04 junio 2010

Las buenas prácticas procesales.


Desde hace tiempo el Consejo General del Poder Judicial clava en sus inspecciones la coletilla de las “buenas prácticas procesales”, siempre, claro está, referido al Secretario Judicial que viene obligado, a observar y aplicar las citadas “buenas prácticas” al movimiento de papeles. El asunto no tendría mayor interés, sino fuera porque no hay una sola norma procesal o reglamentaria que regule las susodichas prácticas y eso complica la tarea, que pasa del acatamiento de una “orden en forma de sugerencia” a la de una “invención” (con reclamación al maestro armero incluida para el caso de algún problema).

El fomento de las buenas prácticas procesales constituye uno de los instrumentos de las veintisiete páginas del Plan de Transparencia Judicial aprobado por el Consejo de Ministros de 21 de octubre de 2005 y hecho público por Resolución de 28 de octubre de 2005, de la Secretaría de Estado de Justicia. Y las tales buenas prácticas consisten:

a) en el correcto funcionamiento del Servicio Común de Registro y Reparto de las Oficinas judiciales, aprobando normas que permitan la obtención y clasificación homogénea de los datos y

b) En la reforma de las normas procesales, que evite la comisión de malas prácticas y otras tendentes a la opacidad o alteración de la realidad de la carga de trabajo del sistema judicial español, imponiendo cuantos mecanismos procesales sean pertinentes para ello.

¿Y eso es una “buena práctica procesal”?. Pues miren, no. Eso es cualquier cosa menos una práctica procesal y no hablemos ya de la bondad o maldad de la práctica, que nos llevaría a un discurso filosófico muy aburrido. Dejo apuntado que las veintisiete páginas del Plan de Trasparencia judicial no han saltado del BOE a la realidad y en los seis años siguientes no se ha aprobado una sola norma que tenga que ver con el mismo (y no provoco, quede claro, solo afirmo sin maldad alguna) y, dicho esto, una “práctica procesal” significa lo que su propio nombre indica: la aplicación de la norma según la interpretación de los órganos judiciales. No hay otro secreto, ni evidentemente mayor dificultad, porque sí muchos confunden la “independencia judicial” con la “independencia de la grapa”, no hablemos ya de la redacción y aplicación de unos criterios comunes al margen de la ley.

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