Llegamos al final del camino: el Tribunal Supremo y la tasa judicial (2002-2010).


Antecedentes.

La función recaudatoria de la Administración de Justicia volvió con la tasa judicial del año 2002 y cómo de lo que se trataba era de recaudar, pero no de redactar, los artículos 35 y 36 de la LEY 53/2002 de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social de 30 de diciembre (BOE 313, de 31 de diciembre de 2.001) se antojaron incomprensibles desde el primer minuto del partido; tanto que la Agencia Estatal dictó la ORDEN HAC 661/2003 de 24 de marzo (BOE 73 de 26 de marzo de 2.003), para intentar arrojar algo de luz sobre ese apaño legislativo. Ha de advertirse que el legislador nunca deja de sorprendernos y siempre que puede empeorar las cosas, lo hace y al amparo de esta ley inmutable, los folios aclaratorios de la ORDEN, siguieron sin resolver todas las aristas de tan peculiar innovación.

La susodicha función recaudatoria impuesta a los Secretarios Judiciales en el año 2002, motivó la celebración de una Junta en Valencia en el año 2003 en la que se trataron hasta doce puntos dudosos sobre el tributo en cuestión. Junta, a la que siguió una nueva norma, esta vez del Ministerio de Justicia (rápido de reflejos como acostumbra), que en RESOLUCIÓN de 8 de noviembre de 2003 de la Secretaría de Estado, dictó instrucciones a los Secretarios Judiciales acerca del procedimiento a seguir para la tramitación de la tasa por el ejercicio de la potestad jurisdiccional en los órdenes civil y contencioso-administrativo.

Dejo para mejor ocasión el intento del recobro de la tasa en la tasación de costas, cuestión de enjundia jurídica donde las haya, pero que hay que resolver por mor del artículo 24 Constitución Española (conocido en los ambientes como “tutela judicial efectiva”).

El asunto.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Sevilla, Sección Primera, dictó el día 22 de enero de 2008 un auto de archivó unas actuaciones por el incumplimiento de la normativa sobre la tasa, entendiendo que su pago o, en su caso, la acreditación de la exención subjetiva, como un auténtico requisito procesal para la admisión del correspondiente escrito.

Anoto otra advertencia: la tasa judicial se cobra en hacienda y se justifica en el Juzgado, pero el Juzgado ignora si luego la hacienda persigue al deudor o, peor aún, si hay deudor, porque como están exentas de pago de tasa las sociedades que lo están total o parcialmente del impuesto de sociedades, y el interesado solo presenta un documento (modelo 696), con el papel en cuestión tenemos cumplido el trámite. Un lío si leen el párrafo deprisa; un absurdo si trabajan en la casa.

Lo que sospechábamos.

Como era de suponer el Tribunal Supremo en Sentencia de la Sección 4ª, de la Sala de lo Contencioso Administrativo de 5 de mayo de 2010 (Roj: STS 2395/2010) declara nulo el Auto de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, de 7 de abril de 2008, con retroacción de actuaciones al momento en que acreditado el abono de la tasa, se tuvo por interpuesto el recurso, sustanciándose el mismo por sus trámites.

Dice la sentencia que sino es atendido el requerimiento, la voluntad del legislador no es que el Juzgado o Tribunal archive el procedimiento, cuando lo que se incumple es la obligación de incorporar al proceso el justificante del pago de la tasa debidamente validado.

En primer término porque la obligación del pago se deriva necesariamente de la presentación del escrito de interposición del recurso por que precisamente el hecho imponible de la tasa lo constituye la interposición del recurso contencioso administrativo y el devengo de la misma se produce en el momento de la presentación del escrito de interposición, artículo uno 1. c) y cuatro 1. e) de la Ley 53/2.002, y no cuando el recurso se admite. Y además porque desarrollando la Ley, la Orden del Ministerio de Hacienda 661/2.003, de 24 de marzo, prevé en el número Sexto. Cuatro para el supuesto de que el sujeto pasivo no subsanare la omisión dentro del plazo establecido que el Secretario Judicial comunique esta circunstancia a la Delegación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria correspondiente, y, por su parte, la Resolución de la Secretaría de Estado de Justicia de 8 de noviembre de 2.003, que dicta instrucciones a los Secretarios Judiciales acerca del procedimiento a seguir para la tramitación de la tasa en el sexto de sus apartados, añade que el Secretario cuando no se subsanare el defecto, es decir, cuando no se abone la tasa facilitará a la Delegación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria correspondiente los datos necesarios para que ésta practique de oficio la liquidación correspondiente de la tasa.

Otra advertencia. En el siguiente párrafo es donde se encuentra la esencia de la fundamentación de la sentencia, asentada en la conocida relación entre el derecho al recurso y el derecho a la tutela judicial efectiva, del que resulta siempre excesivo y desproporcionado cualquier intento de romper el vínculo mediante la introducción de una obligación.

De este modo parece desproporcionado que se archive sin más el recurso por el impago de la tasa, salvo voluntad expresa en ese sentido manifestada por el recurrente, lo que no le eximiría en todo caso de su abono, al haberse producido ya el hecho imponible, porque, efectivamente, una medida tal parece excesiva, si se han cumplido el resto de los requisitos que exige la norma legal, cuando existe una voluntad previa manifiesta y expresa de recurrir para obtener tutela judicial efectiva frente a un acto de la Administración que se estima contrario a Derecho.

Tanto más cuanto que en este supuesto inicialmente la parte consideró que estaba exenta del pago de la tasa, lo que no le eximía de la obligación de acreditarlo ante el Tribunal y no lo hizo, y después procedió a su abono una vez dictado y notificado el Auto impugnado.

Y además porque si se examina la secuencia de las expresiones que contienen tanto la Ley 53/2002, como la posterior Orden que la desarrolla y la Resolución ulterior de la Secretaría de Estado que da instrucciones a los Secretarios Judiciales acerca del modo de proceder en relación con la tasa, se desprende que la misma tiene una clara función recaudatoria encaminada al sostenimiento del servicio de justicia cuando quien lo demanda son personas jurídicas, y, también, en menor medida disuasoria de litigios, de modo que se arbitran mecanismos para el abono de la tasa hasta imponerlo, pero sin que se pretenda si voluntariamente no se cumple, cercenar el ejercicio de la tutela judicial efectiva, y así la Ley inicialmente si no se acompaña el justificante de pago, dispone que el Secretario no dará curso al escrito procesal, salvo que la omisión se subsane en el plazo que se ha de otorgar, mientras que la Orden del ministerio de Hacienda dispone que si no se subsana la omisión dentro del plazo concedido el Secretario lo comunicará a la Delegación de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria correspondiente, en tanto que la Resolución posterior va más allá, y expresa que esa comunicación se hace para que conocidos todos los datos precisos para ello, que facilitara el Secretario, la Delegación pueda practicar de oficio la liquidación. Pero lo que en ningún momento se afirma es que el no acreditar en el plazo otorgado para ello el pago de la tasa justifique el archivo de la actuaciones, sino que por el contrario parece deducirse que la consecuencia única de ese impago será la de que no se dé curso al procedimiento hasta que finalmente se acredite la liquidación de la tasa.

Corolario.

Habiendo cerrado la Sala tercera del Tribunal Supremo una de las puertas, nos quedan varias ventanas. Supongo, en primer lugar, que la Sala primera continuará esta doctrina y no hará como en el caso del IVA en las tasaciones de costas y en segundo lugar, también supongo que la falta de curso del proceso no afectará a la firmeza de la sentencia o resolución que se impugna, porque si yo como juzgado tengo que estarme quieto y el impugnante puede subsanar cuando tenga a bien, la cosa huele a caducidad.

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