cuento o quizá sí. El Sargento de hierro es uno de los clásicos del cine de todos los tiempos; respeto otras opiniones a buen seguro equivocadas. Dirigida e interpretada por Clint Eastwood trata la historia de un sargento de artillería de los marines, destinado a una unidad de reconocimiento en la que hay un inmigrante hispano. El inmigrante, con mujer e hijos, se escapa – deserta, más claro- porque no gana lo suficiente para mantenerlos, reincorporándose después, previa ayuda económica del Sargento, lo que le permite participar con el resto de sus compañeros en la invasión de Granada. Hasta aquí la película y parte de lo que oculta: el alistamiento de inmigrantes en determinados ejércitos – el nuestro también lo permite- a cambio de la nacionalidad y otra clase de ayudas, singularmente familiares y sanitarias.

El día 30 de junio de 2010 el DIARIO DE NOTICIAS de LA LEY publicó la noticia que el titular del Registro Civil del Partido Judicial de Getafe, José María Celemín, estaba realizando un cuestionario de historia y cultura española a los inmigrantes que solicitaban la nacionalidad, preguntando sobre cuestiones como el nombre del Rey y el del presidente del Gobierno, instando a que explicaran qué fue la Guerra Civil española o lo que sucedió en 1868.

Supongo que al Magistrado de Getafe le había caído la queja de quien nunca abre la ley boca arriba, un par de llamadas de indignación sobre los derechos humanos y humanas , medio de comunicación arriba y abajo, y la cosa terminó en el CGPJ y en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid para depurar las responsabilidades del nuevo Sargento del Registro Civil. A quien esto suscribe no le sorprende que persigan a un funcionario por intentar cumplir la ley - ¿han observado el espectáculo que nos están dando con lo de la Sentencia del Estatuto de Cataluña?-, lo que le llama la atención es que ese cuestionario no sea obligatorio en todos los Registros Civiles Españoles.

Y escribo en todos los Registros, porque el artículo 220. 5 Reglamento de la Ley del Registro Civil dice: En la solicitud de carta de naturaleza, de habilitación del Gobierno para recuperar la nacionalidad española o de concesión de la nacionalidad por residencia, se indicará especialmente: Las circunstancias que reducen el tiempo exigido; si habla castellano u otra lengua española; cualquier circunstancia de adaptación a la cultura y estilo de vida españoles, como estudios, actividades benéficas o sociales, y las demás que estime conveniente.

Y el artículo artículo 221 de la misma norma establece: El Encargado, en el expediente de concesión de nacionalidad por residencia, oirá personalmente al peticionario, especialmente para comprobar el grado de adaptación a la cultura y estilo de vida españoles, y procurará oír también al cónyuge por separado y reservadamente sobre el cambio de nacionalidad y circunstancias que en ello concurren.

Aunque, pensándolo mejor es posible que el cuestionario fuera el erróneo, y si hubiera preguntado por la Roja, Belén Esteban y la Alianza de Civilizaciones, no habría existido la noticia, ni estaría escribiendo estas líneas.