La Agencia de protección de datos y el camarote de los hermanos Marx.


La Agencia Española de Protección de Datos ocupa un bonito edificio en el barrio de Salamanca en Madrid, cerca de la Plaza de Colón, que está rodeado de tiendas de las que hacen temblar la tarjeta de crédito. Quizá por esa ubicación, el patente desconocimiento del estado de nuestros juzgados y mucha serie americana han podido fundamentar las Resoluciones de 7 de abril de 2.008 y de 11 de noviembre de 2009.

En la Resolución del año 2008, se dice que había quedado acreditado que el Juzgado de Primera Instancia nº 2 de Madajahonda vulneró el “deber de secreto” que le incumbía como responsable del fichero dado que el agente de notificaciones (sic) entregó al Conserje de la finca de la denunciante la documentación siguiente: - una Cédula de citación del Juzgado de Primera Instancia n.º 2 de fecha dd/mm/aaaa; - una Diligencia de Presentación de ese Juzgado de fecha dd/mm/aaaa; - un escrito de demanda de divorcio de fecha dd/mm/aaaa; - dos partidas de nacimiento; - y Convenio Regulador de fecha dd/mm/aaaa; sin su consentimiento, a persona distinta de su titular y sin su autorización o concurriese alguno de los supuestos de “comunicación” de los datos personales exceptuados de obtener el “consentimiento” previstos en el artículo 11. 2 de la LOPD.

Debe señalarse que la infracción imputada se consumó con la mera entrega de la documentación relacionada, conteniendo datos personales de la denunciante y familiares sin su “consentimiento” . Por tanto, el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n.º 2 de Majadahonda vulneró el “deber de secreto” que le incumbía, al haber entregado la documentación relacionada a una persona distinta de su titular, lo que suponía una vulneración del artículo 10 de la LOPD.

Obviando el hecho que la figura del Agentes de notificaciones no existe en la organización judicial española (como tampoco la “maza”, ni nada más que vean en TELE-5), ni por ende, en la relación de puestos de trabajo de la Ley Orgánica del Poder Judicial, ignoro, sinceramente a que “deber de secreto” se refiere la Agencia y menos aún cuando se lee el extenso artículo 10 LOPD: “El responsable del fichero y quienes intervengan en cualquier fase del tratamiento de los datos de carácter personal estén obligados al secreto profesional respecto de los mismos y al deber de guardarlos, obligaciones que subsistirán aun después de finalizar sus relaciones con el titular del fichero o, en su caso, con el responsable del mismo”.

La diferencia entre las dos Resoluciones del año 2009 se me escapa. De mis limitados conocimientos en derecho administrativo intuyo que por la diferente calidad de los documentos encontrados en la calle o, en donde fuera, la Agencia empitona al Juzgado de Primera Instancia nº 6 de Sevilla por faltar al deber de secreto y salva de la misma suerte a los Juzgados de Primera Instancia nº3 y 6 de Alzira (Valencia). Ni que decir tiene que les ahorro el trance de cualquier exegesis de ambas resoluciones por evidente desconocimiento– para eso les dejo el enlace-, pero si destaco que se hace responsable al Juzgado de Sevilla por falta de medidas de seguridad (o dicho más confusamente, según leo, aunque no entiendo: “la inexistencia de medidas tendentes a paliar la insuficiente adopción de medidas de seguridad”), lo que por sí vulnera sin más la ley y la doctrina jurisprudencial que cita la Agencia (dos sentencias de la Audiencia Nacional de los años 2008 y 2009).

Dejando al margen que ningún Juzgado español ha recibido nunca información o documentación de la Agencia, del Ministerio de Justicia o del Consejo General del Poder Judicial, sobre protección de datos y que tengo dudas razonables sobre la competencia del último para hacer responsable al Secretario judicial de cualquier cosa que no tenga otro endoso mejor, el día 3 de mayo de 2010 se firmó un Convenio de Colaboración entre la Agencia y el CGPJ que en su cláusula segunda, prevé que cuando la primera quiera inspeccionar un juzgado, se lo notificara al segundo y los dos de común acuerdo fijarán fecha en la que los inspectores de las dos instituciones realizarán la “visita”.

Me parece perfecto la firma del convenio; de poca educación que no se haya difundido entre los Secretarios Judiciales (costumbre del Consejo General del Poder Judicial en curso a principio general del derecho) y de chiste, que al día de la fecha nadie haya dicho qué medidas de seguridad pueden adoptarse en un juzgado para paliar la insuficiente adopción de medidas de seguridad.

Por cierto, si alguna institución o agencia se ha quedado fuera que pase, todavía hay sitio en el camarote, perdón en el juzgado.

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