29 junio 2010

Diez causas del colapso judicial: el Tribunal Constitucional (i)



Una de las costumbres más sorprendentes de nuestra democracia es que de jefe de negociado nivel 18 para arriba nadie tiene la culpa de nada, nadie hizo nada y nadie estaba en ningún sitio. Bajo este principio de la invisibilidad – que no suele afectar al piso oficial, al coche oficial, al sueldo oficial, al escolta oficial, al periodista oficial, ni a todo lo que termina en oficial- y de la irresponsabilidad, España está pagando unos servicios que no había contratado, pero que le están saliendo muy caros. La justicia es uno de ellos.

El estado de nuestra Justicia se lo debemos, en primer lugar y con doctorado horroris causa, a la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial del año 1985, que introdujo en el gobierno del Poder Judicial el sistema de las listas cerradas y bloqueadas (últimamente se habla de “cambio de cromos”; tanto da, utilicen el que prefieran). La designación por género político, al que pronto se sumaron los de un lado, los del otro y los del más allá, saltó sin solución de continuidad a las Sentencias del Tribunal Constitucional o, mejor dicho, a las designaciones de los Magistrados de dicho Tribunal. Y bien pronto dio sus frutos.

En el año 1990 (STC 56/1990) los Excmos. Sres. Don Eugenio Díaz Eimil, Don Luis López Guerra y Don Vicente Gimeno Sendra alumbran la doctrina de la “administración de la administración de justicia”. La construcción teórica tiene su aquel y hasta su más allá (porque de cerca no hay quien lo entienda) y se funda en que la referencia del artículo 149.1.5 de la Constitución, al término «Administración de Justicia» es sinónimo de Poder Judicial en sus aspectos funcional (potestad jurisdiccional) y orgánico (configuración abstracta, al margen de cualquier tipo de proyección territorial, de los órganos que forman dicho poder).

De tal modo que lo que la Constitución persigue al atribuir al Estado una competencia exclusiva, es el aseguramiento de un núcleo irreductible (me sonó hace tiempo a Numancia y lo hace años después) que garantice los elementos estructurales básicos del Estado, exigencia que afecta a la potestad jurisdiccional y a la configuración abstracta de los órganos judiciales, pudiendo atribuirse a las Comunidades Autónomas el resto de las funciones a través de sus Estatutos y en virtud de la cláusula residual del artículo 149.3 de la Constitución. Por ello, la provisión de medios materiales y económicos, integrada en la «administración de la Administración de la Justicia», puede ser asumida por las Comunidades Autónomas (artículo 149.3 de la Constitución).

¿Cómo han asumido las Comunidades Autónomas esa competencia?. Lean y saquen sus conclusiones: ocho aplicaciones informáticas incompatibles (8), catorce sueldos diferentes (14), diez formas de gestionar al personal (10), ocho formas de hacer edificios (8), siete clases de papel de oficio(7) (que ya ni es papel, ni es de oficio, porque es tan malo que estropea las impresoras), cinco clases de cursos sobre idiomas y peculiaridades forales (5) y una burocracia que se ha multiplicado por siete.

28 junio 2010

El libro de presos en los Juzgados.


En todos los destinos (casi todos) dedicados a la instrucción penal, los Jueces o Magistrados llevan personalmente el libro, cuaderno o carpeta de presos. No he conocido un caso antes del que nos ocupa, en el que el Magistrado decidiera que la cosa no iba con él o, mejor dicho, con ella. Y, quede claro, -habida cuenta el pim-pam-pum con el que se trata la justicia por los medios de comunicación gracias, sea dicho, al primer y segundo poder del Estado- que el comentario no se dirige tanto hacia el Magistrado sancionado, como ante la falta de un mecanismo de control que permita a cualquier órgano superior la subsanación del defecto o la corrección de la falta u omisión.

La Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección 8ª, de 9 de junio de 2010 (en el buscador del CENDOJ ROJ STS 2910/2010) señala que la Magistrado incurrió en desidia, con un nivel absoluto, y que fue especialmente visible en el caso DAS, según resulta de estos hechos: en la confección de la sentencia se delegó indebidamente en el funcionario encargado de su transcripción material la tarea de control de la situación personal del condenado; la demandante se fue de vacaciones sin tomar medidas de control, pese a la dación de cuenta que realizó la Secretaria de las informaciones que habían sido solicitadas sobre la situación de DAS; y, una vez reincorporada al Juzgado después de esas vacaciones, tampoco adoptó decisión alguna ante la nueva dación de cuenta. Desidia que en el caso de EAI, no llegó a la exagerada cota del caso DAS pero merece igualmente la valoración de absoluta, porque tampoco se trató de un descuido puntual en la comprobación de un sistema de control previamente establecido sino de la ausencia total del mismo cuando las actuaciones fueron remitidas a la Audiencia.

Y llamo la atención sobre una de las dos diligencias telefónicas que se refieren en la sentencia porque explica cómo se trabaja hoy en un Juzgado. En la diligencia telefónica se hizo constar "... que en el día de hoy se ha recibido llamada telefónica de la prisión de Albolote de Granada solicitando información sobre la situación del condenado DAS y aclarar en que calidad está ingresado en prisión, comunicando que les consta sentencia dictada en el presente procedimiento y de la cual tienen copia, al mismo tiempo que se les informa por quién suscribe que los autos se encuentran en la Audiencia Provincial de Granada pendiente de resolverse recurso de apelación. Pasa a dar cuenta. Doy fe". La anterior llamada telefónica alertó a la Secretaria Judicial de que podían existir problemas con el cumplimiento de la pena, y como quiera que, al intentar comprobar el estado de la causa, no la conservaba en su poder, se puso en contacto con la Audiencia Provincia¡ de Granada -Sección Segunda-, donde le manifestaron que la resolución del recurso de apelación estaba señalada para el mes de octubre, es decir, cuando ya se hubiera producido, con creces, el cumplimiento efectivo del total de la pena impuesta.

Una vez reincorporada la Magistrado de su licencia, la Secretaria Judicial le dio cuenta de lo anterior, sin que adoptara decisión alguna, sino que ambas disfrutaron de sus vacaciones anuales el mes de julio, sin adoptar prevención alguna al respecto, ni dar instrucción alguna, confiando que quien le sustituyera hiciera algo. Reincorporadas ambas en el mes de agosto, nuevamente la Secretaria Judicial le dio cuenta a la Magistrada del testimonio recibido el 4 de julio, limitándose ésta a devolvérselo con un "pos-it" en el que literalmente dice que «esto vino de la AP porque nos hacía falta el testimonio" manuscrito por la Magistrada, sin que nada hiciera u ordenara, en orden a la libertad provisional, en tanto se sustanciaba el recurso de apelación.

Ni que decir tiene que como en otras ocasiones se le echa la culpa, permitan la licencia, a la Secretaria Judicial, a los Abogados defensores, al Fiscal interviniente y a los funcionarios encargados de transcribir la sentencia y de las ejecutorias y Servicio de Inspección del Consejo), pero en esta sede, el Tribunal Supremo ya es muy claro, al menos de momento.

Con cita de la sentencia de 26 de marzo de 2008, se concluye:

1.- La libertad es un derecho fundamental, como también lo es su tutela judicial en términos de efectividad (artículos 17 y 24 CE). Y esto hace que el control jurisdiccional de la medidas cautelares de privación de libertad que hayan sido adoptadas en el marco de un proceso penal debe ser considerado como un importantísimo deber del correspondiente Juez o Magistrado que, precisamente por razón de esa trascendencia, se traduce también en la exigencia de que ese Juez o Magistrado examine personalmente el estado de las actuaciones donde ha de realizar ese fundamental control que le corresponde en el ejercicio de su potestad jurisdiccional.

2.- Ciertamente el buen funcionamiento de una oficina judicial exige un reparto de tareas y hace inevitable un nivel de confianza del Juez en lo que realiza el equipo de funcionarios que integra la plantilla del Juzgado. Pero hay funciones que, por su trascendencia en el proceso penal y su relevante incidencia en esos derechos fundamentales a la libertad y a la tutela judicial efectiva (artículos 17 y 24 CE), requieren por parte del Juez un permanente, directo y riguroso control y, paralelamente, no toleran delegación ni confianza. Entre estas funciones figuran, por lo que antes ya se destacó, la vigilancia del curso de las medidas cautelares de privación de libertad que hayan sido acordadas.

3.- Ese carácter personal que para el Juez tiene la obligación de establecer el control que racionalmente resulte necesario para asegurar, con el nivel de efectividad constitucionalmente dispuesto, la tutela jurisdiccional del derecho fundamental a la libertad que le corresponde dispensar, excluye toda posibilidad de delegación y, por esta misma razón, no desaparece dicha obligación personal porque también otros funcionarios o profesionales tengan impuesto el deber de realizar ese mismo control; y así debe ser porque se trata de establecer de un sistema de controles múltiples y simultáneos, dirigidos precisamente a solucionar y evitar las consecuencias de los posibles fallos individuales que puedan producirse y, de esta manera, asegurar ante el ciudadano la mayor cota de eficacia en la protección de su derecho fundamental a la libertad.

4.- No es lo mismo excarcelar o dilatar la ejecución de una sentencia penal condenatoria que privar indebidamente de libertad; porque la decisión de si se decreta o no una prisión provisional, al comportar un amplio margen de valoración fáctica e interpretación jurídica, no puede ser comparada con esas otras obligaciones de inexorable e inequívoco cumplimiento, como son las que afectan a la aplicación de los límites temporales que rigen en las situaciones de prisión provisional y en el cumplimiento de las condenas penales.

27 junio 2010

La responsabilidad del mando en plaza.


Antecedentes.

En la última entrada del BLOG de JUAN DE HERAT se publica parcialmente el último informe que el General McChrystal entregó a principios de este mes a los ministros de Defensa de la OTAN y de la Fuerza Internacional de Asistencia (ISAF) de la situación en AFGANISTAN, advirtiéndoles que no esperaran ningún avance en los próximos seis meses.

Su exposición levantó serias preocupaciones sobre los niveles de seguridad, violencia y corrupción dentro del gobierno afgano:

Fuerzas de seguridad afganas.

Tanto la policía afgana (ANP) como el ejército (ANA) padecen una escasez crítica de formación. De los 2.325 instructores extranjeros previstos, sólo 846 están ya sobre el terreno y se espera que 660 más sean desplegados próximamente.

Gobernabilidad.

De los noventa y cuatro distritos (94) en los que Afganistán se divide administrativamente, se estima que el gobierno afgano tiene "plena autoridad" en sólo cinco; (5) en cuarenta y cinco (45), la gobernabilidad es "improductiva"; en veintinueve (29), "disfuncional"; y en quince (15), no existe.

Corrupción.

La falta de voluntad del gobierno afgano y su incapacidad para enjuiciar a los funcionarios corruptos por el narcotráfico sigue socavando el desarrollo de la seguridad.

Justicia.

Los tribunales padecen corrupción crónica y se duda que las detenciones respeten la legalidad.

Desarrollo y reconstrucción.

El gobierno afgano depende cada vez más de las contribuciones de la comunidad internacional. A pesar de que el suministro local de electricidad ha aumentado, muchos siguen sin tener acceso y se hace necesario ampliar significativamente la oferta eléctrica para satisfacer la demanda creciente.

El General McChrystal, cesado esta semana por el Presidente Obama, puso por escrito lo que es sabido en el terreno (y donde no lo es, como en España, en la que existe una prohibición no escrita que impide hablar a mandos y tropa), pero a él, como “mando en plaza” le competía el asunto.

Corolario.

Traslademos el hecho a la Justicia española y busquemos un solo documento, uno solo, donde alguien con responsabilidad (y no cito, no por nada, sino porque hay tanta gente con “mando en plaza” o “responsabilidad” que no acabaría, aunque me lo propusiera) deje de escribir o relatar en futuro y con la primera persona del plural, las bondades del último artefacto innovador y exponga con toda claridad porqué las cosas van mal y pueden mejorar.

Curiosas costumbres anglosajonas que quizá tengan que ver con la limitación del número de coches oficiales.

26 junio 2010

Noticias breves.




El exMinistro de Justicia del Gobierno de España Sr. Bermejo ha sido nuevamente condecorado, en esta ocasión con la Gran Cruz de la Orden de San Raimundo de Peñafort y como en la ocasión anterior, sirvanos la redundancia, sin explicar los motivos de tanta distinción. Recuerde el lector que este exMinistro de Justicia del Gobierno de España tiene el mérito de haber provocado un paro del Cuerpo de Secretarios Judiciales, la primera huelga en la historia de los Jueces y Magistrados y dejar el cargo por una cacería. Creía el firmante que con tal bagaje bastaba la Orden de Carlos III ( el pasado 25 de abril se publicó en el BOE el Real Decreto 771/2009, de 24 de abril, por el que se concede la Gran Cruz de la Real y Distinguida Orden Española de Carlos III a don Mariano Fernández Bermejo) y saltarse a la torera el REAL DECRETO 1051/2002, que aprueba el Reglamento de la Real y Distinguida Orden Española de Carlos III y que dice en el artículo 1: “La Real y Distinguida Orden Española de Carlos III es la más alta distinción honorífica entre las Ordenes civiles españolas. Tiene por objeto recompensar a los ciudadanos que con sus esfuerzos, iniciativas y trabajos hayan prestado servicios eminentes y extraordinarios a la Nación”, pero por lo visto me equivocaba.


Copiado de un panfleto sindical (no pongan siglas, todos dicen lo mismo).

Los dos primeros párrafos se extraen del pasquín, el tercero es la aclaración.

A este aumento de cargas de trabajo se suman los nuevos cometidos derivados de la puesta en marcha de diferentes Registros y el acceso a múltiples Bases de datos, que suponen nuevas funciones de facto para los cuerpos de Gestión, Trámite y Auxilio judicial, junto con las que corresponden a las modificaciones de las distintas Leyes procesales, por las que se desvían a estos funciones que corresponden a cuerpos superiores, sin que ni por unas ni por otras se les haya asignado retribución o complemento alguno.

Los funcionarios han asumido esta situación haciendo frente al trabajo diario en un ejercicio de máxima responsabilidad y sacrificio, desarrollando funciones que corresponden a cuerpos superiores y prolongando su jornada sin compensación alguna, en beneficio de la Administración de Justicia como servicio público.

Aclaración: No se están refiriendo a ningún Juzgado Español. ¿Accesos múltiples?, ¿sacrificio?, ¿responsabilidad?, ¿prolongación de jornada?. El lunes prometo buscar al funcionario que está haciendo todo eso a ver si lo encuentro. Y, en cuanto a las funciones que corresponden a los Cuerpos Superiores me recuerda a lo que se decía de la U.R.S.S., cuatro siglas, cuatro mentiras.

Consejería de Justicia de Valencia.

Entre sus objetivos inmediatos parece que se encuentra cargarse el Juzgado de lo Penal número 14 (de ejecución), mejor dicho, provocar un enfrentamiento con la Magistrado y la Secretario Judicial suprimiendo refuerzos por falta de dinero.

17 junio 2010

Llegamos al final del camino: el Tribunal Supremo y la tasa judicial (2002-2010).


Antecedentes.

La función recaudatoria de la Administración de Justicia volvió con la tasa judicial del año 2002 y cómo de lo que se trataba era de recaudar, pero no de redactar, los artículos 35 y 36 de la LEY 53/2002 de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social de 30 de diciembre (BOE 313, de 31 de diciembre de 2.001) se antojaron incomprensibles desde el primer minuto del partido; tanto que la Agencia Estatal dictó la ORDEN HAC 661/2003 de 24 de marzo (BOE 73 de 26 de marzo de 2.003), para intentar arrojar algo de luz sobre ese apaño legislativo. Ha de advertirse que el legislador nunca deja de sorprendernos y siempre que puede empeorar las cosas, lo hace y al amparo de esta ley inmutable, los folios aclaratorios de la ORDEN, siguieron sin resolver todas las aristas de tan peculiar innovación.

La susodicha función recaudatoria impuesta a los Secretarios Judiciales en el año 2002, motivó la celebración de una Junta en Valencia en el año 2003 en la que se trataron hasta doce puntos dudosos sobre el tributo en cuestión. Junta, a la que siguió una nueva norma, esta vez del Ministerio de Justicia (rápido de reflejos como acostumbra), que en RESOLUCIÓN de 8 de noviembre de 2003 de la Secretaría de Estado, dictó instrucciones a los Secretarios Judiciales acerca del procedimiento a seguir para la tramitación de la tasa por el ejercicio de la potestad jurisdiccional en los órdenes civil y contencioso-administrativo.

Dejo para mejor ocasión el intento del recobro de la tasa en la tasación de costas, cuestión de enjundia jurídica donde las haya, pero que hay que resolver por mor del artículo 24 Constitución Española (conocido en los ambientes como “tutela judicial efectiva”).

El asunto.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Sevilla, Sección Primera, dictó el día 22 de enero de 2008 un auto de archivó unas actuaciones por el incumplimiento de la normativa sobre la tasa, entendiendo que su pago o, en su caso, la acreditación de la exención subjetiva, como un auténtico requisito procesal para la admisión del correspondiente escrito.

Anoto otra advertencia: la tasa judicial se cobra en hacienda y se justifica en el Juzgado, pero el Juzgado ignora si luego la hacienda persigue al deudor o, peor aún, si hay deudor, porque como están exentas de pago de tasa las sociedades que lo están total o parcialmente del impuesto de sociedades, y el interesado solo presenta un documento (modelo 696), con el papel en cuestión tenemos cumplido el trámite. Un lío si leen el párrafo deprisa; un absurdo si trabajan en la casa.

Lo que sospechábamos.

Como era de suponer el Tribunal Supremo en Sentencia de la Sección 4ª, de la Sala de lo Contencioso Administrativo de 5 de mayo de 2010 (Roj: STS 2395/2010) declara nulo el Auto de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, de 7 de abril de 2008, con retroacción de actuaciones al momento en que acreditado el abono de la tasa, se tuvo por interpuesto el recurso, sustanciándose el mismo por sus trámites.

Dice la sentencia que sino es atendido el requerimiento, la voluntad del legislador no es que el Juzgado o Tribunal archive el procedimiento, cuando lo que se incumple es la obligación de incorporar al proceso el justificante del pago de la tasa debidamente validado.

En primer término porque la obligación del pago se deriva necesariamente de la presentación del escrito de interposición del recurso por que precisamente el hecho imponible de la tasa lo constituye la interposición del recurso contencioso administrativo y el devengo de la misma se produce en el momento de la presentación del escrito de interposición, artículo uno 1. c) y cuatro 1. e) de la Ley 53/2.002, y no cuando el recurso se admite. Y además porque desarrollando la Ley, la Orden del Ministerio de Hacienda 661/2.003, de 24 de marzo, prevé en el número Sexto. Cuatro para el supuesto de que el sujeto pasivo no subsanare la omisión dentro del plazo establecido que el Secretario Judicial comunique esta circunstancia a la Delegación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria correspondiente, y, por su parte, la Resolución de la Secretaría de Estado de Justicia de 8 de noviembre de 2.003, que dicta instrucciones a los Secretarios Judiciales acerca del procedimiento a seguir para la tramitación de la tasa en el sexto de sus apartados, añade que el Secretario cuando no se subsanare el defecto, es decir, cuando no se abone la tasa facilitará a la Delegación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria correspondiente los datos necesarios para que ésta practique de oficio la liquidación correspondiente de la tasa.

Otra advertencia. En el siguiente párrafo es donde se encuentra la esencia de la fundamentación de la sentencia, asentada en la conocida relación entre el derecho al recurso y el derecho a la tutela judicial efectiva, del que resulta siempre excesivo y desproporcionado cualquier intento de romper el vínculo mediante la introducción de una obligación.

De este modo parece desproporcionado que se archive sin más el recurso por el impago de la tasa, salvo voluntad expresa en ese sentido manifestada por el recurrente, lo que no le eximiría en todo caso de su abono, al haberse producido ya el hecho imponible, porque, efectivamente, una medida tal parece excesiva, si se han cumplido el resto de los requisitos que exige la norma legal, cuando existe una voluntad previa manifiesta y expresa de recurrir para obtener tutela judicial efectiva frente a un acto de la Administración que se estima contrario a Derecho.

Tanto más cuanto que en este supuesto inicialmente la parte consideró que estaba exenta del pago de la tasa, lo que no le eximía de la obligación de acreditarlo ante el Tribunal y no lo hizo, y después procedió a su abono una vez dictado y notificado el Auto impugnado.

Y además porque si se examina la secuencia de las expresiones que contienen tanto la Ley 53/2002, como la posterior Orden que la desarrolla y la Resolución ulterior de la Secretaría de Estado que da instrucciones a los Secretarios Judiciales acerca del modo de proceder en relación con la tasa, se desprende que la misma tiene una clara función recaudatoria encaminada al sostenimiento del servicio de justicia cuando quien lo demanda son personas jurídicas, y, también, en menor medida disuasoria de litigios, de modo que se arbitran mecanismos para el abono de la tasa hasta imponerlo, pero sin que se pretenda si voluntariamente no se cumple, cercenar el ejercicio de la tutela judicial efectiva, y así la Ley inicialmente si no se acompaña el justificante de pago, dispone que el Secretario no dará curso al escrito procesal, salvo que la omisión se subsane en el plazo que se ha de otorgar, mientras que la Orden del ministerio de Hacienda dispone que si no se subsana la omisión dentro del plazo concedido el Secretario lo comunicará a la Delegación de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria correspondiente, en tanto que la Resolución posterior va más allá, y expresa que esa comunicación se hace para que conocidos todos los datos precisos para ello, que facilitara el Secretario, la Delegación pueda practicar de oficio la liquidación. Pero lo que en ningún momento se afirma es que el no acreditar en el plazo otorgado para ello el pago de la tasa justifique el archivo de la actuaciones, sino que por el contrario parece deducirse que la consecuencia única de ese impago será la de que no se dé curso al procedimiento hasta que finalmente se acredite la liquidación de la tasa.

Corolario.

Habiendo cerrado la Sala tercera del Tribunal Supremo una de las puertas, nos quedan varias ventanas. Supongo, en primer lugar, que la Sala primera continuará esta doctrina y no hará como en el caso del IVA en las tasaciones de costas y en segundo lugar, también supongo que la falta de curso del proceso no afectará a la firmeza de la sentencia o resolución que se impugna, porque si yo como juzgado tengo que estarme quieto y el impugnante puede subsanar cuando tenga a bien, la cosa huele a caducidad.

15 junio 2010

La hipoteca garantizada con la finca y con la vida.


Cuando creíamos desterrada la responsabilidad penal por deudas e, incluso, la esclavitud por el impago, el sistema bancario español ha descubierto la persecución al infinito del deudor hipotecario, que sustenta, por lo demás, en un legislador procesal que nunca sabe qué hacer con la ejecución civil. Dicho de otra forma: el préstamo hipotecario se garantiza con el inmueble y con el cobro preferente del banco o la caja de ahorros, pero como el derecho español fija la responsabilidad sin límite del deudor (artículo 1911 Código Civil), el impago del préstamo hipotecario garantiza la transformación de la vida del deudor en una pesadilla.

¿Y a qué viene todo esto cuando es el deudor el que ha satisfecho la deuda?. Hagamos un regreso al pasado. La reforma de la ley de enjuiciamiento civil del año 2000, preveía en el
artículo 693 LEC que cuando el deudor hipotecario no pagaba podía “ponerse al día abonando lo debido” (y “rehabilitar el préstamo”). Buena solución, largo tiempo reclamada para épocas de crisis económica como la de los años noventa.

El caso es que durante cinco o seis años aquí se ha concedido el préstamo hipotecario al primero que pasaba por la calle – siempre que fuera vestido-, por el cien por cien del valor de tasación (o más, con un crédito personal “ad hoc”) y, con unas valoraciones que parecían hechas en alguna bodega de la Rioja. Mientras el deudor pagaba la cuota mensual de intereses, el sistema miraba para otro lado (los Estados Unidos, los mercados corruptos, los especuladores y el ladrillo), pero cuando dejó de hacerlo quedaron al aire los dos pilares del sistema: a) el préstamo no se correspondía con la valoración del bien y b) un altísimo porcentaje de impagados son extranjeros sin arraigo, a quienes se concedió lo que no hubieran podido pagar nunca.

Con esos pilares ya podemos echarle la culpa a la conspiración de los cuatro malvados (los Estados Unidos, los mercados corruptos, los especuladores y el ladrillo) y nos entretendremos un rato, pero lo cierto es que el
aumento de ejecuciones hipotecarias es desproporcionado y el precio de la vivienda no ha bajado y, lo peor no es que no vendamos nada ni los Juzgados, ni los promotores (los que van quedando), sino que los bancos y las cajas de ahorro ESPAÑOLAS, están llenando una segunda bolsa de inmuebles a los que es imposible ponerle el lacito rojo de la Navidad.

En estas condiciones hay que tener valor (monetario, supongo) para no adaptarse a la situación económica y perseguir al deudor hasta que se muera, que es lo que facilita el
artículo 579 LEC y el citado artículo 1911 LEC y lo que alegremente se defiende en los foros que se ocupan del asunto. Foros con empuje, que han conseguido la cuadratura del círculo o del balance con la última reforma del artículo 671 LEC, permitiendo que el banco o la caja se adjudiquen el bien por lo que quieran (cantidad igual o superior al 50 por ciento del valor) bajo el argumento que es más beneficioso para el deudor.

No hace falta darle muchas vueltas para colegir que lo que se está pagando no es lo que se debe (ni lo que se debía cuando se firmó el préstamo), sino una valoración ficticia de un bien más los intereses y las costas del abogado y del procurador y, que el beneficio para el deudor consiste en la dación en pago: inmueble por deuda y aqui paz y después gloria (también lo pone el artículo 671 LEC, pero curiosamente solo algunos lo leen)

Y aclaro que la moralidad me la dejo en casa y que lo de la conspiración de los cuatro malvados les queda muy bien a los que sufren la LOGSE; soy del plan antiguo, cuando dos más era cuatro y ser un votante no acarreaba el complejo de idiota.

09 junio 2010

Es país de sorpresas: insisto, paren la nueva oficina judicial, hagan el favor.


Curiosa la forma de incentivar al empleado público, trabajador público o funcionario, encargado de llevar adelante (a empujones, vamos) la reforma de la justicia española. Dos siglos a la búsqueda de la organización que nos saque de la inquisición (entiéndase, de la organización de los tribunales españoles que es la propia de la inquisición y a mucha honra, conste) y, cuando la encontramos se nos muere en el camino del BOE al Ministerio de Justicia; o sea, por lo que recuerdo, desde la Calle Trafalgar a la Calle San Bernardo, las dos en Madrid.

El Decreto progresista de incautaciones de sueldo – hubieran bastado congelaciones reales hace un par de años y no confluencias cósmicas a uno y otro lado del Atlántico- oculta la imposibilidad real de dotar presupuestariamente lo que lleva camino de ser un invento. La Nueva Oficina Judicial (NOJ) del año 2003 ya se ha quedado sin la N (Nueva) y queda poco de la O (Oficina) con lo que volvemos al futuro de la J(Judicial). Parece que a los compañeros del Colegio Nacional y de la Unión Progresista les importa el futuro del asunto (un invento con seis años no puede ser considerado como tal), a quien esto suscribe nada. Y cuando escribo nada, es nada. Más aún, es que tampoco me importa o interesa que los Jueces quieran cargarse el asunto o el invento éste de la NOJ (recuerden, sin N y O); al contrario, entendería ilógico y contra natura otra cosa y, no porque sean una casta o un grupo de corporativistas al acecho de una abuelita que intenta cruzar sola un paso de peatones, sino porque quien resuelve debe tener mando en plaza: como suena y se lee.

Una última acotación para evitar malas exégesis que de todo hay en las Universidades del Señor. Quien resuelve debe tener mando en plaza, pero quien resuelve o sea, Jueces y Secretarios Judiciales, porque la responsabilidad es inherente al mando y no conozco un solo caso en sentido contrario. Referencia expresa, por si no se ha entendido a los acuerdos entre el Ministerio de Justicia y los Sindicatos y entre éstos y las Consejerías de Justicia y, a los Catedráticos de Universidad y a la Hacienda y a los plurales asesores y a cualquier otro u otra en análoga posición.

08 junio 2010

El juntaletras sindical, la huelga de chiste, Afganistán y otras formas de protestar (II).


Dedicaba hace dos días unas líneas al juntaletras de la UGT que había unido once folios en un PDF,colgado en la página del sindicato, que presumía hacer las veces de argumentario para la huelga de chiste del día de la fecha. Recuerdo que en el pasquín en cuestión se le echaba la culpa de la incautación de mi sueldo, a los Estados Unidos, al Partido Popular y a la Iglesia Católica y, se pedía la “reducción drástica de los armamentos”. También recuerdo haberle recomendado al juntaletras que preguntara a sus compañeros de asistencia social de los Ayuntamientos dónde están mandando a la gente a comer cuando se les acaba el presupuesto a mitad de año. Doy pistas por la dificultad del asunto: comienza por CARI y termina en TAS.

Una carretera de cuarenta y cinco kilómetros, curvas ciegas a la izquierda y a la derecha y montañas a la derecha. No hay asfalto de autovía dominguera hispana, es una especie de gravilla pagada por la ayuda humanitaria española y hay que andar despacio; tan despacio que los cuarenta y cinco kilómetros se recorren en cinco horas, en el mejor de los casos y con buen tiempo. Y cuando digo en el mejor de los casos, me refiero a que en el trayecto no se ha descubierto ningún IED o la patrulla no ha sido atacada por ningún grupo talibán. Aquí, al asunto, se le llama atentado y pasa a la competencia de la Audiencia Nacional para “descubrir al responsable” (sic); allí, es uno más de los ataques que sufren las fuerzas de la ISAF.

Después de recorrer los cuarenta y cinco kilómetros toca reparto de la “ayuda humanitaria” o la entrevista con los “líderes” de la población (no empleo vocablos que ignoro y remito al lector al BLOG de JUAN DE HERAT para tales menesteres), entre los que siempre hay algún “señor del lugar” que juega a dos barajas. Razón por la que en algunos sitios, el Ejercito Español lleva intérpretes españoles: el intérprete nativo conoce y le conocen y la noche en el país no suele ser agradable. Y, la cosa va a ponerse peor porque de una de esas “llamada de teléfono” del Presidente de los Estados Unidos, salió el encargo al Ejercito Español de ocuparse del valle de Murgab (la única zona talibán de la provincia de Bagdhis), y que los italianos habían rechazado amablemente. Así que, estimado juntaletras de la UGT, cuando pidas alguna clase de reducción comienza, es un ejemplo, con la formación continua de los trabajadores.

Y otras formas de protestar. Una de las razones por las que el abajo firmante no secunda el paro del día de la fecha es por falta de imaginación; otra, propia del debate filosófico es que es la primera vez que un gobierno convoca una huelga contra el gobierno o sea, contra sí mismo, pero dejo ahí el planteamiento y retomo la referencia a la falta de imaginación. Veamos, en los últimos treinta años las únicas novedades en materia de huelgas han sido la marca de la silicona y los instrumentos que utilizan los piquetes informativos, lo demás: banderitas, pitos y pancartas se repite convocatoria a convocatoria y, por supuesto, la rebaja del sueldo que afecta al huelguista, pero no al liberado sindical.

Pues bien, termino con dos líneas: bastaría el estricto cumplimiento de todas las normas administrativas -incluyendo esas cartas de servicios que nadie lee-, que regulan la actividad del funcionario para paralizar todas las Administraciones públicas en un día. No hace falta más. Lean, hay regulación sobre la temperatura y ubicación del puesto de trabajo, medios materiales, destrucción y recogida de información, acceso al centro de trabajo, fichajes, aparcamientos, limpieza y, obligaciones laborales y ahora, piensen cuales de ellas se cumple (si es que lo hace).

En portada: vehículos LINCE en AFGANISTAN. En la reducción presupuestaria del Gobierno Británico no se toca una libra de las destinadas al Ministerio de Defensa.

07 junio 2010

Del patio de vecinos al Twitter judicial



Que no nos preocupe el asunto, porque la innovadora justicia española de cirio y siglo XIX, anda con sus cartas con acuse de recibo, sus funcionarios de los Servicios Comunes llamando a los timbres por la mañana y a media tarde y, sus telegramas en azul, para citar a quien se deja citar y perder de vista al que no abre la puerta. Un bonito sistema en el que falta alguna que otra carroza e, incluso algún correo de esos de la “Fargo”, que saltaban de un caballo a otro para avisar del próximo ataque indio.

Así que mientras en España andamos descubriendo la pólvora día sí, día también, en el Reino Unido, el Tribunal Superior de Justicia – no hay traducción adaptada a nuestra organización para la High Court- decidió cascarle, el pasado mes de octubre del año 2009, una notificación a un fulano en el Twitter.

En la traducción que tengo, un tal Andre Walker, de Griffin Law, indica que “el usuario anónimo de Twitter objeto de la orden recibirá un mensaje del Tribunal Supremo la próxima vez que abra su cuenta, requiriéndole para que dejen de escribir, retiren las anotaciones anteriores y se identifiquen ante el Tribunal Supremo a través de un formulario en internet". Dejo el enlace en inglés para quien quiera saber más.

Novedoso, novedoso es. Práctico, lo que se dice práctico, pues bueno y legal aquí, apaga y vamonos. Inglaterra está lleno de ingleses y tienen un cierto respeto por las resoluciones de sus tribunales, y España, no sé de lo que está llena, y el respeto a las resoluciones judiciales es inexistente en muchos ámbitos, hasta que te la entregan en mano con un Guardia Civil de escolta.

06 junio 2010

Sinrazones para una huelga de chiste (I)

Parece que el día 8 de junio de 2008 las organizaciones sindicales más o menos representativas y todas subvencionadas, han convocado un día de paro o de huelga contra el recorte del 5% del salario (o más, según el grupo y escala). Con la educación propia del gremio se han llenado de pasquines, panfletos y carteles números edificios, afirmándose contra los “ricos”, los “asesores”, los “políticos” y los “coches oficiales” (prueba evidente del respeto que sus redactores tienen al intelecto de los posibles lectores) y, en defensa del “estado social” y los “derechos de los trabajadores”. Rectifico, la UGT, tiene colgado un PDF en su página web de once páginas en la que, por ejemplo, le echa la culpa ¿adivinen?: a los Estados Unidos, al Partido Popular, a la Iglesia Católica y, piden la “reducción drástica de los armamentos”. Un consejo al redactor (o juntaletras) sobre la Iglesia Católica, pregunte a sus compañeros de asistencia social de los Ayuntamientos dónde mandan a la gente a comer cuando se les acaba el presupuesto ya verá que sorpresa. De verdad, prefiero el insulto puro y duro.

Razones para no hacer huelga ese día hay varias, pero me quedo con las siguientes:

a) el mayor ataque contra el Estado Social lo supone el PARO y si cinco millones de parados no han merecido ni un estornudo – no hablemos un grito- de las organizaciones convocantes, no acierto a comprender la razón por la que el “recorte solidario” de los sueldos de la función pública lo merece. Evidentemente, me niego a explicar la relación entre el ataque al Estado Social y el PARO, pero tiene que ver con las cotizaciones a la Seguridad Social y las Pensiones.

b) Que vayamos todos en el mismo barco, no significa que rememos en la misma dirección. Las organizaciones sindicales rechazan el Cuerpo de Secretarios Judiciales y tratan de fagocitarlo (hacerlo propio, vamos) cada vez que tienen ocasión. No basta el recorte del sueldo para salvar distancias insalvables y, menos aún, es una bandera de enganche aceptable.

c) Un día de huelga es un día de chiste. La seriedad del principio suele ser directamente proporcional a la seriedad de la medida y como no hay principios (o, como dicen, sino no les gusta, tengo otros), la medida es singular y a los efectos de cubrir el expediente. Sumo a lo dicho una razón objetiva: ¿los liberados sindicales van a tener el descuento por el día del chiste?.

Y hablando de COSAS SERIAS: hoy se cumplen sesenta y seis años del desembarco en NORMANDÍA y dos soldados españoles han sido heridos en AFGANISTAN, pero como dijo aquel, son noticias que nos importan a unos pocos.

05 junio 2010

Esas cosas del Tribunal Supremo sobre el Internet.


La reciente Sentencia de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo de 18 de mayo de 2010, casó y dejó sin efecto la sentencia dictada el 29 de junio de 2007, por la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Valencia (Roj: SAP V 3819/2007), y estimando el recurso de apelación interpuesto, por Ruboskizo, SL, contra la sentencia dictada, el día 30 de noviembre de 2006, por el Juzgado de Primera Instancia número Veintitrés de Valencia, desestimó la demanda.

Los hechos declarados probados son los siguientes:

1°) Mutua Madrileña Automovilista es uno de los clientes de don J. M. M., abogado en Valencia.

2°) Ruboskizo, SL presta servicios de almacenamiento de datos, mediante una página “Web”, denominada “quejasonline”, en la que se recogen y hacen públicas las protestas de los destinatarios de aquellos respecto de las actividades de determinadas empresas.

3°) En junio de 2004, en dicha página apareció un comentario sobre Mutua Madrileña Automovilista, a nombre del demandante (que no fue el autor): “Soy abogado de Mutua Madrileña y estoy cansado de engañar a la gente, pues la Mutua me hace retrasar los expedientes, con el fin de no pagar Tiene pinta de irse al garete”.

4°) El demandante comunicó a Ruboskizo, SL la suplantación y le requirió para que retirase de la página “Web’ aquel comentario. Lo que la requerida hizo seguidamente.

El Tribunal Supremo aplicando la Directiva 2.000/31/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2000, que reguló el régimen de responsabilidad de los prestadores de servicios que actúan como intermediarios de la sociedad de la información; la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico, (que incorporó al Ordenamiento jurídico español la Directiva) y la sentencia de la misma sala de 9 de diciembre de 2.009, dispuso que en el caso de falta de conocimiento efectivo, se libera de responsabilidad a la prestadora de servicios de alojamiento por la información almacenada.

Dicho de otra forma, la sociedad Ruboskizo, SL, salvó su responsabilidad porque no conocía, ni podía razonablemente conocer, directamente o a partir de datos aptos para posibilitar la aprehensión de la realidad, que quien le suministraba el contenido lesivo para el demandante no era él, sino otra persona que utilizaba indebidamente su nombre con el ánimo de perjudicarle; ni de que, conocedora con posterioridad de esa realidad, merced al requerimiento del perjudicado, retirase el comentario sin tacha de negligencia.

Hasta aquí lo que dice el Tribunal Supremo, que más o menos reconoce que en la red hay juego libre y que cualquier persona puede decir de otra lo que quiera y como quiera (aunque sea “haciéndose pasar por un tercero”), siempre que el “mensajero” no tenga ni idea de lo que pasa o, que cuando se entere, vuelva corriendo a devolver la carta; y rechaza, tanto la argumentación de la Audiencia Provincial, como la del Juzgado de Instancia, que se fundaba en que la Directiva 200/31/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo de 8 de junio y la Ley 34/2002,de 11 de julio, en modo alguno podía sustentar o permitir que se vulnerara el derecho a la personalidad, en concreto el derecho al honor.

Curioso que el Tribunal Supremo no entré en el asunto del honor (malos tiempos para el vocablo en cuestión) y que tampoco atienda a que la mercantil apelante con posteridad al acaecimiento de los hechos enjuiciados, estableció nuevas medidas de protección para impedir que se repitieran dichas actuaciones.

04 junio 2010

Las buenas prácticas procesales.


Desde hace tiempo el Consejo General del Poder Judicial clava en sus inspecciones la coletilla de las “buenas prácticas procesales”, siempre, claro está, referido al Secretario Judicial que viene obligado, a observar y aplicar las citadas “buenas prácticas” al movimiento de papeles. El asunto no tendría mayor interés, sino fuera porque no hay una sola norma procesal o reglamentaria que regule las susodichas prácticas y eso complica la tarea, que pasa del acatamiento de una “orden en forma de sugerencia” a la de una “invención” (con reclamación al maestro armero incluida para el caso de algún problema).

El fomento de las buenas prácticas procesales constituye uno de los instrumentos de las veintisiete páginas del Plan de Transparencia Judicial aprobado por el Consejo de Ministros de 21 de octubre de 2005 y hecho público por Resolución de 28 de octubre de 2005, de la Secretaría de Estado de Justicia. Y las tales buenas prácticas consisten:

a) en el correcto funcionamiento del Servicio Común de Registro y Reparto de las Oficinas judiciales, aprobando normas que permitan la obtención y clasificación homogénea de los datos y

b) En la reforma de las normas procesales, que evite la comisión de malas prácticas y otras tendentes a la opacidad o alteración de la realidad de la carga de trabajo del sistema judicial español, imponiendo cuantos mecanismos procesales sean pertinentes para ello.

¿Y eso es una “buena práctica procesal”?. Pues miren, no. Eso es cualquier cosa menos una práctica procesal y no hablemos ya de la bondad o maldad de la práctica, que nos llevaría a un discurso filosófico muy aburrido. Dejo apuntado que las veintisiete páginas del Plan de Trasparencia judicial no han saltado del BOE a la realidad y en los seis años siguientes no se ha aprobado una sola norma que tenga que ver con el mismo (y no provoco, quede claro, solo afirmo sin maldad alguna) y, dicho esto, una “práctica procesal” significa lo que su propio nombre indica: la aplicación de la norma según la interpretación de los órganos judiciales. No hay otro secreto, ni evidentemente mayor dificultad, porque sí muchos confunden la “independencia judicial” con la “independencia de la grapa”, no hablemos ya de la redacción y aplicación de unos criterios comunes al margen de la ley.

02 junio 2010

Notarios y Registradores de la Propiedad.


Uno de los primeros síntomas de descomposición de cualquier sociedad aparece en la calidad y formación de sus líderes y en los mensajes que estos trasmiten: muy sencillos, de fácil inteligencia y siempre referidos a los sentimientos. En ese trabajo cuentan con el imprescindible soporte de la televisión, que falsifica la realidad como ningún otro medio puede hacer y así, por ejemplo, donde aparecen doscientas personas, tiene uno la impresión de miles y; en segundo lugar, con la propia ausencia de la sociedad, que suele andar más preocupada con las rebajas de “El Corte Inglés”. No puede extrañar que en estas circunstancias hayamos cambiado a ORTEGA Y GASSET por MIGUEL BOSE, a ROMANONES por ALMODOVAR o a DIONISIO RIDRUEJO por BELEN ESTEBAN.

Por lo mismo, corren malos tiempos para Notarios y Registradores de la Propiedad (en general, para cualquier cuerpo de la Administración Grupo A al que se acceda por oposición) que parecen haberse convertido en objetivo de este Gobierno y del anterior (2004-2008). El Real Decreto Ley 8/2010 que citaba ayer, les rebaja nuevamente la remuneración por su carácter de funcionarios públicos y, porque pasaban por allí y alguien debía recibir alguna bofetada. En las contadas ocasiones en las que he necesitado los servicios de unos y otros y eso fue cuando España iba camino de igualar la renta de Italia, Francia o que sé yo, los honorarios de Notarios y Registradores no me parecieron excesivos; sé lo que pagaba y porque, cosa que no ocurrió con el monto de los respectivos impuestos y nadie ha tenido a bien aplicar la misma rebaja del 5%.

Y vuelvo al primer párrafo y al término de la comparación, porque en el fondo la única razón de atacar los aranceles de Notarios y Registradores es televisiva. No hay otra, así de simple y, por lo mismo, tampoco hace falta que nos dirija BELEN ESTEBAN, ya lo está haciendo.

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