Esas cosas del Tribunal Supremo sobre el Internet.


La reciente Sentencia de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo de 18 de mayo de 2010, casó y dejó sin efecto la sentencia dictada el 29 de junio de 2007, por la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Valencia (Roj: SAP V 3819/2007), y estimando el recurso de apelación interpuesto, por Ruboskizo, SL, contra la sentencia dictada, el día 30 de noviembre de 2006, por el Juzgado de Primera Instancia número Veintitrés de Valencia, desestimó la demanda.

Los hechos declarados probados son los siguientes:

1°) Mutua Madrileña Automovilista es uno de los clientes de don J. M. M., abogado en Valencia.

2°) Ruboskizo, SL presta servicios de almacenamiento de datos, mediante una página “Web”, denominada “quejasonline”, en la que se recogen y hacen públicas las protestas de los destinatarios de aquellos respecto de las actividades de determinadas empresas.

3°) En junio de 2004, en dicha página apareció un comentario sobre Mutua Madrileña Automovilista, a nombre del demandante (que no fue el autor): “Soy abogado de Mutua Madrileña y estoy cansado de engañar a la gente, pues la Mutua me hace retrasar los expedientes, con el fin de no pagar Tiene pinta de irse al garete”.

4°) El demandante comunicó a Ruboskizo, SL la suplantación y le requirió para que retirase de la página “Web’ aquel comentario. Lo que la requerida hizo seguidamente.

El Tribunal Supremo aplicando la Directiva 2.000/31/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2000, que reguló el régimen de responsabilidad de los prestadores de servicios que actúan como intermediarios de la sociedad de la información; la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico, (que incorporó al Ordenamiento jurídico español la Directiva) y la sentencia de la misma sala de 9 de diciembre de 2.009, dispuso que en el caso de falta de conocimiento efectivo, se libera de responsabilidad a la prestadora de servicios de alojamiento por la información almacenada.

Dicho de otra forma, la sociedad Ruboskizo, SL, salvó su responsabilidad porque no conocía, ni podía razonablemente conocer, directamente o a partir de datos aptos para posibilitar la aprehensión de la realidad, que quien le suministraba el contenido lesivo para el demandante no era él, sino otra persona que utilizaba indebidamente su nombre con el ánimo de perjudicarle; ni de que, conocedora con posterioridad de esa realidad, merced al requerimiento del perjudicado, retirase el comentario sin tacha de negligencia.

Hasta aquí lo que dice el Tribunal Supremo, que más o menos reconoce que en la red hay juego libre y que cualquier persona puede decir de otra lo que quiera y como quiera (aunque sea “haciéndose pasar por un tercero”), siempre que el “mensajero” no tenga ni idea de lo que pasa o, que cuando se entere, vuelva corriendo a devolver la carta; y rechaza, tanto la argumentación de la Audiencia Provincial, como la del Juzgado de Instancia, que se fundaba en que la Directiva 200/31/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo de 8 de junio y la Ley 34/2002,de 11 de julio, en modo alguno podía sustentar o permitir que se vulnerara el derecho a la personalidad, en concreto el derecho al honor.

Curioso que el Tribunal Supremo no entré en el asunto del honor (malos tiempos para el vocablo en cuestión) y que tampoco atienda a que la mercantil apelante con posteridad al acaecimiento de los hechos enjuiciados, estableció nuevas medidas de protección para impedir que se repitieran dichas actuaciones.

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