29 junio 2010

Diez causas del colapso judicial: el Tribunal Constitucional (i)



Una de las costumbres más sorprendentes de nuestra democracia es que de jefe de negociado nivel 18 para arriba nadie tiene la culpa de nada, nadie hizo nada y nadie estaba en ningún sitio. Bajo este principio de la invisibilidad – que no suele afectar al piso oficial, al coche oficial, al sueldo oficial, al escolta oficial, al periodista oficial, ni a todo lo que termina en oficial- y de la irresponsabilidad, España está pagando unos servicios que no había contratado, pero que le están saliendo muy caros. La justicia es uno de ellos.

El estado de nuestra Justicia se lo debemos, en primer lugar y con doctorado horroris causa, a la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial del año 1985, que introdujo en el gobierno del Poder Judicial el sistema de las listas cerradas y bloqueadas (últimamente se habla de “cambio de cromos”; tanto da, utilicen el que prefieran). La designación por género político, al que pronto se sumaron los de un lado, los del otro y los del más allá, saltó sin solución de continuidad a las Sentencias del Tribunal Constitucional o, mejor dicho, a las designaciones de los Magistrados de dicho Tribunal. Y bien pronto dio sus frutos.

En el año 1990 (STC 56/1990) los Excmos. Sres. Don Eugenio Díaz Eimil, Don Luis López Guerra y Don Vicente Gimeno Sendra alumbran la doctrina de la “administración de la administración de justicia”. La construcción teórica tiene su aquel y hasta su más allá (porque de cerca no hay quien lo entienda) y se funda en que la referencia del artículo 149.1.5 de la Constitución, al término «Administración de Justicia» es sinónimo de Poder Judicial en sus aspectos funcional (potestad jurisdiccional) y orgánico (configuración abstracta, al margen de cualquier tipo de proyección territorial, de los órganos que forman dicho poder).

De tal modo que lo que la Constitución persigue al atribuir al Estado una competencia exclusiva, es el aseguramiento de un núcleo irreductible (me sonó hace tiempo a Numancia y lo hace años después) que garantice los elementos estructurales básicos del Estado, exigencia que afecta a la potestad jurisdiccional y a la configuración abstracta de los órganos judiciales, pudiendo atribuirse a las Comunidades Autónomas el resto de las funciones a través de sus Estatutos y en virtud de la cláusula residual del artículo 149.3 de la Constitución. Por ello, la provisión de medios materiales y económicos, integrada en la «administración de la Administración de la Justicia», puede ser asumida por las Comunidades Autónomas (artículo 149.3 de la Constitución).

¿Cómo han asumido las Comunidades Autónomas esa competencia?. Lean y saquen sus conclusiones: ocho aplicaciones informáticas incompatibles (8), catorce sueldos diferentes (14), diez formas de gestionar al personal (10), ocho formas de hacer edificios (8), siete clases de papel de oficio(7) (que ya ni es papel, ni es de oficio, porque es tan malo que estropea las impresoras), cinco clases de cursos sobre idiomas y peculiaridades forales (5) y una burocracia que se ha multiplicado por siete.

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