28 junio 2010

El libro de presos en los Juzgados.


En todos los destinos (casi todos) dedicados a la instrucción penal, los Jueces o Magistrados llevan personalmente el libro, cuaderno o carpeta de presos. No he conocido un caso antes del que nos ocupa, en el que el Magistrado decidiera que la cosa no iba con él o, mejor dicho, con ella. Y, quede claro, -habida cuenta el pim-pam-pum con el que se trata la justicia por los medios de comunicación gracias, sea dicho, al primer y segundo poder del Estado- que el comentario no se dirige tanto hacia el Magistrado sancionado, como ante la falta de un mecanismo de control que permita a cualquier órgano superior la subsanación del defecto o la corrección de la falta u omisión.

La Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección 8ª, de 9 de junio de 2010 (en el buscador del CENDOJ ROJ STS 2910/2010) señala que la Magistrado incurrió en desidia, con un nivel absoluto, y que fue especialmente visible en el caso DAS, según resulta de estos hechos: en la confección de la sentencia se delegó indebidamente en el funcionario encargado de su transcripción material la tarea de control de la situación personal del condenado; la demandante se fue de vacaciones sin tomar medidas de control, pese a la dación de cuenta que realizó la Secretaria de las informaciones que habían sido solicitadas sobre la situación de DAS; y, una vez reincorporada al Juzgado después de esas vacaciones, tampoco adoptó decisión alguna ante la nueva dación de cuenta. Desidia que en el caso de EAI, no llegó a la exagerada cota del caso DAS pero merece igualmente la valoración de absoluta, porque tampoco se trató de un descuido puntual en la comprobación de un sistema de control previamente establecido sino de la ausencia total del mismo cuando las actuaciones fueron remitidas a la Audiencia.

Y llamo la atención sobre una de las dos diligencias telefónicas que se refieren en la sentencia porque explica cómo se trabaja hoy en un Juzgado. En la diligencia telefónica se hizo constar "... que en el día de hoy se ha recibido llamada telefónica de la prisión de Albolote de Granada solicitando información sobre la situación del condenado DAS y aclarar en que calidad está ingresado en prisión, comunicando que les consta sentencia dictada en el presente procedimiento y de la cual tienen copia, al mismo tiempo que se les informa por quién suscribe que los autos se encuentran en la Audiencia Provincial de Granada pendiente de resolverse recurso de apelación. Pasa a dar cuenta. Doy fe". La anterior llamada telefónica alertó a la Secretaria Judicial de que podían existir problemas con el cumplimiento de la pena, y como quiera que, al intentar comprobar el estado de la causa, no la conservaba en su poder, se puso en contacto con la Audiencia Provincia¡ de Granada -Sección Segunda-, donde le manifestaron que la resolución del recurso de apelación estaba señalada para el mes de octubre, es decir, cuando ya se hubiera producido, con creces, el cumplimiento efectivo del total de la pena impuesta.

Una vez reincorporada la Magistrado de su licencia, la Secretaria Judicial le dio cuenta de lo anterior, sin que adoptara decisión alguna, sino que ambas disfrutaron de sus vacaciones anuales el mes de julio, sin adoptar prevención alguna al respecto, ni dar instrucción alguna, confiando que quien le sustituyera hiciera algo. Reincorporadas ambas en el mes de agosto, nuevamente la Secretaria Judicial le dio cuenta a la Magistrada del testimonio recibido el 4 de julio, limitándose ésta a devolvérselo con un "pos-it" en el que literalmente dice que «esto vino de la AP porque nos hacía falta el testimonio" manuscrito por la Magistrada, sin que nada hiciera u ordenara, en orden a la libertad provisional, en tanto se sustanciaba el recurso de apelación.

Ni que decir tiene que como en otras ocasiones se le echa la culpa, permitan la licencia, a la Secretaria Judicial, a los Abogados defensores, al Fiscal interviniente y a los funcionarios encargados de transcribir la sentencia y de las ejecutorias y Servicio de Inspección del Consejo), pero en esta sede, el Tribunal Supremo ya es muy claro, al menos de momento.

Con cita de la sentencia de 26 de marzo de 2008, se concluye:

1.- La libertad es un derecho fundamental, como también lo es su tutela judicial en términos de efectividad (artículos 17 y 24 CE). Y esto hace que el control jurisdiccional de la medidas cautelares de privación de libertad que hayan sido adoptadas en el marco de un proceso penal debe ser considerado como un importantísimo deber del correspondiente Juez o Magistrado que, precisamente por razón de esa trascendencia, se traduce también en la exigencia de que ese Juez o Magistrado examine personalmente el estado de las actuaciones donde ha de realizar ese fundamental control que le corresponde en el ejercicio de su potestad jurisdiccional.

2.- Ciertamente el buen funcionamiento de una oficina judicial exige un reparto de tareas y hace inevitable un nivel de confianza del Juez en lo que realiza el equipo de funcionarios que integra la plantilla del Juzgado. Pero hay funciones que, por su trascendencia en el proceso penal y su relevante incidencia en esos derechos fundamentales a la libertad y a la tutela judicial efectiva (artículos 17 y 24 CE), requieren por parte del Juez un permanente, directo y riguroso control y, paralelamente, no toleran delegación ni confianza. Entre estas funciones figuran, por lo que antes ya se destacó, la vigilancia del curso de las medidas cautelares de privación de libertad que hayan sido acordadas.

3.- Ese carácter personal que para el Juez tiene la obligación de establecer el control que racionalmente resulte necesario para asegurar, con el nivel de efectividad constitucionalmente dispuesto, la tutela jurisdiccional del derecho fundamental a la libertad que le corresponde dispensar, excluye toda posibilidad de delegación y, por esta misma razón, no desaparece dicha obligación personal porque también otros funcionarios o profesionales tengan impuesto el deber de realizar ese mismo control; y así debe ser porque se trata de establecer de un sistema de controles múltiples y simultáneos, dirigidos precisamente a solucionar y evitar las consecuencias de los posibles fallos individuales que puedan producirse y, de esta manera, asegurar ante el ciudadano la mayor cota de eficacia en la protección de su derecho fundamental a la libertad.

4.- No es lo mismo excarcelar o dilatar la ejecución de una sentencia penal condenatoria que privar indebidamente de libertad; porque la decisión de si se decreta o no una prisión provisional, al comportar un amplio margen de valoración fáctica e interpretación jurídica, no puede ser comparada con esas otras obligaciones de inexorable e inequívoco cumplimiento, como son las que afectan a la aplicación de los límites temporales que rigen en las situaciones de prisión provisional y en el cumplimiento de las condenas penales.

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